Pregunta- ¿Cuál es la valoración general que pueden realizar de la reforma energética aprobada por el Gobierno de España?

Todo este paquete normativo que se pretende introducir supone un cambio radical del sistema que estaba vigente desde 1997 a un sistema totalmente nuevo. Es cierto que había que hacer cambios en el panorama regulatorio pero quizás no era el mejor momento para hacerlo en un contexto de crisis acusada y con el problema añadido del déficit tarifario. El procedimiento seguido tampoco ha sido el ideal si de lo que se trata es de generar un sistema con fundamento y con seguridad jurídica para los próximos 20 años en nuestro país. La reforma se ha hecho de una forma poco transparente y poco participativa: no se ha contado ni con los actores del sector ni con los organismos regulatorios; es llamativo que la propia Comisión Nacional de la Energía dijera reiteradamente que es poco el tiempo que ha tenido para estudiar los cambios. Desde el sector me indican que apenas han tenido una semana para informar sobre 700 páginas que, además, tratan temas muy complicados: son cambios profundos de concepto y fórmulas complejas que hay que estudiar para poder evaluarlas correctamente.

P- ¿En qué se traduce este cambio de sistema?

La reforma trae novedades en transporte, también en distribución, pero los cambios más sustanciales los encontramos en el nuevo régimen para las renovables. El sistema que se quiere introducir pivota sobre la creación de unas instalaciones tipo a partir del informe que realicen las dos consultoras que el Ministerio va a contratar; el Real Decreto dice que tendrán una relación biunívoca con las instalaciones existentes para así poder determinar cuál es la rentabilidad razonable que tenía que haber recibido la instalación real. Sin entrar a discutir si es una idea más o menos afortunada, desde el punto de vista práctico es absolutamente irrealizable porque las instalaciones no tienen nada que ver entre unas y otras, los períodos en los que han funcionado han sido muy distintos…; tratar de reconducir todo esto a la unidad para decir cuándo una instalación está gestionada de forma razonable y determinar cuál es la rentabilidad que debía ser razonable teniendo en cuenta estos aspectos es muy complicado. Estamos esperando aún en qué se concreta todo esto, pero no dudamos de que no gustará a todo el mundo.

Sistema sin WACC, “poco coherente”

P- ¿Cómo valora el nuevo sistema de retribución regido por el concepto de rentabilidad razonable?

Hay que decir que como concepto estaba ya en la anterior regulación. A los productores de régimen especial se les garantizaba una rentabilidad razonable conforme a sus inversiones. El problema no es tanto hablar del concepto sino de cómo se calcula; sobre todo cuando se quieren establecer unos criterios estandarizados como base para calcular esta rentabilidad. Desde luego, hay unanimidad total en que la mera atribución de una rentabilidad razonable a partir del interés de un bono más un diferencial no es el sistema más adecuado para hacerlo porque el inversor, cuando lleva a cabo este tipo de inversiones, no se fija en esta rentabilidad que se propone sino que lo que tiene en cuenta es el WACC; además se trata de un sistema poco coherente ya que la consideración del interés de un bono más un diferencial puede tener sentido en otro tipo de inversiones, más a largo plazo y con un riesgo comercial menor, pero no en instalaciones de producción porque no retribuye bien el riesgo que uno asume cuando pone en marcha instalaciones de este tipo.

P- ¿Hay retroactividad en la reforma?

Si se tiene en cuenta la rentabilidad pasada para calcular la rentabilidad de la instalación al final, nos encontramos a todas luces con la sustitución de los regímenes retributivos anteriores y con carácter retroactivo. Mantener que no hay retroactividad con estos efectos se me antoja muy complicado. Ya se tecnifican los conceptos jurídicos hasta tal punto que al final nos encontramos con un resultado que es totalmente ajeno e incompatible con la esencia del principio en sí. Una aplicación de una norma que haga inexistente o inútil a la norma que sustituye, por definición tiene que ser retroactiva; sustituye a una norma jurídica al completo. Ya veremos qué dice al respecto el Tribunal Supremo.

P- ¿Qué tecnología es la principal perjudicada por la reforma?

Tenemos estimaciones de impacto pero no sabemos cómo se concretarán finalmente. Ahondando en la idea de que todos tenemos que sufrir, parece que el Gobierno probablemente haya pensado más en quién puede aportar al sistema que en quién debe.

Inversiones en España, en peligro

P- ¿Cómo se ve afectada la seguridad jurídica en España?

Toda esta situación ha llevado a que haya inseguridad jurídica en España. Por esta reforma, sí, pero también por el conjunto de reformas anteriores. Realmente, si uno examina todas las medidas que los diferentes Gobiernos han puesto en marcha desde el despegue de las renovables, se dará cuenta de que calificar esto como seguridad jurídica es difícil. Son varios los reales decretos leyes que han cambiado las reglas de juego y, además, sin normas transitorias; hay modificaciones de los regímenes retributivos, creación de impuestos… Ha sido constante, cada año ha estado jalonado por dos o tres cambios de esta magnitud. Desde luego, si esto es seguridad jurídica, realmente no sabemos qué puede ser la inseguridad jurídica. Una cosa es que se produzca algún cambio en la regulación, que siempre debe mantener la seguridad jurídica en el inversor para que tenga claro cuáles son las expectativas razonables de retorno de la inversión, y otra cosa es que el Gobierno tenga un amplio margen de modificación del régimen retributivo.

P- ¿Se crea un contexto con esta reforma que pone en peligro futuras inversiones en España?

