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El PP solicita que no se pierda la inversión de 150 millones en Cuenca si se paraliza el ATC nuclear

Europa Press. – El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado al Gobierno de la región que, en el caso de que se paralice el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares previsto en Cuenca, exija formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que los cerca de 150 millones de euros previstos para la obra repercutan igualmente en el desarrollo de la provincia; propuesta que el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha valorado como un «cambio de postura» que ha agradecido.

En un primer momento, Nuñez hacía estas declaraciones  en rueda de prensa tras mantener su primera reunión institucional desde que asumió la Presidencia del PP con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

De esta manera, ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la paralización de la construcción del silo en Villar de Cañas. Pero aún así, ha solicitado al presidente regional que no renuncie a que esos casi 150 millones que tenía asignados esta infraestructura en los presupuestos generales se reinviertan en Cuenca en generación de empleo.

«Eso es lo que prometió García-Page y en el PP no estamos dispuestos a que esa cantidad tan importante de dinero se vaya de la provincia» en caso de que la decisión del PSOE sobre este almacén nuclear sea otro, subrayó Nuñez.

 

Celebración de Hernando

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha dado la «bienvenida» a la postura Núñez , y ha querido recordar que esa postura ya ha sido exigida por el propio Emiliano García-Page. «Lo celebro, porque antes decía que el ATC era irrenunciable y ahora parece que empieza a virar. Parece que el presidente le ha convencido de que esta infraestructura no es buena para Cuenca», ha asegurado.

Como conclusión, ha insistido en que García-Page «ya planteó que esos 145 millones contemplados en los Presupuestos Generales del Estado tenían que ir para promocionar el empleo en Cuenca y para el Estado del Bienestar de la región».

Vara recuerda al Gobierno que la nuclear de Almaraz no cerrará sin alternativa y apuesta por las renovables

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado al Gobierno que la central nuclear de Almaraz «no podrá tener cierre» si antes no hay una alternativa para la región tanto en materia energética como en materia de empleo, y apuesta por las renovables.

En este sentido, Vara trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sus demandas e indicó que Ribera es más de «llaves para abrir que de llaves para cerrar», en alusión a Almaraz, cuya licencia caduca en 2020. Así, Vara ha explicado que con los proyectos de energía fotovoltaica comprometidos en Extremadura, que suponen la producción de 5.000 megavatios entre 2018 y 2021, el sector de la energía demuestra que es el futuro de la región. Por esto, ha pedido que aquellas regiones que han tenido «una potencia energética alta», tanto por lo hidráulico como por lo nuclear, sean «cuidadas especialmente». Así, ha explicado que una vía podrían ser las «subastas especiales para determinados territorios que permitan alternativas».

Se necesita capacidad de evacuación

Sobre los proyectos de fotovoltaicas, Vara ha recordado que la región tiene agotada su capacidad de evacuación debido a la actual situación de la red eléctrica de transporte. Así, ha trasladado también a la ministra la necesidad de que, en la nueva planificación eléctrica que se prepara, sean conscientes de la realidad de la región. «Que sean conscientes de que hay una comunidad donde hay demanda de casi más de 9.000 megavatios nuevos, además de los 5.000 que están previstos para los próximos años», subrayó.

Vara ha añadido que la construcción de esas plantas fotovoltaicas supondrá una inversión para la región de 3.000 millones de euros, y ha matizado que la inversión es privada y que supondrá miles de puestos de trabajo. Esos empleos, a su juicio, podrán tener continuidad con futuros nuevos proyectos, ya que, tal y como recordó, «el cambio climático es una realidad innegable», y en este tipo de sectores «estarán los nuevos empleos del siglo XXI».

“Carpetazo” al ATC “en breve”

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que la intención del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, es la de «dar carpetazo» al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares ideado en la localidad conquense de Villar de Cañas. En este sentido, aseguró que ha podido certificar un «claro cambio de posición» con respecto a la intención del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Desde la perspectiva política damos por cerrado el debate. Preveo que la decisión del Gobierno se hará firme sin tardar y habrá un cerrojazo definitivo», asevera.

