El organismo, presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, que no detalló los nombres de las compañías, dijo que las inspecciones se realizaron los días 27 y 28 de mayo y recordó que constituyen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas.

Si bien, en el caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal del expediente, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

No obstante, indicó que este tipo de conductas anticompetitivas se consideran infracciones «muy graves», que podrían suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la multa.

La CNC señaló además que este sector ha sido «recurrentemente objeto» de interés por parte de la autoridad de competencia española, que vino realizando un «seguimiento constante del mismo», producto del cual se emitieron una serie de informes en los que el organismo puso de manifiesto «el problema de la falta de competencia, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes», en un contexto de niveles generales de precios minoristas (antes de impuestos) más elevados que los registrados en otros países del entorno.

Competencia también recordó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) se hizo eco en sus informes de supervisión del «alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción».

A este respecto, subrayó que el regulador energético hizo público el inicio de un expediente informativo con el objeto de determinar la causa del denominado «efecto lunes» (patrón común consistente en la bajada de precio entre el domingo y el lunes que se acompaña de una subida posterior a partir de martes no justificada por la evolución de las cotizaciones internacionales) e identificar qué operadores pudieran estar siendo responsables de estas actuaciones y comprobar si estas conductas se ajustan a la legalidad.

El incremento de precios de carburantes también llevó al Gobierno a aprobar una serie de medidas para intentar elevar la competencia en el sector de los hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista.