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La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la multa de 25 millones a Iberdrola, que negocia la venta de su filial Amara

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EFE.- Iberdrola negocia la venta de su filial de distribución de material eléctrico Amara, una sociedad que controla en su totalidad y que factura unos 100 millones de euros anuales, según indicaron fuentes conocedoras de la operación en una jornada en la que comenzó a construir su parque eólico offshore Wikinger y la Audiencia Nacional acordó suspender cautelarmente la multa de 25 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso hace meses a Iberdrola.

Según el auto, la Audiencia Nacional señala que considerando los perjuicios alegados por Iberdrola, la cantidad de la sanción y no apreciándose «la posibilidad de que se cause una perturbación grave de los intereses generales o de tercero», accede a la suspensión «siempre y cuando se preste la correspondiente garantía». En noviembre del 2015, la CNMC comunicó una multa de 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta «muy grave». La suspensión de la multa no significa que Iberdrola la evite de forma definitiva ya que aún no se dilucidó el fondo de la cuestión.

Negocia la venta de Amara

Respecto a la venta de su filial, Amara se dedica a la distribución de material eléctrico y la gestión de servicios logísticos para Iberdrola y otras empresas de los sectores industrial, energético, de ingeniería y telecomunicaciones. En total cuenta con unos 1.000 empleados en todo el mundo, operando en España, Brasil, México y Estados Unidos. De hecho, unos 600 empleados trabajan en Brasil y unos 300 en España. Fuentes de Iberdrola declinaron comentar la operación, aunque han recordado que la compañía «analiza constantemente las diversas alternativas de desinversión de sus activos considerados no estratégicos que puedan surgir». El plan de perspectivas 2016-2020 de Iberdrola, presentado el pasado enero, no tiene ningún plan específico de desinversiones.

Arranca la construcción de Wikinger

Por otro lado, la compañía eléctrica inició oficialmente la construcción del parque eólico marino Wikinger, en el Báltico, el primero en Alemania de la empresa española, un proyecto valorado en 1.400 millones de euros. El parque eólico se situará a unos 30 kilómetros al noreste de Rügen y será conectado a la red a finales de 2017, lo que permitirá abastecer electricidad a 350.000 hogares. «Con este proyecto somos parte del cambio energético alemán», dijo director del proyecto, Tanis Rey-Baltar. Wikinger es el tercer parque eólico en el Mar Báltico alemán, después de Baltic 1 y Baltic 2. Iberdrola prevé otro parque eólico que se llamará Windanker y que podría comenzar a construirse en 2021.

La CNMC cierra el expediente de 2009 a las compañías eléctricas tras anular la Justicia las multas por 61 millones

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cerró el expediente de vigilancia abierto en 2009 por la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) a las principales compañías eléctricas cuyas pesquisas dieron origen a una multa de 61 millones de euros, sanción que posteriormente fue anulada por la Audiencia Nacional, que invalidó además «todo el procedimiento» ejecutado por la dirección de investigación de la anterior autoridad de Competencia.

La CNMC ya anunció que no recurriría la decisión de la Audiencia Nacional de anular la multa, entre otras cosas porque para ello habría de dirigirse al Supremo, que anteriormente había considerado que las inspecciones realizadas en 2009 en la sede de la patronal Unesa no se ajustaban a Derecho. La Audiencia anuló unas multas que ascendían a 26 millones en el caso de Endesa y a 21,6 millones en el de Iberdrola, así como a 8,8 millones en el de Gas Natural Fenosa, a 1,4 millones en el de E.ON España (ahora denominada Viesgo) y 900.000 euros para Unesa.

Los tribunales consideraron que el objetivo de la investigación a las eléctricas era «verificar la existencia y el alcance de la posible coordinación en el seno de Unesa», sin más especificaciones, extremo que, al ser considerado «insuficiente», fue denunciado por la patronal primero ante la Audiencia y posteriormente, en casación, ante el Supremo. La asociación que aglutina a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España había argumentado que la inspección supuso una infracción de artículos de la Constitución en relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio y derecho al secreto tanto de las comunicaciones entre abogado y cliente como a la intimidad.