10 municipios del entorno del ATC nuclear recibieron de Enresa 275.000 euros para proyectos de desarrollo local en 2017

EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) destinó 275.820 euros en 2017 a convenios de colaboración para proyectos de desarrollo local con 10 municipios conquenses situados en el área de influencia del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La cantidad asignada en 2017 fue 11.070 euros superior a la del año precedente en la que se consignaron 264.750 euros a seis municipios de la zona, según se refleja en los informes anuales de 2017 y 2016 de ENRESA, en los que detalla que la principal partida, de 150.000 euros correspondió al municipio de Villar de Cañas. Villar de Cañas fue la localidad elegida por el Gobierno de Rajoy en 2011 para albergar esta instalación, cuyo futuro está ahora supeditado a la presentación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en 2019.

Tras Villar de Cañas en 2017, recibieron asignaciones los ayuntamientos de: Villares del Saz, 39.200 euros; Villarejo de Fuentes, 26.550; Montalbanejo y Montalbo, 18.570 euros cada uno. El ayuntamiento de Zafra de Zancara recibió 11.900 euros; el de Cervera del Llano 6.000 y 3.270 euros el de San Lorenzo de la Parrilla. La lista la cierran los ayuntamientos de La Hinojosa con 900 euros y Olivares de Júcar con 850 euros. Estas partidas se cargan al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR.

En el caso del los municipios del ATC este apoyo se realiza «a través de la suscripción de convenios de colaboración con los municipios con derecho a asignación para aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción» hasta el año en que comiencen a percibir las asignaciones que determina la orden, detalla la memoria de ENRESA.

Tiene derecho a recibir asignación aquellos municipios que tienen parte de su territorio incluido en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación. También las pueden percibir los no considerados en el apartado anterior, siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, incluido en el área definida por un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

Para instalaciones de categoría 2, el caso del ATC, la partida consignada como término fijo es de 6 millones de euros anuales, si bien detalla que se empezarán a recibir una vez se realice el primer envío de residuos radiactivos y entre tanto se pueden suscribir convenios para cofinanciación de proyectos de desarrollo local. En la orden IET/458/2015, se argumenta la marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares y se explica que para las instalaciones de categoría 2 como el ATC, se establece un término fijo, al objeto de evitar grandes oscilaciones en las percepciones anuales a lo largo de la vida de la instalación.

Además, en 2017 ENRESA destinó 2.442.667 euros a cofinanciar proyectos en 39 municipios en el área de influencia de las centrales nucleares españolas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. En el caso de la nuclear de Almaraz en Cáceres (Extremadura) incluye cuatro municipios: Almaraz 111.900 euros; Casatejada 30.940; Belvis de Monroy 11.589 y Toril 1.618 euros. En Ascó (Cataluña) fueron seis municipios: Ascó 111.900; Flix 26.157; Vinebre 47.562,20; Mora D’Ebre 23.443; La Palma D’Ebre 15.507 y Mora La Nova 7.441. Los cuatro municipios de la nuclear de Cofrentes (Valencia) con proyectos cofinanciados fueron: Jarafuel 100.479; Cofrentes 100.000; Cortes de Pallás 87.689 y Jalance 14.898.

Los tres municipios del entorno del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en Sierra de Hornachuelos (Córdoba) son: Hornachuelos 241.704 euros: Fuenteobejuna 123.172 Navas de la Concepción 117.661. Respecto a Santa Maria de Garoña en Burgos (Castilla y León) nueve localidades: Valle de Tobalina 111.900; Valdegobia 82.134; Frías 57.127; Partido de la Sierra en Tobalina 50.000; Bozoó 30.825; Pancorbo 22.547; Oña 19.336; Jurisdicción de San Zadornil 11.363 y Miracheve 13.931.

Respecto al entorno de la nuclear en desmantelamiento José Cabrera en Guadalajara (Castilla-La Mancha) los municipios con proyectos cofinanciados fueron: Almonacid de Zorita 111.900 euros; Pastrana 98.304; Zorita de los Canes 45.711; Buendía 35.136; Valle de Altomira 10.910 y Valdeconcha 4.252 euros. También en Guadalajara se cofinanciaron proyectos en dos municipios del entorno de la nuclear de Trillo: Pareja 37.542 y Mantiel 35.024. Respecto a la nuclear Vandellós en Tarragona, Enresa cofinanció proyectos en: Vandellós Mont-Roig del Camp 137.000 euros; Tivissa 122.489; Vandellos-L Hospitalet del Infant 111.900 y Pratdip 60.441.

