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El Senado insta al Gobierno con los votos del PP rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

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Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica ha instado al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) con los votos de PP, el rechazo de Unidos Podemos, y la abstención del resto de los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido defendida por el senador del PP, Diego Sánchez, quien subrayó que los reactores de Almaraz generaron entre el 25%/30% del total de la energía generada por el parque nuclear de España, al tiempo que emplean de forma directa a 800 personas y los empleos indirectos llegan a 2.900. Sánchez recurrió al programa electoral del PSOE, que fija el cierre de las centrales nucleares una vez que éstas alcancen el final de su vida útil. Así, asegura que genera «intranquilidad e incertidumbre» en la comarca de Campo Arañuelo, que ve peligrar una de sus principales fuentes de riqueza y empleo y, por tanto, justifica la iniciativa por la necesidad de dar un mensaje de certidumbre y confianza.

La propuesta, aprobada con la abstención del PSOE, insta al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz mientras cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas legalmente, así como a autorizar la prórroga de la vida útil de la central si su titular presenta la solicitud de renovación antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo. A continuación, una vez autorizada la prórroga, el PP plantea que «de manera inmediata» se ponga en marcha un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social que genere «al menos» el mismo nivel económico y de empleo que la actual planta crea en la actualidad en la comarca, a la que no se puede «abandonar a su suerte».

Por su parte, el PSOE presentó una enmienda de sustitución, que fue rechazada, por la que se instaba al Gobierno a cumplir los compromisos de descarbonización con una apuesta «preferente» por las fuentes de energía «limpias, renovables o alternativas». Esta enmienda ha sido «traducida» por el senador popular como una forma de decretar el cierre nuclear. El senador socialista, Miguel Ángel Nacarino, entiende que la enmienda del grupo parlamentario se entiende en un contexto de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno y, por tanto, «corrige la incoherencia» de la propuesta de los populares, al tiempo que ha acusado al PP de «agitar» a la población para que salga a manifestarse «sin ofrecerles una alternativa».

A este respecto, el senador popular ha pedido al PSOE claridad a la hora de decir si quiere o no cerrar las centrales y ha asegurado que tanto el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, como el del Gobierno, Pedro Sánchez, son «antinucleares». En ese contexto, señaló que todas las «maniobras» realizadas por los socialistas, a su juicio, son «para cerrar Almaraz«. Si bien entiende que es «un marrón» para su compañero socialista extremeño defender la moción socialista, no ha aceptado la enmienda de sustitución porque ambas propuestas son contrarias, «como el agua y el aceite».

Desde Unidos Podemos, la senadora Margarita Quertglas ha denunciado que renovar la licencia de los reactores de Cáceres llevará a estas plantas a una situación de operación a largo plazo a pesar de que «han sufrido numerosas incidencias» porque están «envejecidas«. A su juicio, prolongar su vida útil no es una medida de descarbonización y asegura que se pueden sustituir en España todas las energías de origen fósil en 2025.

En su turno de réplica, el senador popular se ha referido al ex consejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, ahora presidente de la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA), de quien ha recordado que tiene una empresa de consultoría medioambiental y a quien acusa de que, desde su actual responsabilidad, «está parando las inversiones» del almacén temporal centralizado (ATC), que «es fundamental para Almaraz«.

Además, Diego Sánchez ha dudado de Navarro por haber comprado «miles de hectáreas» cercanas a Almaraz para instalar proyectos de energía solar porque considera que lo que el Gobierno hará será cerrar Almaraz después de una prórroga de 4 o 5 años y después «dar el pelotazo» con las renovables que evacuarán su energía a través del nudo de Almaraz. «Tiene mucho interés el señor Navarro en los proyectos de renovables cerca de Almaraz», ha advertido el senador, que ha asegurado «alto y claro» que la «única» garantía de que no se cierre la central nuclear es «cambiando» de Gobierno en España y en Extremadura.

Las centrales nucleares generaron casi el 35% de la electricidad sin emisiones en España en 2018, según el Foro Nuclear

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Europa Press.- La producción eléctrica nuclear ha supuesto el 34,42% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España en 2018, ya que no emiten gases ni partículas contaminantes a la atmósfera. Así lo puso de manifiesto el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, que analizó los datos de Red Eléctrica de España de 2018. «En la transición energética es necesaria la energía nuclear, hay que dejarla subsistir de aquí al año 2030 por lo menos«, señaló.