La sanción de 2011 de la CNC había sido impuesta en respuesta a un supuesto acuerdo entre las eléctricas para impedir a otras empresas, en un momento clave para la liberalización del suministro eléctrico como fue 2009, el acceso a información de los clientes. En concreto, la CNC apelaba a la existencia de un acuerdo entre las empresas cuyo objetivo era «impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado nacional de suministro de electricidad, en particular, al dificultar con su comportamiento la gestión de traspasos de clientes y la captación de los mismos por las comercializadoras independientes en un momento crítico para la competencia».

Moody’s cree que el plan de Abengoa refleja un negocio operativo «viable»

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EFE / Servimedia.- Mientras los problemas en los Juzgados continúan para sus antiguos dirigentes y la Audiencia Nacional volvió a rechazar el uso de pólizas para que el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, pueda cubrir su fianza, la agencia de calificación Moody’s considera que el plan de viabilidad presentado por Abengoa apoya su visión de que el negocio operativo subyacente de la empresa de ingeniería y energías renovables es «viable».

No obstante, la agencia Moody’s vuelve a advertir del riesgo de que las negociaciones con los acreedores fracasen y la compañía termine en un proceso de insolvencia formal. La compañía andaluza, en preconcurso de acreedores desde el pasado noviembre, presentó recientemente un documento en el que estableció una valoración neta del grupo de 5.395 millones de euros. Dicho plan, en el que cifró sus necesidades de liquidez para este año en 826 millones, tiene que ser negociado con sus acreedores.

Moody’s indicó que el plan incluye «inyecciones de liquidez considerables en 2016 y 2017, junto a una reestructuración de la deuda que todavía tiene que acordarse». Abengoa pretende reducir a un tercio su deuda actual, que ronda los 9.000 millones. Moody’s le mantiene una calificación de Caa3, para «equilibrar la alta posibilidad de un impago y una pérdida para los acreedores con la asunción de que el negocio operativo subyacente es viable«. Además, señaló que es «muy probable» que se produzcan más impagos de intereses durante el periodo de preconcurso. «Nuestra perspectiva negativa refleja el riesgo de que las discusiones puedan no tener éxito y que Abengoa pueda acabar en un proceso de insolvencia», explicó.

Rechazo al uso de pólizas

Por su parte, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, confirmando así la decisión de la juez Carmen Lamela de denegarle la presentación de una póliza de seguro para cubrir la fianza impuesta. La Audiencia Nacional ya había decidido no admitir las pólizas de seguro presentadas por Benjumea y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, para avalar sus fianzas de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente. Benjumea recurrió este rechazo que ahora confirma la Audiencia en una decisión contra la que no cabe recurso, por lo que los exdirectivos de Abengoa deberán depositar estas cantidades.

En el auto en el que se rechaza, se explica que las medidas cautelares reales, como una fianza, tienden a limitar la libre disposición de un patrimonio para «asegurar las responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso penal». Los jueces añaden también que la suscripción de dicha póliza se perfila «como un mecanismo más de los empleados» por Benjumea en perjuicio de la entidad que administraba, la propia Abengoa que aparece tomadora del seguro, «con efectos beneficiosos en exclusiva para el asegurado» y las compañías aseguradoras.

La Audiencia Nacional admitió a trámite en diciembre de 2015 la querella presentada por dos bonistas contra los exdirectivos de Abengoa, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes les impuso una fianza civil equivalente a las indemnizaciones que recibieron al salir del grupo. La juez Lamela considera que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock.

Abengoa esgrime su plan frente a las pérdidas de una posible liquidación mientras la Audiencia Nacional retira pasaporte a Benjumea

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EFE.- La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que investiga al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, por un posible delito de administración desleal, le ha retirado el pasaporte como medida cautelar. Mientras tanto, la compañía sigue buscando su viabilidad con un plan con el que quiere convencer a sus acreedores de que cuenta con negocio suficiente para evitar el concurso, un escenario que la llevaría a la liquidación y que «supondría enormes pérdidas» para todos.

