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Iberdrola prevé adaptar 48.000 apoyos eléctricos en zonas de protección de avifauna

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EFE. – La energética Iberdrola tiene previsto adaptar durante los próximos 8 años más de 48.000 apoyos eléctricos en las zonas de protección de avifauna de Castilla-La Mancha, e invertir dos millones de euros en la finalización de la corrección de 2.000 tendidos eléctricos en la comunidad autónoma.

Según informaciones de la compañía eléctrica, Iberdrola Distribución invertirá en total, hasta 2025, alrededor de 200 millones de euros en la adecuación y corrección de unos 234.000 apoyos eléctricos en el país con vistas a minimizar el impacto de los tendidos eléctricos aéreos en la avifauna.

La actuación se enmarca dentro del proyecto «Aleteo» y consistirá en la adecuación progresiva de alrededor de un tercio de los apoyos eléctricos con los que cuenta la compañía en las nueve comunidades autónomas en las que opera. Sobre todo, serán objeto de corrección los apoyos que se ubican en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), aunque también se adecuarán apoyos en las zonas de protección definidas por las propias comunidades autónomas.

A lo largo de este año, la empresa tiene previsto renovar y adaptar cerca de 7.100 apoyos para evitar la electrocución de la avifauna, para lo que invertirá más de ocho millones de euros hasta final del ejercicio.

Técnicamente, las actuaciones contemplan la dotación de aisladores tipo bastón, la sustitución de crucetas por otras especiales diseñadas para proteger a las aves,y la instalación de dispositivos de anti-nidificación.

Por último, cabe destacar que desde el año 2008, las nuevas líneas y tendidos eléctricos que ha construido la compañía, así como las renovadas a partir de esa fecha, se adecúan a las distancias de protección que establece el Real Decreto 1432/2008, para cumplir con los convenios europeos de conservación de la vida silvestre y de especies migratorias a los que se ha adherido España.

 

El TSJCM anula la ampliación del espacio protegido de Laguna de El Hito acordada por el Gobierno de Castilla-La Mancha

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Europa Press. – La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), ha dictado sentencia en la que se declara la nulidad íntegra del acuerdo y posterior decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha que ampliaba el espacio protegido de la Laguna de El Hito de 1.000 hectáreas a casi 24.000.

Según informaciones del TSJCM, se anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha por el que se iniciaba el procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ‘Laguna de El Hito’ y de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito.

En este sentido, también se anula el Decreto 57/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, de 4 de octubre de 2016, por el que se ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.

Asi, estas decisiones del Gobierno de CLM, que daban como resultado la ampliación del espacio protegido de la Laguna de El Hito, afectaban a la construcción del proyectado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca).

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM estima íntegramente los recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y de la Administración General del Estado contra las decisiones del Gobierno regional.  La sala asegura que ahora es si el espacio previsto para albergar la ampliación de la ZEPA denominada ‘Laguna de El Hito’, pasando de 1.000 hectáreas a cerca de de 24.000 es conforme o no a derecho, resultando esto último.

La sala concluye que las decisiones de la Administración autonómica han tenido «la finalidad subrepticia de impedir el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia nuclear, concretamente en lo concerniente a industria y planificación energética, en la que está incluida la gestión y emplazamiento de residuos». «Todo ello bajo la apariencia de la ampliación y conservación de los espacios naturales», añade el Alto Tribunal castellano-manchego.

La sala de lo Contencioso- Administrativo, para llegar a esta conclusión, ha tenido que analizar detenidamente la documentación del procedimiento, entre ellas,las actuaciones realizadas por el Estado en lo relativo al proyecto del emplazamiento del ATC, en el que fue designado el municipio conquense de Villar de Cañas, o su declaración como servicio público esencial.

Proyecto que en las bases de su convocatoria ya descartaba que el ATC estuviera situado en Parques Naturales, Reservas, Red Natura u otros, como puso de relieve el Tribunal Supremo, en las sentencias que ha dictado sobre esta materia. La Sala repasa además la tramitación posterior a la aprobación del ATC en Villar de Cañas, entre la que se incluía el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Por todo ellos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el proceder de la Administración autonómica en lo referente a la ampliación posterior del espacio protegido de La Laguna del El Hito ha sido «errático y contradictorio», poniendo como ejemplo, entre otras, el hecho de que meses antes del acuerdo, ahora anulado, el Gobierno regional había reducido la extensión del espacio protegido de la Laguna de El Hito a menos de 1.000 hectáreas.

