La CNC adopta esta decisión por posibles prácticas restrictivas de la competencia por parte de estas empresas y como consecuencia de los diversos informes en los que ya ha analizado esta cuestión.

En una nota, el organismo anuncia la incoación de dos expedientes sancionadores, uno contra el conjunto de las anteriores empresas por posibles conductas bilaterales anticompetitivas y otro contra Repsol, Cepsa y BP, por la coordinación en materia de precios entre ellas y las empresas independientes que operan en sus redes.

Competencia también desvela los nombres de las sociedades en las que ha realizado inspecciones en las últimas semanas. El 27 y 28 de mayo inspeccionó las sedes de Repsol, Disa, Meroil y la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), mientras que entre el 22 y el 24 de julio de 2013 realizó estas labores en las sedes de BP y Cepsa.

La CNC ya ha puesto de manifiesto en varios informes la falta de competencia en el sector de los combustibles de automoción en España, tras constatar incrementos significativos en el precio de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas más elevados que los registrados en países del entorno.

Además, el alineamiento en los precios de venta al público de los combustibles de automoción a través de las estaciones de servicio de las distintas compañías petroleras ha sido objeto de denuncias y consultas ante la CNC de forma recurrente. El propio organismo ha apreciado este alineamiento de precios en informes recientes.

A la vista de estos indicios, la Dirección de Investigación de la CNC inició en mayo una nueva información reservada, con el fin de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador.

Los dos expedientes abiertos parten de la observación de indicios racionales de conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), indica la CNC, antes de detallar el contenido de los mismos.

En el primero, las posibles conductas bilaterales anticompetitivas de Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp consistirían en la coordinación entre operadores de productos petrolíferos en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial sensible, en los mercados de distribución de combustible de automoción.

En el expediente contra Repsol, Cepsa y BP, las posibles conductas anticompetitivas consistirían en la coordinación en materia de precios entre cada uno de los citados operadores de productos petrolíferos y empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción.

Como en otras ocasiones, Competencia recuerda que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación. A partir de ahora, se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción de ambos expedientes y para su resolución por la CNC.

Repsol dice que ejercerá su derecho de defensa tras el expediente

Repsol «ejercerá su derecho de defensa» en respuesta a los expedientes sancionadores anunciados por la Comisión Nacional de la Energía (CNC) acerca de posibles prácticas restrictivas de la competencia.

Fuentes de la compañía indicaron que «Repsol rechaza de pleno que exista por su parte una conducta comercial restrictiva de la competencia».

Además, la compañía considera que sus prácticas «son ajustadas plenamente al derecho de la competencia», motivo por el que defenderá sus argumentos en contra de la decisión del organismo.

La petrolera BP y Cepsa, «convencidas» de que actúan bajo la legalidad

Fuentes de BP aseguran que están «convencidos» de que han actuado según la ley y «seguros de que está todo bien». BP España sostiene que ha colaborado «plenamente» con Competencia durante la inspección que sufrió en su sede los pasados 22 y 23 de julio y mostró «su absoluta disposición» para facilitar cualquier explicación «adicional que se le solicite por la con la finalidad de demostrar que ha actuado siempre conforme con la normativa sobre competencia».

Por su parte, Cepsa, que respeta la decisión aunque no la comparte, anunció que seguirá colaborando con la CNC en «lo que sea necesario».

El organismo, presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, que no detalló los nombres de las compañías, dijo que las inspecciones se realizaron los días 27 y 28 de mayo y recordó que constituyen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas.

Si bien, en el caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal del expediente, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

No obstante, indicó que este tipo de conductas anticompetitivas se consideran infracciones «muy graves», que podrían suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la multa.

La CNC señaló además que este sector ha sido «recurrentemente objeto» de interés por parte de la autoridad de competencia española, que vino realizando un «seguimiento constante del mismo», producto del cual se emitieron una serie de informes en los que el organismo puso de manifiesto «el problema de la falta de competencia, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes», en un contexto de niveles generales de precios minoristas (antes de impuestos) más elevados que los registrados en otros países del entorno.

Competencia también recordó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) se hizo eco en sus informes de supervisión del «alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción».

