Interconexiones energéticas (II): cautelas sectoriales ante las posibilidades futuras

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Atendiendo a los datos del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), el saldo de las interconexiones eléctricas con Francia arroja que en 2014 se importó más electricidad que la que se exportó, en concreto 3.224 gigavatios/hora (GWh). Se trata del máximo de una tendencia importadora que comenzó en 2011 y que fue aumentando en los años sucesivos. Un dato que resulta paradójico teniendo en cuenta el exceso de capacidad de generación en el sistema eléctrico peninsular, con 102.259 megavatios (MW) ante una potencia máxima instantánea en 2014 de 39.948 MW, aunque no hay que ignorar la necesidad de una capacidad de respaldo para las fuentes de generación renovables.

Un desarrollo inicial e incipiente

En cualquier caso, el desarrollo de las interconexiones es un paso fundamental para avanzar hacia el mercado interior de la energía dentro de la Unión Europea, lo que significará una convergencia progresiva de los precios de los mercados eléctricos nacionales. El impulso a estas infraestructuras es bienvenido desde la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), aunque su presidente Eduardo Montes reiteró el pasado mes de diciembre que las interconexiones aún son «ideas largo tiempo dibujadas que empiezan a acercarse a su fase de lanzamiento«.

En este sentido, en lo que respecta al efecto que la nueva interconexión pueda ejercer sobre la factura de la luz en España, según fuentes del sector, las interconexiones eléctricas con Europa únicamente pueden constituir un mínimo ahorro para los consumidores españoles en los meses en los que en España haya menos viento y agua, normalmente en los meses de verano, ya que durante el resto del año, las aportaciones de las tecnologías eólica e hidráulica, con su destacada presencia en el mix energético español, ya contribuyen a reducir el precio del mercado eléctrico. De hecho, el mercado mayorista español se viene situando en la banda baja de los precios de la electricidad en comparación con el resto de Europa.

Otra cuestión relevante a dilucidar es si el aumento de la capacidad técnica para exportar electricidad al resto de Europa puede traducirse en un mayor aprovechamiento de los ciclos combinados de gas instalados en España, actualmente utilizados muy por debajo de su capacidad debido a la evolución a la baja de la demanda. Diversas fuentes coinciden en señalar que las interconexiones con Europa, al abrir la posibilidad de atender a un mayor mercado, son una buena noticia para todas las tecnologías que compiten por abastecer a esa mayor demanda. Aún así reiteran que es pronto para aventurar que los ciclos combinados vayan a producir más.

Según señaló recientemente en un artículo en El País el expresidente de REE, Luis Atienza, «las interconexiones eléctricas «fortalecen la seguridad de suministro y contribuyen a la estabilidad, abaratan la factura al facilitar los intercambios buscando el proveedor más económico de cada momento, y sobre todo facilitan el desarrollo de las energías renovables intermitentes, solar y eólica fundamentalmente, al permitir utilizar el sistema interconectado europeo, que es diez veces el español en tamaño, como destino de nuestros excedentes cuando las circunstancias meteorológicas son favorables, y aportando respaldo cuando son adversas».

Sin embargo, desde la AEE (Asociación Empresarial Eólica), minimizan la importancia que puede suponer el aumento de la capacidad de interconexión con Francia, que duplicará este año la capacidad de intercambio de electricidad desde los 1.400 megavatios (MW) hasta los 2.800 MW. En este sentido, la patronal reivindica que España se ha convertido en un referente internacional en integración de energía eólica en una red, la española, prácticamente aislada, llegando a ser la primera fuente de generación de electricidad en España en 2013. Por ello, a juicio de la AEE, «para el sector eólico las interconexiones con Europa no van a marcar la diferencia, sino el hecho de que Francia y Alemania estén apostando por el sector y España no».

Lastrados por la reforma eléctrica

En la patronal del sector eólico lo tienen claro: «cuanto más viento y agua generan electricidad en España, mayor es la competitividad del mercado eléctrico español respecto al francés y son posibles mayores exportaciones de electricidad a nuestro vecino del norte«. A pesar de que Francia tiene aproximadamente un 50% más de capacidad de generación de energía hidráulica, en el ámbito eólico España la supera claramente con aproximadamente 2,5 veces su capacidad instalada: 9.285 MW eólicos en Francia frente a los 22.986,5 MW eólicos de España. Según datos de AEE, en momentos de baja demanda en 2014 los parques eólicos generaron un excedente de 517 gigavatios/hora (Gwh), una electricidad que con las interconexiones podrá ser exportada en lugar de perderse.

Además, los parques eólicos españoles sufren desconexiones puntuales cuando su producción no es necesaria para cubrir la demanda eléctrica. Un escenario, a priori, que se vería favorecido por las interconexiones eléctricas pero desde la patronal eólica son escépticos y llaman la atención a medio plazo sobre el papel que puede jugar Alemania, el país con mayor potencia eólica instalada en Europa con 39.165 MW: «En España se ha decidido parar el desarrollo del sector eólico y penalizarlo con recortes retroactivos a los incentivos, mientras Francia apuesta por la eólica, tanto terrestre como marina. Además, tiene a su lado a la superpotencia eólica europea, Alemania, que puede venderle todos su excedentes eólicos invernales a mejor precio que España y en mayor cantidad, al estar mejor conectada«.