Claro que sí. El mensaje que se está mandando al inversor extranjero sobre las energías renovables en España es que lo mejor es alejarse. Es muy difícil tratar de vender un proyecto de energías renovables a día de hoy en España: no sólo por las primas, sino especialmente por la inseguridad regulatoria. Cuando el Tribunal Supremo indica que en la regulación no hay nada fijo y que todo puede cambiar de la noche a la mañana y según el Gobierno que toque, los inversores se lo piensan mucho cuando tienen que valorar un proyecto a largo plazo. Y el Gobierno debería asumir su parte de responsabilidad de que se haya llegado a esta situación: antes era un sector estable con una cierta garantía de retorno de la inversión y ahora se ha convertido, por los cambios regulatorios, en un sector con interés de riesgo. Ahora el apetito por las energías renovables en España es nulo y los inversores extranjeros que ya habían invertido en nuestro país ya no es que estén preocupados, están desesperados.

P- ¿Esta reforma choca con la regulación comunitaria?

En la regulación comunitaria hay una directiva para el fomento de las energías renovables pero también es cierto que, desde un punto de vista jurídico, las obligaciones que establece son muy generales; por ello, el problema que tienen las inversiones realizadas en España para ampararse en normas europeas es que el desarrollo de las renovables en nuestro país ha sido tan grande que el margen que tiene el Estado para regularlas es muy amplio. Parece que puede haber más choque en la regulación propuesta para el autoconsumo.

“La fiscalidad energética aún es insuficiente”

P- ¿Qué parte de responsabilidad tiene la política de precios en la generación del déficit?

El pool ha funcionado y parece un sistema lógico dadas las especificaciones del mercado de la electricidad, sin que desde luego sean imposibles ajustes que traten de reflejar las particularidades del sistema español. En materia de solución del déficit de tarifa, hay discusiones respecto a ciertos conceptos que, tal y como se hace actualmente, podrían estar dentro del sistema eléctrico como costes reconocidos; pero también fuera, en los Presupuestos Generales del Estado, si se tuvieran en cuenta como subvenciones. Si el déficit tarifario se genera como un desfase entre los ingresos y los costes del sistema, ¿hubiera sido posible elevar el precio de la energía para cubrir siempre el importe de todos los costes del sistema? Desde luego, el problema es complejo de solucionar pero, si lo que se hace es una apuesta decidida por las renovables, no tiene ningún sentido que esta decisión política no tenga ninguna repercusión en el precio que se paga. Los precios tienen que ser coherentes con la política a seguir.

P- ¿Sería más razonable crear un modelo de fiscalidad energética para atajar el problema del déficit de tarifa?

Efectivamente, sería necesario para aportar los ingresos que necesita el sistema. En esa línea fue la Ley 15/2012, pero se ha demostrado totalmente insuficiente para ese fin.

P- ¿Le preocupa que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia sea más favorable a la reforma después de que la extinta Comisión Nacional de la Energía se mostrara contraria a algunos puntos de la misma?

Es difícil de decir porque no sabemos todavía cómo actuará la nueva CNMC y, por otro lado, tampoco es que la CNE fuera excesivamente crítica con la reforma. No se puede decir que un órgano fuera más favorable al inversor y otro vaya a ser más favorable al Gobierno. Es difícil de determinar: desde el punto de vista estrictamente jurídico, habrá que esperar a ver el informe que se haga sobre el nuevo decreto de renovables. Desde luego, me sorprendería mucho tener un dictamen de la CNMC que fuera muy contrario a la reforma que se planea. Pero tampoco lo ha sido el de la CNE, por lo que no hablamos de ningún cambio.

En la segunda parte de la entrevista, Pablo Dorronsoro analiza el incremento de la litigiosidad que tendrá que afrontar el Estado como consecuencia de la reforma y la postura que puede adoptar el Supremo. También expone su visión sobre el objetivo y el futuro que plantea una reforma con aspiraciones de ser la definitiva.

José Segura Clavell (Barcelona, 1944) afronta uno de sus años más intensos desde un punto de vista legislativo como portavoz de Energía del PSOE en el Congreso. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este diputado socialista ya fue uno de los principales actores en la tramitación de la recientemente aprobada Ley para los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares.

Ponente también de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, este diputado socialista atesora una amplia trayectoria política y académica en la que se puede destacar su experiencia como alcalde de La Laguna y presidente del Cabildo Insular de Tenerife así como su labor como profesor de termodinámica técnica, disciplina sobre la que ha escrito varios libros. Con la reforma energética inmersa en su tramitación, la voz de José Segura emerge como una de las más autorizadas para valorar la normativa impulsada por el Gobierno: «una ocasión perdida para configurar un modelo energético moderno«, lamenta constantemente este diputado canario.

Pregunta- En la sesión de la Comisión de Industria a la que acudió Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, para explicar los Presupuestos del área de Energía para 2014, como portavoz del grupo socialista en esta materia le recriminó la falta de diálogo del Ministerio en su conjunto con la oposición. El secretario de Estado lo quiso entender como una nueva oferta de diálogo y se comprometió a reunirse con ustedes. ¿Se ha producido por fin ese diálogo entre Gobierno y oposición?

Recuerdo perfectamente esa conversación porque precisamente alabé la actitud dialogante que habían tenido Rodrigo Rato y Josep Piqué desde sus respectivos ministerios durante la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico, la 54/1997. Ahora, 16 años después, se va a modificar esa Ley. El grupo parlamentario socialista, en la oposición en 1997 y también en 2013, ha reiterado al Gobierno de forma clara y concisa la oferta de colaboración en la elaboración de un modelo energético moderno. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurrió en 1997, esta oferta no se ha tenido en cuenta y, en consecuencia, se ha perdido la oportunidad de configurar un conjunto normativo consensuado.

P- ¿Considera que el proceso que nos ha conducido hasta la presentación del proyecto de Ley ha sido el adecuado? ¿Cómo cree que se han hecho las cosas?

