El presidente de Santander España declarará como testigo en el caso Abengoa

EFE.- La Audiencia Nacional citó a declarar como testigos al presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, y al directivo del HSBC, Pablo López, en la investigación a la antigua cúpula de Abengoa por presunta administración desleal. La titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, considera la petición formulada por la Plataforma de perjudicados por Abengoa y emplaza a ambos directivos, considerados «clave» por la acusación, para el próximo 20 de julio.

Además, la magistrada también solicita a la empresa sevillana las actas de las reuniones del consejo de administración del 14 y 22 de septiembre de 2015, con el fin de esclarecer las polémicas indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones percibidas por el expresidente de la energética, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese. La citación se produce apenas una semana después de que varios integrantes del consejo que aprobó dicho pagos declarasen que varias entidades, entre ellas el Banco Santander, pusieron como condición para inyectar liquidez en la compañía que Benjumea abandonase la presidencia.

Entonces, los consejeros defendieron la normalidad de los pagos a la cúpula, ya que formaban parte de las obligaciones establecidas por contrato, a pesar de las deudas que arrastraba Abengoa en aquel momento y que la llevaron a declarar el preconcurso de acreedores poco después. Esta causa se inició por el cobro de unas elevadas indemnizaciones. Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que se enfrenta además a un supuesto uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.

Actualmente, la multinacional española y sus acreedores, entre los que está el Banco Santander, ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso. Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado marzo un tiempo adicional, que la normativa fija en 7 meses, para presentar un plan de reestructuración definitivo de acuerdo con sus acreedores.