El Gobierno traslada su inseguridad con las tarifas

En primer lugar, con independencia de la autoría final de los hechos, parece que es el propio Presidente del Gobierno el que ha tomado esta decisión y, al parecer, en el bien entendido de que la toma, para ‘cumplir la palabra que trasladó a los españoles’ de no subir la electricidad por encima del IPC. Da igual que actuase bajo la forma de un “inspirador” (en versión esotérica) de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o por llamada a Clos, directa o de sus emisarios, sea la Vicepresidenta del Gobierno o el director de la Oficina Económica. Tanto daría una cosa que la otra.

Una justificación política tan simple (de una decisión de simpática, a primera vista, todo hay que decirlo) de una cuestión tan compleja, como que la decisión la ha tomado el presidente para cumplir su palabra, encierra varios comportamientos conscientes e inconscientes a nivel político. En primer lugar, parte del análisis de que lo único que queda es una posición casi ultramontana del mantenimiento público de la palabra dada y de la incapacidad de explicar una situación a la ciudadanía que requiere de buenos gobernantes y buenos gestores, para empezar a resolver un problema, el del déficit tarifario que requiere decisiones prontas y seguridad en la actuación.

Pero es que además, se constata una contradicción, relativamente habitual en términos políticos. Para cumplir con la predestinación de lo dicho, hay que manipular los precios, engañar al consumidor, al votante actual, hay que trasladar la carga tarifaria al futuro. Bajo la presión de la garantía de las afirmaciones inmutables, la consecuencia es la traslación en forma de ilusión monetaria, la distorsión de la realidad a los consumidores (a cambio de que paguen más intereses) y la contradicción con el resto de políticas que presuntamente quiere impulsar el gobierno en materia de cambio climático o eficiencia energética.

Por otra parte, en plano político, también hay que destacar el análisis que merece el “castigo” infligido sobre sus Ministros y sobre la propia Comisión Nacional de Energía. Se trata de un síntoma de parálisis de las instituciones, sometidas a un problema que se transmite a los habitantes de La Moncloa: la deriva entre el cesarismo y el intervencionismo.

Desde el punto de vista de escenario político, el panorama no era excesivamente complejo para el Gobierno, por lo que cabría esperar alguna ‘audacia’: acabadas las elecciones municipales y autonómicas, ruptura de las negociaciones con ETA (aunque las filtraciones sobre su desarrollo han debilitado notablemente la posición del gobierno). Sólo el atentado terrorista a nuestros soldados en el Líbano ha complicado recientemente el panorama en que se iba a producir el cambio de las tarifas.

Evidentemente este Gobierno, en este estado de cosas, no va a asumir un solo riesgo de aquí a las próximas elecciones generales, por lo que parece evidente que está todo el pescado vendido y cualquier decisión de aquí hasta marzo de 2008, se va a tomar siempre en términos electorialistas. En ese sentido, la propia estrategia del Partido Popular en el parlamento ha salido victoriosa siendo contraria a la subida de tarifas, por lo tanto ha hecho su efecto, su acorralamiento, lo que significa una concesión en el único ámbito en el que están pactando los dos partidos mayoritarios: la energía, tras una legislatura de fuertes disensiones. Parece que los complejos y la inseguridad asaltan al partido gobernante para no gobernar.

Y, estos pactos, se están traduciendo en la erosión de los mecanismos de mercado (reforma de la Ley del Sector Eléctrico, con la determinación del transportista único y las restricciones que Red Eléctrica puede situar para el acceso a la red) y política populista en materia de tarifas, contraria a la liberalización que el mismo realizó y frente a la necesidad de afrontar seriamente el déficit tarifario y normalizar la actualización de las tarifas eléctricas fuera de los cauces políticos. Quién sabe si cuando vuelva al Gobierno tendrá que gestionar este problema de eterno retorno.

Finalmente, también en el plano político, hay que destacar la carencia de convicción en el funcionamiento del mercado eléctrico. Faltan años de estabilidad en el funcionamiento de los mercados, de las instituciones y de estos mecanismos. De hecho, en algún medio de comunicación, se alarmaban de las posibles consecuencias de la puesta en marcha de las subastas de energía, como mecanismo para la fijación de precios y aludían a que, en ese caso, los precios de la subasta “no son manipulables”. El deseo de manipular los mecanismos de mercado debería sonrojarnos a todos.

En conjunto, podemos concluir que se trata de un Gobierno muy politizado, ideologizado en derechos civiles (nada que objetar), pero con un nivel gestor y de intervencionismo fuertemente cuestionado en muchos ámbitos (aspectos en los que los ciudadanos de un país moderno exigen ya respuestas a la Administración). Al mismo tiempo, esta posición es coherente con un momento en el que se flota en liquidez, el crecimiento económico por encima del 4% y hay superávit presupuestario, algo que todo lo puede. Así, la confianza instalada percibe que la economía lo resiste todo. Incluso las decisiones antieconómicas.

En un plano más analítico, los psicólogos evolutivos reconocen el desarrollo personal en la capacidad de resolver problemas complejos. Evidentemente, la evolución de los costes de la energía es un problema con enormes derivaciones y más si se incluyen comportamientos políticos. Los expertos (y el propio Ministerio de Industria) identifican que la tarifa eléctrica tendría que subir más de un 20 % para situarse en sus costes reales. Y, la fórmula de presentar a la sociedad, a los consumidores esos crecimientos (necesarios), es una tarea de gestión política necesaria, en lugar de optar por su ocultación deliberada.

El autoengaño, como una sofisticación del engaño es una respuesta evolutiva (para la supervivencia) que implica conocer la verdad de un problema, falsificarla, suprimirla y presentarla posteriormente. Tiene la virtualidad de que si nos engañamos a nosotros mismos, podemos hacer invisible esta cuestión a los demás. Decía Cela, que el hombre quiere la verdad, pero que no se refugia en la mentira, sino en la farsa. Y, si los precios de la electricidad no recogen la realidad, estamos en una situación semejante.

Hemos de recordar una situación muy parecida en nuestra historia, como ya avanzamos ayer. Ocurrió en el año 1973 cuando se produjo el notable encarecimiento de los precios del petróleo. Entonces, en los últimos estertores de la dictadura del General Franco, un régimen débil, no se trasladó el coste de la energía a los consumidores, para que la transición democrática discurriera por los caminos de la crisis económica paralela.