El PP castellano-manchego afirma que «nunca» ha habido «motivaciones» para paralizar el ATC y el PSOE le reprocha su «entusiasmo»

Europa Press.- La diputada autonómica del PP, Claudia Alonso, ha asegurado que «nunca» ha habido «motivaciones» para la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas ya que, según la popular, fue el PSOE quien puso en marcha esta cuestión durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Alonso reivindica que el PP «siempre ha sido coherente» respecto a esta instalación, al tiempo que ha aseverado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «debe pintar poco» en el PSOE ya que «le hacen bastante poco caso». Para Alonso, esta infraestructura es «necesaria» para una zona «deprimida económicamente». La diputada se pregunta dónde está el «famoso plan» que García-Page anunció «poco después de la investidura» que iba a realizar en esta zona de Cuenca para ayudarla a crecer económicamente. «No ha hecho nada, anunciar, vender, pero hacer no ha hecho nada», recriminó.

Por su parte, el diputado socialista, Fernando Mora, ha aseverado que el PP está «entusiasmado» con que un «basurero venga a Castilla-La Mancha» para que los vecinos de Villar de Cañas se pongan «amarillos como Los Simpson«. Mora cree que quien piense que esta instalación es desarrollo «se está equivocando» y «no sabe por dónde va», ya que Castilla-La Mancha «no puede ser una tierra de basureros, una tierra abandonada», que es lo que quieren, a su juicio, los populares.

Geacam será el primer edificio de la Junta de Castilla-La Mancha con planta fotovoltaica de autoconsumo eléctrico

EFE. –  La sede de la empresa pública de gestión ambiental Geacam, en Cuenca, es el primer edificio propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que se ha puesto en marcha una planta fotovoltaica de autoconsumo eléctrico, lo que supondrá un ahorro anual de más de 8.000 euros.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, ha visitado la sede de Geacam y ha indicado que es el primer paso dentro de un plan que quiere abastecer a todos los edificios del gobierno regional. Ha señalado también que se han incorporado dos vehículos totalmente eléctricos al parque móvil de la empresa pública, que se podrán cargar con los nuevos paneles solares.

Portillo ha indicado que la apuesta de Geacam y del Ejecutivo autonómico por las energías renovables «es muy importante», como demuestra que la sede de la empresa pública, «se abastezca exclusivamente con esta energía y sus emisiones de CO2 a la atmósfera sean nulas».

En cuanto al tema de la continuidad del plan de autoconsumo, el viceconsejero ha avanzado que ya se han instalado más placas en la provincia de Toledo.

La inversión total es de unos 50.000 euros, aunque Portillo ha manifestado que «se paga con el ahorro que se produce año tras año con la factura eléctrica». Con una vida útil de entre 25 y 30 años, se pretende también evitar 30 toneladas de emisiones de CO2 anualmente, lo que supone que la atmósfera dejará de recibir hasta 750 toneladas de emisiones durante dos décadas y media.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

El sindicato UGT pide al Gobierno negociar una transición energética “justa” y «atemperar» la alarma social generada alrededor del diesel

Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un proceso de negociación «que permita hacer los cambios necesarios» y una transición energética «justa» para pasar de un modelo a otro. Asimismo, exige al Gobierno que «atempere» la alarma social que se ha generado en torno a la desaparición del diésel.

«A una persona que ha comprado un diésel hace 3 meses, con unos grados de contaminación bastante equiparables a los de la gasolina, ahora no se le puede decir meses después que su situación ha cambiado radicalmente», apuntó el líder de UGT. Álvarez también aboga por suprimir «de manera inmediata» el conocido como impuesto al sol, porque es un “absurdo” que «solo beneficia a las empresas eléctricas». También apuesta por impulsar las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. “Las nuevas generaciones de energía no fósiles tienen un abanico de posibilidades de creación de empleo muy importantes«, ha precisado.

«Queremos que nuestro país impulse las energías renovables y queremos saber cuál es la política que vamos a desarrollar desde ese punto de vista», afirmó. Por ello, ha apostado por «pasar de las declaraciones a los hechos» para conseguir un medio ambiente «sano»; un precio de la energía que permita mantener el desarrollo industrial, manteniendo los precios al consumidor «de acuerdo con el coste de la vida»; y unos precios a la industria que tengan «una relación» con lo que ocurre en Europa, ya que los grandes consumidores de energía están pagando en España «en torno a un 30% más».

