Como acabar de una vez por todas con el protocolo de Kioto en España

El escritor y director norteamericano Woody Allen escribió hace años una colección de deliciosos cuentos titulados ‘Como acabar de una vez por todas con la cultura’, (Cuentos sin plumas, Ed. Tustquets) en los que a través del humor trataba los mitos y referentes sociales, desde el psicoanálisis a la mafia. Algo parecido sucede (pero sin humor, evidentemente) con el tratamiento de la aplicación del Protocolo de Kioto en España, en manos de las autoridades del Ministerio de Industria y Medio Ambiente en España.

Es preciso recordar que uno de los instrumentos tendentes a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero que establece la Directiva Europea en los distintos países es la aprobación de los respectivos Planes Nacionales de Asignación, en los que se materializa (y pormenoriza los compromisos de cada país). Si se realiza bien, es un instrumento básico dónde se realiza política industrial y medioambiental (por su alcance), en la medida que se promueve la eficiencia energética y las transformaciones necesarias en una economía para que verdaderamente se produzca un esfuerzo en la reducción de gases de efecto invernadero.

En nuestro caso, el Plan presentado se basa en un criterio de asignación por emisiones históricas (en el fondo cuanto más contamina una central más subvención recibe en términos de derechos de emisión), de forma que España es el país en que la proporción entre derechos asignados a las centrales de carbón es el más alto de toda Europa con respecto a otras tecnologías menos emisoras como las centrales de ciclo combinado (gas).

Para ello, se incorporan en su definición mecanismos discriminatorios tanto en los mecanismos de cálculo de los factores de emisión (dando al carbón el valor máximo) como en la posibilidad de esta tecnología de utilización de los MDL (capacidad de utilización de Mecanismos de Desarrollo Limpio, alternativas de inversión en proyectos de reducción de emisiones) frente a los ciclos combinados. Es preciso tener en cuenta que la asignación de derechos funciona como una subvención, de forma que se constituye en un ingreso fijo para las instalaciones, de forma que no ‘internalizan o integran’ los costes de los derechos de emisión. Así, se da en este caso otra contradicción: nuestro país es el que más emisiones ha de reducir, pero discrimina (subvenciona) favorablemente a las tecnologías que más emisiones producen.

En suma, el plan de asignaciones elaborado por una Administración Pública de un gobierno ‘políticamente y públicamente comprometido con el medio ambiente, favorece en su conjunto a las tecnologías más emisoras de gases efecto invernadero y desbarata su coherencia con una supuesta política medioambiental. El obscurantismo en el conocimiento de estos mecanismos por parte de la sociedad y la falta de difusión social de esta situación opera favoreciendo esa contradicción entre discursos políticos y realidades que operan en los mercados y que ya enunciábamos ayer (que en definitiva condiciona la acción de los agentes). Tanto es así que la Comisión Europea detectó graves problemas como la posible consideración de ayudas de estado a las asignaciones gratuitas y la existencia de posibles tratos discriminatorios hacia el carbón incompatibles con el mercado único, así como el uso excesivo de los Mecanismos de Desarrollo Limpio.

En paralelo, y no satisfechos con esta política, se pone en marcha la ‘máquina de regular retribuciones empresariales en el sector eléctrico’ dentro del Ministerio de Industria y así, según el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2006, se plantea la detracción de los derechos de emisión del importe de la factura eléctrica, buscándose un mecanismo que homogeneiza el descuento, con independencia de los derechos que consuma –emita- cada instalación, incluso de los derechos de que disponga, porque previamente los haya asignado el Ministerio de Medio Ambiente. Primero se reparten para que puedan emitir y luego se cobran ‘a pachas’ para que no salga excesivamente costoso al que se le ha dado, que lo tenga que pagar.

Consecuencia de esta normativa y de la forma alambicada de articulación de la misma entre los Ministerios de Industria y Medio Ambiente: que la mejor manera de acabar con algo es desnaturalizarlo, desposeerlo de su sentido, eliminar su intencionalidad teórica sobre lo que debe ser la política medioambiental y de eficiencia energética. Todo el andamiaje y arquitectura regulatoria que se debería orientar a promover la reducción de emisiones (en un sector en que hay tecnologías sustitutivas, no nos olvidemos), se transforma en una maquinaria para evitar que se reforme, que se modifiquen y que entren en funcionamiento las inversiones y transformaciones necesarias en el sector de la generación hacia tecnologías más limpias.

Si cualquiera que conoce los mecanismos de regulación medioambiental en el ámbito de la hacienda pública, coincide en el principio de que ‘el que contamina paga’, aquí, hemos llegado al ‘más difícil todavía’: El que contamina cobra y es subvencionado por los no contaminantes.

El que contamina, cobra y de los demás. Como ven, de Woody Allen.

Ecologistas pero menos

El Gobierno prepara el Consejo de Ministros dedicado al cambio climático, con la sorpresa de un ‘chapapote’ en Ibiza, lo que nos ha devuelto a perfil más público de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Mujer capaz de abordar la crisis de la Federación Socialista Madrileña a la vez que sigue los incendios en helicóptero. Todo ello en el marco de un modelo de acción gubernamental de este ejecutivo basada en las sorpresas (dicen que hasta las elecciones el gobierno prepara cuatro o cinco más noticias para su electorado) y un cierto ‘entertainment’ mediático alrededor de todo lo que toca. Hay que reconocer que la visión pública y mediática del medio ambiente es un arma de doble filo, incluso para sus grupos de opinión interesados: por un lado, sirve para promover los conciertos de Live Earth, las iniciativas de Al Gore para concienciar mundialmente en materia de cambio climático, pero también sirve para hacer una utilización desaprensiva e interesada de la comunicación y de la acción política a su paso, dentro de los factores que conforman la opinión pública.