Este documento «conservador» y «realista» supone la «mejor manera de maximizar el valor» de la compañía, según Toni Álvarez, representante de Álvarez&Marsal, firma que ha asesorado a Abengoa para la elaboración del plan, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que cifra en 5.395 millones de euros el valor de la «nueva Abengoa» que salga del preconcurso, es decir, «siete veces más en operación que en liquidación».

El plan dibuja un modelo de negocio capaz de generar unos 1.000 millones de euros de caja entre 2007 y 2020, un impacto positivo derivado de desinversiones de activos no estratégicos de 473 millones en 2016-2017 y la salida de proyectos con altos requerimientos de efectivo, lo que reducirá sus necesidades de caja en 2.095 millones en el mismo periodo. También plantea un ajuste de la base de costes de unos 200 millones hasta 2018. Una serie de variables que, no obstante, afrontan eventuales riesgos como la dificultad para las desinversiones, unos costes de salida de proyectos mayores de los inicialmente previstos o falta de visibilidad sobre la financiación para las necesidades inmediatas de liquidez.

En cuanto a las necesidades de liquidez, Abengoa las cifra en 826 millones de euros para este año, a los que se sumarían 304 millones de euros para 2017. Junto a esto señala a la necesidad de «garantías técnicas» por valor de 525 millones para poder trabajar. La compañía dibuja una nueva Abengoa, centrada en la actividad de ingeniería y construcción, con el foco en menos líneas de negocios y con fuertes controles financieros para los nuevos proyectos que se pongan en marcha. Así, el grupo espera que los nuevos proyectos cuenten con un margen de entre el 8,7% y el 14% y que cumplan escrupulosamente con los criterios establecidos.

También establece una severa disciplina financiera, centrada en la generación de caja, y con criterios aplicados proyecto a proyecto, con el objetivo de que las necesidades de efectivo de unos «contaminen» el beneficio de otros, según Toni Álvarez. El plan, elaborado junto a Alvarez&Marsal, busca presentar una nueva compañía viable «saneada y rentable» para accionistas y acreedores frente a un proceso de liquidación que «supondría enormes pérdidas para todas las partes presentes en la negociación».

Con el 28 de marzo como fecha tope para evitar el que sería el mayor concurso de acreedores de la historia de España, este plan servirá de base para que KPMG elabore una «solución global» y se inicien las negociaciones que permitan el saneamiento financiero, reduciendo la deuda a un tercio (de los 9.000 millones actuales a 3.000 millones) y permitiendo la viabilidad de la ingeniería andaluza. En lo que se vislumbra como una negociación compleja para intentar reducir esos 6.000 millones de deuda: quitas (que la banca rechaza de entrada), capitalización de la deuda, préstamos participativos a largo plazo o una combinación que, finalmente, terminará dando el control de Abengoa a bancos y fondos.

Retirada de pasaporte a Benjumea

La Audiencia Nacional ha impuesto al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La juez Carmen Lamela atiende así la petición del fiscal José Perals y le prohíbe la salida de España al considerar que no existe certeza de que Benjumea no eluda a la justicia en el futuro. Acusado de administración desleal a raíz de la querella de dos bonistas de la compañía, Benjumea declaró esta semana junto con el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, a quien se le investiga además por el uso de información privilegiada tras su fichaje por Blackrock.

Sobre el cobro de indemnizaciones millonarias de 11,5 millones y 4,5 millones de euros a Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, la juez advierte de que existen indicios de su posible participación en el cobro de unas cantidades «que no se corresponden con las pactadas con la compañía, ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma» en el momento del cese. Una versión que cuestiona la del expresidente de Abengoa, que alegó que es una práctica normal «para asegurar su permanencia en el cargo», y aseguró que su salida fue consecuencia de una exigencia verbal impuesta por las entidades financieras, especialmente por el Santander, de la que no existe constancia por escrito.