En este punto, la AEE vincula el efecto de las interconexiones para este sector con las medidas puestas en marcha por el Gobierno español durante esta legislatura en la denominada reforma eléctrica. «La eólica española juega con desventaja», lamentan desde la AEE. A diferencia de Alemania, la realidad española es que con los cambios regulatorios el sector renovable se ha parado a nivel interno, lo que impide por tanto que se pueda instalar más potencia renovable en los próximos años que posibilite generar más electricidad de tal forma que pudieran exportar sus excedentes y, a la vez, se incidiera en deprimir aún más el precio del «pool», con independencia de los incentivos ajenos al mercado.

Por tanto, desde la patronal eólica no comparten que las interconexiones eléctricas vayan a mejorar la situación actual. «Las interconexiones de por sí no van a reactivar al sector eólico. Lo que es necesario es reflexionar sobre la planificación a largo plazo del sector energético español, con especial hincapié en el eléctrico, restablecer la seguridad jurídica y a la confianza de los inversores perdidas a raíz de la reforma del sector eléctrico en España, y remar en la misma dirección que el resto de Europa, aumentando la seguridad energética del continente mediante los recursos autóctonos más competitivos», reflexionan desde AEE.

En el último artículo abordaremos las interconexiones gasistas entre España y la Unión Europea, con especial atención al proyecto MidCat.

Interconexiones energéticas (I): hacia un mercado europeo

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Alcanzar para el año 2005 un 10% de capacidad de interconexión eléctrica entre España y el resto de países comunitarios respecto a la potencia instalada fue el objetivo fijado en el Consejo Europeo celebrado en Barcelona en 2002. Incluso, la directora general de Energía de aquella época, Carmen Becerril, añadió posteriormente en el Congreso de los Diputados que la capacidad de interconexión sería incluso de un 11%, en lugar del 10%, y añadió que se alcanzaría un 13% en 2011. Lo cierto es que, una década después, la realidad establece que incluyendo la interconexión recientemente inaugurada entre España y Francia a través de los Pirineos, y que entrará en funcionamiento en los próximos meses, la capacidad de interconexión será del 6% de la demanda, al pasar de los 1.400 megavatios (MW) actuales hasta los 2.800 MW.

La crisis de Crimea entre Rusia y Ucrania volvió a situar la cuestión energética en el primer plano del interés comunitario ante la dependencia europea del gas ruso. La unión hace la fuerza y el avance hacia un mercado común en el ámbito de la energía ha recobrado nuevos bríos; suficientes para superar las habituales reticencias de Francia a conectarse con el sistema eléctrico peninsular. La llegada de una nueva Comisión Europea también ha servido como impulso y, lo que es más importante, la voluntad para reunir la financiación necesaria para que los nuevos plazos fijados se cumplan: un 10% para 2020, aunque hay serias dudas de que España esté en condiciones de poder cumplirlo, y un 15% para 2030.

Para lograr más avances en esta materia, este miércoles se celebra en Madrid la cumbre europea de las interconexiones, una reunión de máximo nivel entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente francés, François Hollande, su homólogo luso, Pedro Passos Coelho, y a la que también acudirán representantes comunitarios como el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, y el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer.

Precisamente, en el Debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy consideró «esencial» esta apuesta por las interconexiones «para que la Península deje de ser una isla energética y para equilibrar nuestros precios con los de nuestros vecinos».

De este modo, entre los proyectos que se están estudiando entre la Península Ibérica y Francia y que pueden estar sobre la mesa de esta cumbre destaca la interconexión que uniría el Golfo de Vizcaya y Aquitania (Francia) mediante un cable submarino de casi 400 kilómetros que tiene un coste estimado de 1.900 millones de euros y que permitiría elevar de 2.800 MW a 5.000 MW la capacidad de interconexión entre Francia y España, según Arias Cañete «hasta cerca del 8%» si se materializa. También se estudia la viabilidad de diversas interconexiones eléctricas pirenaicas de las que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que dos, una por Navarra y otra por Aragón, son las que los Estados pedirán a la Comisión Europea que declare como proyectos prioritarios, así como el gasoducto MidCat por Cataluña.

Desde el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), se incide en la relevancia del aumento de las interconexiones para así favorecer la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico y acercarse al cumplimiento del objetivo de que un 20% de la energía consumida en la Unión Europa proceda de fuentes renovables, un porcentaje que alcanza el 14,9% con datos de 2013. La gestión de las renovables, especialmente la eólica y la solar, es compleja dado que la generación de estas tecnologías no se produce necesariamente cuando la demanda del sistema lo requiere, como ocurre en el caso de las energías convencionales, que sí son gestionables. Esto no impidió que la eólica fuera en 2013 la primera fuente de electricidad en España.

De este modo, el renovado impulso dado a las interconexiones plantea una serie de cuestiones que trataremos de resolver en los siguientes dos artículos. En primer lugar, cabe preguntarse en qué modo va a influir su existencia sobre el precio del mercado eléctrico y, por tanto, si va a traducirse en alguna consecuencia para los consumidores. En segundo lugar, habrá que valorar si la nueva capacidad de exportación de electricidad a terceros países puede servir para dar un mayor aprovechamiento al exceso de capacidad de generación eléctrica que hay en España. Por último, con el conflicto con Rusia de fondo, será el turno de analizar si España está en condiciones de convertirse en la puerta de entrada del gas a Europa.