Desde un principio el Ministerio está actuando de forma acelerada e irracional. No hay antecedentes del escaso período de tiempo que se proporcionó a los organismos reguladores para emitir los informes técnicos preceptivos; las partes afectadas han tenido que presentar su posición ante el texto propuesto con celeridad. Sirva como único dato que el período de tiempo que se le proporcionó al Consejo de Estado para que elaborase el preceptivo dictamen fue únicamente de cuatro días. Desde luego, todo el proceso regulatorio se ha caracterizado por el oscurantismo y, como ya expliqué, por la carencia de diálogo.

P- ¿Qué valoración general tiene del proyecto de Ley del Sector Eléctrico?

Nos encontramos por primera vez ante un proyecto de Ley del que gran parte de su contenido lleva aplicándose durante los dos años de responsabilidad del actual Gobierno, dado que el desarrollo reglamentario del mismo le ha precedido en el tiempo. Se trata por tanto de una mera cobertura formal para dar “apoyo” a la mayoría de las decisiones gubernamentales que se han adoptado en materia energética desde enero de 2012. Decisiones que han tenido y tienen consecuencias nefastas para la sociedad española. Todo ello bajo el mantra de acabar con el déficit de tarifa, la madre de todos los objetivos que para mayor inri se incrementó en 2012 y que parece ir por el mismo camino en 2013.

«Inútil» contra el déficit tarifario

P- ¿Cree que el Gobierno conseguirá los objetivos que se propone?

No se trata de lo que crea; es que con esta reforma es evidente que no. La Ley es inútil para su único objetivo: la eliminación del déficit ya que el Gobierno carece por completo de un plan para hacerle frente y únicamente menoscaba la seguridad jurídica. Pero es que además agrava los problemas del sector: si la analizamos, esta Ley resulta ineficaz porque consolida nuestra dependencia exterior; es muy lesiva desde el punto de vista económico puesto que ataca la competitividad de las empresas, lo que implica destrucción de empleo; es anacrónica ya que nos aleja sustancialmente del objetivo de acercarnos más al modelo energético europeo; es injusta en tanto que hace recaer sobre las familias la mayor parte del coste de una energía que asombrosamente es de las más caras de Europa; es suicida en términos tecnológicos puesto que arroja por la borda el liderazgo en renovables que España ostentaba no hace mucho en el concierto mundial; y también es insostenible medioambientalmente al dejar en mera retórica vacía de contenido a la política de ahorro y eficiencia.

P- Pero desde el Gobierno se insiste en que esta reforma será la última, será la que solucione el déficit tarifario ya que se recogen mecanismos automáticos para impedirlo. ¿Qué piensan sobre ello?

En este punto conviene recordar que el principio de suficiencia de ingresos derivado de la “garantía de la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico” que contiene una parte importante de este proyecto de Ley no constituye ninguna novedad, ya que está recogido en una de las disposiciones adicionales de la Ley del Sector Eléctrico del año 97. No podemos ignorar, por tanto, los constantes incumplimientos de los compromisos inicialmente asumidos por parte de la Administración General del Estado desde la promulgación de esa Ley hasta la actualidad, así que no otorguemos mucha credibilidad al cumplimiento de este principio.

De hecho, el proyecto de Ley lo que hace es reconocer explícitamente la aparición de nuevos déficits. Lo que hace con esos mecanismos de revisión automáticos es admitir explícitamente que podrá generarse anualmente un déficit inferior a un 2% de los ingresos del sistema; puesto que, a diferencia de la regulación actual, estos déficits no serán incorporados como coste del sistema en el ejercicio siguiente, tendrán que ser financiados por algunos de los agentes sujetos al sistema de liquidaciones, con lo que se perpetúa la figura del déficit en el sistema eléctrico, lo que ya es contrario a ese principio de suficiencia económica.

P-¿Es también intervencionista el proyecto de Ley?

Podríamos decir que sorprende entrever una visión absolutamente intervencionista de la actividad de producción de energía, tal y como se desprende de una serie de decisiones claramente tendentes a incrementar el control e intervención de la Administración sobre la actividad de producción y el mercado. Destacan los cambios que se introducen en la obligación de mantener la capacidad de producción prevista en las autorizaciones y el papel de vigilancia que se otorga al operador del sistema. Los socialistas pensamos que existe una notable incoherencia entre la libre competencia en la generación y los contenidos del articulado, dado que al tratarse de una actividad a mercado, la disponibilidad de las instalaciones dependerá básicamente de criterios de optimización económica que, a su vez, dependen de los costes e ingresos esperados, sobre los cuales, nada ha de decir el operador del sistema.

P- Durante sus intervenciones parlamentarias y también durante esta entrevista ha manifestado que la reforma tiene consecuencias nefastas para la sociedad española, ¿De qué consecuencias podemos hablar?

Nada más aprobarse en julio el Real Decreto Ley 9/2013, en agosto asistimos a una nueva subida del precio de la luz para las familias y para la industria, que podríamos añadir a las anteriores y que implica más pobreza energética y pérdida de competitividad. Además se incide en otras cuestiones igual de graves: incremento de las emisiones a la atmósfera, pérdida acelerada de liderazgo tecnológico en un sector que paradójicamente pasean por el mundo para vender la Marca España, desmantelamiento progresivo de la industria nacional de renovables con una masiva destrucción de empleo, y, especialmente, elevación de los índices de inseguridad jurídica que no tienen parangón en el resto de países de nuestro entorno y que apuntan a un serio problema de indemnizaciones futuras.

Importantes dificultades para los ciudadanos

P- ¿Quiénes son los principales damnificados?