El expresidente de Abengoa afirmó que la empresa «no tiene ningún problema salvo el de liquidez», y achacó la situación que actualmente atraviesa la compañía, en preconcurso de acreedores, a la reforma del sector eléctrico y de las renovables puestaen marcha por el Gobierno. Sánchez Ortega, por su parte, aseguró que su entrada en Blackrock cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa, que es el origen de la acusación que pesa sobre él por uso de información privilegiada, fue «una coincidencia».

La Audiencia Nacional embarga los bienes a Benjumea y Ortega, exdirectivos de Abengoa, para avalar sus fianzas

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EFE.- La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega para avalar sus fianzas civiles de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente.

Según han informado fuentes jurídicas, la juez Carmen Lamela ha tomado esta decisión tras comprobar que ninguno de ellos ha pagado las fianzas, cuyas cantidades se corresponden a las indemnizaciones que recibieron al salir del grupo.

Hace unos días, Lamela rechazó aceptar las pólizas de seguro que presentaron como manera de abonar estas fianzas.

En el caso de Benjumea, la juez le ha prohibido disponer de varias viviendas y parcelas de su propiedad: seis en Sevilla, dos en Cádiz y dos en Soria -en este caso, con propiedad parcial-, así como de cinco coches -dos Mercedes Benz, un BMW, un Chrysler y un Ford- y un ciclomotor Piaggio. También ha bloqueado su dinero en doce cuentas bancarias, incluyendo productos como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo.

En cuanto a Sánchez Ortega, la juez ha iniciado el proceso de embargo de una vivienda de su propiedad en Las Rozas (Madrid), un vehículo Jaguar y el bloqueo de una cuenta a su nombre.

Lamela les investiga a raíz de una querella presentada por dos bonistas y considera que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock.

En una rueda de prensa, los abogados de los bonistas han anunciado que ampliarán el proceso tanto al consejo de administración como al comité de retribuciones de Abengoa al considerarlos «cooperadores necesarios» del supuesto delito de administración desleal.

La ampliación de las responsabilidades a los consejeros se debe a los pagos por valor de 16 millones de euros, calificados de «inaceptables» por los letrados, a ambos exdirectivos en «agradecimiento» a su labor al frente de la empresa en los últimos años.

Además, se ampliarán los delitos «por falseamiento de documentación y estafa», aunque, han matizado, esperarán a que Abengoa remita a la juez instructora la documentación financiera y las actas de las reuniones antes de emprender tal medida.

Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores. La empresa negocia ahora con sus acreedores la búsqueda de una solución que evite el que sería el mayor concurso de la historia de España.

Los exdirigentes de Abengoa avalan con pólizas de seguro sus fianzas judiciales mientras la compañía elabora su plan de viabilidad

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EFE / Servimedia.- El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega aportaron dos pólizas de seguros cada uno para avalar las fianzas de 11,5 millones y de 4,5 millones de euros, respectivamente, que les había fijado la Audiencia Nacional. Benjumea reclamó además a la jueza que aclare si de esa cantidad, que se corresponde con la indemnización cobrada tras abandonar la empresa, deben restarse las correspondientes retenciones fiscales.

En un escrito presentado, fechado el pasado 23 de diciembre y que han facilitado fuentes jurídicas, se señala que en la exigencia de esta fianza adolece «un concepto oscuro» y solicita aclaración. Una aclaración que tiene que ver con un tema fiscal: en el escrito se recuerda que cualquier indemnización recibida está sujeta a retención fiscal a través del IRPF y que puede llegar a ser del 45% del importe bruto cobrado. Ante esto, añaden, se cuestiona si se debe afianzar la cantidad que corresponda «una vez deducidas las cantidades retenidas a cuenta del IRPF y que no han percibido«.

Según han explicado fuentes jurídicas, los dos exdirectivos de Abengoa presentaron dos pólizas de seguro cada uno de compañías distintas para cubrir las fianzas exigidas por la Audiencia Nacional. La juez comunicará ahora estas peticiones a la Fiscalía para que informe de si con ello se da por satisfecha la fianza. El pasado 18 de diciembre la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por dos bonistas, representados por el despacho Ius+Aequita, contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes les impuso una fianza civil de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente.