Así, en este Consejo de Ministros, según las fuentes consultadas, seguramente se aprobarán distintas iniciativas y programas de medio y largo plazo en este sentido, junto a decenas (más de 70) medidas urgentes en materia de cambio climático (¿Cómo pueden ser urgentes 70 medidas? ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy?).

Será por ello, por lo que la enorme política medio ambiental de este gobierno se lleva en pareja una foto del Presidente del Gobierno en Europa y un revolcón en lo que se refiere a la actuación en el ámbito energético y de asignaciones en materia de CO2. El tono populista que adquiere un gobierno, que estima que su acción se debe presidir por el ‘espíritu de Vista Alegre’, se ve acrecentado por la enorme repercusión mediática en la que se envuelve todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Excipiente idóneo para políticas de comunicación en la que todos los gatos son pardos.

Ese es también la cuestión de fondo que hace presentar la reducción de las emisiones del año pasado, producida gracias a las condiciones climatológicas (que tanto han influido en eso y en que se reduzca el déficit tarifario, sin que hayan existido reformas en este sentido dignas de mención). Por tanto, para el año que viene, será necesario volver a incorporar las rogativas al catálogo de acción política.

Porque cuando se trata de analizar las acciones en materia de política energética, nos encontramos ante dos escenarios bien diferenciados. Por uno, el dirigido al colectivo ecologista, urbanita, naif, antinuclear y confiado, basado en promesas de futuro que se ciñen al territorio de la investigación a muy largo plazo: la captura del carbono, el desarrollo de las pilas de hidrógeno, avances tecnológicos y cosas de ese estilo. A cambio de ello, no se aborda la cuestión nuclear en serio, teniendo en cuenta el ‘aquí y ahora’ de nuestra situación en materia de generación energética, huyendo de un debate que se torna ‘ideologizado’ a la hora de enfocar las acciones que deben presidir el nuevo ciclo inversor en materia de generación y que debe resolverse con brevedad.

Por otro lado, el segundo escenario es la articulación de mecanismos regulatorios en torno a la energía contradictorios con las declaraciones políticas: un plan nacional de asignaciones (fuertemente criticado por la Unión Europea y por expertos internacionales) que otorga más derechos a las energías más contaminantes, la detracción de los derechos de emisión ‘a pachas’ para evitar efectos sobre las centrales que emiten más contaminación a la atmósfera o los esfuerzos voluntaristas en materia de eficiencia energética, sin afectar a la tarifa eléctrica para no molestar a nadie.

Por no hablar del comportamiento errático y voluble en materia de energías renovables. Por un lado, la puesta en almoneda cada cuatro años de la retribución de las energías renovables en el R.D. 661/2007 (en el que al final parece que se han salvado los muebles en parte, pero que sigue sometido a la buena voluntad del gobernante de turno) y el importante conjunto de proyectos pendientes de revisión medioambiental, trámite que dilata en exceso la puesta en funcionamiento de estas instalaciones.

Es ahí, en todas estas cuestiones, dónde se hace política y gestión medioambiental y, lamentablemente, dónde también se ahogan las buenas intenciones políticas. Se trata, probablemente, de confundir el gobierno con las encuestas, la necesidad de gestión con la opinión pública y la democracia con la popularidad. Por ello, durante esta semana trataremos en Energía Diario, estas iniciativas en profundidad, incluida la orden ministerial para la detracción de derechos de emisión, para procurar hacer la prueba del nueve en torno a su ‘congruencia’ con las políticas y la buena voluntad medioambiental.

OPA a Endesa: Ya nada volverá a ser como antes

La resolución por parte de la Comisión Nacional de Energía de la función 14 referida a la OPA que realizan Enel y Acciona sobre Endesa, ha coincidido en un momento muy particular desde el punto de vista mediático: un debate sobre el Estado de la Nación con resultados euforizantes para uno de los partidos políticos y deprimentes para el otro, una renovación del Ejecutivo con cuatro nuevos ministros, la polémica asociada por el cambio de las tarifas eléctricas mediante un golpe de efecto dictado desde Presidencia del Gobierno, la notable y progresiva reducción del ‘pistón’ informativo en torno a Endesa y, si queremos culpabilizar más al entorno más ajeno, este principio del verano y el comienzo de las jornadas continuadas, lo que reduce el tiempo de lectura de los confidenciales en las oficinas.

Nada que ver el instante actual con esos momentos informativos en los que cada decisión era una fuente de polémica y de cruces dialécticos y políticos, olvidados ya las intuiciones del Ministro de Industria y la idea de ‘final feliz’ que prometía el propio Presidente del Gobierno en torno a la lucha por el control corporativo de Endesa. Lo que es evidente que la primera OPA, la de Gas Natural, de la que ya van a hacer, casi dos septiembres, siginificó poner a Endesa en la vitrina, y hoy podemos decir que están a punto de cumplirse sus designios. Tampoco, tiene que ver, con las actuaciones temerarias y precipitadas del Gobierno modificando los cometidos de la Comisión Nacional de Energía, como ‘acción preventiva’ a la posición expresada por posibles adquirentes que anuncian su intención, como fue en su momento, el caso de E.ON.

A todo ello, a esta calma, también ha contribuido que, mientras que el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, debatía su posicionamiento sobre esta función 14, habían comenzado a articularse ya los procedimientos para la entrega de documentación entre los actuales gestores de la compañía y los futuros adquirentes de la misma, estableciendo además un procedimiento de salvaguarda de los mismos, que garantiza la mayor normalidad en este paso. El hecho de que, en el fondo la presencia de los nuevos propietarios en el accionariado de la eléctrica, ya fuese del 50%, introducía otra cuña a que este proceso se desarrollara con la mayor normalidad posible.

