La congelación de las tarifas: ¿una razón de Estado?

Como se informa hoy en los medios de comunicación, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudia hoy la propuesta de congelación de tarifas eléctricas. El organismo que preside Maite Costa tiene que decidir contra sus propias opiniones anteriores: ya ha expresado la necesidad de subir las tarifas eléctricas y contra lo que ya podemos denominar ‘tradición’: el ‘Moncloa dixit’, con desmentidos sobre las subidas de tarifa, con un coste político para los Ministros promotores. El Ministerio de Industria, en previsión, ya se ha adelantado, no se sabe sí por propia iniciativa o por indicaciones de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y ni ha intentado mover los precios de la electricidad. Al menos, en esta revisión de octubre, nos hemos evitado esa sensación de descoordinación en el Gobierno tan desagradable.

Así, en este estado de cosas, duro papel el de los nueve consejeros de este organismo, que tienen que emitir su juicio, contra el lenguaje de retórica preelectoral que adorna la memoria remitida por el Ministerio de Industria: la ‘responsabilidad política’, como legitimador de que no se modifiquen las tarifas, y en paralelo, se retoquen y revisen cuestiones como la garantía de potencia.

En el fondo, ‘la responsabilidad política’, expresada así y en un entorno de precios energéticos como el actual, es un argumento de tintes semejantes el viejo argumento de la ‘razón de Estado’. Ese argumento, la ‘razón de Estado’, es el que se esgrime por los gobiernos, cuando buscan justificación a medidas proteccionistas o a comportamientos políticos o económicos poco ortodoxos. Supone volver a una retórica del ‘poder duro’ (como diría Joseph Nye) en sociedades abiertas, democráticas y liberales, para refrendar sin discusión decisiones a pies juntillas, a ocho meses de unas elecciones dejando la racionalidad a un lado. Por poner un ejemplo, ese fue el comportamiento (y la justificación) en 1973 de la dictadura del General Franco, ante la subida de precios del petróleo, en un escenario final de debilidad para eludir su inoportuno impacto.

Así, la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene por tanto que emitir un juicio sobre una cuestión cuyo pronunciamiento tiene escasa virtualidad, ya que parece completamente atado y bien atado. Su argumentación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista la política energética, desde la perspectiva de la liberalización del mercado y la competencia, desde el punto de vista de eficiencia y fomento del ahorro, desde la óptica de los criterios de la Comisión Europea o del incremento de los costes futuros de la energía, será difícil de justificar, se mire por donde se mire. Es una tarifa que amplía y perpetua el déficit tarifario, incluyendo el ex-ante, y eso que hemos tenido unas condiciones metereológicas envidiables. A ese dudoso hueco intermedio entre todas estas motivaciones racionales es a lo que la Memoria que justifica la Orden de no subida de tarifas denomina, ‘responsabilidad política’. Su peculiar visión de la ‘razón de Estado’ en esta materia, aunque incluya endulzar la realidad a los consumidores presentes y futuros con la consecuencia de que gasten más.

Sin entrar ideológicamente en la cuestión del intervencionismo o el proteccionismo en su caso, no se deben confundir intereses del partido (por tanto, electorales, propios, doctrinarios), con intereses del Estado. Por eso, de aquí, a la próxima revisión de tarifas podemos tener varios escenarios: primero, que las encuestas recorten distancias entre los dos partidos o, segundo, bien que se amplíen. El efecto en el precio de la luz para los consumidores puede ser muy diferente. Así que, si le llaman para hacerle una encuesta diga que votará al Partido Popular y luego haga lo que quiera. Le saldrá a cuenta.