En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. La magistrada acordó además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (expresidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con esas fianzas civiles. Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

Abengoa elabora plan de viabilidad

Mientras tanto, la compañía se encuentra ya trabajando en la elaboración de un plan de viabilidad para garantizar el futuro de la compañía tras conseguir la semana pasada suscribir un préstamo de 106 millones de euros con la banca acreedora, según informaron fuentes de la compañía. La compañía hispalense firmó el pasado jueves con sus acreedores financieros un contrato de préstamo por importe de 106 millones de euros con vencimiento a 17 de marzo de 2016, después de solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre, cuando se abrió un periodo de tres meses, prorrogable otro más, para negociar con los acreedores un acuerdo de refinanciación.

De esta forma, la compañía entra ahora en una segunda fase en la que ya se encuentra diseñando un plan de viabilidad que previsiblemente incluirá desinversiones y reducción de gastos, si bien ya está realizando «ajustes continuados» en la empresa que implican, entre otras medidas, la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos. Abengoa destacó tras la firma del préstamo que avanza «positivamente hacia su viabilidad». Asimismo, explicó que su objetivo principal es encontrar una «solución adecuada» para todos los actores involucrados, como son empleados, inversores, clientes, proveedores y comunidades en las que la compañía está presente.

En este sentido, sostuvo que está «plenamente comprometida con este objetivo, trabajando día y noche junto con los asesores para asegurar el mejor resultado y alcanzar un consenso con respecto al plan de viabilidad». Para todo ello, Abengoa cuenta con el asesoramiento de dos equipos de colaboradores provenientes de Alvarez&Marsal, especializada en procesos de viabilidad de compañías de todo el mundo; y Lazard, más concentrada en las negociaciones con las entidades financieras y que también colaborará en el proceso de venta de activos no estratégicos.

Abengoa México suma nuevos impagos

La filial de Abengoa en México incurrió de nuevo en el impago de intereses, que ascienden ya a unos 311.165 dólares según Monex Grupo Financiero.  «Si la emisora incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas de los certificados y dicho incumplimiento no fuere subsanado en un plazo de 5 días hábiles, se configurará una causal de vencimiento anticipado», explicó el grupo financiero. Por ello, se podrían declarar «vencidas anticipadamente todas las cantidades pagaderas por la emisora conforme a los certificados». Junto a los impagos de cupones en México, la compañía también admitió el impago de las cantidades previstas para 6 emisiones de deuda en Irlanda.

Imponen fianza de 16 millones de euros para la cúpula de Abengoa, que esta semana recibirá 113 millones de liquidez

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Redacción / Agencias.- Abengoa recibirá esta semana una inyección de liquidez de emergencia, por 113 millones de euros, que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad. Mientras, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, admitió a trámite la querella contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes impuso una fianza civil de 11,5 y 4,5 millones de euros, las mismas cantidades que cobraron como indemnizaciones tras dejar la empresa.

En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. La magistrada acuerda además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (expresidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con esas fianzas civiles. La juez pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le entregue la información sobre esos pagos, así como de las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde agosto realizadas por el fondo Blackrock.

En el auto, la magistrada recoge las acusaciones de los dos bonistas que han presentado la querella, a través del despacho Ius+Aequitas, y que califican de «horrible» la gestión de la empresa. Los bonistas acusan a los exdirectivos de haber abandonado Abengoa poco antes de que se presentara el preconcurso con unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa. Asimismo denuncian que, tras abandonar la empresa, el ex consejero delegado fue contratado por la empresa Blackrock, en la que «se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma».

También en el plano judicial, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. Según el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, responsable de la defensa de estos accionistas, la demanda se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que deberá decidir sobre su admisión a trámite. La demanda se interpone con base en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores.