Con todos estos antecedentes, la aparición de esta resolución del órgano regulador, probablemente mucho más compleja desde el punto de vista empresarial que la decisión de E.ON (dado que es la primera vez que la realizan dos empresas ‘a pachas’ y que una de ellas tiene un control de facto por parte de un Gobierno exterior), ha tenido un eco tan controlado en los medios de comunicación y desaparecerá en breve de los argumentos informativos, dejando que empiecen a suceder cosas tanto alrededor de sus accionistas como dentro de la empresa.

Una cosa que se puede advertir, en primer lugar, es que la resolución que ha elaborado este organismo refleja esta cierta mayor tranquilidad en torno al mismo, una ausencia de presión mediática que permite una mayor objetividad a la hora de analizar todas las implicaciones y circunstancias alrededor del caso. Así, de una lectura reposada la elaboración de su informe destaca por su claridad, de forma que se exponen casi con estilete, todos los elementos que conforman la operación y los riesgos que se derivan de ella: desde los acuerdos societarios entre Enel y Acciona (y sus posibles consecuencias: la separación), los riesgos financieros de la misma y para las actividades que realiza Endesa (y que afectan a la seguridad de suministro y a las actividades reguladas) y las que se derivan del gobierno corporativo de Enel, con la posición de control del gobierno italiano sobre Endesa.

Menos convincente son las condiciones que se encierran en el mismo que deberían ser más taxativas con la situación de control del gobierno italiano sobre Enel y con los requerimientos al Gobierno español para que exija directamente y a través de la Unión Europea que se corrija esta asimetría en el comportamiento de las respectivas Administraciones Públicas, sobre todo en lo referido al control público de Enel y en la aplicación de las sentencias el Tribunal de Justicia europeo. En todo caso, las condiciones evidencian una situación de cierta impotencia ante las asimetrías de regulación internacional y, sobre todo, cuando estas asimetrías se hacen coincidir con las afinidades electivas de los distintos gobiernos. De hecho, las condiciones fijadas finalmente, ya han sido criticadas por el consejero José Sierra en su voto particular y por varios medios de comunicación.

En Energía Diario, analizaremos en tres próximos artículos las consecuencias para la actual primer empresa energética y eléctrica española de esta operación, según lo que se desprende de este informe: Crónica de un reparto anunciado, Simpatía por el riesgo y ‘Golden share piú’.

Sin hablar de los cambios en los mercados españoles y en las relaciones corporativas en el sector de la energía. Evidentemente, ya nada volverá a ser como antes. Y Endesa, seguramente tampoco.

Cómo acabar la legislatura con este equipo energético

El Presidente del Gobierno hizo pública el pasado viernes su primera crisis «oficial» de gobierno. Anteriormente se habían producido cambios en la composición del Ejecutivo, pero con motivaciones muy diferentes: la salida de Bono del Gobierno y el envío de ex ministros a cometidos a la contienda electoral en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas (con desigual fortuna, si atendemos al resultado de Montilla y al de López Aguilar, como se ha podido ver). El que en esta crisis no se haya visto afectado directamente el Ministerio de Industria no quiere decir que no haya que trazar lecturas políticas de este acontecimiento.

Entre esos cambios, se produce la sustitución en el Ministerio de Industria de Montilla por Clos, que en el ámbito de la energía se vio acompañada por la dimisión de Antonio Fernández-Segura, como Secretario General de Energía, y su sustitución por Ignasi Nieto Magaldi al frente de esta área. Los dos catalanes, tanto el ex alcalde de Barcelona como Nieto, nacido en Girona. Y ésa es la primera lectura paralela que podemos hacer de esta crisis de gobierno a propósito del nombramiento de Carme Chacón como Ministra de Vivienda. Parece que a Joan Clos le sale una competidora por liderar la lista del PSC por Barcelona en las próximas elecciones generales. Competidora que cumple con el perfil decidido por parte del Presidente para abordar el tramo final de la legislatura: joven, con tirón y dedicada a cuestiones de indudable ‘vis’ social, en este caso la vivienda.

Por otra parte, los primeros nuevos meses de Clos y Nieto no han sido, en ningún caso, pacíficos, al menos en el ámbito de la energía. Desde sus ‘intuiciones’ al hilo de la resolución ‘feliz’ de la OPA de Endesa, el papel jugado por el Ministerio de Industria durante la OPA, al conflicto abierto en el ámbito de las energías renovables y las eólicas, los grandes temas abiertos con la Unión Europea al hilo de la energía y de los comportamientos regulatorios (pleitos judiciales incluidos), la controvertida traslación de la Directiva Europea en la reforma del Sector Eléctrico, el proceso de revisión de las tarifas, la acumulación de déficit tarifario, la remodelación de las funciones de la CNE para otorgar más poder y autonomía presidencial en este organismo, las constantes denuncias sobre incertidumbre y riesgo regulatorio, el tratamiento de los derechos de emisión por parte de la empresas eléctricas, etc…

Y luego, varios temas en el fondo del armario: la energía nuclear, el escaso avance en la resolución de los problemas de las redes eléctricas, la relaciones internacionales en este ámbito: Argelia con Sonatrach, Rusia y los intereses españoles en los gaseoductos del Caspio e Italia, con la OPA de Enel.

