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La Audiencia Nacional pide a KPMG el informe sobre la viabilidad de Abengoa mientras los demandantes solicitan fianzas millonarias

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EFE / Servimedia.- La Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó un escrito en el que solicita una fianza de 46 millones de euros para tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha instado a la juez que investiga las indemnizaciones a la excúpula de Abengoa, Carmen Lamela, a que solicite el informe realizado por KPMG a instancias de los bancos acreedores sobre la viabilidad de la compañía al considerarlo relevante para conocer su situación.

En un auto, la sección tercera de la sala de lo Penal estima parcialmente el recurso interpuesto por la acusación particular y corrige la anterior resolución de la instructora, que denegó dicha práctica tras no admitir la ampliación de la querella. El pasado verano, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa solicitó nuevas pruebas con el fin de esclarecer las supuestas irregularidades en los finiquitos recibidos por el expresidente de la compañía andaluza Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente.

Entre la documentación requerida entonces se encontraban los informes realizados por KPMG a petición de los acreedores financieros de Abengoa, entre ellos el Banco Santander, y que según la acusación particular aclararían si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la excúpula. Precisamente, el máximo responsable del Santander en España, Rodrigo Echenique ya se refirió a la confianza en la viabilidad del proyecto durante su declaración como testigo en la causa, y aseguró que el cambio en la presidencia de Abengoa sólo fue una recomendación y no una condición impuesta para conceder la ampliación de capital.

Asimismo, solicitaron detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock, fondo de inversión por el que fichó Sánchez Ortega, tras la compraventa de acciones de Abengoa realizada entre junio de 2015 y enero de 2016. Unas diligencias igualmente rechazadas por Lamela en su anterior resolución y que ahora la sala tampoco admite, ya que de ellas «no puede desdeñarse que sirvan para profundizar en el delito de administración desleal» objeto de la instrucción. La decisión del tribunal se produce después de la reciente ronda de comparecencias de los últimos investigados en la causa, entre ellos el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, quien defendió que las indemnizaciones fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo.

Piden fianzas de 46 millones

Por otro lado, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó un escrito en el que solicita una fianza de 46 millones de euros para tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa. Las tres personas para las que solicita medidas cautelares son los investigados Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa que el 23 de septiembre de 2015 reconocieron a favor de Felipe Benjumea la cantidad total de 11.840.000 euros por dejar voluntariamente su cargo.

El presidente de Abengoa asegura que las indemnizaciones millonarias se aprobaron con el consejo de asesores externos

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EFE.- El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, declaró en la Audiencia Nacional que las indemnizaciones millonarias percibidas por la excúpula de la compañía fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo. Así lo señaló el abogado de la acusación particular, Felipe Izquierdo, que aseguró que tanto Fornieles como la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, reconocieron no conocer los detalles de las indemnizaciones ni haber leído el contrato de asesoramiento de Felipe Benjumea tras su cese como presidente.

Otras fuentes conocedoras del proceso judicial señalaron que Fornieles conocía los detalles y que del contrato de asesoramiento nunca llego a abonarse ninguna cantidad a Benjumea. Además, Fornieles añadió que ignora las razones que llevaron a los bancos a no asegurar la ampliación de capitales de la multinacional sevillana. Según Izquierdo, Fornieles señaló también al presidente de Santander España, uno de los bancos acreedores de Abengoa, Rodrigo Echenique, como el causante del cese de Benjumea.

Por su parte, la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, igualmente investigada por estas presuntas irregularidades, ha relatado a la sala que en septiembre de 2015, fecha en la que el consejo de administración aprobó tal indemnización, la sociedad estaba «muy bien», según ha explicado Izquierdo. Respecto al contrato como asesor de Benjumea, Gracia ha explicado que si bien lo firmó nunca llegó a leerlo, una versión similar a la ofrecida por la vicepresidenta de Abengoa, Alicia Velarde, que también ha declarado como investigada (imputada) en el caso.

A su salida de la Audiencia Nacional, el letrado de la Plataforma de afectados por Abengoa mostró su discrepancia con la decisión de la juez Carmen Lamela de no citar al exministro de Obras Públicas e integrante de aquella comisión, Josep Borrell. La magistrada justificó su decisión dada la ausencia de Borrell durante el consejo de septiembre de 2015 que dio luz verde a la indemnización, una circunstancia que Izquierdo calificó de «excusa porque estaba haciendo bolos» mientras presentaba su libro en vez de «asistir como está obligado por ley».

