El presidente de Abengoa asegura que las indemnizaciones millonarias se aprobaron con el consejo de asesores externos

EFE.- El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, declaró en la Audiencia Nacional que las indemnizaciones millonarias percibidas por la excúpula de la compañía fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo. Así lo señaló el abogado de la acusación particular, Felipe Izquierdo, que aseguró que tanto Fornieles como la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, reconocieron no conocer los detalles de las indemnizaciones ni haber leído el contrato de asesoramiento de Felipe Benjumea tras su cese como presidente.

Otras fuentes conocedoras del proceso judicial señalaron que Fornieles conocía los detalles y que del contrato de asesoramiento nunca llego a abonarse ninguna cantidad a Benjumea. Además, Fornieles añadió que ignora las razones que llevaron a los bancos a no asegurar la ampliación de capitales de la multinacional sevillana. Según Izquierdo, Fornieles señaló también al presidente de Santander España, uno de los bancos acreedores de Abengoa, Rodrigo Echenique, como el causante del cese de Benjumea.

Por su parte, la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, igualmente investigada por estas presuntas irregularidades, ha relatado a la sala que en septiembre de 2015, fecha en la que el consejo de administración aprobó tal indemnización, la sociedad estaba «muy bien», según ha explicado Izquierdo. Respecto al contrato como asesor de Benjumea, Gracia ha explicado que si bien lo firmó nunca llegó a leerlo, una versión similar a la ofrecida por la vicepresidenta de Abengoa, Alicia Velarde, que también ha declarado como investigada (imputada) en el caso.

A su salida de la Audiencia Nacional, el letrado de la Plataforma de afectados por Abengoa mostró su discrepancia con la decisión de la juez Carmen Lamela de no citar al exministro de Obras Públicas e integrante de aquella comisión, Josep Borrell. La magistrada justificó su decisión dada la ausencia de Borrell durante el consejo de septiembre de 2015 que dio luz verde a la indemnización, una circunstancia que Izquierdo calificó de «excusa porque estaba haciendo bolos» mientras presentaba su libro en vez de «asistir como está obligado por ley».

La acusación particular ha anunciado que, si bien no recurrirán de nuevo la imputación del exministro, sí que solicitará fianza «como mínimo de 11,4 millones» para Fornieles, Gracia y Velarde al considerarlos «cooperadores necesarios del presunto delito» de administración desleal por el que se investiga a Benjumea y al ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, tras recibir 11,4 y 4,5 millones, respectivamente, en concepto de indemnización. En su declaración como testigo en abril, Fornieles defendió que dichas cantidades eran legales y obedecían a conceptos de permanencia y no competencia. De igual modo, la acusación pedirá citar como testigo al abogado encargado del asesoramiento externo de la compañía con el fin de que aclare los términos de los contratos.

La acusación es más grave para el ex consejero delegado, investigado por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de Abengoa se hundiesen en bolsa. En relación a este hecho, la acusación particular instó a la juez para que solicitara detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016. Asimismo, requirió los informes realizados por la auditora KPMG para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la antigua cúpula.

Esta última ronda de declaraciones coincide con un periodo clave para Abengoa, inmersa en preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015 y que debe lograr ahora el apoyo del 75% de los dueños de su deuda al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Dicho acuerdo prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.