Especialmente los consumidores. Estamos ante una Ley que ignora a los ciudadanos; son quienes están soportando sobre sus maltrechas economías en crisis las descabelladas ocurrencias que han venido perpetrándose mes tras mes de la mano de los sucesivos responsables a las órdenes del ministro José Manuel Soria. Previsiblemente este próximo invierno miles de familias pasarán mucho frío, pero no por razones climatológicas, sino simplemente porque no podrán pagar los costes de un servicio esencial que define el nivel de calidad de vida en un país desarrollado. Pero además el Gobierno ha decidido que ni siquiera el ahorro y la eficiencia se conviertan en alternativa para equilibrar las cuentas familiares, porque el desorbitado crecimiento de la parte fija de la tarifa frente a la parte de consumo hace que cuantos menos ingresos tenga una familia, mayor sea el impacto. Desde luego, nada más insolidario que este principio claramente ideológico. España vive una situación de emergencia social y, no nos engañemos, crece el número de personas que cada vez se encuentran con más dificultades para pagar la luz: crece con fuerza la pobreza energética y el Gobierno no le ha prestado atención.

P- ¿Cuál es su valoración del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor y su relación con la Tarifa de Último Recurso?

Pensamos que es un cambio más formal que de fondo respecto a la Tarifa de Último Recurso. Puesto que la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de abstenerse de regular los precios de la electricidad, sin perjuicio de la protección de los clientes vulnerables, creemos que debería limitarse el conjunto de consumidores que puedan acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y asegurar que dicha tarifa sea suficiente para que actúe de manera efectiva como un precio máximo, favoreciendo la competencia entre los comercializadores de referencia vía descuentos. En consecuencia planteamos que el diseño del PVPC deberá realizarse con la intención de incentivar la entrada de nuevos comercializadores que busquen captar clientes, lo cual creemos que indudablemente llevaría a medio plazo a que se ofrezcan precios más competitivos en el mercado libre.

P- Ya que menciona a Europa, ¿Qué les parece la situación en la que queda el intercambio de energía eléctrica a través de interconexiones con otros países de la Unión Europea?

Lamentablemente, el Gobierno deja pasar la oportunidad de avanzar en la incorporación de normas comunitarias con las que ir disminuyendo el aislamiento energético de la España peninsular respecto del deseable mercado interior de la energía al que tiende la Unión Europea. El objetivo europeo es que cada país pueda importar de sus vecinos el 10% de la energía que consume en 2020. España difícilmente alcanzará el 5%. No nos sorprende después de ver que España queda al margen de las grandes obras transfronterizas de energía que están consideradas de interés común para la Unión Europea.

P- ¿A qué atribuye que España no vaya a cumplir ese objetivo?

Según fuentes comunitarias, si España no tiene más es porque el Gobierno no ha mostrado voluntad política ante Bruselas de tener más o bien porque no se ha puesto de acuerdo con Francia para presentar proyectos susceptibles de ser incluidos. Es indudable que, dado el exceso de capacidad de nuestro sistema, lo más útil y rentable sería construir interconexiones potentes con Francia en los próximos años para poder exportarles energía. Es el gran objetivo estratégico del sistema eléctrico español en el medio y largo plazo, por ello creemos que sería positivo incluir una referencia al respecto en el proyecto de Ley.

Pero la realidad es que así se ha defendido el peso de España en Bruselas: el mapa europeo con las megainfraestructuras energéticas, repleto de rayas (referencia a las interconexiones eléctricas) en países nórdicos y centroeuropeos, aparecía casi intacto en la Península Ibérica. Entre los 248 proyectos de interés común, España, como quinta potencia de la Unión Europea, solo cuenta con seis infraestructuras. Algunas de ellas con una importancia bastante limitada y otros ya prácticamente acabados. No es aceptable la falta de ambición demostrada por mucho que el ministro José Manuel Soria insista en las interconexiones en sus discursos.

P- Durante esta legislatura, desde el Grupo Parlamentario Socialista han insistido en la necesidad de una reforma del sector energético. ¿En qué consistía su propuesta?

Nuestras sugerencias al Gobierno, y quiero resaltar que las hicimos hace ya más de un año, se articulaban en varios puntos. Por citar algunos de ellos, un primer objetivo era producir una integración efectiva de los dos sectores, del gasístico y del eléctrico. En segundo lugar, hay que priorizar la interconexión eléctrica y gasística con Francia. También habría que dar más transparencia a la formación de precios y creemos que habría que desligar los costes de las medidas que tienen un beneficio energético y medioambiental, como el apoyo a las renovables, de los peajes propios de la estructura del sistema eléctrico.

Es necesario un rediseño del sistema de promoción de las renovables. España no puede renunciar a las renovables: son la base del sistema energético del siglo XXI, pero hay que discutir el sistema de remuneración de las mismas. También solicitábamos una revisión de la política nuclear y, en mi condición de diputado por las Islas Canarias, no me olvido de una reestructuración de los cálculos de los sistemas extrapeninsulares. En suma, desarrollar reformas en el mercado minorista y fundamentalmente, en la determinación de la Tarifa de Último Recurso. Y conseguir un reforzamiento de la seguridad jurídica, que hoy no existe.

En la segunda parte de la entrevista, José Segura valora el nuevo régimen retributivo para las energías renovables y el concepto de rentabilidad razonable . También expone lo que piensa el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados acerca de otras cuestiones recogidas en el proyecto de Ley como la regulación propuesta para el autoconsumo y la fijación de un peaje de respaldo.

Francisca Luengo Orol no olvidará 2013. Desde que fuera nombrada en el pasado enero como consejera de Empleo, Industria y Energía de las Islas Canarias ha tenido que lidiar con temas delicados que arrancan en un contexto de crisis económica que arroja elevadas tasas de desempleo y que culminan con una larga negociación con el Ministerio de Industria que dirige otro canario, José Manuel Soria, para modificar el proyecto de ley presentado para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Al otro lado del teléfono, Luengo atiende a nuestras preguntas.

Pregunta- ¿Cómo valoran el entendimiento que ha habido entre instituciones, en este caso entre el Ministerio de Industria y el gobierno autonómico de las Islas Canarias, después de que el proyecto de ley presentado por el Gobierno en abril para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares fuera bastante criticado desde Canarias?