Sobre todo (y sin acudir a los lugares comunes, intervenciones pintorescas y meteduras de pata, más o menos desafortunadas y por todos conocidas), una ausencia de modelo de política energética y un escaso perfil gestor, con tendencia a abrir varios ‘melones’ a la vez. Tonos diametralmente opuestos entre el Ministro de Industria y su Secretario General de Energía: por un lado, un tono amable, generalista, gentil, casi ‘afrancesado’, indolente; frente a un tono mucho más duro (sin «seny»), poco flexible y escasamente diplomático (salvo que las indicaciones provengan de Moncloa, por supuesto). Bajo perfil político, bajo perfil gestor, una actuación gregaria con una peligrosa usurpación y condicionamiento de las funciones regulatorias desde los titulares de las redes eléctricas, como vienen denunciando expertos y empresas distribuidoras.

Y, además, un conjunto de temas abiertos y no resueltos, difíciles y acumulados para el final de la legislatura: un mal momento para abordarlos. La resolución reciente de la revisión de tarifas desde el Palacio de la Moncloa revela el talante ‘social’ que ha adquirido la tarifa eléctrica y el margen que le queda a Clos y a Nieto para influir en el Gobierno.

Así, las cosas, el reforzamiento del Presidente aventura que, traspasado el verano, muy poco más se va a poner en marcha o modificar en el sector energético desde el Ministerio de Industria. Para el Gobierno, en su conjunto, se trata de aguantar hasta la disolución de las Cámaras, sin estropear mucho las cosas, dado que la próxima legislatura será muy diferente, sea cual sea el resultado de las elecciones, con personajes distintos y, necesariamente, con una política que supere este paréntesis de un Ministerio lleno de paréntesis.

La energía y el estado de la nación

Las sesiones de esta última edición del Debate sobre el Estado de la Nación han confirmado que la energía, tras las múltiples y recientes decisiones y posiciones de unos y de otros, en estos tres años, pasa desapercibida en un debate centrado en otras cuestiones. Analizados los discursos del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y del lider de la oposición, Mariano Rajoy, los resultados son esclarecedores: ni una sola vez lo mencionó el presidente, y el líder de la oposición hizo dos referencias: una para atribuirse la ‘responsabilidad’ de haber parado al Gobierno en la subida de tarifas y otra para preguntar por los avances en materia de energía.

Probablemente, los dos tenían más cosas de decir, pero, probablemente también, pocas de las que polemizar en un debate preámbulo de la campaña electoral. De hecho, en el ultimo período de sesiones los únicos acuerdos entre Gobierno y oposición se han dado en el ámbito de la energía para aprobar la Ley de Reforma del Sector Eléctrico, transponer de manera parcial y arbitraria las directivas europeas pendientes, dificultar el acceso a las redes, desandar parte del camino en materia de liberalización por esta vía (iniciado por el propio Partido Popular) y configurar un monopolio de hecho en transporte a favor de Red Eléctrica de España.

Por tanto, era difícil esperar una confrontación en materia energética y como cuestión de fondo en aspectos gestores, que preocupan a los ciudadanos, sectores económicos, empresas, etc… Sobre todo porque hay problemas y cuestiones que tratar que son estratégicos: qué modelo de mercado eléctrico, cuál es el desarrollo de la capacidad de generación, sus tecnologías y de la demanda de consumidores y empresas, cómo puede evolucionar la tarifa eléctrica, cómo se va a tratar el problema creciente del déficit tarifario,cuál es el papel de las energías renovables (y por qué de los mensajes contradictorios en este ámbito), cuál es el papel de las redes eléctricas (y su responsabilidad en los precios de la energía, en los problemas de suministro y de evacuación de energía en ciertas zonas), qué papel están teniendo los órganos reguladores en todo el proceso de reordenación corporativa de este sector. Evidentemente, son cuestiones cuyo tratamiento político deja mucho que desear y cuyos efectos para personas, ciudadanos, empresas e instituciones son indudables. Y, así con todo.

En el mismo sentido, era hasta paradójico que desde el domingo los medios de comunicación anunciaran lo que eran los discursos de los dos líderes. Y que nos asaltase esa sensación de ‘deja vu’ al verlos pronunciar esas estridencias anunciadas y administradas por sus jefes de gabinete y ayudas de cámara. La consecuencia es clara, Zapatero ha hecho un discurso (como dice Enric Juliana), propio de Palacio de Vistalagre (curioso ver como a lo largo de la primera sesión, el presidente perdió paulatinamente su energía) y Rajoy ha sucumbido a la táctica política ideologizadora para no hablar de gestión, el punto verdaderamente débil de este Ejecutivo y con lo que los dos están fuertemente incomodos.

Por tanto, y más allá de las cuestiones de índole energético, los dos líderes, sometidos a un discurso de pura coyuntura política preelectoral, han hecho buena la frase de Paul Valery, ‘la política es el arte de que la gente se interese por lo que no le preocupa”. O al oportunismo de la reproducción asistida por el presupuesto.

¿Vendrán tiempos mejores?

El Gobierno traslada su inseguridad con las tarifas

En primer lugar, con independencia de la autoría final de los hechos, parece que es el propio Presidente del Gobierno el que ha tomado esta decisión y, al parecer, en el bien entendido de que la toma, para ‘cumplir la palabra que trasladó a los españoles’ de no subir la electricidad por encima del IPC. Da igual que actuase bajo la forma de un “inspirador” (en versión esotérica) de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o por llamada a Clos, directa o de sus emisarios, sea la Vicepresidenta del Gobierno o el director de la Oficina Económica. Tanto daría una cosa que la otra.