Recibirá 113 millones de euros

Abengoa recibirá esta semana el visto bueno de los bancos acreedores a la inyección de liquidez de emergencia por 113 millones de euros que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad, entre ellos el pago de las nóminas y la extra de sus empleados de diciembre. En concreto, una vez analizados por los departamentos de riesgo de cada entidad financiará, a principios de esta semana, previsiblemente el martes, se trasladarán por la banca a Abengoa las condiciones del préstamo para que sea ratificado por el grupo de ingeniería y energías renovables, informaron fuentes participantes en las negociaciones.

La concesión de esta inyección, en la que casi con toda seguridad participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un apoyo de aproximadamente unos 20 millones de euros, no estará exenta, eso sí, de condiciones por parte de la banca, que exigirá también garantías, entre las que figurarán la participación del grupo en Abengoa Yield, y la presentación de una propuesta de reestructuración. Asimismo, la firma Lazard, contratada por la compañía, trabaja en un plan de viabilidad para Abengoa que se prevé esté listo para presentar a la banca acreedora a mediados de enero.

Hay un G7 en negociaciones

La banca acreedora de Abengoa creó un G7 para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, junto a HSBC y Société Générale. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, un total de 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del 2016.

El pasado noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de cuatro meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería el mayor concurso de la historia de España, por delante del de Martinsa Fadesa. Abengoa, por su parte, cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7%. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6%. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros.

La Fiscalía pide que se admita a trámite la querella de los bonistas contra Abengoa

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Servimedia/EFE.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se admita a trámite sólo una de las dos querellas presentadas contra Abengoa, en concreto la presentada por los compradores de ‘bonos verdes’ de la compañía. Solicita una serie de diligencias y pide que se imponga a al expresidente y al ex consejero delegado de la compañía fianzas equivalentes a las cantidades que cobraron como indemnización al marcharse pocos días antes de que se presentara preconcurso de acreedores.

El ministerio público considera que la Audiencia es competente para para investigar a la compañía por la presunta comisión de un delito de administración desleal y se dirige contra el expresidente del Consejo de Administración Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

Los querellantes denuncian que ante una gestión «horrible» de la empresa, los querellados, máximos gestores de Abengoa, la abandonaron, aseguran, poco antes de que se produjera la situación concursal, previo cobro de indemnizaciones millonarias y contraprestaciones contractuales cuantiosísimas, pese a conocer la auténtica realidad económica de la empresa.

No respalda la admisión a trámite, sin embargo, de otra querella presentadas contra Abengoa y su auditora Deloitte, que se centra en 19 exmiembros del Consejo de Administración por una delito relativo a la transparencia del mercado y contra los consumidores.

Entiende el fiscal que ambas querellas tienen objetos distintos y su tramitación conjunta en un único procedimiento implicaría un «proceso complejo que no tiene justificación», al tratarse de hechos diferentes, por lo que las pruebas que se tendrían que practicar «no tienen ninguna relación entre sí ni estarían dirigidas a un mismo fin».

La Fiscalía entiende que es procedente investigar la querella de los `bonistas´ puesto que pese a la confianza que habían depositado en Benjumea y Sánchez «realizaron conscientemente una administración de la misma en al que han antepuesto sus intereses patrimoniales a los de la sociedad». Considera conectado con estos hechos el «supuesto uso de información privilegiada por parte del ex consejero delegado que podría ser constitutivo de un supuesto delito de uso de información privilegiada».

S&P baja la calificación de Abengoa a insolvencia selectiva

La agencia de medición de riesgos Standard & Poor’s (S&P) ha bajado hoy la calificación crediticia de Abengoa hasta «SD», es decir, «selective default» o insolvencia selectiva.

Según ha informado hoy en un comunicado, la agencia ha tomado esta decisión tras el anuncio de que la firma sevillana no pagará las cantidades correspondientes a sus emisiones de deuda en Irlanda.

S&P ha señalado que examinará la evolución de las negociaciones de Abengoa con sus acreedores, en el marco del preconcurso presentado a finales de noviembre, y que evaluará de nuevo la nota si se registra algún nuevo impago o reestructuración.

S&P se suma así a Fitch, que ya rebajó la calificación de Abengoa a insolvencia limitada el pasado lunes.