Por último, destacar que la Sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala terecra del Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

 

 

La Plataforma contra el ATC nuclear en Villar de Cañas teme una declaración ambiental positiva antes de fin de año

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EFE / Europa Press.- La Plataforma de Afectados por la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares cuya instalación está prevista en Villar de Cañas (Cuenca) asegura que la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy es «inminente», podría estar tramitada antes de finalizar 2017, y en ese caso «quedaría despejado el camino para que conceder la primera autorización» del ATC.

La Plataforma ha registrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un documento de alegaciones para rebatir los elaborados por ENRESA en los que, según la Plataforma, la empresa de residuos nucleares “defiende” que el ATC es “compatible” con la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito en sus límites ampliados por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha; algo con lo que no está de acuerdo la Plataforma. Uno de los portavoces, Carlos Villeta, denuncia que el almacén nuclear se quiere levantar en un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, y que esto se barajó «en su momento como motivo de exclusión» para poder acoger el ATC.

Según ha indicado la Plataforma, de esta manera la empresa pública demuestra que «las importantes deficiencias en la documentación de la evaluación ambiental del cementerio nuclear no parecen un impedimento para una inminente aprobación de la declaración de impacto ambiental». Este colectivo ha recordado que desde la redacción del impacto ambiental «se ha sabido que las condiciones de los terrenos son inadecuadas para instalar el ATC», y ha considerado que tampoco se han evaluado «las afecciones debidas al transporte, ni se ha dado a conocer el proyecto a los 215 ayuntamientos por los que pasarían los convoyes de residuos nucleares».

Otra portavoz de la plataforma, María Andrés, ha indicado que «el empeño» del Gobierno central en construir el ATC es un indicio claro de su intención de mantener la vida de las nucleares más allá de los 40 años recogidos en el VI Plan de Residuos Radiactivos. Por último, han avanzado que la Abogacía General del Estado ha ampliado la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la ampliación de la ZEPA de El Hito, y las próximas semanas la Plataforma presentará el escrito de respuesta a estas denuncias en las que ya está trabajando.

Críticas en Baleares a la autorización del Gobierno autonómico a instalar una planta solar fotovoltaica en la Marina de Llucmajor

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La asociación ecologista GOB ha advertido que la autorización por parte del Gobierno de las Islas Baleares de una instalación fotovoltaica en la Marina de Llucmajor, en contra del criterio proteccionista del Consejo Insular de Mallorca, inicia la vía para otros proyectos en una zona que debería tener una mayor protección medioambiental, según la organización.

El proyecto que afecta a 25 hectáreas, explica la entidad conservacionista, se ubica en una zona que el planeamiento urbanístico de Llucmajor califica de «agrícola-ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica«. En ella se incluyen «aquellas zonas del territorio que deben ser objeto de especial protección tanto por su interés paisajístico como ecológico, tanto para evitar su ataque, destrucción o alteración, como para mantener, potenciar y mejorar sus condiciones ambientales específicas». Por ello, en la tramitación del proyecto, el Departamento de Territorio del Consejo Insular de Mallorca informó desfavorablemente.

El GOB expresa además su sorpresa porque el Gobierno autonómico, que evita interferir en las competencias de los consejos insulares, «no ha tenido inconveniente en intervenir y resolver a favor de las pretensiones de una de sus consejerías (Medio Ambiente) y en contra del criterio de protección territorial del Consejo de Mallorca». «Para el GOB este es un mal precedente que amenaza la transformación a gran escala de la Marina de Llucmajor, la gran asignatura pendiente en la protección de espacios naturales en Baleares», insiste.

Además del proyecto de Sa Caseta, se tramita otro parque fotovoltaico en la zona de s’Àguila, que afecta unas 50 hectáreas, y que ocuparía también una zona calificada como «agrícola-ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica», señala la organización. «Suponemos que el Gobierno autonómico planea optar igualmente por la declaración de utilidad pública», recalca. Para el GOB el sacrificio de la Marina de Llucmajor para implantar grandes parques fotovoltaicos es «inaceptable«. «Hay más de 3.000 hectáreas que merecen ser declaradas ZEPA y que habrían sido excluidas de la propuesta de protección para no interferir con estos proyectos», denuncia GOB.