Una justificación política tan simple (de una decisión de simpática, a primera vista, todo hay que decirlo) de una cuestión tan compleja, como que la decisión la ha tomado el presidente para cumplir su palabra, encierra varios comportamientos conscientes e inconscientes a nivel político. En primer lugar, parte del análisis de que lo único que queda es una posición casi ultramontana del mantenimiento público de la palabra dada y de la incapacidad de explicar una situación a la ciudadanía que requiere de buenos gobernantes y buenos gestores, para empezar a resolver un problema, el del déficit tarifario que requiere decisiones prontas y seguridad en la actuación.

Pero es que además, se constata una contradicción, relativamente habitual en términos políticos. Para cumplir con la predestinación de lo dicho, hay que manipular los precios, engañar al consumidor, al votante actual, hay que trasladar la carga tarifaria al futuro. Bajo la presión de la garantía de las afirmaciones inmutables, la consecuencia es la traslación en forma de ilusión monetaria, la distorsión de la realidad a los consumidores (a cambio de que paguen más intereses) y la contradicción con el resto de políticas que presuntamente quiere impulsar el gobierno en materia de cambio climático o eficiencia energética.

Por otra parte, en plano político, también hay que destacar el análisis que merece el “castigo” infligido sobre sus Ministros y sobre la propia Comisión Nacional de Energía. Se trata de un síntoma de parálisis de las instituciones, sometidas a un problema que se transmite a los habitantes de La Moncloa: la deriva entre el cesarismo y el intervencionismo.

Desde el punto de vista de escenario político, el panorama no era excesivamente complejo para el Gobierno, por lo que cabría esperar alguna ‘audacia’: acabadas las elecciones municipales y autonómicas, ruptura de las negociaciones con ETA (aunque las filtraciones sobre su desarrollo han debilitado notablemente la posición del gobierno). Sólo el atentado terrorista a nuestros soldados en el Líbano ha complicado recientemente el panorama en que se iba a producir el cambio de las tarifas.

Evidentemente este Gobierno, en este estado de cosas, no va a asumir un solo riesgo de aquí a las próximas elecciones generales, por lo que parece evidente que está todo el pescado vendido y cualquier decisión de aquí hasta marzo de 2008, se va a tomar siempre en términos electorialistas. En ese sentido, la propia estrategia del Partido Popular en el parlamento ha salido victoriosa siendo contraria a la subida de tarifas, por lo tanto ha hecho su efecto, su acorralamiento, lo que significa una concesión en el único ámbito en el que están pactando los dos partidos mayoritarios: la energía, tras una legislatura de fuertes disensiones. Parece que los complejos y la inseguridad asaltan al partido gobernante para no gobernar.

Y, estos pactos, se están traduciendo en la erosión de los mecanismos de mercado (reforma de la Ley del Sector Eléctrico, con la determinación del transportista único y las restricciones que Red Eléctrica puede situar para el acceso a la red) y política populista en materia de tarifas, contraria a la liberalización que el mismo realizó y frente a la necesidad de afrontar seriamente el déficit tarifario y normalizar la actualización de las tarifas eléctricas fuera de los cauces políticos. Quién sabe si cuando vuelva al Gobierno tendrá que gestionar este problema de eterno retorno.

Finalmente, también en el plano político, hay que destacar la carencia de convicción en el funcionamiento del mercado eléctrico. Faltan años de estabilidad en el funcionamiento de los mercados, de las instituciones y de estos mecanismos. De hecho, en algún medio de comunicación, se alarmaban de las posibles consecuencias de la puesta en marcha de las subastas de energía, como mecanismo para la fijación de precios y aludían a que, en ese caso, los precios de la subasta “no son manipulables”. El deseo de manipular los mecanismos de mercado debería sonrojarnos a todos.

En conjunto, podemos concluir que se trata de un Gobierno muy politizado, ideologizado en derechos civiles (nada que objetar), pero con un nivel gestor y de intervencionismo fuertemente cuestionado en muchos ámbitos (aspectos en los que los ciudadanos de un país moderno exigen ya respuestas a la Administración). Al mismo tiempo, esta posición es coherente con un momento en el que se flota en liquidez, el crecimiento económico por encima del 4% y hay superávit presupuestario, algo que todo lo puede. Así, la confianza instalada percibe que la economía lo resiste todo. Incluso las decisiones antieconómicas.

En un plano más analítico, los psicólogos evolutivos reconocen el desarrollo personal en la capacidad de resolver problemas complejos. Evidentemente, la evolución de los costes de la energía es un problema con enormes derivaciones y más si se incluyen comportamientos políticos. Los expertos (y el propio Ministerio de Industria) identifican que la tarifa eléctrica tendría que subir más de un 20 % para situarse en sus costes reales. Y, la fórmula de presentar a la sociedad, a los consumidores esos crecimientos (necesarios), es una tarea de gestión política necesaria, en lugar de optar por su ocultación deliberada.

El autoengaño, como una sofisticación del engaño es una respuesta evolutiva (para la supervivencia) que implica conocer la verdad de un problema, falsificarla, suprimirla y presentarla posteriormente. Tiene la virtualidad de que si nos engañamos a nosotros mismos, podemos hacer invisible esta cuestión a los demás. Decía Cela, que el hombre quiere la verdad, pero que no se refugia en la mentira, sino en la farsa. Y, si los precios de la electricidad no recogen la realidad, estamos en una situación semejante.

Hemos de recordar una situación muy parecida en nuestra historia, como ya avanzamos ayer. Ocurrió en el año 1973 cuando se produjo el notable encarecimiento de los precios del petróleo. Entonces, en los últimos estertores de la dictadura del General Franco, un régimen débil, no se trasladó el coste de la energía a los consumidores, para que la transición democrática discurriera por los caminos de la crisis económica paralela.