El texto inicialmente presentado por el Gobierno ponía en riesgo el suministro eléctrico y además se arrebataban competencias al Gobierno de Canarias. Nos propusimos desde un principio revertir esta situación y hemos conseguido nuestros objetivos. Pedimos al Ministerio que se sentara a dialogar y después de un largo, riguroso e intenso proceso finalmente hemos logrado el entendimiento necesario para introducir las modificaciones oportunas al proyecto de ley presentado en un primer momento, recuperando las competencias perdidas y garantizando el suministro. Este acuerdo se ha trasladado posteriormente al proyecto de ley con las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y que respetan el acuerdo alcanzado.

P- Una de las modificaciones más relevantes que se ha producido a través de esas enmiendas es que los bombeos ya no se traspasan directamente a Red Eléctrica de España sino que se establece para Endesa un calendario de ejecución que debe cumplir si no quiere perder su titularidad. ¿A qué obedece este cambio?

El Gobierno de Canarias siempre defiende el interés general. Y el interés general en este momento, ahora y siempre me atrevería a decir, es que las renovables penetren en Canarias y desde 2009 hemos entendido que los bombeos son imprescindibles para este objetivo. La construcción de los bombeos está prevista para varias islas: Tenerife, La Gomera, La Palma, Gran Canaria y el Hierro. Estos dos últimos proyectos están más avanzados, especialmente en el Hierro, y ya contaban con su adjudicación a Endesa. Ahora lo que se pretende es que los bombeos lleguen a Canarias cuanto antes. Son nuestras dos prioridades: los bombeos y las interconexiones eléctricas entre islas son algo que queremos cuanto antes. Son imprescindibles para aminorar la debilidad de nuestros sistemas eléctricos.

P- Pero la titularidad ya estaba adjudicada a Endesa…

Que la titularidad de los bombeos la tenga una entidad u otra es indiferente. Lo importante es que los bombeos se hagan, y que se hagan cuanto antes precisamente para que se cumpla con el interés general de los canarios: la introducción de las renovables, la reducción de emisiones y la reducción de potencia convencional. Ése es el objetivo del Gobierno canario.

Mix energético de Canarias

P- El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció recientemente la retirada de la moratoria a las energías renovables para las Islas Canarias. ¿Cómo queda el panorama presente y futuro de estas energías en el archipiélago?

En Canarias la situación es diferente a la de la Península; tenemos una elevadísima dependencia de los combustibles fósiles, que elevan los costes de la generación eléctrica a cantidades que podemos calificar como muy importantes. Las renovables resultan más baratas: aportarán un ahorro importante al sistema al reducir el sobrecoste que actualmente se genera en Canarias al producir energía eléctrica con combustibles fósiles. Por consiguiente, se debería haber dado a Canarias un régimen específico, acorde a lo que demanda el sistema, y la moratoria dispuesta por el Gobierno para las renovables nunca debió producirse en Canarias. Su final ha sido una reivindicación constante del Gobierno autonómico.

P- Con la reforma energética se insiste ahora en el concepto de rentabilidad razonable. ¿Cómo cree que puede afectar a las Islas Canarias?

A las energías renovables en Canarias se les tiene que proporcionar una tarifa acorde para que los proyectos y las inversiones tengan garantizada una rentabilidad suficiente que haga efectiva su instalación en Canarias y además pueda crearse empleo. En este momento estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio en este sentido ya que el precio de la tarifa está por determinar aún.

P- La llegada del gas a las Islas Canarias se ha venido retrasando desde hace ya muchos años. Desde el Gobierno de Canarias, ¿puede explicarnos cuál es la situación actual?

A día de hoy hay distintas velocidades. En el PECAN (Plan Energético de Canarias) aprobado en 2006, se prevé la llegada del gas en Canarias para dos emplazamientos, uno en la isla de Tenerife y otro en Gran Canaria. En Tenerife está el proyecto más adelantado; el emplazamiento está elegido (Granadilla de Abona) y se dan los requisitos necesarios para ubicar la regasificadora. Ahora, según lo previsto en el proyecto de ley presentado por el Gobierno para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, los activos de Gascan (constituida por Enagás, Endesa y el gobierno autonómico a través de la empresa pública participada Sodecan) se van a traspasar en su totalidad a Enagás, por lo que actualmente estamos en una situación de transitoriedad a la espera de que el proyecto de ley que se está tramitando se apruebe y entre por fin en vigor.

P- ¿En qué situación se encuentra el proyecto de Gran Canaria?

La situación es distinta. El problema es la ubicación de la planta regasificadora. Esta decisión le corresponde al Cabildo Insular de Gran Canaria, que se comprometió durante esta legislatura a iniciar, tramitar e impulsar el plan territorial especial de hidrocarburos pertinente pero ésta es una promesa que no ha culminado aún, con lo cual seguimos desconociendo la ubicación de la regasificadora de Gran Canaria.

P- Diversas informaciones que se han publicado en Canarias durante el pasado junio apuntaban al emplazamiento de la regasificadora de Gran Canaria en el Puerto de Arinaga. ¿Saben algo desde el gobierno autonómico?

La situación en Gran Canaria es la que le acabo de describir. Insisto en que el Cabildo Insular todavía no ha fijado la ubicación de la regasificadora y es quien debe hacerlo.

Prospecciones petrolíferas de Repsol

P- No queremos perder la oportunidad de preguntarle cuál es la situación actual de la polémica provocada por la autorización dada por el Gobierno a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura.

El Real Decreto 547/2012, que es el que concede esa autorización a Repsol, fue impugnado por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo de Fuerteventura y por el Cabildo de Lanzarote y está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo. Los últimos datos de los que dispongo es que un peritaje realizado por Alejandro Aguilar, catedrático de Biología Marina de la Universidad de Barcelona, revela que los requisitos medioambientales que debe cumplir Repsol dejan mucho que desear en la medida en que lo que ha incorporado es un protocolo de buenas prácticas pero no un auténtico estudio de evaluación de impacto medioambiental.