El juez desestima la demanda de Iberdrola contra Bankia por su salida a Bolsa

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EFE.- El juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por Iberdrola contra Bankia, en la que la eléctrica reclamaba al banco la restitución de las pérdidas de 12,4 millones de euros que le causó la compra de 18,8 millones de acciones de la entidad en su salida a Bolsa en 2011, más 52.474 euros en concepto de comisiones y gastos. El magistrado entiende que, aunque Iberdrola contaba con los mismos datos contables que los inversores minoristas, tuvo acceso a información complementaria.

Iberdrola considera que la sentencia se basa en argumentos poco sólidos, por lo que previsiblemente recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado destaca en su argumentación dos hechos relevantes comunicados por Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que trasladaba sendas rebajas de la calificación crediticia de la entidad por parte de Moody’s y Fitch. Según la sentencia, Iberdrola contó con esos «dos avisadores de inseguridad e incertidumbre» sobre la situación de Bankia, pese a lo cual compró acciones por 69,9 millones de euros. La sentencia señala que, aunque los hechos relevantes se publicaron en la web de la CNMV, no resultaba factible consultarlos para los inversores minoristas.

El magistrado indica que las pruebas practicadas redundan en que Iberdrola «no supo de Bankia nada distinto» de lo que la entidad inscribió en el registro mercantil y después publicó en el folleto de la salida a Bolsa. La diferencia respecto a los inversores minoristas radica, a juicio del magistrado, «en el contenido de los dictámenes de los analistas» a los que tuvo acceso Iberdrola. «Las interacciones, efectos y cálculos de esos análisis facilitaron a Iberdrola una información global notabilísimamente superior«, señala la sentencia, aunque precisa que «no en relación a la contabilidad de Bankia».

Según el magistrado, aunque la jurisdicción penal aún no se ha pronunciado sobre la eventual falsedad de las cuentas de Bankia, «en esta resolución de un juzgado de primera instancia» la contabilidad de la entidad en el momento de la oferta pública de suscripción (ops) «debe considerarse falsa«. El magistrado señala también que la jurisdicción civil debe dispensar «la misma protección» a los inversores profesionales, a los que Bankia «hurtó también su contabilidad real», que a los minoristas. La sentencia podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial en 20 días a contar desde la notificación.

Elimina «punto negro» para aves

Por otro lado, Iberdrola eliminó un «punto negro» para las aves en general y para las poblaciones de buitres en particular, tras la supresión de «una de las líneas con más mortalidad de aves protegidas» en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos, en Ávila. Según explicó el Colectivo Azálvaro, la corrección de esta línea culminó con la instalación de «sistemas de balizamiento y anticolisión en los conductores» en esta zona de la provincia.

El colectivo conservacionista reconoció «el esfuerzo» de Iberdrola al eliminar «una de las líneas con más mortalidad de aves protegidas», ya que durante décadas «ha causado una gran mortandad de buitres, milanos, cuervos y cigüeñas, por electrocución o por colisión con los cables del tendido ya rectificado». Estas medidas supondrán «una mejora para la biodiversidad en este espacio Natura 2000«, a la vez que completan las mejoras que Iberdrola inició en 2015, cuando procedió al aislamiento de los postes de la línea eléctrica que abastece de energía al Centro de Tratamiento de Residuos Ávila-Norte. «Se elimina así un largo historial de electrocuciones y colisiones de aves protegidas», argumentó Colectivo Azálvaro.

El TSJCM suspende el decreto castellano-manchego por el que se amplía la ZEPA para evitar el ATC de residuos nucleares

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Europa Press.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) acordó suspender la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico por el que amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria. Así figura en un auto del TSJCM del 8 de marzo.

En julio de 2015, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas. Está ampliación, según el Gobierno castellano-manchego, prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno», algo que haría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del ATC en Cuenca».