Foro Nuclear ha destacado que, con el 7,09% del total de la potencia instalada, los 7 reactores nucleares españoles han producido 53.216 gigavatios hora (GWh) netos, el 20,39% del total de la energía eléctrica consumida en España en 2018, constituyendo una «base firme y predecible» para la garantía del abastecimiento de electricidad. «Somos los mayores productores, somos fiables, estables, no emitimos CO2 y no presionamos el precio. Nadie podrá acusar a la energía nuclear de hacer que la factura sea más cara, porque entramos al mercado a precio cero», explicó Araluce, al tiempo que asegura que si se prescindiera de la energía nuclear «se dispararía el precio» de la electricidad.

Las centrales nucleares, según los datos de Red Eléctrica de España, han operado en 2018 un total de 7.192 horas de las 8.760 que tiene el año, lo que representa, de media, el 82,1% del total de las horas del año. Para Araluce, este porcentaje refleja la «disponibilidad, fiabilidad y estabilidad» del parque nuclear que, en sus palabras, funciona con «altísima regularidad, posibilitando así una adecuada gestión y la garantía del funcionamiento del sistema eléctrico». «Las centrales nucleares son necesarias si queremos hacer la transición energética de una forma predecible, garantizando la seguridad de suministro y cumpliendo con los acuerdos ambientales internacionales ratificados», ha subrayado el presidente de Foro Nuclear.

En este sentido, Araluce explicó que de aquí a 10 años sería necesario instalar en España «50 o 60 GW» de potencia de renovables, lo que supondría una inversión «de 60.000 a 70.000 millones de euros» en renovables hasta 2030. «Son unas cantidades gigantescas de dinero, pero tendrán que hacerse realidad. Los objetivos están claros pero lo difícil es el camino, la transición», ha indicado el representante de la industria nuclear, quien afirmó que, por los datos que hay, las centrales nucleares «tienen que seguir funcionando», ya que si no habría que instalar «80 o 90 GW» de potencia renovable durante los próximos 10 años.

Respecto a la seguridad de las instalaciones, ha asegurado que el nivel de regulación de las centrales nucleares en España «es altísimo», ya que hay un organismo regulador con un nivel técnico «altísimo» que las están vigilando «constantemente«. «Las centrales españolas están entre las mejores del mundo en funcionamiento. En toda actividad humana siempre puede ocurrir algo, pero las centrales nucleares son segurísimas», ha sentenciado.

Sobre la central nuclear de Almaraz (Cáceres), apuntó que hay una «incertidumbre» de lo que decidirán las empresas para la renovación de la licencia. «Cada 10 años una central nuclear tiene que presentar estudios para funcionar por 10 años más», explicó Araluce, al tiempo que ha comentado que algunas empresas «quieren pedir la renovación por un periodo inferior a 10 años» debido a la situación de incertidumbre. «En Almaraz se podría recurrir a un arbitraje si los socios no se ponen de acuerdo para pedir la licencia. En los estatutos se contempla dicho arbitraje pero considero que las compañías finalmente se pondrán de acuerdo», manifestó.

Por último, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que el «retraso» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) supone un «extracoste» pero «no influye» en que las centrales sigan funcionando. «Como el ATC no está disponible se ha hecho un almacenamiento en seco en la propia central. Se han construido pensando en que en algún momento el ATC estará disponible», concluyó.

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

OIEA recomienda a España actualizar el plan de residuos y asegurar que el retraso del ATC no disminuya la seguridad

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Europa Press.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha recomendado al Gobierno de España que asegure que el retraso en la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) no afecte de forma negativa a la seguridad de los residuos nucleares y combustible gastado y considera también que el Gobierno debería dar «pasos inmediatos» para actualizar el plan general de residuos radiactivos.

Son las conclusiones de una doble misión internacional que ha examinado el marco regulatorio español para la seguridad nuclear y radiológica, del que se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como la gestión de los residuos y el combustible gastado, que gestiona Enresa, representantes de la OIEA han subrayado que España tiene un «fuerte compromiso» con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El director de la misión de la OIEA, Victor McCree, ha explicado que el organismo ha trasladado al Gobierno, al CSN y a ENRESA un total de 17 recomendaciones y 22 sugerencias, al tiempo que ha detectado 2 buenas prácticas de estas entidades que podrían replicarse en otros países. McCree ha destacado que entre las principales recomendaciones al Gobierno, la OIEA considera que debe asegurarse de que el retraso en el establecimiento del ATC no genera un impacto negativo en la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad y el combustible gastado.

De momento, ha dicho que el equipo no ha identificado «ningún riesgo» asociado precisamente a la falta de un ATC pero ha reflexionado que la instalación se previó vinculada a las actividades de desmantelamiento y clausura de las centrales y valora que en su diseño se incluya la investigación en materia de gestión de residuos y mejora de la instalación. En concreto, ha indicado que se recomienda a España que actualice las previsiones de residuos nucleares para asegurar que los recursos económicos consignados sean suficientes, aunque ha aclarado que no detectó carencias a este respecto.