A este respecto, subrayó que el regulador energético hizo público el inicio de un expediente informativo con el objeto de determinar la causa del denominado «efecto lunes» (patrón común consistente en la bajada de precio entre el domingo y el lunes que se acompaña de una subida posterior a partir de martes no justificada por la evolución de las cotizaciones internacionales) e identificar qué operadores pudieran estar siendo responsables de estas actuaciones y comprobar si estas conductas se ajustan a la legalidad.

El incremento de precios de carburantes también llevó al Gobierno a aprobar una serie de medidas para intentar elevar la competencia en el sector de los hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista.

El organismo consideró que las «características estructurales del mercado español de carburantes facilitan situaciones restrictivas de la competencia no necesariamente derivadas de comportamientos de los operadores contrarios a la normativa».

Así lo apuntó Competencia en la respuesta que envió a Fenadismer para rechazar la solicitud que esta patronal de transporte de mercancías por carretera le realiza para que abra un expediente sancionador contra las petroleras por «presuntas prácticas colusorias restrictivas de la competencia».

En su respuesta, con fecha del 18 de octubre, el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós recordó que el sector de los carburantes fue objeto de análisis en numerosas ocasiones por parte de la CNC, «que ha publicado varias resoluciones e informes sectoriales, el último de ellos el pasado 15 de octubre».

«Las evidencias contenidas en los diferentes informes y en las fuentes consultadas permiten cuestionar la existencia de competencia efectiva suficiente en el mercado de carburantes en España», indicó la CNC en su contestación.

En este punto, Competencia consideró que cuando dicha situación deriva de comportamientos anticompetitivos, «la CNC dispone de facultades para sancionar dichas conductas.

«No obstante, tal como la CNC ha indicado en ocasiones anteriores, las características estructurales del mercado español de carburantes facilitan situaciones restrictivas de la competencia no necesariamente derivadas de comportamientos de los operadores contrarios a la normativa de competencia«, indicó el organismo que, para paliar esta situación propuso «soluciones de carácter regulatorio».

«A la vista de la información disponible hasta la fecha, no puede concluirse la existencia de prácticas colusorias por parte de los operadores que justifiquen la incoación de un expediente sancionador, tal como solicitan, sin perjuicio de que la aparición futura de nueva información pudiera suponer la iniciación de actuaciones al respecto», concluyó la CNC.

Los transportistas advierten de una situación límite

De su lado, Fenadismer estimó necesario que, ante «la actual falta de competencia real en el sector de los carburantes, se inicie un procedimiento sancionador contra las compañías petrolíferas con imposición de multas ejemplarizantes que las disuada de continuar en dichas prácticas y cuya cuantía tenga en cuenta su volumen de facturación anual».

La patronal de transportistas recordó que el sector del transporte por carreteras está considerado como el principal consumidor de carburante en España, con el 41% del total. Además, el gasto en combustible representa el 40% del coste de explotación total de estas empresas, desde el 30% que acaparaba recientemente. «Por ello, la variación en el precio tiene una especial repercusión en estas compañías«, recordó.

Asimismo, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) consideró que el progresivo incremento de los precios de los carburantes coloca al sector en una situación «límite» al no poder repercutir esta subida en el precio de los servicios por la debilidad de la demanda.

Astic demandó a las autoridades de control de la competencia que impulsen las modificaciones legales que corrijan el «defectuoso» funcionamiento del mercado del gasóleo.

Por ello, solicitaron al Ministerio de Fomento que establezca cláusulas de repercusión obligatorias, cuya aplicación no dependa de una negociación con los clientes de los transportistas, que consideran actualmente «totalmente desequilibrada».

De no corregirse este desequilibrio, la asociación advirtió de un progresivo cierre de empresas de transporte y alertó de las consecuencias negativas que esto tendrá en el número de desempleados y en la disminución de la recaudación de impuestos.

Además, señaló la dificultad añadida para el sector del comercio exterior español, uno de los que más contribuye a suavizar las caídas del PIB y que utiliza para su actividad en gran medida los servicios del transporte por carretera. Por último, subrayaron el desequilibrio que hay actualmente en las relaciones comerciales del sector del transporte por carretera.