La noticia del año

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En todo caso, su puesta en operación es una noticia largamente trabajada y larvada desde distintos Ejecutivos y desde distintas Administraciones españolas, y que ha fructificado muchos años más tarde de su propia ignición. También es cierto que, en estos últimos años, fruto de la inercia del proyecto y del cambio en la coyuntura internacional para la Unión Europea con el conflicto energético con Rusia, y con un mayor interés de las autoridades europeas, las vacilaciones y presiones internas y externas al proyecto han perdido intensidad o capacidad de obstaculización.

De hecho, en el camino recorrido hasta ahora, han existido muchos mecanismos filibusteros para poner palos en las ruedas en esta importante infraestructura. Desde el punto de vista exterior, las anteriores administraciones francesas han sido remisas y aplicaron la formidable maquinaria burocrática gala a este propósito durante años, teniendo en cuenta la propia conformación casi monopolística del sector eléctrico francés.

De este lado de la frontera, también han existido fuertes resistencias a la construcción de la infraestructura, con movimientos anti MAT en el norte de Cataluña (que, por cierto, aún no han cesado) contrarios a la puesta en funcionamiento de la misma. Incluso, a nivel institucional español, se produjo un drenaje de fondos dirigidos a esta plataforma que fueron finalmente destinados a otros menesteres, fruto de las escasas convicciones en la conformación de un sector energético «abierto» en el sentido que se entiende en el ámbito del comercio exterior.

Lo cierto es que, en estos momentos en los que existe capacidad de generación disponible, esta infraestructura puede resultar beneficiosa, tanto para los consumidores españoles como para las empresas españolas. Y, por ello, sería razonable presentarla como una consecución global, como un proyecto colectivo, de Estado y europeo, más que incardinarla en la tragedia de consumo interno de la política partidista. Por lo menos, para no perder las referencias y comprender y considerar determinados elementos institucionales propios y su valor.

Triple clave energética del Debate sobre el Estado de la Nación

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Las interconexiones energéticas con Europa, de las que precisamente Rajoy inauguró recientemente el nuevo enlace eléctrico con Francia que entrará en funcionamiento a mediados de año y que duplicará la actual capacidad de intercambio, fue uno de los puntos más celebrados por el presidente del Gobierno a la hora de hablar de las relaciones de España con la Unión Europea. Y precisamente fue el único punto energético que no dio lugar a la controversia; nadie de la oposición lo criticó.

En este sentido, Rajoy destacó la apuesta de la nueva Comisión Europea por el Plan Juncker, iniciativa que pretende movilizar 315.000 millones de euros hacia proyectos principalmente vinculados con el desarrollo de infraestructuras de alcance europeo. A este plan serán susceptibles de acogerse las interconexiones puesto que, según el presidente, es voluntad de los países comunitarios «avanzar hacia un mercado común de la energía mediante el desarrollo de las interconexiones».

El líder del Ejecutivo consideró «esencial» esta apuesta por las interconexiones «para que la Península deje de ser una isla energética y para equilibrar nuestros precios con los de nuestros vecinos». Por ello destacó que el interés de España y Portugal coincide ahora con un interés «estratégico» del conjunto de Europa para diversificar sus fuentes energéticas. «Después de muchos años de retraso, el Consejo Europeo ha aceptado que las interconexiones sean una prioridad de las actuaciones de la Unión Europea», sentenció Rajoy, que recordó que el 4 de marzo tendrá lugar la cumbre entre España, Francia y Portugal con la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones para tratar de logras nuevos avances en las interconexiones eléctricas y gasistas.

Respecto al déficit de tarifa, en un primer momento Rajoy reprochó al líder del PSOE «atreverse a hablar del Castor o de la subida de la luz» después de que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fuera el que aprobó el almacén subterráneo de gas Castor, dejara un déficit de tarifa de 26.000 millones de euros y «8 años de subida ininterrumpida de la luz a una media del 6,9% anual». En este sentido, pero en respuesta a los portavoces de la Izquierda Plural, Rajoy dijo que «en la luz se ha hecho un esfuerzo», aunque luego precisó que «el Gobierno decidió que ese déficit de tarifa lo paguen las grandes empresas del Ibex, las fotovoltaicas y otros«.

El presidente del Gobierno, haciendo suyos los cálculos del ministro de Industria, José Manuel Soria, manifestó finalmente que «ahora que hemos podido conseguir que baje modestamente el precio de la luz, vamos a intentar que baje más en el futuro«. Lo que no hizo fue anunciar nuevas medidas como la liberalización del sector o la retirada de la factura de la luz de los costes ajenos al suministro estricto de la electricidad pero sí que reprochó a la oposición creerse «los únicos que tienen el patrimonio de querer que baje el precio de la luz«.

