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La Audiencia Nacional investigará a 5 petroleras por pactar los precios del carburante

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Redacción / Agencias.- La Audiencia Nacional admitió a trámite dos querellas presentadas por Manos Limpias y por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, en contra de las principales compañías petrolíferas por alterar presuntamente los precios del carburante para pactarlos. Las querellas se presentaron como consecuencia de un expediente fechado en 2013 de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en el que se apreciaba la existencia de acuerdos colusorios entre las empresas para alterar los precios.

Se investigará a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp y sus máximos directivos por un supuesto delito de colusión o pacto ilícito en daño de terceros, en los precios de venta minorista de carburantes. En un auto del Juzgado Central de la Audiencia, el juez Fernando Andreu admite a trámite ambas querellas, que unifica en una sola causa. En el auto de admisión a trámite, la Audiencia Nacional impone una fianza de 10.000 euros a Manos Limpias, al tiempo que declara su competencia para abordar la querella. A la Asociación de Consumidores y Usuarios Jose María Mena, se le impone una fianza de 1.000 euros.

Además de admitir a trámite las querellas, el juez acuerda pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación relativa al expediente incoado por pactar precios en 2013, que se saldó con multas por casi 23 millones de euros, y recibir declaración de los querellados. Los querellados son Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz; Cepsa y su expresidente Khadem al Qubaisi; Disa y su consejero delegado, Raimundo Baroja; Meroil y su presidente, José Luis Porte, y Galp Energía.

En el auto, el juez considera que las querellas cumplen con los requisitos formales y procesales para su admisión a trámite y que los hechos descritos en ella encajarían, de confirmarse, en el concepto de «defraudación». Manos Limpias considera que su iniciativa «incomoda en los juzgados» y considera que las fianzas que se exigen «no solamente son totalmente desproporcionadas, sino que además son inconstitucionales pues se cargan la acción popular».

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de Aspapel contra el recorte a la cogeneración

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Servimedia.- La Asociación Española de Fabricantes de Pastas, Papel y Cartón (Aspapel) ha interpuesto ante la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la regulación que fija los parámetros de retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos. Según una publicación del Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso contencioso-administrativo ha sido admitido a trámite tras ser declarada la competencia de la Sala Tercera del Supremo.

El Supremo acumula cerca de 400 recursos admitidos contra la nueva normativa en materia de renovables y cogeneración que desencadenó una batería de recursos desde julio del año pasado. Entre los tres centenares largos de recursos interpuestos se encuentran también los de Gas Natural Fenosa Renovables y Fenosa Wind, filiales de Gas Natural Fenosa, así como empresas y patronales como Enel Green Power, EDP Cogeneración, Acciona, Protermosolar, APPA y UNEF.

La mayoría de los recursos van dirigidos tanto contra la orden que fijó los nuevos parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las energía renovables, la cogeneración y los residuos, como en contra del decreto que regula la producción de energía eléctrica a partir de dichas fuentes. El nuevo sistema retributivo para estas tecnologías estableció una rentabilidad antes de impuestos de en torno al 7,5% a lo largo de toda la vida útil de la instalación conforme a distintos estándares estipulados en función de las características de las plantas.

El Supremo confirma una multa de 15 millones de euros que Competencia impuso a Iberdrola en 2009

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EFE.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la multa de 15 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso en 2009 a Iberdrola por negar al grupo británico Centrica el acceso a la información sobre sus clientes, según la sentencia del Alto Tribunal, que rechazó el recurso de Iberdrola contra la resolución del Consejo de la CNC, organismo integrado desde 2013 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según el Supremo, una sentencia de 2012 de la Audiencia Nacional, que había ratificado la multa, se anula únicamente por la infracción «de las normas reguladoras» de la propia sentencia, pero no por los hechos probados ni por «el carácter antijurídico de la conducta sancionada». Por ello, se asume «la respuesta dada» en la sentencia de la Audiencia Nacional, que considera probados los hechos y califica la actuación de Iberdrola como contraria a la Ley de Defensa de la Competencia. Iberdrola no fue la única eléctrica sancionada por la CNC en 2009, ya que la multa incluyó a Endesa, Unión Fenosa, HC Energía y Viesgo.

La Audiencia Nacional inadmite una querella de los consumidores de Causa Común contra Salgado, Sebastián y Endesa por los CTC

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Europa Press / Servimedia.- Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, rechazó admitir a trámite la querella presentada por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común contra la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, el exministro de Industria Miguel Sebastián, el exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín Uribe y la compañía Endesa «por el cobro de 1.562 millones de euros por parte de la eléctrica procedentes de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC)«.