Además, la misión de revisión, en la que han participado 24 expertos internacionales, urge a España a dar «pasos inmediatos» para realizar la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. A este respecto, el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, defiende que el OIEA valora como «integral y robusto» el sistema de gestión de los residuos radiactivos aunque pueda mejorarse.

Además, ha recordado que según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a principios de 2019 tendrá listo un borrador del plan y que ENRESA ya ha iniciado los trabajos previos para actualizar el plan general de residuos radioactivos, cuya aprobación podría demorarse hasta 24 meses, de acuerdo con los plazos que marca la legislación de evaluación ambiental, hasta 2021. Por otro lado, McCree ha añadido que la misión ha recomendado también que el Gobierno, el CSN y ENRESA comiencen a desarrollar las regulaciones, los requerimientos técnicos y a implantar un plan para lograr una instalación geológica profunda para almacenar de forma definitiva los residuos y el combustible.

Asimismo, la misión recomienda reforzar la coordinación entre los diferentes operadores de centrales nucleares en materia de organización de respuesta y con el regulador durante una emergencia radiológica y nuclear. En ese sentido, McCree comentó que no ha podido concretar cómo se comunicarían la autoridades con la sociedad durante la respuesta a una emergencia, o si se requeriría institucionalmente una coordinación con los explotadores. Si bien, ha recordado que, según las normas de la OIEA, la coordinación con los medios de información debería realizarla el responsable de la seguridad nuclear, en este caso el CSN.

Una estructura regulatoria “muy fuerte”

Otra de las conclusiones estima que el CSN debería reforzar también sus procedimientos para mejorar la revisión sistemática de la regulación nuclear, es decir las guías y directrices, de modo que se adapten «mejor» a los estándares de seguridad de la OIEA. Para el director de la misión, las conclusiones y recomendaciones efectuadas, si se implantan, podrían «reforzar aún más» la estructura reguladora en España que «ya es muy fuerte».

«Al invitar a la OIEA a dirigir esta misión única, el Gobierno español ha demostrado un fuerte compromiso con los principios básicos para la excelencia en la seguridad nuclear y radiológica dirigida a una mejora continua», elogió McCree, ex director ejecutivo de operaciones de la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Estas conclusiones serán compartidas con el resto de países miembro de la OIEA así como las dos buenas prácticas que la misión ha reconocido a España, una del CSN y otra de ENRESA y que serán promocionadas a nivel internacional.

En concreto, del CSN ha destacado una innovadora herramienta de gestión de datos para asegurar el transporte de los materiales radiactivos, mientras que de ENRESA ha valorado el «diseño vanguardista» del ATC como parte de una estrategia de gestión del combustible gastado. En este contexto, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha informado de que es la primera vez que un país acoge dos misiones de la OIEA y ha calificado la acción de «éxito» porque «lo importante» es que se emitan recomendaciones y sugerencias para detectar áreas de mejora.

«Es una oportunidad para que España mejore en todos los aspectos posibles y estamos satisfechos por las recomendaciones y sugerencias», apreció Martí que cree que cuantas más sugerencias emita la OIEA mejor, porque siempre hay un margen de mejora que realizar «paso a paso», sobre todo después de Fukushima que supuso «un antes y un después» que ha enseñado que «no hay que dormirse en los laureles» con la seguridad.

El presidente del CSN se ha referido a la recomendación de la OIEA respecto al almacén geológico profundo y ha dicho que «hay que empezar en serio a buscar ubicación» para poder realizar todo el proceso de aquí a los próximos 20 o 30 años, con transparencia y comunicación a la sociedad. No obstante, ha afirmado que «muchas» de las cuestiones recomendadas o sugeridas por la OIEA ya estaban en el plan de acción y se incorporarán en los próximos años, antes de que se vuelvan a evaluar. En ese contexto, reclamó «más independencia» para el CSN, tanto a nivel financiero como de las decisiones de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el presidente de ENRESA ha defendido el sistema de residuos español y ha insistido en transmitir a la sociedad que las instituciones trabajan y permiten a los ciudadanos estar tranquilos sobre estas cuestiones y valora los consejos dados por la OIEA que han sido realizados desde miembros de la misión de países con «las mismas preocupaciones». Por último, el director de la división de seguridad nuclear de instalaciones nucleares del OIEA, Greg Rzentkowski, ha valorado que el marco regulador en protección radiológica y seguridad nuclear está «perfectamente alineado» con las directrices de la OIEA y considera que en materia de transparencia la misión no ha observado «nada» que haga cuestionar al CSN.