La acusación particular ha anunciado que, si bien no recurrirán de nuevo la imputación del exministro, sí que solicitará fianza «como mínimo de 11,4 millones» para Fornieles, Gracia y Velarde al considerarlos «cooperadores necesarios del presunto delito» de administración desleal por el que se investiga a Benjumea y al ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, tras recibir 11,4 y 4,5 millones, respectivamente, en concepto de indemnización. En su declaración como testigo en abril, Fornieles defendió que dichas cantidades eran legales y obedecían a conceptos de permanencia y no competencia. De igual modo, la acusación pedirá citar como testigo al abogado encargado del asesoramiento externo de la compañía con el fin de que aclare los términos de los contratos.

La acusación es más grave para el ex consejero delegado, investigado por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de Abengoa se hundiesen en bolsa. En relación a este hecho, la acusación particular instó a la juez para que solicitara detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016. Asimismo, requirió los informes realizados por la auditora KPMG para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la antigua cúpula.

Esta última ronda de declaraciones coincide con un periodo clave para Abengoa, inmersa en preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015 y que debe lograr ahora el apoyo del 75% de los dueños de su deuda al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Dicho acuerdo prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El presidente de Abengoa será investigado por las indemnizaciones millonarias

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EFE.- El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, deberá comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 6 de octubre en calidad de investigado, por las presuntas irregularidades en el cobro de indemnizaciones millonarias por los exdirectivos de la compañía tras su salida del grupo. Así lo ha acordado la juez, Carmen Lamela, ya que Fornieles formaba parte de la comisión de Nombramientos y Retribuciones que adoptó en septiembre de 2015 los acuerdos relativos a las indemnizaciones al expresidente de la sociedad sevillana Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

La presente causa investiga el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de ambos, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, una práctica normal, según Benjumea, «para asegurar la permanencia en el cargo». Fornieles ya declaró en la causa como testigo y defendió que las cuantías percibidas estaban establecidas por contrato. La acusación particular les achaca un presunto delito de administración desleal, castigado con hasta seis años de cárcel. Un supuesto agravado para Sánchez Ortega, investigado además por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock poco antes de que Abengoa se hundiese en bolsa.

El presidente de Santander España declarará como testigo en el caso Abengoa

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EFE.- La Audiencia Nacional citó a declarar como testigos al presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, y al directivo del HSBC, Pablo López, en la investigación a la antigua cúpula de Abengoa por presunta administración desleal. La titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, considera la petición formulada por la Plataforma de perjudicados por Abengoa y emplaza a ambos directivos, considerados «clave» por la acusación, para el próximo 20 de julio.

Además, la magistrada también solicita a la empresa sevillana las actas de las reuniones del consejo de administración del 14 y 22 de septiembre de 2015, con el fin de esclarecer las polémicas indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones percibidas por el expresidente de la energética, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese. La citación se produce apenas una semana después de que varios integrantes del consejo que aprobó dicho pagos declarasen que varias entidades, entre ellas el Banco Santander, pusieron como condición para inyectar liquidez en la compañía que Benjumea abandonase la presidencia.

Entonces, los consejeros defendieron la normalidad de los pagos a la cúpula, ya que formaban parte de las obligaciones establecidas por contrato, a pesar de las deudas que arrastraba Abengoa en aquel momento y que la llevaron a declarar el preconcurso de acreedores poco después. Esta causa se inició por el cobro de unas elevadas indemnizaciones. Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que se enfrenta además a un supuesto uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.

Actualmente, la multinacional española y sus acreedores, entre los que está el Banco Santander, ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso. Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado marzo un tiempo adicional, que la normativa fija en 7 meses, para presentar un plan de reestructuración definitivo de acuerdo con sus acreedores.