PSOE, CiU e Izquierda Plural

En su primer Debate sobre el Estado de la Nación, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, atacó la gestión del Gobierno en materia energética durante esta legislatura acusando al Gobierno de hacer «una persecución» de las energías renovables, haber cargado a la factura del gas de todos los consumidores para los próximos 20 años «su regalo multimillonario a la empresa propietaria del Castor», ignorar la pobreza energética y despreciar la lucha contra el cambio climático. Además, indicó que en la legislatura aumentó un 10% la factura del gas y un 13% la factura de la electricidad; «usted le sale muy caro a los españoles», espetó Pedro Sánchez a Rajoy.

El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, fue el político de la oposición que más centró sus miras en el sector energético. A la baja en las encuestas con el auge de Podemos, Garzón recurrió al concepto de la pobreza energética para lanzar su ofensiva contra las medidas puestas en marcha por el Gobierno. En consecuencia, reprochó que el PP votará en contra de una proposición que presentó la Izquierda Plural a comienzos de la legislatura «para que en este país nadie pasara frío, para luchar contra la pobreza energética».

«En España hay gente que vive a oscuras, hay gente que no puede verle la cara ahora mismo a usted porque no tiene para pagar la luz y encender la televisión, hay gente que está viviendo esa realidad. Esa realidad es hija suya, señor Rajoy», denunció Garzón. Un reproche que no sentó bien a Rajoy, que respondió a Garzón que «no es serio venir a decir en 2015 que hay millones de españoles que no pueden ver la televisión porque no pueden encender la luz, porque eso es falso. Esas cosas no se pueden decir».

La respuesta no fue suficiente para Garzón que, mientras su compañero de grupo parlamentario Joan Coscubiela hablaba de «oligopolio eléctrico», criticaba a Rajoy que «su política energética consiste en arrodillarse a los pies de las grandes empresas energéticas«. En este punto Garzón se refirió a la regulación que está elaborando el Gobierno sobre el autoconsumo energético para reprobar que se pretenda «imponer un impuesto al Sol«. Además, invitó a Rajoy a pronunciarse sobre la venta de los activos de Latinoamérica de Endesa a su matriz, lo que calificó como un «saqueo» de la eléctrica española.

Sobre Endesa, Garzón criticó la presencia del expresidente del Gobierno, José María Aznar, como consejero de la eléctrica, así como el proceso de privatización de la compañía, iniciado por el PSOE y culminado por el PP. «Se desmanteló una empresa que hubiera evitado que la gente en este país pasara frío. En el nuevo país que queremos construir estará prohibida la privatización y el saqueo de las empresas que son de los españoles», anunció Garzón, que añadió que «hay que poner a disposición de la gente las empresas y los recursos económicos de este país«.

Centrado en el apoyo al sector industrial, Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) lamentó que el Gobierno no tenga una política energética sino «una política fiscal sobre la energía«. «Nos hemos hartado de suplicar que se resuelva el tema de la cogeneración; a medias, simplemente a medias», manifestó el político catalán, que considera que de seguir en esta senda «perderemos industrias, y este país, España en su conjunto, necesita reindustrializar».

Eficiencia energética: de la inanidad a la arbitrariedad

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Ahora acaba de presentarse, de una forma particularmente inquietante, una nueva figura en torno a la eficiencia energética consistente en que el Gobierno giraría al cobro de unas cantidades a las empresas del sector energético constituyendo un fondo. Repasemos los principales elementos del mismo a la vista de lo conocido.

El mecanismo. Se trataría de la constitución de un fondo para la eficiencia energética, engrosado por aportaciones económicas que tendrán que efectuar las empresas (energéticas de distintos tipos) determinadas y cuantificadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Es evidente que, desde el punto de vista de refinamiento y sofisticación del instrumento en términos fiscales, no cabe más arbitrariedad que el señalamiento directo del sujeto pasivo y de su carga fiscal en términos de cuota líquida, saltándose todos los puntos de lo que sería un análisis desde el punto de vista hacendístico, sea cual sea el objeto del impuesto y, consecuentemente, las discriminaciones que genera entre contribuyentes designados y contribuyentes no designados.

Es más, seguramente no superaría la prueba del nueve, si se exigieran los principios de objetividad, finalidad y de definición del tipo de figura tributaria (tasa, impuesto, exacción, etc…) o cuál es su objeto de gravamen (generar energía, utilizar energía, comercializar alguna fuente de energía, no ahorrar, etc…) para los sujetos pasivos que se está proponiendo con esta fórmula.

También puede ser cierto que no estamos en momentos de finuras y ortodoxias. Pero, tanto es así, que en la noticia de VozPopuli en la que se filtraba el mecanismo y sus listas se tachaba la misma de Impuesto Revolucionario. Muy gráfico el símil.

La justificación. El Gobierno basa esta propuesta de Orden Ministerial en una lectura rápida de la reciente Directiva sobre Eficiencia Energética para legitimar una transposición acelerada de la misma, de forma que se pueda «pasar la bandeja» en términos impositivos y coactivos a los agentes.

La finalidad. Entendiendo la finalidad como el destino de dichos fondos y su aplicación a efectos de acciones para mejorar la eficiencia energética, todavía no se conoce la contraparte de la acción recaudatoria, ni siquiera en una expresión incipiente o iniciática de propuesta de mecanismo que haga efectivo.