Asimismo, el sindicalista ha criticado que algunos sectores industriales «han creado alarma social» desde el punto de vista de todo el proceso energético. Así, ha defendido introducir cambios «con justicia social y medioambiental«. En este sentido, ha pedido una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el de Trabajo, para «sumar esas sinergias» y ser un país que «tenga peso» y «se visualice» en las nuevas generaciones de energías no fósiles.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de paralizar los trámites del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Álvarez considera que los residuos deben tenerse en España, en una ubicación “segura, con la suficiente información para que no genere alarma social” y donde existan compensaciones para el desarrollo de la zona desde el punto de vista industrial y económico. «Lo que es muy difícil es mantener un canon como el que pagamos», advirtió Álvarez respecto a los 74.000 euros diarios que se pagan a Francia para el almacenaje de estos residuos.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

El Gobierno paraliza los trámites del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas para planificar primero su política energética

Europa Press.- El Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, para «analizar con cierto detalle la situación». El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta decisión a que aún diseña su estrategia energética para la próxima década.

Así se lo ha indicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en una carta remitida el pasado 5 de julio y facilitada por este departamento ministerial. En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, quiere expresar su «deseo» de poder analizar «con cierto detalle la situación«.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. «Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual«, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

Fuentes del CSN han recordado que el organismo aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha. A lo largo del proceso ha habido diversos pronunciamientos de los tribunales en relación a aspectos que facilitaban o entorpecían la construcción del almacén.

Ecologistas exigen el cierre nuclear

Por su parte, las organizaciones ecologistas han aplaudido la decisión del Gobierno y han insistido en que se elabore un plan de cierre de las centrales nucleares. Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, esta decisión del Ejecutivo es una «muy buena noticia». «Nos parece un despropósito esta instalación porque no está resuelto ni está decidido qué va a pasar con los residuos nucleares y cuándo se van a dejar de producir». Además, critica el ATC porque, a su juicio, el emplazamiento elegido era «pésimo desde un punto de vista geológico», lo que ha estado provocando «los retrasos y el tremendo sobrecoste» que estaba teniendo el proyecto.

Aun así, Segura apunta que no vale con paralizar los trámites del ATC, sino que hay que acometer un plan de cierre de las centrales nucleares. En su opinión, el desmantelamiento es «factible» con los actuales Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que se están construyendo en cada una de las centrales para depositar los residuos. «En todo caso, habrá que sentarse y ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos, esa sería la dinámica ahora», añadió.

Para Greenpeace la decisión del Ministerio es «de sentido común». «El cementerio ni se puede ni se debe construir, y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima, con lo cual la decisión más sensata es paralizarlo y poder evaluar realmente si era necesario o no», afirma el jefe del área de Energía de la ONG, José Luis García.

¿Cuántos residuos más se producirán?

El portavoz apunta que antes de tomar una decisión sobre la construcción de un ATC, es «fundamental» conocer el futuro de las centrales nucleares, cuyo cierre considera «fundamental» pues «no se puede construir un cementerio sin saber cuántos residuos va a albergar y para saber esto hay que saber cuántos se van a producir«. Así, añade que mientras esa decisión no se haya tomado, construir un depósito de residuos sería como «empezar la casa por el tejado», suponiendo que el ATC fuese una solución, «que no lo es» para García.

También Amigos de la Tierra considera «positivo» este anuncio del Gobierno central de paralizar el ATC. Tal y como recuerda la responsable del área de Residuos de la organización, Alodia Pérez, los residuos nucleares solo pueden ser confinados y son «muy peligrosos», es decir, se trata de una «tecnología absurda e ilógica». Pérez insiste en que no se produzcan más residuos, que son generados por las centrales nucleares, mientras que a nivel energético piden un mix basado en energías renovables.

El responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell, no se muestra en contra de que se construya un ATC, pues «en algún lado hay que almacenar esos residuos enormemente peligrosos». Pero sí pide «debate público» para tomar una decisión sobre el tema, pues reclama que, cuando llegue el momento de decidir dónde ubicar un almacén central, haya una evaluación medioambiental sobre su impacto. Al igual que el resto de organizaciones, SEO/BirdLife apoya un cierre programado de las centrales cuando lleguen al final de su vida útil. «Impiden la entrada de las energías renovables, que si se consideran una opción más segura y enormemente menos costosa que la nuclear», agrega.