Vara recuerda al Gobierno que la nuclear de Almaraz no cerrará sin alternativa y apuesta por las renovables

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado al Gobierno que la central nuclear de Almaraz «no podrá tener cierre» si antes no hay una alternativa para la región tanto en materia energética como en materia de empleo, y apuesta por las renovables.

En este sentido, Vara trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sus demandas e indicó que Ribera es más de «llaves para abrir que de llaves para cerrar», en alusión a Almaraz, cuya licencia caduca en 2020. Así, Vara ha explicado que con los proyectos de energía fotovoltaica comprometidos en Extremadura, que suponen la producción de 5.000 megavatios entre 2018 y 2021, el sector de la energía demuestra que es el futuro de la región. Por esto, ha pedido que aquellas regiones que han tenido «una potencia energética alta», tanto por lo hidráulico como por lo nuclear, sean «cuidadas especialmente». Así, ha explicado que una vía podrían ser las «subastas especiales para determinados territorios que permitan alternativas».

Se necesita capacidad de evacuación

Sobre los proyectos de fotovoltaicas, Vara ha recordado que la región tiene agotada su capacidad de evacuación debido a la actual situación de la red eléctrica de transporte. Así, ha trasladado también a la ministra la necesidad de que, en la nueva planificación eléctrica que se prepara, sean conscientes de la realidad de la región. «Que sean conscientes de que hay una comunidad donde hay demanda de casi más de 9.000 megavatios nuevos, además de los 5.000 que están previstos para los próximos años», subrayó.

Vara ha añadido que la construcción de esas plantas fotovoltaicas supondrá una inversión para la región de 3.000 millones de euros, y ha matizado que la inversión es privada y que supondrá miles de puestos de trabajo. Esos empleos, a su juicio, podrán tener continuidad con futuros nuevos proyectos, ya que, tal y como recordó, «el cambio climático es una realidad innegable», y en este tipo de sectores «estarán los nuevos empleos del siglo XXI».

“Carpetazo” al ATC “en breve”

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que la intención del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, es la de «dar carpetazo» al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares ideado en la localidad conquense de Villar de Cañas. En este sentido, aseguró que ha podido certificar un «claro cambio de posición» con respecto a la intención del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Desde la perspectiva política damos por cerrado el debate. Preveo que la decisión del Gobierno se hará firme sin tardar y habrá un cerrojazo definitivo», asevera.

La Sociedad Nuclear Española (SNE) asegura que el ATC de Villar de Cañas es necesario de cara al desmantelamiento nuclear

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Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, defiende la «imprescindible» necesidad de construir el almacén temporal centralizado (ATC) para albergar los residuos nucleares y el combustible gastado del parque nuclear español «en la localidad conquense de Villar de Cañas«, sobre todo ante un escenario de futuros desmantelamientos.

En este sentido, Gago asegura que el sector sigue apostando por el ATC y, pese a que la «situación política es complicada», recuerda que el proceso para elegir al municipio conquense fue un concurso «público, de consenso y lanzado por el PSOE». Así, insiste en que el ATC es un sistema «lógico» de gestión para un país como España, que lo necesita. «En esto hay un bucle: no queremos ATC en tanto se mantienen las centrales, pero cuando las centrales se paran tampoco queremos un ATC para gestionar los residuos», lamenta Gago que ve en esta situación una «gran paradoja».

De hecho, asegura que hay «infinidad» de puntos en la geografía española para instalar el ATC y recuerda que en aquel concurso se establecieron unos criterios que debían cumplir los terrenos para construir esta instalación a la que «cualquier municipio interesado en albergarlo» pudo presentarse. En todo caso, advierte que para acoger una instalación como esta debe haber  «aceptación social» porque «no se puede imponer».

De todas formas, ha explicado que el ATC es necesario porque no dará la solución definitiva a los residuos atómicos, que deberán descansar definitivamente en un almacén geológico profundo y ve «muy poco probable» que el emplazamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pueda terminar convertido en un ATC. Esta posibilidad fue planteada en las Cortes de Castilla y León por el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, que advirtió de que se abría una «puerta peligrosa» a que Garoña se pueda convertir en el ATC nacional

En definitiva, Gago, también presidente de ANAV (titular de Ascó y Vandellós) insiste en que un problema de índole «político» y no técnico, porque España lleva «50 años gestionando combustible radiactivo y operando de manera segura las centrales» y en su defecto, a medida que se vayan llenando los almacenes temporales individualizados (ATIS), se hará «todavía más necesario el ATC» para liberar los actuales emplazamientos.

Precisamente, expone que el ATC permite desacoplar «perfectamente» la gestión del combustible de las piscinas del almacenamiento de la operación y la gestión final mientras permite desmantelar las centrales. «El ATC es la vía lógica y natural para hacer ese desacople y decidir una vez que todo el combustible se gestiona en un mismo emplazamiento y de una misma manera, prepararlo para la siguiente etapa que es el AGP», concluye.

