Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».