Los consejeros de Abengoa defienden que los pagos a la cúpula fueron por contrato

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EFE.- Los integrantes del consejo de administración que aprobó las indemnizaciones millonarias a la antigua cúpula de Abengoa, ahora investigada por administración desleal, han asegurado en la Audiencia Nacional que no se opusieron a dichos pagos porque estaban establecidos por contrato. Así lo explicaron los ocho cargos citados a declarar como testigos, entre ellos el expresidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, que ha refrendado la versión de los consejeros y ha admitido que las indemnizaciones entraban dentro de lo normal al formar parte de las obligaciones contractuales.

Domínguez Abascal, al frente de Abengoa entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, explicó que asistió como invitado a los consejos anteriores. En ellos, detalló, se habló de la situación de Abengoa, “que por lo general era buena aunque faltaba liquidez”, motivo que llevó a plantear la necesidad de solicitar una ampliación de capital, aunque para ello el Banco Santander impuso como condición cesar en el cargo a Benjumea. Una versión que provoca que la Plataforma de perjudicados por Abengoa estudie solicitar la declaración como testigo «clave», el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique.

Además de Domínguez Abascal, también han declarado 7 miembros del consejo, que han calificado de normales las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones a Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega a pesar de las deudas que arrastraba la empresa en aquel momento y que la llevaron a declarar el preconcurso de acreedores poco después. Al menos uno de ellos, el exvicepresidente de General Electric, Claudi Santiago, que recientemente ha renunciado como consejero dominical de la empresa de renovables, ha dicho que no acudió en persona al consejo de septiembre de 2015, aunque participó por teléfono desde Londres.

Todos han comparecido como testigos en la causa contra Benjumea y Sánchez Ortega, iniciada el pasado diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían «asegurar su permanencia en el cargo». Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que también se enfrenta a una acusación por uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa. Actualmente, la multinacional española y sus acreedores ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso.

Borrell no asistió al consejo que aprobó las indemnizaciones a los directivos de Abengoa, pero lo hizo por delegación

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Servimedia / EFE.- El exministro socialista de Obras Públicas, Josep Borrell, afirmó a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que no asistió a la reunión del consejo de administración de Abengoa celebrada en septiembre de 2015, en el que se aprobaron indemnizaciones millonarias para el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y el exCEO, Manuel Sánchez Ortega.

Sin embargo, Borrell reconoció en su declaración como testigo que delegó su voto de manera «automática» y que su representante sí refrendó el pago de esas indemnizaciones, según explicó el letrado de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa , que representa a un centenar de accionistas y bonistas de la compañía y está personada en la causa. La jueza Lamela trata de esclarecer el origen de las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, tras su salida de Abengoa poco antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores.

Borrell explicó que el día de la reunión del consejo estuvo en un acto de presentación de su libro Cuentas y cuentos de la independencia y aseguró que las dificultades financieras de Abengoa fueron una «sorpresa» para el consejo, que en todo momento pensó que la situación era saneada. Sin embargo, la defensa de los accionistas destaca que fue ese consejo del 23 de septiembre el mismo que tramitó créditos bancarios que supusieron la inyección de 160 millones de euros de liquidez y que quedaron tramitados esa misma noche. Los dos directivos imputados por administración desleal e información privilegiada han venido sosteniendo que Abengoa sólo tenía un problema de liquidez, una idea que también defendió el exministro en su declaración.

Comparecencia de todo el consejo

La magistrada ya ha rechazado en dos ocasiones ampliar la querella al resto de miembros del consejo, al considerar que «podría provocar un retraso injustificado en el procedimiento». Esta semana también están compareciendo Santiago Seage, Mercedes Gracia, Ricardo Martínez y Alicia Velardo, José Joaquín Abaurre, José Luis Aya, Ignacio Solís, Fernando Solís, Carlos Sundheim, Ricardo Hausmann, Claudi Santiago y José Domínguez Abascal. Estas citaciones fueron solicitadas por la Fiscalía, que pidió que declararan los miembros del consejo de administración que aprobaron las indemnizaciones en la misma reunión en la que aprobó una ampliación de capital por la precaria situación económica de la empresa. Se trata de comprobar si la decisión se tomó con conocimiento de la situación real de Abengoa.