Futuro nuclear a ¿corto plazo?

Por otro lado, Gago ha reclamado el papel «imprescindible» de la energía nuclear en el corto plazo, por lo que debería seguir contando en el mix durante los próximos años ya que ve inviable en el corto plazo prescindir de la primera fuente de generación de electricidad en los últimos 7 años. Respecto al contexto actual, Gago ha apuntado que, a pesar de las «incertidumbres», en el corto plazo sin energía nuclear no puede resolverse la ecuación que implica garantizar el suministro, con costes competitivos, con estabilidad de la red y asegurar la demanda incluso en situaciones extremas y, al mismo tiempo cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

«No se suple de la noche a la mañana y hacerlo solo con renovables lo vemos inviable en el corto plazo», ha analizado Gago, que cifra ese corto plazo en 2025 o 2028 y recalca que la nuclear debería seguir formando parte del mix en los próximos años. Con todo, ha reclamado un debate «serio, riguroso y sosegado» sobre este proceso. A su juicio, la sociedad debe tomar una decisión de una manera «ordenada y no sobre la base de lo ideológico», sino con hechos, realidades y consecuencias sobre los distintos escenarios de la transición.

En su defensa de la energía nuclear, Gago reitera que el parque nuclear español cuenta con todos los avales para seguir operando más allá de los 40 años de su vida útil, en la línea con la mayoría de las plantas europeas y de «todas» las de Estados Unidos, que tiene permiso para seguir produciendo electricidad hasta los 60 años. «Se puede justificar y se justifica que las centrales españolas están perfectamente preparadas para operar durante mucho más tiempo», sentenció.

Por último, se ha referido a las dificultades económicas derivadas de los impuestos introducidos el 28 de diciembre de 2012, cuando se gravó con un 7% a «todo» tipo de generación eléctrica pero además, se añadió un nuevo impuesto para gravar la generación de residuos nucleares. Este último, exclusivo para la energía nuclear, aún sigue vigente. En este contexto, celebra la eliminación del impuesto del 7% general para todas las energías porque es «efectiva» para rebajar el precio del pool.

Por el contrario, se queja del impuesto que grava la generación de residuos ya que las centrales deben ser técnica y tecnológicamente viables y, al mismo tiempo, son necesarias porque contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Pese a ello, advierte de que este proceso debe hacerse con «una rentabilidad razonable» para los propietarios de las plantas. Finalmente, ha puntualizado que las centrales ya tienen internalizado el coste de la gestión de los residuos, así como el coste del desmantelamiento, mediante las tasas que se pagan a ENRESA, si bien, advierte de que la responsabilidad de definir si esta previsión de fondos es «suficiente» corresponde a ENRESA y el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las centrales nucleares buscan en sus propios almacenes individualizados ATI una salida a sus residuos tras el frenazo al ATC

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EFE.- El parón en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) potencia el papel de los depósitos individualizados, una solución provisional para solventar el problema de almacenamiento de residuos de alta actividad en las centrales nucleares que, como la valenciana de Cofrentes con un 90% de ocupación, rozan la saturación.

Estos Almacenes Temporales Individualizados (ATIs) fueron un remedio provisional aportado por Enresa (empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos), a la espera del cumplimiento del dictamen del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, que contemplaba la existencia de un ATC en 2010.

Pero a día de hoy, el futuro del ATC en Villar de Cañas(Cuenca) no tiene visos de construcción inmediata tras la decisión tomada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), por la cual se supedita la ejecución del mismo a partir de 2019, cuando se acometa la actualización del PGRR.

En la actualidad, el número de elementos combustibles almacenados en las nucleares españolas es de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en las piscinas de las centrales.

Otros 1.465 elementos radiactivos de alta actividad están en almacenes individualizados, con un gasto que sólo entre 2010 y 2016 ascendió a 1.326 millones de euros, según datos del Foro Nuclear, que además señala que el coste subirá a los 1.525 millones, en el periodo 2018-2021.

La producción eléctrica con fuentes libres de emisiones de CO2 fue de un 55% en 2017, contribuyendo la nuclear con casi el 40% de la misma, y la aportación al mix eléctrico de esta energía fue del 21,17%.

Las piscinas de las nucleares (grandes tanques de refrigeración del combustible atómico) sufren diverso grado de saturación, con una oscilación entre el 97% en Ascó I y el 84% en Vandellós II ambas en Tarragona).

De todas ellas, sólo dos centrales operativas, Trillo (Guadalajara) y Ascó, y una en desmantelamiento, José Cabrera (Guadalajara), cuentan con ATIs en sus instalaciones, mientras que el ATI de Cofrentes (Valencia) sigue a la espera de que salga a información pública el proyecto.