Barra libre de energía

La noticia surgía a primera hora del viernes. Al parecer el Presidente del Gobierno había ‘instado’ al Ministerio de Industria para que no subiese la tarifa eléctrica. Según afirmó la Vicepresidenta del Gobierno (¿para asuntos económicos?), el Presidente no llegó a consumar la llamada a Clos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió el día anterior, “por unanimidad”, no subir la tarifa, tal y como proponía Industria, de acuerdo con la voluntad del Presidente Zapatero. Analizaremos hoy las consecuencias desde el punto de vista económico y mañana las lecturas desde el punto de vista político y psicológico de esta decisión.

Ya van dos veces en que se repiten hechos similares: recordemos como, tras una cierta controversia en los medios de comunicación en torno a la subida de tarifas para este año, allá por diciembre, todo acabó en un taconazo de la Vicepresidenta del Gobierno que puso en su sitio desde al Ministro de Industria al otro Vicepresidente, Pedro Solbes. Si ahora, cada tres meses, vamos a asistir a un espectáculo de este porte, lo que es evidente es que el final cada vez tiene menos intriga y sobran la mayor parte de los actores: el Secretario General de Energía, el Ministro de Industria, la Comisión Nacional de Energía y el Ministro de Economía.

Desde el punto de vista económico, las consecuencias son claras. Teniendo en cuenta la unanimidad en que los precios de la electricidad no reflejan el coste de la energía, la medida supone continuar en la política de aumento del déficit tarifario. Una forma de decir que lo que no pagan los consumidores de hoy, lo pagarán en forma de “principal más intereses”, los consumidores futuros. Política ‘social’ para hoy, política de endeudamiento para mañana, esa ha sido la decisión de este gobierno en el plano económico.

En primer lugar, por lo que respecta a los consumidores, la única señal que pueden recibir para tomar decisiones de consumo, está alterada y modificada. Piensan, por tanto, que los precios de la electricidad permanecen estables (lo que quiere decir que, en términos reales, realmente se reducen durante el año por el efecto de la inflación), lo que les permite consumir como antes y no adaptar sus comportamientos a esta nueva realidad (con más motivo si los que se encargarán de pagarlo son los consumidores futuros).

No se trata, de que haya que subir el precio de la energía como en el caso del tabaco (que se sube para desincentivar su consumo, por ser perjudicial). Se trata de que los precios de la energía recojan los costes reales y que trasladen las señales y los mensajes a sus usuarios correctos para que no se engañen en su comportamiento. O para que los comportamientos actuales no condicionen comportamientos futuros, como ocurrió en España con la elevación de precios del petróleo de 1973. Pocas políticas de eficiencia energética, reducción del consumo, recorte de emisiones, se pueden articular si el principal indicador para el consumidor y sus decisiones (lo que paga) no traslada información veraz. Además, todos los mensajes actuales sobre consumo responsable y ahorro doméstico, no dejan de ser voluntarismos o posturas ‘pour la galerie’. Sería como el carné por puntos, pero sin quitar puntos.

Otra lectura, tan peligrosa o más si cabe que las dos anteriores, es la posibilidad de que mediante la concatenación de decisiones políticas (la ortodoxia económica en materia de energía se abandonó hace ya tiempo), se pueda por un lado, decidir el precio de la electricidad para el consumidor y se pueda, a la vez, fijar el precio de la energía en el mercado de generación (vía operaciones bilateralizadas, por ejemplo). Las consecuencias para la confianza en nuestro sistema serían devastadoras: los consumidores pueden seguir tirando del contador sin freno, el gobierno fija a las generadoras lo que pueden cobrar y si el volumen del déficit tarifario financiado cada año ofrece unas cuotas tan altas que no entran en los crecimientos de las tarifas anuales, se vuelven a diferir y prolongamos nuevamente su pago. Sólo hay que combinarlo con otra sequía o con una elevación de los precios del petróleo. El mejor de los mundos posibles para un intervencionista, pero ya pueden tentarse la ropa, desde las empresas eléctricas a las entidades financieras.

De todas formas, no lo duden, ‘carpe diem’. Nos invitan a energía a los consumidores. Barra libre. Ya pagarán sus hijos.

El Partido Popular y la tarifa eléctrica: vive ahora, paga después

Uno de los lemas publicitarios más duraderos en el mundo financiero fue una de las primeras campañas de Visa. Decía ‘Vive ahora, paga después’. Todos los expertos, incluso el propio Ministerio de Industria, reconocen que los precios de la electricidad en España están por debajo de lo que son sus costes, de forma que se produce el denominado déficit tarifario (ex ante o ex post), cuyas consecuencias son que esa cantidad no se absorbe en lo que los consumidores anualmente pagan y debe ser ‘diferido’ a ejercicios futuros.

Por otra parte, en el ámbito de la vida política en la que nos hemos instalado, parece muy difícil mantener una postura razonable sobre una cuestión como la tarifa eléctrica. Un partido político tiene, por su propia definición, que identificar posiciones de desgaste del Gobierno en el caso de estar en la oposición y, por otro lado, si está en el gobierno, debe evitar las agresiones de sus contrincantes.

Posiblemente, el cortoplacismo en el que nos hemos instalado no permite ver que las posiciones de los dos grupos mayoritarios sobre la tarifa eléctrica guardan, en esencia, similitudes peligrosas. Los dos han aceptado el carácter político de tarifa eléctrica y justifican en el fondo el traslado a los consumidores futuros de los costes que se abordan actualmente por la incapacidad política de asumir un riesgo necesario para evitar almacenar los costes energéticos. Por eso, resulta extremadamente peligroso que a la política del gobierno y del partido mayoritario (el parlamentarismo y la separación de poderes no han llegado a materializarse por los rigores de lograr el enfrentamiento entre los grupos y el ejecutivo de cada momento), asuman unos principios políticos de partida y no económicos.