La defensa de los afectados de Abengoa destaca que Borrell fue quien firmó en nombre de la multinacional la modificación del contrato mercantil de los dos directivos a contrato laboral en febrero de 2015, para adaptarse a la nueva legislación. Precisamente, con motivo de ese cambio se aprobó el monto de las nuevas indemnizaciones. Según la consulta de esta Plataforma a las cuentas depositadas por Abengoa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las indemnizaciones se elevaron a 16 millones en el caso de Benjumea y a 8 para Sánchez Ortega, en virtud del pago de varios seguros.

El expresidente del Parlamento Europeo aseguró que comparecía con la voluntad de “colaborar con la Justicia y ayudar a la juez Lamela a esclarecer lo sucedido”. Preguntado por el elevado monto de las indemnizaciones y la contratación de Benjumea como asesor externo, Borrell aseguró en su declaración que era importante conservar el «talento» en Abengoa y por ello se le contrató tras su salida de la multinacional. Por su parte, Santiago Seage, declaró en el mismo sentido que Borrell y aseguró que la contratación de Benjumea como asesor externo se decidió «por el bien de los accionistas» de la compañía.

La causa contra Benjumea y Sánchez Ortega se inició el pasado diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían «asegurar su permanencia en el cargo». Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que también se enfrenta a una acusación por uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.

Gas Natural Fenosa reclama 400 millones al Estado por la infrautilización de los ciclos combinados mientras se interesa por T-Solar

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EFE / Europa Press.- Gas Natural aspira a adquirir la filial de renovables de Isolux, T-Solar, uno de los activos que la ingeniería ha puesto a la venta en el marco de sus planes para reestructurar su deuda, según confirmaron fuentes conocedoras de las negociaciones. No es el único movimiento del grupo energético, que ha presentado en la Audiencia Nacional una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Estado por el impacto sufrido por sus centrales térmicas de gas desde 2009, según adelantó El Mundo.

La empresa reclama 400 millones de euros en concepto de indemnización al Ministerio de Industria, al que acusa de haber distorsionado el mercado eléctrico al incentivar las energías renovables mientras se desplomaba la demanda de electricidad. Los incentivos otorgados a las energías renovables por los sucesivos gobiernos habrían perjudicado la cuenta de resultados de Gas Natural, en particular por el bajo rendimiento de las centrales térmicas de gas de las eléctricas, los denominados ciclos combinados.

Gas Natural interesada en T-Solar

Según publican Cinco Días y El Economista, junto a Gas Natural también se han interesado por T-Solar los fondos Cerberus y Bruc Capital, que harán una oferta conjunta; los fondos de pensiones canadienses PSP Investment y OTPP y la firma estadounidense KKR. El plan de reestructuración de Isolux contempla la capitalización de 1.014,7 millones de euros de deuda no sostenible, así como la amortización de cerca de 800 millones mediante las desinversiones de activos, como T-Solar o las líneas de transmisión eléctrica en Brasil. El objetivo del grupo Isolux pasa por reestructurar 2.014,7 millones de euros de deuda, una cantidad que incluye los 850 millones de los bonistas, y así esquivar el concurso de acreedores.

En mayo, Isolux Corsán culminó la transferencia de los activos concesionales de su filial Isolux Infrastructure, de la que formaba parte con el fondo de pensiones canadiense PSP, y pasó a controlar los activos de transmisión eléctrica y los solares fotovoltaicos de T-Solar, una pieza clave «para avanzar en el plan de desinversión» en estas líneas de negocio. Creada en 2006, la compañía invirtió desde entonces 1.500 millones de euros, y en la actualidad suma 326 megavatios en operación, construcción y desarrollo en 8 países: España, Italia, India, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, México y Japón. Las centrales fotovoltaicas de grupo generaron 421 gigavatios hora (GWh) de energía en 2014.

Busca así crecer en renovables

El pasado mes de mayo, Gas Natural Fenosa presentó su plan estratégico para el periodo 2016-2020, que prevé inversiones por hasta 14.000 millones de euros en los próximos cinco años para crecer en redes y generación renovable. En concreto, de esta cifra de inversión más del 80% será en activos regulados o contratados, con un enfoque especial en el crecimiento en redes de distribución y en generación con energías renovables.