El ATI de la planta de Almaraz (Cáceres), instalación en la que se han invertido 24 millones de euros, ya está operativo, por lo que albergará antes de noviembre, según previsiones de la propia central, las primeras 32 elementos de combustible gastado.

Con datos de 2017, la central de Trillo tiene un almacén individualizado con 32 contenedores y 672 elementos combustibles, que suman una ocupación del 40%, mientras que Ascó tiene 6 contenedores con 192 elementos de la unidad I y 7 contenedores con 224 elementos de la unidad II.

La nuclear José Cabrera, cuyo desmantelamiento está muy avanzado, alberga desde 2009 doce contenedores en seco, con los 377 elementos irradiados generados durante toda la vida operativa de la central.

En cuanto al ATI de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), se prevé que será durante los próximos meses cuando comience la carga del primer contenedor con el combustible gastado de la central, una de las tareas previas al desmantelamiento de la misma.

Para los residuos de baja y media radiactividad, el sector dispone del El Cabril (Córdoba), un ATI al 80% de su ocupación, aunque previsiblemente se terminará de llenar cuando concluya el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, ha explicado el físico nuclear e investigador del Ciemat, Francisco Castejón.

A su juicio, resulta «imprescindible» buscar una solución para estos residuos de media y baja actividad, ya que este ATI no debería ampliarse por los graves inconvenientes de su emplazamiento tales como una ubicación en una zona de alto valor natural y con relativa alta actividad sísmica.

Para Castejón, España puede prescindir de un ATC debido a que los ATIs pueden servir como método de almacenamiento de emergencia para el desmantelamiento de las centrales, una vez establecido el calendario de cierre y hasta que se encuentre algo mejor.

En la misma línea, se ha manifestado Raquel Montón, portavoz de Greenpeace para temas nucleares, quien ha asegurado que los ATIs son una solución «que hay que hacer sí o sí».

Por ello, ha demandado un nuevo Plan de Residuos Radiactivos, un marco legal para la financiación del desmantelamiento e invertir en la revitalización de las comarcas donde se encuentran los emplazamientos nucleares.

10 municipios del entorno del ATC nuclear recibieron de Enresa 275.000 euros para proyectos de desarrollo local en 2017

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EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) destinó 275.820 euros en 2017 a convenios de colaboración para proyectos de desarrollo local con 10 municipios conquenses situados en el área de influencia del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La cantidad asignada en 2017 fue 11.070 euros superior a la del año precedente en la que se consignaron 264.750 euros a seis municipios de la zona, según se refleja en los informes anuales de 2017 y 2016 de ENRESA, en los que detalla que la principal partida, de 150.000 euros correspondió al municipio de Villar de Cañas. Villar de Cañas fue la localidad elegida por el Gobierno de Rajoy en 2011 para albergar esta instalación, cuyo futuro está ahora supeditado a la presentación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en 2019.

Tras Villar de Cañas en 2017, recibieron asignaciones los ayuntamientos de: Villares del Saz, 39.200 euros; Villarejo de Fuentes, 26.550; Montalbanejo y Montalbo, 18.570 euros cada uno. El ayuntamiento de Zafra de Zancara recibió 11.900 euros; el de Cervera del Llano 6.000 y 3.270 euros el de San Lorenzo de la Parrilla. La lista la cierran los ayuntamientos de La Hinojosa con 900 euros y Olivares de Júcar con 850 euros. Estas partidas se cargan al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR.

En el caso del los municipios del ATC este apoyo se realiza «a través de la suscripción de convenios de colaboración con los municipios con derecho a asignación para aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción» hasta el año en que comiencen a percibir las asignaciones que determina la orden, detalla la memoria de ENRESA.

Tiene derecho a recibir asignación aquellos municipios que tienen parte de su territorio incluido en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación. También las pueden percibir los no considerados en el apartado anterior, siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, incluido en el área definida por un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

Para instalaciones de categoría 2, el caso del ATC, la partida consignada como término fijo es de 6 millones de euros anuales, si bien detalla que se empezarán a recibir una vez se realice el primer envío de residuos radiactivos y entre tanto se pueden suscribir convenios para cofinanciación de proyectos de desarrollo local. En la orden IET/458/2015, se argumenta la marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares y se explica que para las instalaciones de categoría 2 como el ATC, se establece un término fijo, al objeto de evitar grandes oscilaciones en las percepciones anuales a lo largo de la vida de la instalación.