Las reacciones. Lo cierto es que las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, las empresas afectadas por la mal llamada «reforma eléctrica» han mostrado su malestar, dado que ya participaban por otras vías tanto en la eficiencia energética, como en la política medioambiental. Por su parte, las tecnologías renovables también han mostrado su desacuerdo.

Los agentes han conminado a la Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC) a que exprese su posición al respecto. Y, desde el punto de vista fiscal, habrá que plantearse la propia traslación fiscal a los consumidores de este nuevo gravamen.

En todo caso, vuelve a ponerse de manifiesto la necesidad de articular una fiscalidad medioambiental completa y no un conjunto de instrumentos separados, descontextualizados, sin visión global, de dudosa justificación hacendística. Una visión global en la que se comprenda el papel de las distintas industrias y también de las distintas tecnologías energéticas (primarias y finales) en las políticas consideradas de forma global y coherente para la economía española: política energética, política industrial y política medioambiental definiendo y adecuando la política fiscal y de eficiencia energética conducente a las mismas, no sólo a efectos perentorios recaudatorios.

Pero todo esto sería posible con un solo principio de partida: su existencia.

Desmontando a Nadal

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Hace unas semanas, adelantó la intención del secretario de Estado (hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno) de solicitar un puesto en alguno de los organismo económicos internacionales en los que España tiene presencia (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc…). Una plaza disputada y deseada para el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado.

Pues bien, el digital acaba de publicar el cese de Ignacio Grangel, actual jefe de Gabinete de Nadal (y anterior jefe de Gabinete del inefable Marti Scharfhausen, que quizá haya sido el titular de la etapa más inane de la energía de ningún gobierno en España) y de enmarcarlo en la deconstrucción y narración de su salida.

En todo caso, decir que el actual secretario de Estado abandonará a final de año su puesto, no es decir mucho, toda vez que coincide con el momento en que expira la legislatura, aunque sí es una manera de decorar esta información. En la misma se afirma que se habría solicitado al actual presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, el acogimiento de este Abogado del Estado en el seno del operador de transporte y sistema eléctrico español.

Si analizamos los hechos colaterales, podemos ver cómo el panorama energético, con todo, no coincide con el triunfalismo del Ejecutivo y del propio Nadal en sus entrevistas televisivas. Las medidas operadas para «resolver» el déficit tarifario han perseguido su ajuste contable, más que una resolución eficaz en el marco de una política energética y de una liberalización efectiva.

Las costuras de la misma van dando señales de alarma para saltar pues, en vez de liberalizar el sector en las actividades que faltaba por abordar, disociar los costes incluidos en la tarifa que no tienen que ver con el suministro, efectuar una moratoria en toda regla de las tecnologías más onerosas, se ha producido un manoseo de la forma de facturación y recortes indiscriminados en actividades esenciales como la distribución, con fórmulas que al final no inciden en precios más bajos para los consumidores, fruto de la acumulación de costes regulados. Además, la suma de conflictos jurídicos e internacionales de la reforma no deja de crecer y se dilucidarán en el futuro. Tanto es así, que el rumor es cada vez más insistente de que los resultados de esa denominada reforma han sido muy «exiguos».

Por su parte, la espuria política de promoción de la exploración de petróleo que no ha dado resultados (espoleada desde el Gobierno en modo «fiebre del oro»), los sucesivos episodios con las subastas CESUR, interrumpibilidad, carbón, las interacciones con la CNMC, la persistencia del problema de los precios de la energía, permanentemente en el candelero por el ineficiente abordaje del mismo, la aparición de déficits latentes en butano y gas (con un desenlace previsible por comportamiento de los usuarios, pero no por ello menos sorprendente), no pueden compensar las mejores noticias de la legislatura en materia energética (la inminente puesta en operación de la interconexión eléctrica con Francia y la entrada en funcionamiento del «hub» del gas), por otra parte, cuestiones trabajadas largamente durante años con muchos renuncios y sinsabores por Gobiernos pasados, a la vez de con fuerte apoyo europeo tras las crisis con Rusia. Recuerden aquí el nombre de Mario Monti.

Todo ello nos recuerda a la película «Desmontando a Harry» (o «Deconstructing Harry», en su título original) de Woody Allen en la que se retrata la vida de Harry Block, un escritor de cierto éxito y un alto concepto de sí mismo, que ha utilizado sus experiencias vitales, sentimentales y familiares para escribirlas en sus libros con evidente molestia de los afectados. Fruto de estos comportamientos en el pasado, en el momento en que se desarrolla la acción de la película, le cuesta mucho que alguien de sus allegados le acompañe a la hora de recibir un homenaje en su Universidad y todo empieza a fallarle, por lo que emprende ese viaje de forma rocambolesca. La película, que mezcla trazos de ficción y de realidad en sus microhistorias, parte del deconstructivismo del francés Jacques Derrida, consistente en la descomposición, desde el punto de vista psicológico, en piezas menores para una mayor comprensión de las partes que integran el conjunto.

Deconstruída la realidad energética, presente y futura y puesta la lupa en cada aspecto, toda esa situación larvada y acumulada, el futuro exsecretario de Estado, la quiere observar desde otra plaza.