Las principales iniciativas de inversión se centrarán en incorporar 3.500 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación global, de los que 2.500 MW serán en renovables, tanto en España como a nivel internacional. La compañía ya adquirió el año pasado por 260 millones de euros la firma de renovables Gecalsa, que opera 10 parques eólicos y una planta fotovoltaica en España que suman una capacidad instalada neta de 221,7 MW.

La Audiencia Nacional admite un recurso de Iberdrola contra los porcentajes de financiación del bono social

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Europa Press.- La Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso de Iberdrola en contra de la orden ministerial en la que se detallan los porcentajes en los que las compañías eléctricas deben financiar el bono social de la luz del ejercicio 2015. En la orden ministerial se indica que Iberdrola deberá asumir un 38,2% del coste del bono social, frente al 41,2% de Endesa y el 14,4% de Gas Natural Fenosa.

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON España tienen recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto del bono social. Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo eléctrico de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las 5 grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros anuales. El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las 5 grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las 5 grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. Al anularse esta fórmula de financiación restringida a 5 empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que nuevamente son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, eliminan los aspectos considerados discriminatorios.

El juez alarga hasta octubre el plazo de Abengoa para negociar con los acreedores mientras continúa el proceso a Benjumea

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Servimedia / EFE.- La Audiencia Nacional desestimó el recurso del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, contra las medidas cautelares dictadas por la juez que le investiga por administración desleal al tiempo que el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla ha dictado un auto declarando la homologación judicial del contrato de espera acordado por Abengoa y sus acreedores, por lo que otorga 7 meses, hasta el 28 de octubre, para negociar con los acreedores de pasivos financieros.

Abengoa presentó el pasado 28 de marzo la solicitud de homologación de este contrato de espera o standstill, en el marco del proceso de negociación con entidades financieras y bonistas, que ya había recibido el apoyo del 75,04% de los mismos. De esta manera, se habían superado las mayorías requeridas por la ley (60%) en el respaldo de los acreedores al citado contrato. La empresa sevillana avanza así en el proceso para asegurar su viabilidad y evitar el concurso de acreedores. El acuerdo alcanzado prevé que Abengoa logrará reducir su deuda un 47%, hasta 4.920 millones de euros, lejos de los 9.360 millones de euros en que se encuentra actualmente.

La compañía prevé cerrar el presente ejercicio con un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de 244 millones de euros, si bien ya en 2017 volverá al terreno positivo con un beneficio bruto de 20 millones de euros. En virtud de este acuerdo, los acreedores de la compañía prestarán una nueva cantidad de entre 1.500 y 1.800 millones de euros por un plazo máximo de 5 años. Así, los financiadores tendrían derecho a recibir un 55% del capital social y la citada financiación tendría un rango superior a la deuda antigua y estaría avalado. Al término del proceso de reestructuración, los actuales accionistas de la sociedad ostentarían una participación del 5% en el capital social.

Una vez concedido el aplazamiento, el proceso consistirá en continuar desarrollando la documentación legal del preacuerdo para someterlo a consideración por parte de los acreedores. En este sentido, si los acreedores dan su visto bueno, la empresa presentará el preacuerdo ante el juzgado en un plazo aproximado de entre 4 y 6 meses. Posteriormente, Abengoa tendría que solicitar la celebración de la junta de accionistas para que dé su aprobación al acuerdo con los acreedores.

Audiencia Nacional ratifica medidas cautelares

Por su parte, la Audiencia Nacional desestimó el recurso del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y ratificó la retirada de su pasaporte al considerar que hay riesgo de fuga por su «gran capacidad económica». En el auto, se respalda la decisión de la instructora del caso, Carmen Lamela, y considera que las medidas impuestas tienen «carácter legal» y no vulneran los derechos fundamentales del investigado. Además avala la obligación de Benjumea de presentarse ante la justicia tantas veces como sea necesario, incluyendo su comparecencia los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo, como dictó Lamela.

El fallo de la Sala de lo Penal, ante el que no cabe recurso, obliga a Benjumea a acatar lo acordado por Lamela, que investiga tanto a él como a su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias de 11,5 y 4,5 millones de euros tras su salida de Abengoa. Unas cantidades que, a tenor de la magistrada, «no se corresponden con las pactadas con la compañía, ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma», y que podrían ser constitutivas de un delito de administración desleal como denuncia Plataforma de Perjudicados por Abengoa.