Además, en 2017 ENRESA destinó 2.442.667 euros a cofinanciar proyectos en 39 municipios en el área de influencia de las centrales nucleares españolas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. En el caso de la nuclear de Almaraz en Cáceres (Extremadura) incluye cuatro municipios: Almaraz 111.900 euros; Casatejada 30.940; Belvis de Monroy 11.589 y Toril 1.618 euros. En Ascó (Cataluña) fueron seis municipios: Ascó 111.900; Flix 26.157; Vinebre 47.562,20; Mora D’Ebre 23.443; La Palma D’Ebre 15.507 y Mora La Nova 7.441. Los cuatro municipios de la nuclear de Cofrentes (Valencia) con proyectos cofinanciados fueron: Jarafuel 100.479; Cofrentes 100.000; Cortes de Pallás 87.689 y Jalance 14.898.

Los tres municipios del entorno del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en Sierra de Hornachuelos (Córdoba) son: Hornachuelos 241.704 euros: Fuenteobejuna 123.172 Navas de la Concepción 117.661. Respecto a Santa Maria de Garoña en Burgos (Castilla y León) nueve localidades: Valle de Tobalina 111.900; Valdegobia 82.134; Frías 57.127; Partido de la Sierra en Tobalina 50.000; Bozoó 30.825; Pancorbo 22.547; Oña 19.336; Jurisdicción de San Zadornil 11.363 y Miracheve 13.931.

Respecto al entorno de la nuclear en desmantelamiento José Cabrera en Guadalajara (Castilla-La Mancha) los municipios con proyectos cofinanciados fueron: Almonacid de Zorita 111.900 euros; Pastrana 98.304; Zorita de los Canes 45.711; Buendía 35.136; Valle de Altomira 10.910 y Valdeconcha 4.252 euros. También en Guadalajara se cofinanciaron proyectos en dos municipios del entorno de la nuclear de Trillo: Pareja 37.542 y Mantiel 35.024. Respecto a la nuclear Vandellós en Tarragona, Enresa cofinanció proyectos en: Vandellós Mont-Roig del Camp 137.000 euros; Tivissa 122.489; Vandellos-L Hospitalet del Infant 111.900 y Pratdip 60.441.

El Gobierno supedita la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) al nuevo Plan de Residuos Radiactivos

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EFE / Europa Press.- El Gobierno tomará una decisión sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en 2019, cuando acometa la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, pendiente desde 2011. Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una comparecencia en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo tras la paralización de las obras del almacén nuclear.

Para Ribera, «tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual, en la que las magnitudes que se manejan no se ajustan a las necesidades y con una falta de previsión en el horizonte temporal». El Gobierno solicitó en julio al CSN que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de las obras del ATC «para analizar con detalle» la situación del mismo.

Ribera anticipó entonces que el Ejecutivo tomaría una decisión cuando supiera cuándo, qué y en qué condiciones se deben almacenar esos residuos, una cuestión en la que ha insistido al reconocer que «no sabemos de cuántos residuos hablamos y cuánto cuesta gestionarlos», por lo que «no podemos hacer una estimación razonable de los costes que puede suponer mantener o cerrar las centrales», ha reiterado Ribera, que ve necesario un «análisis profundo» de estos aspectos para tomar decisiones en esta materia y no «mantener la incertidumbre«. Asimismo, ha recordado que el PGRR de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años, y, sin embargo, el Gobierno anterior «tomó decisiones para alargar su vida».

Por tanto, «lo responsable es abordar de manera prioritaria su actualización antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que ahora no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo», señaló la ministra. Para Ribera, es prioritario «introducir la coherencia y la transparencia» sobre la viabilidad de esta instalación, por lo que «estudiaremos en profundidad las inversiones realizadas hasta la fecha y su coste antes de tomar una decisión definitiva». «Sólo hemos pedido tiempo», ha matizado, porque «estas prioridades no deben abordarse por la puerta de atrás, sino de forma transparente y con un análisis profundo de los escenarios financiero, económico y de seguridad«, ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, al no haberse actualizado el PGRR, no se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares. Y ello ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares. La ministra ha reconocido que, debido a los retrasos con el almacén nuclear, ha sido necesario dar más capacidad de almacenamiento de residuos a las centrales. «Aún tenemos margen, pero no para sustituir al ATC«, señaló.

Ribera ha explicado que la decisión de su departamento de paralizar la construcción del ATC se debe a la falta de «escucha y de consenso» existente entre las partes implicadas en este proyecto, cuestionando la idoneidad de la localización decidida para el almacén, es decir, Villar de Cañas. «La capacidad de escucha y consenso es mejorable», ha señalado Ribera, quien ha recordado que la propia Cámara baja, como las Cortes de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de dicha autonomía, mostraron su rechazo a esta iniciativa, a pesar del cual, la construcción del ATC continuó adelante.