Las eléctricas de Unesa recurren la resolución de la nueva facturación horaria de la luz por una cuestión de «forma»

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Redacción / Agencias.- La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha recurrido la resolución del pasado 2 de junio con la que se inició el nuevo sistema de facturación de electricidad por horas al entender que debería haber tenido un rango normativo superior. En concreto, la patronal eléctrica ha presentado el recurso, junto a otro de Iberdrola Distribución Eléctrica, ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, según consta en una disposición del Ministerio de Industria publicada en el BOE.

Fuentes del sector explicaron que la interposición del recurso por parte de Unesa se debe a «un defecto formal» y no de contenido, al considerar que la resolución de junio de la Secretaría de Estado de Energía debería de haber contado con un rango normativo superior. Las empresas coinciden con la opinión emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe previo, en el que valoraba que la norma debería presentarse como norma ministerial.

La resolución recurrida por la patronal eléctrica fijaba el 1 de julio como fecha de inicio del nuevos sistema y establecía un periodo de adaptación hasta el pasado 1 de octubre para implantar el nuevo mecanismo de facturación por horas. Los ficheros de intercambio de información entre las empresas y otros aspectos técnicos deberán aplicarse antes del 1 de enero del 2016. El presidente de Unesa, Eduardo Montes, afirmó que el impacto de la implantación de los contadores inteligentes y los softwares necesarios derivados del nuevo sistema de facturación será «neutro» cuando se amortice la «inversión enorme» realizada, de «algunos miles de millones de euros».

Conforme a la normativa, la factura eléctrica se calcula en función del consumo que se realice cada hora y del precio que marque en ese momento el mercado mayorista de electricidad, conocido como pool. El precio para cada día está disponible un día antes, a partir de las 20.15 horas, en la web de Red Eléctrica de España (REE). Aparte de un contador inteligente, para disponer de esta modalidad de factura es necesario acogerse a la tarifa regulada, conocida desde el año pasado como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y reservada para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW). Más de 5 millones de consumidores ya pagan la electricidad al precio que cotiza cada hora.

El Tribunal Supremo también dice que el gasoducto de conexión al almacén Castor debía tener evaluación de impacto ambiental

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional del 15 de abril de 2013 que anuló la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 23 de noviembre de 2009, por la que se acordó no someter a evaluación de impacto ambiental un tramo de gasoducto que conecta la red nacional de transporte de gas con la instalación en tierra asociada al almacenamiento subterráneo Castor, que discurría entre Tarragona y Castellón.

De esta forma, el Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, Enagás y Escal UGS, y estima, al igual que hizo la Audiencia Nacional, que el proyecto de gasoducto entre la red troncal y una estación en tierra con conexión posterior a Castor debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un «elemento inescindible e indisociable del almacenamiento«.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles, «sin que resulte de recibo», en tal situación, rechazar el inicio del proceso de evaluación considerando el mismo innecesario, cuando otro tramo del gasoducto de similares características (situado entre la planta de operaciones y el mar) sí había sido objeto de evaluación.

Para el Alto Tribunal, no deja de ser «significativo» que en la resolución impugnada se formulara y aprobara la declaración de impacto ambiental del proyecto de almacén subterráneo de gas natural de Amposta, que comprendía tanto el almacenamiento propiamente dicho como una parte importante del gasoducto, el comprendido entre la plataforma marina y la planta de compresión y tratamiento de gas natural en tierra, en el término municipal de Vinarós.

Al someter a evaluación medioambiental este tramo del gasoducto de 11,6 kilómetros y no considerarla necesaria con su continuación, de 11,6 kilómetros, se produce a juicio del tribunal una desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características que el sometido a evaluación junto con el almacenamiento de gas y parte marina del mismo gasoducto.

Si bien en la ley se alude al fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico, el tribunal considera que, al margen de interpretaciones, cualquier desmembración no elude el necesario control ambiental.

Tras analizar las resoluciones de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en relación con proyectos de gasoductos durante el periodo de vigencia de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de 2008, el tribunal no ha sido capaz de detectar ninguna resolución de similares características a las de este caso.