P- ¿Qué postura adopta el ejecutivo autonómico ante esas prospecciones?

Somos muy claros y rotundos: consideramos que la adjudicación a Repsol solamente va a beneficiar a esta empresa. Los canarios no vamos a recibir ningún tipo de beneficio; más bien al contrario, serán perjuicios al poner en peligro toda nuestra riqueza medioambiental a cambio de nada. El beneficio sólo va a ser para una empresa privada y, en este sentido, el Gobierno de Canarias dice un “no” rotundo y unánime a las prospecciones.

Luis Polo ha desarrollado su carrera profesional vinculado al sector energético, donde lleva trabajando dieciocho años en sus diferentes facetas, que van desde la electricidad, las renovables, el gas y la cogeneración. Comenzó trabajando en Butano SA, filial de Repsol Gas, y posteriormente entró en la británica BP, donde dirigió grandes cuentas del Sur de Europa en la filial de energías renovables BP Solar, para luego dar el salto a la «joint venture» hispano-británica Hera EnerG en calidad de «country manager» para España. Desde hace seis meses dirige la asociación empresarial encargada de defender los intereses de la energía eólica.

ENERGÍA DIARIO: Ciñéndonos a la actualidad más reciente, querríamos tratar la decisión de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de su recurso contra la orden de peajes de 2013 y el Real Decreto Ley 2/2013. ¿Cuál es la posición jurídica de la Asociación y los pronunciamientos de la Administración de Justicia en estas cuestiones?

LUIS POLO: El Tribunal Supremo se ha limitado, de momento, a admitir a trámite el recurso. En cuanto a la posición de AEE, consideramos que la forma en que se ha aprobado dicho Real Decreto-Ley, así como su contenido, vulneran el Derecho Comunitario y la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la Orden, se pongan en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno.

E.D.: ¿Y en términos de los principios de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y confianza legítima?

L.P.: Cambiar las reglas del juego a mitad del partido es un caso claro de mala praxis, ya que las empresas hicieron sus inversiones contando con amortizarlas a 20 años en unas determinadas condiciones, que ahora ya no existen. De ahí que se vulneren todos los principios a los que hace mención.

E.D.: ¿Qué efectos tiene para la energía eólica en lo que supone en su integración en el mercado y en el suministro eléctrico?

L.P.: La regulación anterior, tanto aprobada por gobiernos del PP como del PSOE, iba en la línea de que poco a poco la eólica fuese participando más y más en el mercado, lo que contribuiría a una mayor eficiencia. La eliminación de la opción de percibir una prima más el precio de mercado va en contra de estos principios y hace que la eólica no tenga visibilidad de precio.

E.D.: ¿Qué cuestiones colaterales, pero de gran importancia, como la gestión que efectúa el operador de sistema de las distintas tecnologías y la desconexión de los parques, afectan a la energía eólica? ¿Se puede cifrar sus efectos y trazar las tendencias en precio y generación en las actuales condiciones de oferta y demanda?

L.P.: Las limitaciones a la producción preocupan considerablemente al sector, ya que ha visto mermados sus ingresos por estos recortes en 85 millones de euros en los primeros cuatro meses del año. Por ello, AEE solicita a las autoridades que analicen los procesos por los que la eólica es la tecnología más afectada por estos recortes, con el fin de buscar una solución satisfactoria.

La generación de electricidad mediante energía eólica es la tecnología renovable que, en la actualidad, obtiene menos primas por unidad de generación dada su maduración, estando muy próxima al mercado.

E.D.: ¿Qué valoración puede hacer de las medidas que esta Administración ha realizado para resolver el déficit tarifario y su efecto sobre la generación mediante energía eólica?

L.P.: En AEE nos preocupa el trato que se está dando a una tecnología como la eólica, que no es culpable del déficit de tarifa, ha cumplido los objetivos fijados por el regulador, es la más barata de las tecnologías del Régimen Especial, ha creado una industria propia y hasta 40.000 empleos, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y reduce el déficit de la balanza comercial al evitar importaciones de combustibles fósiles por más de mil millones de euros anuales, baja el precio del pool… ¿Cómo es posible que a un sector modélico se lo lleve al borde del abismo para resolver un problema que no ha creado? Estas medidas se han tomado de forma precipitada, sin escuchar al sector y los números no salen. La consecuencia es que el sector está al límite.

E.D.: ¿Cómo puede valorar el diálogo del actual equipo energético del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el sector durante este proceso?

L.P.: Hasta que llegó este Gobierno al poder, todas las medidas relacionadas con el sector habían sido negociadas. Pero ahora las tornas han cambiado y las medidas se nos imponen. Se han anticipado, posibles nuevas medidas con el propósito de reducir el desfase entre ingresos y costes del suministro eléctrico. Entre ellas, se ha enunciado la posibilidad de que las tecnologías renovables sufraguen los pagos por capacidad (denominada en el pasado, garantía de potencia como mecanismo de ajuste del sistema).

E.D.: ¿Qué hay de concreto y de cierto en esta noticia?

L.P.: A nosotros no nos consta que sea más que un rumor muy extendido, ya que nadie nos lo ha comunicado oficialmente, pero no por ello nos preocupa menos.

E.D.: ¿Cuál es la posición de la AEE ante esta eventual posibilidad?

L.P.: Nos oponemos frontalmente. Esta posibilidad no tiene justificación alguna ni desde el punto de vista legal, ni técnico, ni económico, y además sería discriminatoria. Asimismo, vulneraría el Derecho Comunitario, la política europea de fomento a las renovables y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Entre otras cosas, porque las tecnologías de respaldo existen por necesidades de la demanda, no por causa de la eólica.