La ministra recriminó, además, que este rechazo se «intentó superar» con la «instrumentalización» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, según ha indicado, puso en riesgo «su legitimidad» en la toma de decisiones. Para Ribera, estas medidas no son sólo «una cuestión técnica» sino que, «requiere la participación y el consenso» de todos los actores para «anteponer el interés general» a «cualquier otra cuestión». Así, ha adelantado que su departamento pretende «escuchar» a todas las partes, englobando a «técnicos, las Cortes generales, las Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de Castilla-La Mancha y ciudadanos», antes de continuar. «No podemos despreciarlos. No hay posicionamiento ideológico al respecto. Sólo rigor y el cumplimiento de las demandas legislativas desde los diferentes sectores», ha apuntado.

En este sentido, Ribera ha insistido en su intención de mantener los canales de comunicación abiertos sobre este tema con todos los actores, a pesar de que, grupos parlamentarios como PNV, Ciudadanos o PP, le han reprochado que la decisión de paralizar la construcción del almacén les llegada a través de los medios. «Nos consta que envió la solicitud de paralización en 5 de julio y llegó al CSN el día 6 de julio. Usted vino a comparecer el 11 de julio a esta Cámara y no mencionó el asunto», le ha recriminado la portavoz del PP, María Jesús Bonilla.

El Grupo Mixto ha calificado el proyecto de desfasado, ha asegurado que necesita de un análisis más exhaustivo en puntos claves como el factor sísmico que atañe a Villar de Cañas y ha urgido a la ministra a planificar un calendario de cierre de nucleares. Para el PNV, el PGRR está «obsoleto» y hay que actualizarlo. Asimismo, preguntó a Ribera si el Gobierno descarta por completo la existencia de un ATC. La portavoz vasca Idoia Sagastizabal reconoció que le «hubiera gustado que, antes de tomar esta decisión se la hubiera consultado» a los grupos porque, según indicó, se trata de una medida que pone encima de la mesa el debate en materia energética y nuclear.

La representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, por su parte, ha descrito la situación como «un silencio absoluto» en cuanto a la comunicación del Ministerio con el Congreso. Además, ha calificado el proyecto del ATC como «una manipulación del bipartidismo en las instituciones para marear la perdiz con el almacenamiento de residuos«. También le ha preguntado a la ministra sobre el coste que supone enviar anualmente los residuos radiactivos a Francia.

«El relato del ATC debería sonrojar a una sociedad y a su sistema político en particular que ve como estas decisiones en España tardan decenios», ha señalado en este sentido el portavoz de Transición Ecológica de ERC, Joan Capdevila. A su juicio, en el país se piensa localmente en materia energética, pero «no hay asomo de actuar, ni localmente ni globalmente». Tanto la diputada naranja como el independentista, han reclamado a la ministra un calendario sobre este proyecto, sin éxito.

Precisamente, en materia de plazos, ha pedido también explicaciones el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien le ha pedido «un plan de cierre progresivo de las centrales» y un «plan de transición energética» para llegar «a un modelo 100% renovable«. «Es urgente», subraya, para señalar que el objetivo es que las plantas «no tengan que cerrarse por accidente o por cuestiones que nadie desea, sino de una forma organizada». Finalmente, ha pedido que las partidas para el ATC incluidas en los Presupuestos Generales del Estado se destinen a empleo verde

El PP castellano-manchego afirma que «nunca» ha habido «motivaciones» para paralizar el ATC y el PSOE le reprocha su «entusiasmo»

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Europa Press.- La diputada autonómica del PP, Claudia Alonso, ha asegurado que «nunca» ha habido «motivaciones» para la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas ya que, según la popular, fue el PSOE quien puso en marcha esta cuestión durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Alonso reivindica que el PP «siempre ha sido coherente» respecto a esta instalación, al tiempo que ha aseverado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «debe pintar poco» en el PSOE ya que «le hacen bastante poco caso». Para Alonso, esta infraestructura es «necesaria» para una zona «deprimida económicamente». La diputada se pregunta dónde está el «famoso plan» que García-Page anunció «poco después de la investidura» que iba a realizar en esta zona de Cuenca para ayudarla a crecer económicamente. «No ha hecho nada, anunciar, vender, pero hacer no ha hecho nada», recriminó.

Por su parte, el diputado socialista, Fernando Mora, ha aseverado que el PP está «entusiasmado» con que un «basurero venga a Castilla-La Mancha» para que los vecinos de Villar de Cañas se pongan «amarillos como Los Simpson«. Mora cree que quien piense que esta instalación es desarrollo «se está equivocando» y «no sabe por dónde va», ya que Castilla-La Mancha «no puede ser una tierra de basureros, una tierra abandonada», que es lo que quieren, a su juicio, los populares.