Ya es hora de abolir el Consejo de la CNE

La Secretaria General de Energía y el Ministerio de Industria vienen oficiando desde que el tándem Clos-Nieto está al frente una dinámica de confrontación permanente con el Consejo de la CNE, que se basa en desdeñar las decisiones que no son del interés de sus titulares ministeriales. Este es el ejemplo claro de las decisiones sobre las OPAS de E.ON, la reforma de la regulación de las renovables, los derechos de voto de ACS en Iberdrola, las limitaciones al control de Endesa por parte de Enel en su condición de semipública o los posicionamientos del Consejo frente a sus propuestas de tarifas. Paradójicamente, es algo que hay ido en sentido contrario a la relación entre Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio de Industria, que se ha intensificado y cada día tiene más atribuciones regulatorias y de ordenación de la energía, de ahí su conversión en ‘transportista monopolista único’, y sus nuevos papeles en las cuestiones que regula Industria. De hecho, la reforma de la garantía de potencia incluía en el proyecto once referencias a las ‘nuevas potestades’ de REE, empresa ‘privada’ que ejerce de regulador ‘in pectore’.

En el caso de la Orden Ministerial de revisión de tarifas el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, fue especialmente duro con el pseudoargumento de la ‘responsabilidad electoral’ (queríamos decir política, ¡que lapsus, por Dios!) que esgrimían la Memoria de Orden Ministerial para justificar sus contradicciones. Al mismo tiempo, la Comisión le devolvió íntegramente la reforma de la garantía de potencia, debido a que consideraba que debía abordarse como una pieza regulatoria separada, debido a su importancia. Además, incluía, como indicábamos, once referencias a Red Eléctrica, que afortunadamente, como se recoge en la crónica de Carmen Monforte en Cinco Días, se han suavizado. Ha habido clemencia.

Fea costumbre esta de intentar cambiar la regulación de una cosa ‘a propósito de otra’ y querer que además el órgano de regulación se autoamordace, ante una práctica poco transparente y, en todo caso, nada recomendable. Que la revisión de tarifas del tercer trimestre incluya un cambio completo en la regulación de la garantía de potencia es equivalente a esa viciada costumbre de las famosas leyes de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (pero sin rango de ley, ‘of course’) y que el Presidente del Gobierno prometió eliminar. En el sector es público y notorio los desdenes de Ignasi Nieto al Consejo de la Comisión Nacional de Energía, para sumirlo en el mayor de los oprobios (en paralelo a entregarle funciones burocráticas, estadísticas y de control que encomendar a alguien). No sabemos que opina su mentora Maite Costa al respecto, pero evidentemente su pupilo está cavando una fosa dónde precipitar al Consejo al completo. Tampoco sabemos que opina el Presidente del Gobierno antel a política del MInisterio, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró este año que se iba a potenciar la independencia (no el ‘laboreo’) de los órganos reguladores.

En todo caso, no es hora de recordar el papel de los órganos supervisores y de regulación en una sociedad avanzada. Esa ortodoxia es de todos conocida y ya es inútil recordarla. Que acabe la pantomima, como reunir a un Consejo para decisiones que siempre se solventan por el principio de Autoridad administrativa, que acaben las estériles reuniones de los consejeros. Por eso, siendo prácticos, lo único que hace falta es que el Secretario General de Energía y el Ministerio de Industria, se decidan definitivamente a abolir la Comisión Nacional de Energía. A renacionalizar sus servicios técnicos y que se integren en la ‘estructura militar integrada’ del Ministerio. A traspasarle los papeles al operador de sistema y transporte unificado y sus virreyes. Y que lo hagan por Decreto Ley. Viva Red Eléctrica.