Por ello, es incomprensible la posición del Partido Popular en el asunto de la tarifa eléctrica, cautivo de las escaramuzas parlamentarias y del calendario político. En primer lugar, porque el Partido Popular fue el autor de la verdadera reforma del sector eléctrico y, en segundo lugar, porque debería adoptar una posición basada en la evitación del traslado a los consumidores futuros de los costes actuales, más que en evitar las subidas de tarifas (irremediables en un momento u otro). No se entendería, en ningún caso, que se acusase al gobierno de las subida de la gasolina por la elevación de los precios del petróleo. Pues todos, inclusive los grupos políticos, por mucho interés partidista que se pudiera tener, debemos comprender una situación así.

La posición del Gobierno y de Industria, con Nieto y Clos a la cabeza, tiene aspectos fuertemente criticables que el Partido Popular obvia. De hecho, hasta la Comisión Nacional de Energía ha expresado con extrema claridad su posición ante unas tarifas que claramente incumplen compromisos político/electorales (no subir más del IPC) y al mismo tiempo, siguen generando déficit tarifario, además de que no justifica debidamente los componentes económicos de esta subida.

Tal y como afirmaba Pedro Rivero en la ultima reunión del Consejo Consultivo de la Electricidad, si en su momento se hubieran subido las tarifas, hoy deberían bajar. Por eso el Partido Popular, debería mirar dos pasos más allá porque, a lo mejor, estas subidas de tarifa que ahora crítica y que el Gobierno actual elude, las tiene que aplicar este Partido cuando acceda al Gobierno. Quien lo sabe.

Si cabe la actitud del Partido Popular es más preocupante, en tanto en cuanto, también, es fruto de uno de los escasos aspectos que ha pactado con el Partido Socialista Obrero Español, ha derivado en una reforma de la Ley del Sector Eléctrico parcial, arbitrariamente incompleta en la traslación de las Directivas europeas y que no sirve para profundizar en la liberalización del mercado eléctrico, creando un nuevo monopolio en el transporte a favor de Red Eléctrica. ¿Quiere decir esto que no hay alternativa en política energética a la de este Gobierno, salvo el electoralismo?

Debemos sacar la tarifa eléctrica de la contienda política y valorar más todas las cuestiones que inciden en la reducción de los precios de la energía: introducción de competencia, liberalización del mercado eléctrico, impulso de mecanismos de mercado, definición estratégica del ‘mix de generación’, etc…

El electoralismo de instalarse en la crítica fácil, comparte con el déficit tarifario su filosofía. Vive ahora, paga después. Critica ahora, vota después, gobierna luego.

¿Un nuevo proteccionismo?

El papel del estado italiano en Enel puede ser determinante para el futuro de la OPA que estas dos compañías tienen lanzada sobre Endesa. A las propias restricciones que en su momento fijó la Comisión Nacional de Energía por esta misma cuestión, con motivo del expediente para la adquisición por parte de Enel del 24,9 % de Endesa, se suma ahora la información desvelada por ‘La Gaceta de los Negocios’ sobre los conflictos abiertos de Italia con la Comisión Europea por este motivo.

Así, las limitaciones existentes en la italiana a que puedan existir en el accionariado de la italiana participaciones con más de un 2% de derechos de voto, parece una situación fuertemente asimétrica en el marco de esta operación, de forma que es razonable que las autoridades españolas en materia de energía y de competencia, incluso el propio Gobierno, pongan cartas en el asunto para salvaguardar unas diferencias tan notables, volviendo a un principio básico de reciprocidad, para no caer en un principio de ingenuidad autoadministrada.

De hecho, el ejecutivo en esta ocasión ha sido un firme defensor de la libertad de establecimiento y de flujos de capitales en Europa, como ya declaró la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en el momento de comparecer para justificar que el Gobierno eliminaba las condiciones de la Comisión Nacional de Energía al proceso de adquisición del 24,9% de Endesa por parte de Enel. Una posición mucho más militante que en el momento en que se produjo la entrada de E.On en España, evidentemente.

Por otra parte, estamos asistiendo a posicionamientos políticos alrededor de movimientos empresariales que nos devuelven a una forma de proteccionismo no relacionado con el comercio exterior, sino con las operaciones corporativas de toma de propiedad de empresas en sectores estratégicos en otros países. Unido al terror de los gobiernos a la entrada de empresas de otros países en sus empresas o, por su firme voluntad, de ejercer como árbitros y reguladores de este tráfico en los movimientos corporativos, por delante de las razones económicas, empresariales o estratégicas, pretenden o impedir, limitar, politizar o seleccionar la entrada de empresas por aquiesciencias o afinidades.

A las controversias que vienen sucediendo periódicamente en Italia con movimientos de este tipo, ayer en los medios de comunicación se hablaba de esta misma voluntad del gobierno Merkel. Sarkozy también quiere ejercer un papel en esta línea (y en su entrada en El Elíseo tenía ya varias operaciones sobre la mesa) y este fin de semana pasado, se mascaba la tragedia en las rebajas de la Constitución Europea, cuando eliminaba del Tratado el principio de libre competencia como objetivo del espacio político europeo. Un nuevo nacionalismo económico (a lo mejor es el mismo de siempre) que, evidentemente, no va ir a favor de la construcción de la Unión Europea como actor internacional y con empresas cada vez con mayor capacidad de competir, mientras nos enredamos en nuestros parentescos.