La querella, presentada por la comisión de supuestos delitos de prevaricación en comisión por omisión y estafa agravada bajo la forma del delito masa, les acusaba de haber permitido a la compañía eléctrica española el cobro de esta cantidad para compensar a las eléctricas por las inversiones realizadas antes de la liberalización del sector. Según los querellantes, esto supuso «una estafa» porque, con la subida de los precios del petróleo y del gas, «esta forma de actuar determinó que la compañía cobrara más de lo inicialmente previsto, repercutiéndolo en los consumidores hasta su derogación mediante Real Decreto 7/2006 de medidas urgentes en el sector energético».

En un auto, el juez Moreno señala que tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción, así como del expediente remitido por el Ministerio de Industria, «se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos de prevaricación y estafa, pues no concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia para la existencia de los mismos». Añade que, «la querella en cuestión no es fundada a efectos penales al no revestir los hechos caracteres de delito», por lo que no procede admitirla a trámite.

Greenpeace denuncia a la Armada por el incidente en Canarias y el Ministerio de Defensa insiste en que actuó con proporcionalidad

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Europa Press.- Greenpeace presentó una denuncia en contra de la Armada Española por un delito de lesiones y daños por las heridas causadas a los activistas y a las lanchas de la organización mientras realizaba una protesta junto al barco que realizó las prospecciones en busca de hidrocarburos en Canarias a finales de 2014. Por su parte, el Ministerio de Defensa insiste en que la Armada actuó con «proporcionalidad«.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional contra el jefe al mando del buque militar de la Armada española de acción marítima Relámpago y contra los tripulantes de sus barcas neumáticas, por un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y por un delito de daños. Según la organización ecologista, la denuncia ha sido interpuesta por la «actitud imprudente» de la Armada durante la «protesta pacífica realizada en apoyo a la ciudadanía canaria contra las prospecciones de petróleo en noviembre del año pasado».

Según detalla la denuncia, los activistas se manifestaban frente al buque de perforación Rowan Renaissance contratado por la petrolera Repsol para iniciar sus prospecciones cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura el 15 de noviembre de 2014, cuando embarcaciones de la Armada española, procedentes del patrullero de altura Relámpago, embistieron en repetidas ocasiones a las lanchas neumáticas de Greenpeace.

Consecuencia de la acción, la activista italiana Matilde Brunetti cayó al mar y sufrió una fractura abierta de tibia en la pierna izquierda y tuvo que ser operada de urgencias ese mismo día en Las Palmas de Gran Canaria. Tuvo que volver a ser intervenida quirúrgicamente en Italia y aún se encuentra en rehabilitación. Otros dos ecologistas también resultaron heridos y las embarcaciones de Greenpeace quedaron muy dañadas, según la organización. La organización ecologista recuerda que todo lo sucedido puede comprobarse en las imágenes de la protesta pacífica. Greenpeace señaló que ha presentado la denuncia en nombre del capitán del barco Arctic Sunrise, del que partieron sus lanchas neumáticas, y de los tres activistas lesionados.

Según el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, la actitud de la Armada durante la protesta pacífica en contra de las prospecciones fue «desproporcionada e imprudente» y en defensa de los intereses de una multinacional. Además, según recordó Rodríguez, la organización ecologista está pidiendo a los candidatos a las próximas elecciones canarias que se comprometan a llevar a cabo «medidas concretas que garanticen un futuro de energía limpia, sin prospecciones ni otras fuentes de energía peligrosas para un progreso real y sostenible en el archipiélago».

Defensa insiste en la «proporcionalidad»

Por su parte, el Ministerio de Defensa insistió en que la Armada actuó con «proporcionalidad» en el incidente con Greenpeace en aguas de Canarias. Así se pronunció un portavoz del departamento que dirige Pedro Morenés después de que Greenpeace presentara una denuncia en la Audiencia Nacional contra la Armada. Fuentes del Ministerio mostraron su respeto por la decisión de Greenpeace de denunciar a la Armada y se remitieron a los comunicados de Defensa de los días posteriores a los hechos.

En este sentido, desde el Ministerio indicaron que el personal del buque Relámpago «hizo lo que tenía que hacer» para evitar que Greenpeace cometiera un «delito de piratería» como es el abordaje de un barco. Además, recordaron que desde el buque se emitieron sucesivas advertencias, durante «varias horas», al barco de Greenpeace pidiéndole que abandonara la zona de seguridad establecida alrededor de la embarcación de Repsol que se encargaba de las prospecciones, pero que dichas advertencias fueron «escuchadas y desoídas».