ZEPA recurrida por Gobierno central

Posteriormente, en octubre de 2015 el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCM contra este acuerdo del Consejo de Gobierno, ahora suspendido. Ya el pasado enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de este acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, «es más atendible» el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una «pronta y correcta» gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

Castilla-La Mancha contra el ATC

Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado ante el auto del TSJCM asegurando que no entra en el fondo del asunto y que, en todo caso, no impedirá que el Ejecutivo regional siga trabajando para evitar la instalación del silo en la provincia de Cuenca. Martínez Arroyo ha recordado que la decisión judicial del TSJCM es una suspensión cautelar, ante la cual ha mostrado «respeto», si bien no hace que desde su Consejería abandonen el «compromiso con el medioambiente».

«Estamos obligados a trabajar por la preservación de espacios naturales», ha dicho Martínez Arroyo, incidiendo en que esta decisión judicial se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo «que prioriza intereses nucleares sobre intereses medioambientales«. Pese al «respeto» a las sentencias judiciales, el consejero de Agricultura castellano-manchego ha afirmado que el Gobierno autonómico «siempre antepondrá los intereses de los ciudadanos y medioambientales a los intereses nucleares«, tras lo que ha subrayado que esos intereses nucleares «pasan por transportar desde toda la península residuos radioactivos a un basurero nuclear que quieren instalar en Villar de Cañas».

La Junta de Castilla-La Mancha considera que “será difícil demostrar que no hay otro lugar más idóneo para el ATC”

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EFE.- El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha calificado de “sorprendente” que el Gobierno central quiera declarar de Interés General el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), después de que el Ministerio de Industria situara a Villar de Cañas como el cuarto emplazamiento en el informe técnico de idoneidad, situando el mejor emplazamiento en Zarra, un municipio de la Comunidad Valenciana.

“Si quieren saltarse la normativa tienen que demostrar que no hay otro lugar más idóneo en España y lo van a tener muy difícil», ha asegurado Martínez Arroyo y advirtió de que «como autoridad ambiental, desde la Consejería, estaremos vigilantes”. Castilla-La Mancha mantiene su posición de garantizar la protección del espacio natural, “hemos dicho reiteradamente que hay que proteger ese espacio, no solo por la fauna, sino también por la vegetación exclusiva de esa zona en terrenos yesosos” que son, precisamente, “los que hacen que no sea el lugar idóneo para la construcción del ATC».

Martínez Arroyo ha manifestado que la entrada de España en la Unión Europea obliga a cumplir con la legislación comunitaria, en este caso en materia de conservación de especies y espacios naturales, siendo la Red Natura 2000, con sus ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de El Hito y ZEC (Zonas de Especial Conservación) las denominaciones de las estrategias de conservación de la biodiversidad.

Villar de Cañas recurre la decisión de la Junta de ampliar la ZEPA de El Hito que bloquearía el ATC

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha del pasado octubre por el que se declaró la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno de la Laguna de El Hito, enclave cercano a los terrenos donde habría de construirse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Este recurso ha sido presentado tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de la localidad conquense, que intenta impedir que se lleve adelante la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico con el objetivo de entorpecer la construcción del ATC. Villar de Cañas considera que el decreto que se recurre «adolece de vicios y defectos procedimentales y legales, que lo hacen nulo de pleno derecho», ya que entre otras cosas carece de algunos estudios técnicos o científicos.

Se argumenta en este acuerdo adoptado que las intenciones del Gobierno autonómico con la ampliación de esta ZEPA, a raíz de las palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en el momento de defenderla, «evidencian claramente que la única intención de la ampliación de la zona protegida aprobada es impedir la construcción del ATC y su Centro Tecnológico Asociado, sin considerar que los terrenos destinados a su construcción se encuentran en la superficie de Villar de Cañas», que carece de valor ornitológico. Desde el Consistorio consideran que esta declaración es un “acto arbitrario de abuso y fraude de ley».

A tenor del acuerdo adoptado, esta decisión «cercena una inversión de 900 millones de euros y el consiguiente desarrollo económico, humano, tecnológico e industrial para la comarca y para la provincia de Cuenca«. El decreto que se recurre «priva también a los ayuntamientos y entidades locales menores de gran parte de su autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando, la capacidad decisoria del Ayuntamiento, del alcalde y de los concejales elegidos democráticamente, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica en materia medioambiental«, argumentan.