Movimientos que configuran una Europa a dos velocidades: una en la que se cree en los movimientos de capitales y en la iniciativa privada, sin necesidad de pedir permisos primero a los gobiernos y a la política, como es el caso del Reino Unido, y una segunda más intervencionista, en la que se alinean todas estas cuestiones y comportamientos. Movimientos y dificultades que nos sitúan en un problema previo: de credibilidad de que Europa es un solo mercado, con libertad real de movimientos, buena regulación, arbitrando mecanismos, interconexiones, y con los agentes públicos y privados, cada uno en su sitio. Ejerciendo la coherencia de lo que significa en materia de reducción del poder de control e intervención, pero también de sus beneficios en sectores como la energía.

La Comisión Nacional de Energía devora las tarifas de Industria

Tantos desplantes del Ministerio de Industria no podían acabar bien. Ni gracias a la proximidad de la presidenta Maite Costa y los consejeros cercanos al gobierno, era posible salvar una situación que parece insostenible desde el punto de vista regulatorio. La Secretaría General de Energía remitió a la CNE la propuesta de orden ministerial sobre la revisión de tarifas que entraría en vigor en julio, en primer lugar, sin memoria económica justificativa. Y, posteriormente, con una “memoria económica” que era la reproducción de la propia orden ministerial, inane desde el punto de vista de información complementaria para el análisis que precisaba el organismo. Por su parte, el Consejo aprueba el informe de los servicios internos de la Comisión, muy crítico con la propuesta y, a su vez, añade fuertes cuestionamientos al mismo por estas graves carencias. Aunque los ejercicios de funambulismo comunicacional han tratado de vender que la CNE aprueba las tarifas, bajo la fórmula inexacta de “la CNE aprueba el informe sobre esta cuestión”, lo cierto es que se produce un rechazo frontal a las mismas por parte de este organismo, que debería tener consecuencias que devoran al Ministro Clos y al Secretario General de Energía, Ignasi Nieto.

Un ejercicio de desdén por el desdén que acabó con una sonora ‘devolución a los corrales’ de la propuesta de tarifas eléctricas por seis votos a favor y sólo un en contra, para reconvenir duramente al Ministerio de Industria en esta ocasión. De hecho, el propio informe de los servicios de la Comisión Nacional de Energía, tiene también importantes cuestionamientos a la propuesta enviada por Industria.

Y, todo ello, con graves problemas de fondo. En primer lugar, la necesidad de elaborar unas tarifas que no sostengan la ficción financiera del déficit tarifario y, por tanto, integren todos los costes de la electricidad. En segundo lugar, la fijación del precio de las denominadas operaciones bilateralizadas del año pasado (aquellas en que se produce la casación de las ofertas entre la distribuidora como adquirente de la energía en el mercado y la generadora como ofertante pertenecen al mismo grupo empresarial) en 49,23 euros. Una fijación unilateral por debajo del precio medio de mercado en 2006 que realiza la Secretaria General de Energía en función de sus intereses. Una fijación política de forma que con ese precio se domestica el déficit tarifario del 2006 resultante por la vía coactiva del Boletín Oficial del Estado, y que además no está exenta de riesgos jurídicos para el propio Ministerio de Industria. Por tanto, alejada de los criterios de referencia del mercado, que son los únicos que pueden servir para fijar de forma objetiva y transparente los precios eléctricos.

Tampoco corre mejor suerte la propuesta de modificación de las tarifas de los alquileres de equipos de medida (contadores), que tampoco cuenta con una memoria económica suficiente o los nuevos costes derivados del aseguramiento de los riesgos y costes nucleares, que además de ser una figura jurídica pendiente de aprobación en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, que no ha sido aplicada todavía en Europa, ni siquiera se cuenta con valoración del Consorcio de Compensación de Seguros. Un problema éste (el de regular por decreto y ordenes ministeriales cuestiones que sucesivamente en años posteriores siguen sin aplicación o cogidas por los pelos) que ya es ‘vox populi’ según todos los expertos.

En conjunto, un nuevo desaguisado del Ministerio de Industria, en el que las declaraciones de Clos, obviando las críticas de las empresas eléctricas pesarán en su debe más que en su haber, sobre todo en la medida en que el panorama abierto es desolador en el ámbito regulatorio: la sentencia de la Unión Europea por la no aplicación de las Directiva a tiempo (y ahora por la aplicación parcial e interesada en la reforma de la ley del Sector Eléctrico), la resolución del conflicto judicial también en instancias europeas por las ayudas de estado por las tarifas de los grandes clientes (parece que reproducido con la nueva propuesta de Orden Ministerial), sitúan al Ministerio en el borde de la acumulación de problemas de difícil ocultación.

Gato por liebre: más funciones no es más independencia

Finalmente, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, se mostró contrario a que se trazase una línea entre el papel que el Ministerio de Industria le concede (o le atribuye/le permite) en la elaboración de la propuesta de tarifas en 2008 y que esto supusiera mayor independencia del organismo. En realidad, se trata de más funciones pero no de mayor independencia, porque las nuevas funciones son tuteladas. El organismo pide que su independencia se trate en el Parlamento y se refrende por ley.

Queda por saber que hará el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía, con Clos y Nieto a la cabeza ante esta situación. ¿Harán caso omiso de lo que le recrimina, tanto el sector, como la CNE, su consejo y sus servicios, como ocurrió en el caso de las tarifas gasistas de diciembre o en el caso del decreto de energías renovables?. Con este equipo ministerial las diferencias entre el regulador energético y el Ministerio nunca han acabado bien para la independencia del organismo que dirige Maite Costa.