E.D.: ¿Qué efecto tiene sobre esta tecnología?

L.P.: Sería otro recorte más en los ingresos y debe entender que la eólica ya no puede soportar más recortes. Por otra parte, otras de las medidas que se han anunciado como posible, es la opción de ampliar el período de primas a determinadas tecnologías, a cambio de la reducción de las mismas en términos corrientes, aunque nosotros no tenemos constancia oficial.

E.D.: ¿Cuál es la posición de la AEE ante ello?

L.P.: Nosotros creemos que tanto las medidas de La Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética como del Real Decreto-Ley 2/2013 deberían ser temporales y ligadas a la recuperación de la demanda (que se espera para 2015). Pero que el impacto en los ingresos de estas medidas -que están llevando a muchas empresas a cerrar fábricas, destruir empleo y buscar refinanciación- mientras estén en vigor debería ser compensado, por ejemplo alargando la vida de las primas eólicas más allá de los veinte años actuales.

E.D.: ¿Y respecto a la habilitación a cambio de una hipotética negociación para la repotenciación de los parques?

L.P.: La eólica siempre ha defendido la necesidad de unas mejores condiciones para la repotenciación, pero ahora lo que está en juego va mucho más allá de eso: sobre lo que hay que negociar es sobre los asuntos que afectan a la supervivencia del sector, como los mencionados anteriormente.

E.D.: Cambiando de asunto, y de cara a la Convención Eólica que celebrarán los próximos 12 y 13 de junio, ¿Cómo se incardina la generación eléctrica mediante esta tecnología en el suministro eléctrico español?

L.P.: La eólica es ya una realidad muy importante para España, como lo demuestra que durante seis meses consecutivos ha sido la primera tecnología del sistema eléctrico español. Durante esos seis meses, ha generado electricidad suficiente para abastecer al cien por cien de los hogares españoles.

E.D.: ¿Cuáles son los principales problemas del sector eólico español, tanto en términos de industria de equipos como de los productores?

L.P.: Nuestro principal problema a día de hoy son las medidas regulatorias tomadas por el Gobierno: los números no salen y el sector se enfrenta a un constante cierre de fábricas y destrucción de empleo, como se ve en la prensa todos los días. La situación es insostenible, porque se está desmantelando un sector que lo único de lo que es culpable es de haber acatado las reglas y haber hecho bien las cosas, siguiendo las instrucciones del regulador.

E.D.: ¿Y las mayores oportunidades?

L.P.: A día de hoy, las empresas se concentran en la internacionalización, ante la práctica desaparición del mercado doméstico. La oportunidad es del Gobierno, que está ante una ocasión histórica de decidir si liderará la revolución industrial renovable de la que hablan Alemania, Francia, Estados Unidos y otros países de nuestro entorno.

E.D.: ¿Cuál es el mensaje sobre el que gravitará la próxima Convención Eólica?

L.P.: Hay que salvar a la eólica. Y hay que hacerlo ya. Mañana será demasiado tarde.

FOTO: JAVIER CARBAJAL

“Siempre me he ganado la vida con una tiza en la mano”. Con esta frase acompaña José Segura, diputado socialista por Tenerife, una de las múltiples explicaciones que ofrece a lo largo de la entrevista sobre lo que él califica como “temas excesivamente técnicos, que escapan a menudo del debate público por su dificultad”. Después de una primera parte introductoria, Segura analiza artículo por artículo el proyecto de ley.

Este catedrático de Termodinámica y profesor en la Universidad de La Laguna (Tenerife) también reconoce aspectos positivos en el proyecto de ley e interpela a José Manuel Soria a corregir algunos errores aceptando varias de las enmiendas parciales que el Grupo Socialista va a presentar. Sobre el ministro de Industria no tiene dudas: “la próxima aspiración de Soria será presentarse a la presidencia del Gobierno autonómico de Canarias”, un elemento de especial trascendencia en los objetivos políticos que persigue este proyecto de ley.

Pregunta-¿Qué opinión tiene de que con este proyecto de ley se obligue al cierre de las instalaciones con 25 años de antigüedad?

Permítame una comparación con el sector aeronáutico. Hay Jumbos que llevan 40 años volando. Usted me puede preguntar si me subiría a uno de estos aviones. Mi respuesta sería que “depende”. Si el Jumbo ha pasado por la llamada “gran parada”, en la que es vaciado por completo y le ponen todos los motores y el cableado nuevo, pues le diría que sí, el avión sale prácticamente nuevo. Así que si esas instalaciones tienen el mantenimiento adecuado y superan los test tecnológicos de control, por supuesto que podrían seguir más allá de 25 años.

P-¿Cuál es la pretensión de esta medida? Porque, en realidad, no sirve para ahorrar, a efectos del déficit tarifario como teóricamente se plantea, sino precisamente para todo lo contrario…

No sé con exactitud la finalidad de la misma, pero no deja de ser contradictorio en relación a la política que sostiene el Gobierno respecto a alargar el período de vida de las centrales nucleares.

P-¿Cómo valoran el hecho de que la titularidad de las instalaciones de bombeo pase a Red Eléctrica de España (REE)?

Es uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto de ley. En la isla de Gran Canaria se lleva años trabajando en el proyecto de los embalses Chira-Soria para construir una central hidroeléctrica de bombeo. Cuando se culminó la tramitación y se sacó a licitación pública abierta este proyecto, REE no quiso concursar. De hecho, en ese momento, solamente concursó Endesa y se le adjudicó por las propias autoridades de las Islas; fue un proceso de adjudicación público, abierto y transparente.

