Demasiadas piezas y ninguna

En todo caso, existen tres elementos clave que están fuera de toda duda: el primero, el reconocimiento de la consideración de “no competitivo” del carbón nacional y la necesidad de ayudas para que pueda ser incluido en el mix de generación eléctrica, interponiendo como argumento el coste social para empresas y comarcas mineras por este orden; el segundo, que el impacto de esta política en un 90% se concentra en el sector eléctrico, como “canal” convertido en necesario para la instrumentación de las ayudas a este sector, dado que la producción minera va destinada en esta proporción a la generación eléctrica; y, el tercero es el olvido selectivo momentáneo de las graves irregularidades y redes clientelares que ha venido tejiendo el sector minero respecto a las ayudas, y su montante y distribución de las mismas.

De cualquier modo, sea por motivos de cohesión territorial (como los que justifican la paradigmática y paradójica política de inversión del AVE español) o de cohesión electoral, lo que queda claro es que este sistema de incentivos se incorpora en forma de costes regulados al coste del suministro por motivos políticos y, por tanto, es cargado al consumidor español en la factura eléctrica, con poca reivindicación por parte de los mismos, dada su opacidad y sus afinidades electivas por parte de sus asesores y valedores.

Puestos en ello, la estrategia seguida por los defensores de una política generosa de ayudas al carbón nacional, fundamentalmente, pertenecientes al colectivo retroprogresivo de la electricidad, ha sido el enfrentamiento más o menos abierto con otras tecnologías convencionales o incluidas en el denominado régimen general, especialmente, como enunciábamos anteriormente, con la energía nuclear y, en menor medida, con las centrales de ciclo combinado de gas, con el fin de reclamar un hueco mayor en el mercado eléctrico en el que colocar esa producción térmica por repliegue de las demás o demandar fórmulas de transferencia de rentas entre tecnologías que, según su opinión, tienen mayores márgenes.

Además, con gran habilidad, sus mismos protagonistas han combinado la defensa de estas reclamaciones sectoriales, con una expresión del concepto de independencia energética como reservas estratégicas salazaristas (que justificase ese montante de ayudas y su ‘explotación’), con la demanda de una política expansiva de crecimiento de potencia renovable de viejo cuño, es decir, con primas o mayor potencia autorizada que a su vez redujese el hueco térmico de las tecnologías convencionales. Probablemente son demasiados malabares en estos componentes, elementos y reivindicaciones para los momentos actuales.

Todo este proscenio estaría muy bien y seguiría su curso corriente, con más o menos altibajos, si no hubiéramos entrado en el terreno de la necesidad de un acuerdo a menos de cincuenta días de las elecciones autonómicas y locales. Así, las noticias respecto a la ronda de negociaciones para desenlazar el problema de las ayudas al carbón nacional es una cuestión que afecta sobre todo a las expectativas electorales, lógicamente del partido en el Gobierno, en las comunidades autónomas sobre las que se asientan las principales cuencas mineras españolas (Asturias y Castilla y León).

Consecuentemente, existe temor a la alteración de la paz social y a turbulencias de orden público, alentadas por sindicatos y empresas mineras en su reverberación de modelo vertical, máxime cuando los conflictos mineros tienen una capacidad de resonancia enorme y el Gobierno busca mostrar su cara más friendly de cara al 25 de mayo. No estaríamos hablando de una política económica socialdemócrata al uso, sino de la atención de concesiones.

En el plano técnico lo que se conoce es una propuesta, pendiente de trámite, tachada casi por todas las partes de inconcreta así como sujeta a los dictámenes de la Unión Europea en la siempre espinosa cuestión de las ayudas de Estado y de su proceso de autorización. La propuesta consiste en incluir incentivos económicos para los procesos obligatorios y necesarios de inversión para la desnitrificación de las centrales térmicas españolas, a cambio de seguir comprando carbón nacional. Laxo y sin cifras. Existe necesidad de acuerdo y de que las autoridades comunitarias lo ratifiquen. Soria no se puede permitir más bumeranes futuros, con factura revolvente.

Todo ello ocurre en un momento efervescente para el Ejecutivo, en el que los acontecimientos empiezan a ir muy deprisa al ser un año de infarto en las urnas. Primeros albores de la recuperación de la economía española, con recuperación ralentizada y a remolque de la demanda eléctrica, con sobrecapacidad. Caída de costes de tecnologías renovables que vuelven a demandar su espacio, incluyendo el autoconsumo y, a la vez, caída de los precios del crudo. Exploracionismo y proliferación de búsqueda de nuevas fuentes de energía primaria, sin conocer a qué coste: fracking, cuando estas explotaciones se ralentizan en Estados Unidos a la vista de la coyuntura internacional, exploración de hidrocarburos y, por otra parte, la autorización de la clausura de varias plantas de ciclo combinado.

Y, sobre todo, todo ello sucede sin política energética definida y en año electoral. Apostemos por la provisionalidad. Otra vez.