Revés para el Gobierno: Justicia de Castilla-La Mancha no suspende la ampliación de la zona protegida que paraliza el ATC

EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) rechazó la medida cautelar que solicitó el Gobierno central de suspender la decisión del Ejecutivo autonómico por el que se inician los trámites para ampliar una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) que afectaría a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Ahora el Gobierno central tiene un plazo de 5 días para recurrir ante el propio TSJCM. Esta medida cautelar fue solicitada en el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo central contra la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha por el que se inicia el procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito. Además, el TSJCM explicó que la resolución dictada no entra al fondo del asunto contra el que se presentó el recurso, por lo que la resolución final está a expensas de la tramitación completa del proceso.

Una declaración de interés público

En el auto del TSJCM se señala que la Administración General del Estado alegaba que la construcción del ATC supone una disminución de los riesgos respecto del sistema actual y una mejora para actuar ante contingencias, por lo que, según argumentaba la Abogacía del Estado, el retraso del proyecto supondría un perjuicio para el interés público, pues impediría alcanzar niveles más eficientes de seguridad en la gestión de residuos radiactivos.

Frente a ese argumento, el TSJCM ha considerado, basándose en un informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, que sin perjuicio de la conveniencia de la existencia del ATC, pueden existir otros mecanismos legales para tutelar los intereses que alega el Estado. Entre estas opciones, el TSJCM ha citado que el Gobierno central puede proceder a la declaración de existencia de razones imperiosas de interés público y de primer orden, una declaración que, tal y como apunta el auto, no se ha hecho en el presente caso.

Además, en cuanto al argumento de la Abogacía del Estado de que la decisión de Castilla-La Mancha podría tener perjuicios económicos, el TSJCM advirtió de que mientras los perjuicios económicos pueden ser reparados en un futuro, los perjuicios para los intereses ambientales que supuestamente están presentes según el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha pueden tener carácter irreparable.