«El ATC se acabará construyendo»

Por su parte, el alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que va a «ganar» el recurso contencioso-administrativo que su Ayuntamiento ha interpuesto en el TSJCM contra la decisión del Gobierno autonómico de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito para intentar paralizar las obras del ATC de residuos nucleares previsto en el municipio. En este sentido, aseveró que además de ganar esta batalla judicial, el ATC «se acabará construyendo», por lo que considera que el Gobierno autonómico «está engañando a todos los conquenses».

En su opinión, la ampliación de esta zona ZEPA «no tiene ni pies ni cabeza», perjudica a «700 agricultores de 8 pueblos», y podría acarrear la pérdida de «6 millones anuales durante muchos años» a Villar de Cañas, junto a la inversión prevista en el ATC. Por último, ha recordado que, cuando acabe el proceso judicial iniciado con este recurso contencioso-administrativo, pondrá personalmente una querella contra el Gobierno autonómico por haber intentado «dañar» al municipio.

La ampliación ya está “apuntalada”

Al respecto se pronunció el propio Francisco Martínez Arroyo, asegurando que aunque respeta que el Consistorio vaya a los tribunales, esta protección medioambiental «está apuntalada» y señaló que la postura del Gobierno regional es que ese espacio natural «es susceptible de ser protegido desde el punto de vista medioambiental«. Esta decisión, según ha señalado el consejero, fue tomada contando «con todos los elementos suficientes» y estuvo apoyada «en informes de carácter técnico que ponían de manifiesto que hay muchas especies, no solo las grullas, que hay que proteger», además de «una vegetación característica del suelo».

Tras ello, Martínez Arroyo criticó que «el alcalde de Villar de Cañas y una parte de la sociedad que pertenece al PP apuesten por un modelo energético basado en energías no renovables«, pero ha añadido que el Gobierno autonómico «apuesta por un modelo sostenible en el que la industria agroalimentaria sea compatible con la defensa del medio ambiente». Ahora, ha recalcado, lo que ocurre es que «no se podrán tomar decisiones unilaterales» como la de instalar el ATC «sin estar de acuerdo con la administración ambiental, que es la Junta«.

El titular de Agricultura ha incidido en que esta ampliación de la protección del entorno de la Laguna de El Hito está apuntalada ante cualquier recurso judicial, ya que se tomó la decisión con los informes pertinentes. «Ojalá la decisión de poner el ATC en Villar de Cañas hubiera tenido todos los informes técnicos necesarios que daban garantías. Los tribunales decidirán, pero espero que no haya ningún problema», ha finalizado.

Castilla-La Mancha declara la protección ambiental para los terrenos del ATC y Villar de Cañas anuncia que la recurrirá

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EFE.- El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, anunció que presentará un contencioso contra la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de ampliar la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), hasta afectar a los terrenos en los que se quiere ubicar el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC), lo que implica que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, explicó que, tras un proceso «absolutamente garantista» que se inició en julio de 2015, se ha decidido ampliar la ZEPA y la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Laguna de El Hito y, además, solicita a la Unión Europea su declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC). La nueva zona protegida es un espacio total de 23.188 hectáreas, que es «excepcional» desde el punto de vista de la biodiversidad y tiene hábitats «únicos», por ejemplo, para la invernada de la grulla, ya que reúne a unos 10.000 ejemplares cada año, y para otras aves esteparias como la avutarda que necesitan un espacio mayor.

El acuerdo adoptado implica que toda infraestructura en la zona necesitará una aprobación ambiental de la Consejería «y por tanto el ATC se verá afectado como cualquier inversión que se quiera hacer en la zona», indicó Martínez Arroyo. El consejero recordó que el Gobierno central ya recurrió hace un año el inicio del procedimiento que ahora culmina, pero los tribunales lo desestimaron, y señaló que, en su opinión, no hay «ninguna posibilidad» de que ahora prospere un nuevo recurso contra la decisión de Castilla-La Mancha.

Plataforma antiATC se muestra satisfecha

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recibió con «enorme satisfacción» la decisión de Castilla-La Mancha ya que «libera a la Mancha de la radiactividad» y «supone el adiós al cementerio nuclear». Al respecto, la ganadera de Villares del Saz (Cuenca) y portavoz de la Plataforma antiATC, María Andrés, comentó: «Ya llevábamos meses esperando que llegara este momento», porque el decreto aprobado «se convierte en un importante obstáculo para el proyecto del cementerio nuclear y al tiempo es un balón de oxígeno para el desarrollo sostenible de la comarca».