Los precios eléctricos, otra vez

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Eso ha provocado, casi como un resorte preparado, una secuencia más o menos previsible de declaraciones por parte de la propia organización tratando de estirar el alcance de la subida para «venderlo» en lenguaje de comunicación, como un aumento de los precios ambiguamente «sostenido» en el tiempo, es decir, que parezca más o menos calculado que esta subida de precios va más allá del mes de enero o del propio efecto de la climatología en que la reducción de la generación eólica por motivos meteorológicos ha devenido en unos precios de mercado algo más elevados, aunque en línea con los europeos.

En consecuencia, siguiendo esta argumentación, este dato de enero sería un fracaso de la política tarifaria del Gobierno y legitimaría la intervención completa del sector en palabras propias de los representantes habituales de la asociación. Ni una palabra de los costes regulados, verdadera causa de los diferenciales con Europa, y tampoco ninguna alusión a los meses dónde ha habido descensos y, por tanto, al silencio mensual precedente.

Por su parte, el Ministro de Industria, José Manuel Soria, trató de restar importancia al dato y ha recordado que, con este sistema, unos meses es posible que la factura suba y otros que la misma baje y que lo importante es el cómputo en un período anual a efectos de lo que supone para un consumidor en sus presupuestos familiares.

El ministro, experto en escoger todas las temáticas peliagudas, ha tratado de contrarrestar el oportunismo de esta información puntual, sin negar estos datos. En todo caso, para el Gobierno, que tendría la tentación de declarar a 2015 como el año de los precios de la energía baratos en España, esta noticia intermensual, evidentemente le incomoda y más viviendo en los tiempos instantáneos de la república independiente de Twitter, con varios procesos electorales a la vista.

En todo caso, el sistema de precios ideado por Industria como ya hemos anticipado, tiene como ventaja la sujeción a unas reglas de mercado y, como inconveniente su tendencia a la politización continuada en una sociedad hipersensibilizada y con poca sofisticación para comprender estos mecanismos de precios.

Así, cada mes en que se produzca un incremento de los precios de la electricidad, se podría prever un titular con más o menos aparato propagandístico, con porcentaje de crecimiento y luego todas las sucesivas extralimitaciones intervencionistas a las que estamos acostumbrados, hasta las teorías conspirativas y retroprogresivas. Y, los meses en los que se produzcan bajadas podríamos anticipar el más atronador de los silencios, con la estrategia de estar agazapados, con la salvaguarda de que en opinión pública, las bajadas no computan para este objetivo. Y, ese ejercicio de cinismo puede ser perfectamente compatible y posible.

Probablemente, en todo caso, en referencia al sistema de precios eléctricos implantado, hubiera sido mucho más práctico abordar la liberalización completa de las tarifas, de forma que las propias ofertas de precios y la competencia evitasen este continuo sobresalto y, lo que es peor, la interpretación vitriólica con afán intervencionista y estatalista de la evolución de los precios de la electricidad, a la que, como en cualquier suministro, por otra parte, hay que acostumbrarse. En esas estamos.

Fracasos energéticos

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Sirva esto para hacer recuento de la colección de fracasos, de diferentes proporciones y dimensiones (aunque ninguno pequeño) cada uno de ellos, en materia de energía y de las causas concretas de cada uno, más un motivo general. Causas, motivos y razones.

De la más reciente a la más antigua, comencemos por el fracaso de las prospecciones petrolíferas en Canarias, que ha hecho que Repsol interrumpa la búsqueda de crudo en las aguas próximas al archipiélago. Es el mito del progreso técnico, el de la creencia en el hallazgo de recursos naturales y de la independencia energética tamizado por el discurso político de la fiebre del oro, una cierta prisa y una combinación con un proceso electoral, posibles causas aparentes de este fracaso.

Seguidamente, y también muy reciente, la convocatoria de concurso eólico en Canarias, que ha evidenciado todas las carencias de la nueva regulación de los sistemas extra peninsulares, modelo que partía de una visión voluntarista de los deseos y preferencias reveladas por parte de la administración energética, en una expresión volitiva de cambio más fantasiosa que concreta, lo que conduce a la temeridad.

Otro fracaso dentro de la política del Ejecutivo, tiene que ver con el ejercicio de mutis por el foro que (con toda lógica política) ha devenido el órdago de cierre sobre la instalación del ciclo combinado de carbón en la planta de Elcogas (Puertollano). Probablemente, el error de no comprender el valor de esta planta en la comarca y el poder de una Comunidad Autónoma, cuya Presidenta es secretaria general del Partido Popular, haya influido en este fracaso. Otra instalación en la misma línea ha sido el almacenamiento subterráneo del Castor, de la que todo el mundo conoce más o menos su desarrollo episódico.

Dentro de las piezas separadas asociadas a la mal denominada «reforma eléctrica», tenemos también de reciente recuerdo, la propia forma de resolución de las subastas de interrumpibilidad, que también requirieron de una doble convocatoria recurrente, a la vista de que los resultados de la celebración de la primera, provocaban un maremoto de proporciones imprevisibles desde el punto de vista empresarial en ciertos sectores industriales, especialmente en el aluminio. El origen material de esto pudo ser un error de cálculo y una atropellada formulación de las subastas convocadas, además de la pervivencia de un mecanismo con muchas aristas.

