La Comisión Nacional de Energía devora las tarifas de Industria

Tantos desplantes del Ministerio de Industria no podían acabar bien. Ni gracias a la proximidad de la presidenta Maite Costa y los consejeros cercanos al gobierno, era posible salvar una situación que parece insostenible desde el punto de vista regulatorio. La Secretaría General de Energía remitió a la CNE la propuesta de orden ministerial sobre la revisión de tarifas que entraría en vigor en julio, en primer lugar, sin memoria económica justificativa. Y, posteriormente, con una “memoria económica” que era la reproducción de la propia orden ministerial, inane desde el punto de vista de información complementaria para el análisis que precisaba el organismo. Por su parte, el Consejo aprueba el informe de los servicios internos de la Comisión, muy crítico con la propuesta y, a su vez, añade fuertes cuestionamientos al mismo por estas graves carencias. Aunque los ejercicios de funambulismo comunicacional han tratado de vender que la CNE aprueba las tarifas, bajo la fórmula inexacta de “la CNE aprueba el informe sobre esta cuestión”, lo cierto es que se produce un rechazo frontal a las mismas por parte de este organismo, que debería tener consecuencias que devoran al Ministro Clos y al Secretario General de Energía, Ignasi Nieto.

Un ejercicio de desdén por el desdén que acabó con una sonora ‘devolución a los corrales’ de la propuesta de tarifas eléctricas por seis votos a favor y sólo un en contra, para reconvenir duramente al Ministerio de Industria en esta ocasión. De hecho, el propio informe de los servicios de la Comisión Nacional de Energía, tiene también importantes cuestionamientos a la propuesta enviada por Industria.

Y, todo ello, con graves problemas de fondo. En primer lugar, la necesidad de elaborar unas tarifas que no sostengan la ficción financiera del déficit tarifario y, por tanto, integren todos los costes de la electricidad. En segundo lugar, la fijación del precio de las denominadas operaciones bilateralizadas del año pasado (aquellas en que se produce la casación de las ofertas entre la distribuidora como adquirente de la energía en el mercado y la generadora como ofertante pertenecen al mismo grupo empresarial) en 49,23 euros. Una fijación unilateral por debajo del precio medio de mercado en 2006 que realiza la Secretaria General de Energía en función de sus intereses. Una fijación política de forma que con ese precio se domestica el déficit tarifario del 2006 resultante por la vía coactiva del Boletín Oficial del Estado, y que además no está exenta de riesgos jurídicos para el propio Ministerio de Industria. Por tanto, alejada de los criterios de referencia del mercado, que son los únicos que pueden servir para fijar de forma objetiva y transparente los precios eléctricos.

Tampoco corre mejor suerte la propuesta de modificación de las tarifas de los alquileres de equipos de medida (contadores), que tampoco cuenta con una memoria económica suficiente o los nuevos costes derivados del aseguramiento de los riesgos y costes nucleares, que además de ser una figura jurídica pendiente de aprobación en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, que no ha sido aplicada todavía en Europa, ni siquiera se cuenta con valoración del Consorcio de Compensación de Seguros. Un problema éste (el de regular por decreto y ordenes ministeriales cuestiones que sucesivamente en años posteriores siguen sin aplicación o cogidas por los pelos) que ya es ‘vox populi’ según todos los expertos.

En conjunto, un nuevo desaguisado del Ministerio de Industria, en el que las declaraciones de Clos, obviando las críticas de las empresas eléctricas pesarán en su debe más que en su haber, sobre todo en la medida en que el panorama abierto es desolador en el ámbito regulatorio: la sentencia de la Unión Europea por la no aplicación de las Directiva a tiempo (y ahora por la aplicación parcial e interesada en la reforma de la ley del Sector Eléctrico), la resolución del conflicto judicial también en instancias europeas por las ayudas de estado por las tarifas de los grandes clientes (parece que reproducido con la nueva propuesta de Orden Ministerial), sitúan al Ministerio en el borde de la acumulación de problemas de difícil ocultación.

Gato por liebre: más funciones no es más independencia

Finalmente, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, se mostró contrario a que se trazase una línea entre el papel que el Ministerio de Industria le concede (o le atribuye/le permite) en la elaboración de la propuesta de tarifas en 2008 y que esto supusiera mayor independencia del organismo. En realidad, se trata de más funciones pero no de mayor independencia, porque las nuevas funciones son tuteladas. El organismo pide que su independencia se trate en el Parlamento y se refrende por ley.

Queda por saber que hará el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía, con Clos y Nieto a la cabeza ante esta situación. ¿Harán caso omiso de lo que le recrimina, tanto el sector, como la CNE, su consejo y sus servicios, como ocurrió en el caso de las tarifas gasistas de diciembre o en el caso del decreto de energías renovables?. Con este equipo ministerial las diferencias entre el regulador energético y el Ministerio nunca han acabado bien para la independencia del organismo que dirige Maite Costa.