La guerra de la interrumpibilidad

La versión de los pagos por interrumpibilidad en modo subasta es la revisión de este sistema de compensación a las industrias que «están dispuestas» a cesar su actividad productiva, si el sistema eléctrico se lo requiere (y el operador de sistema se lo solicita) por circunstancias técnicas o de demanda.

Todos estos sistemas pasados, tienen como elemento en común que su aplicación permite que los usuarios, que son beneficiarios de ellos, pueden abaratar el coste de la electricidad que utilizan. Y, fruto de que dichas compensaciones se incluyen en las tarifas de acceso, lo que se produce es un traslado de las mismas hacia el resto de usuarios del sistema, es decir, que se produce un abaratamiento relativo, para determinadas industrias y actividades.

Esa es una de las razones por las cuales siempre le ha perseguido la polémica, incluso existiendo históricamente propuestas más audaces como la adscripción de la producción nuclear o hidráulica a estas industrias.
En sentido contrario, la consideración de su necesidad, de su justificación y de su cuantificación desde el punto de vista del sistema eléctrico tiene, cada vez más, fuertes cuestionamientos, que se evidencia de forma más explícita cuando se revisan estos mecanismos.

Cierto es que, en sus diferentes versiones, estos pagos o rebajas siempre han sido una cuestión muy controvertida y, sus distintas figuras, incluso, tienen algo de virtual en la medida que es un sistema que se ha invocado en muy escasas ocasiones (y desde luego, cronológicamente desde la etapa cuya denominación eran pagos por capacidad, nunca). Muchas de las instalaciones e industrias que perciben estos ingresos lo hacen sin que se haga uso de él, es decir, realmente, muchas industrias los disfrutan, sin la necesidad de sufrir sus molestias.

En estos momentos, estos cuestionamientos y críticas están más agudizados, si cabe, por dos motivos. El primero, el recorte que, fruto de las distintas iniciativas normativas ha introducido el Gobierno en el coste del suministro, en todas las actividades: distribución, costes regulados de las tecnologías renovables e impuestos a la generación, hidráulica y nuclear en su lucha contra el déficit tarifario, lo que provoca que el escenario sea restrictivo para dar encaje a más costes regulados.

Segundo, la oferta de generación de electricidad hoy es muy abundante y la justificación de una figura de este tipo, desde el punto de vista económico es muy débil. Así, aunque su montante en términos económicos disminuye globalmente, cuando las necesidades reales de los usuarios se manifiestan en sus ofertas, lo que se produce es una caída en picado de los precios de esos paquetes de interrumpibilidad. Lo que se dice en economía, las «preferencias reveladas» a través del mecanismo de puja muestran la realidad. Y de todo ello, el Gobierno es conocedor.

El problema es que el sistema, implícitamente y adicionalmente, siempre ha tenido una misión más o menos encubierta (incluso observada a distancia por las autoridades de competencia comunitarias) consistente en la articulación deslavazada de una política industrial rudimentaria, arbitraria y encubierta hacia ciertos sectores de actividad, industrias e instalaciones. El hecho es que esta «reforma eléctrica», como mecanismo contable para absorber el déficit tarifario, reventó todas esas costuras y tensó la relación industria-energía tal y como se ha entendido los últimos diez años en España.

En el siguiente artículo, analizaremos la relación entre la competitividad empresarial y los precios de la electricidad fruto de una visión intencionalmente confinada a instrumentalizar el suministro eléctrico como un «input» y no, intrínsecamente, reconociendo que la electricidad es una actividad empresarial.

Por un lado, esta concepción es un terreno abonado para las teorías retroprogresivas del sector eléctrico. Y, por otro, estos instrumentos se han utilizado de esta forma, como sustitutivos de un análisis y de un enfoque conjunto, materializándose de facto en una coartada para no efectuar la separación de aquellos componentes incluidos en el coste del suministro que tienen otra finalidad. Por tanto, se aborda en serio, con visión integral y sin tentaciones intervencionistas este problema para todos los consumidores y para toda la economía.