Esta misma semana, cobraba una cierta amplificación la evolución alcista de los precios de la electricidad en el mercado mayorista en el mes de enero de 2015, anticipando lo que puede ser su impacto en los precios eléctricos, en un año (electoral) en que el Ejecutivo se ha propuesto que los precios de la energía vayan a la baja. La reforma eléctrica luchando contra los elementos y las explicaciones teóricas: la meteorología del mes de enero, la realidad, arruinando un diseño mecanicista.

Si no contamos, los conflictos internacionales acumulados y los procesos jurídicos larvados derivados de la reforma eléctrica o las consecuencias corporativas y de inversión que se verán en largo plazo, quizá el origen más profundo proviene de esa tendencia al enfoque del carpetazo expeditivo y la falta de comprensión de todas las perspectivas y elementos que intervienen e interaccionan, con una visión y una política global, es decir el mal de la simplificación de problemas complejos, sin una política y una coordinación intersectorial, económica, fiscal y completa que lo sustente, aunque exigible desde el punto de vista gubernamental.

Así, una aproximación en las medidas tomadas, evidencia que el Gobierno no ha abordado, de forma, una política energética completa, una liberalización definitiva de la tarifa eléctrica, un modelo de fiscalidad energética y medioambiental que contemple la contribución de todos los sectores, con una evaluación sobre la carga fiscal de la energía, así como, una revisión concreta y coordinada de los costes integrados en las tarifas de acceso eléctrica y gasistas para drenar sus costes ocultos o, el perfilado preciso de los papeles de los operadores de transporte y sistema eléctrico y gasista.

A cambio, asistimos a fracasos gestores que, en ocasiones pueden ser maquillados, ocultados o lo que es mejor, atribuidos, por señalamiento de culpables y, entonces se hacen sonados. Cuando no, incluso, amplificados e inflamados, como el que derivó en la intervención del Ministro de Industria en las subastas eléctricas, su abolición y el deterioro económico institucional español, supuestamente corregidos con otras fórmulas no menos improvisadas o con errores de diseño.

A la vista de este panorama, recomendamos la lectura atenta de «Instrucciones para fracasar mejor. Una aproximación al fracaso» de Miguel Albero, que nos confirma, en su metáfora, que los éxitos más o menos políticos o mediáticos son breves y efímeros y que detrás de un triunfador con su apariencia deslumbrante, se esconde un gran fracasado.

«Black Friday» en el petróleo

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Finalmente, la decisión de los países integrados en la OPEP en su reunión de este jueves fue mantener la producción de petróleo (30 millones de barriles diarios), pese a la caída en los precios del crudo, ya superior al 35%. Al final del día, el petróleo cotizaba ligeramente por encima de los 74 dólares el barril de Brent, la mayor caída desde mayo de 2011 y con tendencia a la baja. Y, hoy, está en el entorno de los 70 dólares. El mercado ha entendido razonablemente bien los mensajes que salían de Viena.

Algo que era previsible, toda vez que las circunstancias de la economía mundial mandan: ralentización del crecimiento mundial, especialmente en las economías de los países emergentes (China era la locomotora y empieza a evidenciar señales de descenso en la velocidad) y, después, el aumento de la producción que han efectuado, por motivos diferentes, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Rusia.

La presión, por tanto, se concentraba en Arabia Saudí de cara a conseguir una rebaja de la producción a efectos de frenar el tobogán acelerado de caída de precios. Arabia entró en la reunión sin ser partidaria de intervenir en las cuotas de producción de forma que el ajuste de mercado sea automático, por circunstancias de oferta y demanda. Además, cualquier movimiento restrictivo hubiera supuesto un apoyo a la actividad de extracción y producción no convencional, algo tampoco deseado por los países con mayores problemas hoy, pero no factible. De hecho, una de las claves de esta decisión es perjudicar estas nuevas técnicas mucho más caras.

Por otro lado, la OPEP ha comprendido que su capacidad para determinar los precios en el mercado del crudo ha disminuido drásticamente. Su cuota de producción mundial ha bajado del 60% al 40%, lo que implica que su papel de árbitro del mercado se ha visto relativizado. Y, además, en el pasado, cuando estas coyunturas se daban, los acuerdos para mantener o reducir cuotas, eran incumplidos sistemáticamente por los distintos miembros del cártel. Por tanto, ante la complicación de la coyuntura está declinando un papel de control virtual de los precios del crudo en los mercados.

Ciertamente, los países productores que más efecto están teniendo en sus economías por esta tendencia bajista del crudo, deseaban que se produjera un acuerdo que contuviera la oferta de crudo en el mercado, a efectos de tratar de subir o mantener los precios. Los casos son diferentes: por un lado, Venezuela con gravísimos problemas económicos, galopantes, modo huida hacia adelante y contención en forma de olla a presión. En la actualidad, el gobierno de Nicolás Maduro, posee graves dificultades para aumentar su producción en su industria petrolífera, hasta el punto de precisar importaciones de refino, debido a las particulares características de su crudo. Un cuadro que, en breve, tendrá más consecuencias a nivel incluso político.