La Plataforma ha recordado que había solicitado esta ampliación en julio de 2015 y ha asegurado que la medida «tiene un amplio consenso social y político», al contrario de lo que ocurre con el proyecto del ATC para el que «no hay consenso social ni lo ha habido nunca». «Técnicamente los terrenos no son válidos y políticamente solo fue apoyado por el gobierno del PP, puesto que el resto de la ciudadanía de Cuenca, articulada social y políticamente está dentro de esta Plataforma», ha subrayado.

Este lunes, 10 de octubre, representantes de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y del Foro Extremeño Antinuclear, se concentrarán a las 11.00 horas en la puerta del CSN. El objeto de la concentración será «protestar por la irresponsabilidad del pleno del regulador, que aprueba sin complejos tanto los ATI como el ATC, sin las suficientes garantías y con el único objetivo de “dar vía libre a las empresas nucleares” para que prolonguen la vida útil de las vetustas centrales nucleares». Además, la Plataforma presentará un informe realizado por una empresa de ingeniería y geología, «demoledor con la pretendida seguridad de los terrenos del ATC».

Villar de Cañas lo recurrirá

El alcalde de Villar de Cañas argumentó que después de un año de gobierno de Emiliano García-Page «hemos comprobado que la razón y el diálogo con este gobierno no van a ningún sitio», así que se ha mostrado dispuesto a seguir por la vía judicial, «y seguiremos ganando los recursos como ha sucedido hasta ahora», vaticinó. El regidor asevera que el ATC se va a construir en Villar de Cañas «haya ZEPA o no haya ZEPA, y eso lo sabe el señor García-Page y su gobierno» y, sin embargo, ha valorado que la zona de protección ambiental va a «cargarse» 7 municipios y 700 agricultores.

Asimismo, Sáiz ha lamentado que «un presidente autonómico debería echar una mano a los alcaldes, no ponerles el pie en el cuello», y recalcó que el ATC es un proyecto de Estado y seguirá adelante. Por último, recordó que lleva 21 años como alcalde de su pueblo «y por primera vez he visto como se arreglaban carreteras en mi comarca, la construcción de un Centro de Empresas y cómo gente que se pensaba ir del pueblo o que se había ido han regresado para abrir negocios y replantearse, de nuevo, su vida en el pueblo y en los de alrededor».

La Justicia rechaza de nuevo suspender la ampliación de la zona protegida que entorpece la construcción del ATC

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EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Gobierno central contra el auto que denegó la suspensión cautelar de la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), que afecta a la construcción del ATC en Villar de Cañas.

En el auto se reproducen muchos de los argumentos esgrimidos en diciembre para denegar la medida cautelar, se recuerda que la nulidad del acto administrativo recurrido debe ser apreciada «de manera evidente, de un simple vistazo», mientras que en este caso no se puede afirmar que la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha se ha adoptado «al margen de los intereses ambientales a cuya tutela se dirigen los procedimientos iniciados».

«No urge para seguridad nuclear»

Asimismo, entiende que no está justificada la urgencia de suspender cautelarmente el procedimiento amparada en la necesidad de construir el ATC por motivos de seguridad nuclear, ya que hasta el momento no ha existido una instalación semejante y no se prueba «la imposibilidad de adopción de alternativas que, aunque puedan ser algo más costosas económicamente, resulten igual y admisiblemente seguras«. En lo relativo a una supuesta invasión de competencias por parte de la comunidad autónoma, la Sala subraya que precisamente determinar la concurrencia de las competencias estatales en materia energética y las autonómicas en material ambiental será la solución de fondo al litigio, y por tanto «impone descender al análisis último del fondo del asunto», lo que no cabe cautelarmente.

La resolución no es firme y cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mientras que el procedimiento principal, al margen de esta denegación de la medida cautelar, sigue tramitándose en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. Tras esta resolución, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha opinado que «la justicia vuelve a avalar la política medioambiental» del Ejecutivo castellanomanchego. Hernando recordó que se trata del «segundo portazo» que la justicia da al Gobierno central por su «obcecación».