Ahora se pretende que la titularidad de estas instalaciones corresponda exclusivamente al operador del sistema (REE). Se da, por tanto, la paradoja de que se quiere otorgar la titularidad a REE cuando en su día no quiso concursar; mientras tanto, el único concursante que se presentó y que ganó lícitamente la titularidad, ha de desprenderse de esos activos: se los va a quitar por ley. Es una expropiación obligatoria muy discutible. Yo me pregunto: ¿qué necesidad hay de llegar a esta situación cuando, además, hay informes jurídicos que estiman que se violentan la normativa y directivas comunitarias? Previsiblemente, si no se cambia el proyecto de ley, Endesa recurrirá a los tribunales y habrá un conflicto y una litigiosidad innecesaria, con efectos sobre el sistema eléctrico canario.

P-Desde la presidencia y cúpula directiva actual y anterior de Red Eléctrica de España se apuesta decididamente por esta medida contenida en el proyecto de ley. ¿Qué visión tiene de estas posiciones?

Según las informaciones de que disponemos, el Gobierno le ha sugerido a REE que deje de invertir fuera de España. En ese contexto lógicamente REE querrá, alternativamente, invertir en España. Por otra parte, tengo la sensación de que REE ha tenido siempre la aspiración de hacerse con el bombeo en las centrales hidráulicas, en la Península y donde fuese. Por tanto es razonable que aspire a gestionar el bombeo hidráulico y, probablemente, éste será el primer paso para, a su vez, hacerlo con posterioridad en la Península.

Plantas de regasificación

P-También se establece que la titularidad de las centrales regasificadoras pase a Enagás, el operador del sistema gasista. ¿Qué les parece esta decisión?

A mi juicio, es muy importante la llegada del gas a Canarias. Por eso considero muy positiva esta decisión que ya venía dada por las circunstancias. Hay que recordar que Enagás ya formaba parte con un 40% de la empresa pública Gascan, que es la actual titular. Me parece bien que ahora se refuerce su papel y quede en sus manos la construcción de las dos plantas de regasificación, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, para la distribución del gas a sus principales clientes: las centrales mixtas de ciclo combinado. Espero que se logre acelerar este proceso para mejorar el sistema energético en Canarias.

P-¿Considera que el retraso de la llegada del gas a Canarias ha influido en que el coste de la generación haya sido mayor que el que pudiera ser utilizando el gas?

Por supuesto, el coste de generación en las Islas ha sido mayor pero también quiero destacar los costes medioambientales. Por razones geográficas, Canarias ha estado alejada del Plan Nacional del Gas: las centrales mixtas de ciclo combinado tanto de Tenerife como de Gran Canaria, que producen energía eléctrica, tienen redactados sus proyectos constructivos para funcionar desde un principio con gasoil o fueloil y gas, de forma mixta. De hecho, llevan muchos años funcionando sin utilizar gas, y lo cierto es que, además de crecer el coste de generación en las islas por este motivo, las propias instalaciones se están deteriorando por no utilizar el gas.

P- Ya que nos ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Socialista. ¿Qué líneas generales quieren abordar?

Presentaremos una enmienda a la totalidad que somos conscientes de que será rechazada por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento. Pero, somos demócratas y también haremos enmiendas parciales. Todo será en positivo, para construir, para sumar, para racionalizar; no para destruir ni para restar. Estamos en fase de elaboración, la mayoría se referirán a Canarias. Por ejemplo, me resulta inconcebible que en ningún artículo del proyecto de ley se mencione a las energías renovables como la eólica, la fotovoltaica, la biomasa; no se habla de eficiencia energética, del autoconsumo por balance neto, que es otro de nuestros planteamientos. Por ese camino irán nuestras enmiendas.

P-No queremos perder la oportunidad de preguntarle su opinión sobre la polémica de la autorización dada por el Gobierno a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué opina?

La verdad es que no tengo ningún criterio en el sentido de que no he accedido a ningún documento. Pero yo tengo mis dudas de que la lámina de agua en la que el Ministerio ha autorizado a hacer prospecciones sea una lámina de agua de titularidad del Estado español. El convenio de Montego Bay (1982) estableció que para un archipiélago de Estado no se puede definir zona económica exclusiva. Como no se ha negociado nunca con Marruecos la delimitación de las aguas, teóricamente hay una mediana que separa ambas titularidades, pero esta línea no está del todo definida. Por tanto, yo no tengo muy claro si los puntos donde se ha autorizado a Repsol a hacer prospecciones son de España o de Marruecos.

Con independencia de esta cuestión, el Gobierno autonómico de Canarias y el PSOE de Canarias han tomado la decisión de oponerse a esas autorizaciones. Yo, como militante que soy del PSOE, acepto y secundo esa posición.

Ministro Soria

P-¿Considera que puede beneficiar a Canarias que el ministro de Industria sea canario o precisamente le preocupa que pueda utilizar esta ley para sus aspiraciones políticas?

Por la singularidad de Canarias, yo creo que siempre beneficia que en el Consejo de Ministros se siente un canario. Desde luego, esta ley para él es relevante. Ahora, yo no tengo la más mínima duda de que José Manuel Soria aspirará a ser el candidato a la presidencia del gobierno autonómico de Canarias por el Partido Popular en el próximo proceso electoral. Esa es mi intuición, es razonable. Lógicamente es la persona aparentemente con más pegada del PP en Canarias.

P-Como ciudadano canario, ¿qué le diría al ministro?

Este proyecto de ley tiene aspectos positivos, como que se refuerce el papel y la responsabilidad de Enagás en las plantas de regasificación y se acelere la llegada del gas a Canarias. Yo sólo espero que aquellos fallos que encontramos en este proyecto de ley puedan ser subsanados y nos acepten algunas enmiendas positivas que nosotros plantearemos. Hay quien quiere dibujar un combate entre REE y Endesa. Pensamos que el problema de este proyecto de ley no es ése. Y, en todo caso, ahí no nos metemos: sólo queremos que se cumpla una ley. Ahora, es algo sorprendente tratar de modificar por ley un proceso de adjudicación que ya terminó.