Por otro lado, Rusia aborda esta coyuntura, con una industria petrolífera mucho más eficiente y avanzada y, pese al impacto de la caída de precios del petróleo, ha decidido aumentar su producción de crudo para compensar la caída de la bajada de precios y aumentar los ingresos. La diplomacia de la economía de la energía actúa con todo su lógica, pero es una de las grandes perjudicadas en esta partida de ajedrez, con una energía fuertemente dependiente de la energía. Por su parte, el retórico trasfondo de las sanciones de la Unión Europea por la última crisis del gas, de facto, no es tenido en cuenta por los mercados.

En realidad, estamos ante un episodio en el que chocan las campañas periódicas sobre la escasez de crudo (el agotamiento anunciado hace casi 40 años del crudo), con las consecuencias de las nuevas formas de extracción de petróleo y gas, las transformaciones de los mercados energéticos y la evolución de la economía. El futuro puede ser «menos negro» en ese sentido y, probablemente, monetizar el presente puede ser una estrategia más eficiente.

La tendencia continua. Los países mantienen sus expectativas de producción, entre ellas Arabia Saudí (la gran ganadora de la reunión de este jueves pese a la presión inducida que siempre sabe sacudirse) y Estados Unidos. Se anticipan precios muy por debajo de los 70 dólares el barril. Más vale pájaro en mano y es «Black Friday».

La guerra de la interrumpibilidad

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La versión de los pagos por interrumpibilidad en modo subasta es la revisión de este sistema de compensación a las industrias que «están dispuestas» a cesar su actividad productiva, si el sistema eléctrico se lo requiere (y el operador de sistema se lo solicita) por circunstancias técnicas o de demanda.

Todos estos sistemas pasados, tienen como elemento en común que su aplicación permite que los usuarios, que son beneficiarios de ellos, pueden abaratar el coste de la electricidad que utilizan. Y, fruto de que dichas compensaciones se incluyen en las tarifas de acceso, lo que se produce es un traslado de las mismas hacia el resto de usuarios del sistema, es decir, que se produce un abaratamiento relativo, para determinadas industrias y actividades.

Esa es una de las razones por las cuales siempre le ha perseguido la polémica, incluso existiendo históricamente propuestas más audaces como la adscripción de la producción nuclear o hidráulica a estas industrias.
En sentido contrario, la consideración de su necesidad, de su justificación y de su cuantificación desde el punto de vista del sistema eléctrico tiene, cada vez más, fuertes cuestionamientos, que se evidencia de forma más explícita cuando se revisan estos mecanismos.

Cierto es que, en sus diferentes versiones, estos pagos o rebajas siempre han sido una cuestión muy controvertida y, sus distintas figuras, incluso, tienen algo de virtual en la medida que es un sistema que se ha invocado en muy escasas ocasiones (y desde luego, cronológicamente desde la etapa cuya denominación eran pagos por capacidad, nunca). Muchas de las instalaciones e industrias que perciben estos ingresos lo hacen sin que se haga uso de él, es decir, realmente, muchas industrias los disfrutan, sin la necesidad de sufrir sus molestias.

En estos momentos, estos cuestionamientos y críticas están más agudizados, si cabe, por dos motivos. El primero, el recorte que, fruto de las distintas iniciativas normativas ha introducido el Gobierno en el coste del suministro, en todas las actividades: distribución, costes regulados de las tecnologías renovables e impuestos a la generación, hidráulica y nuclear en su lucha contra el déficit tarifario, lo que provoca que el escenario sea restrictivo para dar encaje a más costes regulados.

Segundo, la oferta de generación de electricidad hoy es muy abundante y la justificación de una figura de este tipo, desde el punto de vista económico es muy débil. Así, aunque su montante en términos económicos disminuye globalmente, cuando las necesidades reales de los usuarios se manifiestan en sus ofertas, lo que se produce es una caída en picado de los precios de esos paquetes de interrumpibilidad. Lo que se dice en economía, las «preferencias reveladas» a través del mecanismo de puja muestran la realidad. Y de todo ello, el Gobierno es conocedor.

El problema es que el sistema, implícitamente y adicionalmente, siempre ha tenido una misión más o menos encubierta (incluso observada a distancia por las autoridades de competencia comunitarias) consistente en la articulación deslavazada de una política industrial rudimentaria, arbitraria y encubierta hacia ciertos sectores de actividad, industrias e instalaciones. El hecho es que esta «reforma eléctrica», como mecanismo contable para absorber el déficit tarifario, reventó todas esas costuras y tensó la relación industria-energía tal y como se ha entendido los últimos diez años en España.

En el siguiente artículo, analizaremos la relación entre la competitividad empresarial y los precios de la electricidad fruto de una visión intencionalmente confinada a instrumentalizar el suministro eléctrico como un «input» y no, intrínsecamente, reconociendo que la electricidad es una actividad empresarial.

Por un lado, esta concepción es un terreno abonado para las teorías retroprogresivas del sector eléctrico. Y, por otro, estos instrumentos se han utilizado de esta forma, como sustitutivos de un análisis y de un enfoque conjunto, materializándose de facto en una coartada para no efectuar la separación de aquellos componentes incluidos en el coste del suministro que tienen otra finalidad. Por tanto, se aborda en serio, con visión integral y sin tentaciones intervencionistas este problema para todos los consumidores y para toda la economía.