El corazón de la polémica

Desde hace dos semanas, las revelaciones del sumario van en aumento y el Gobierno muestra todos los tics y latiguillos que han sido recurrentes durante los dos últimos años: una gestión poco cuidadosa con la seguridad jurídica que lleva a múltiples conflictos jurídicos e internacionales, cuya resolución no augura nada bueno; una articulación de medidas poco meditada; una torva desconfianza hacia los sectores energéticos; una concepción instrumental de las empresas y de los inversores y, además, fuertes presiones a los agentes económicos.

Inscribamos en todo ello las revelaciones sobre el encargo y la elaboración de los informes de las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) respecto al recorte renovable con posterioridad a la propia norma, así como las presiones del propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las consultoras sobre el contenido de los informes, de lo que se hace eco hoy el periódico digital Voz Populi, bajo amenaza de impago de sus honorarios, y su disconformidad manifiesta con las conclusiones de estos informes. Todo esto empieza a configurar un problema político con tantos agujeros como un queso de Gruyère con el concepto de «rentabilidad razonable«.

A todo esto, hay que añadir la demora de Industria en la entrega de los informes, por pintorescas y episódicas razones como su tamaño, volumen o su dificultad de gestión de los soportes informáticos, produciendo el alargamiento de esta instrucción y, a la vez, la concentración aún mayor del foco en el conocimiento del comportamiento del regulador principal, una vez que se conociera.

Las propias asociaciones sectoriales renovables, unas con más intensidad que otras, están cargando con munición gruesa contra el Ejecutivo, realizando fúnebres campañas de publicidad, acusando al Gobierno del PP de enterrar el sector, previamente inflamado desde las políticas pasadas de la retribución y potencia instalada en forma de burbuja en determinados subsectores, cuestión que, por otra parte, no reconoce nadie.

El hecho es que actualmente existen dos líneas que convergen. Por una parte está la tendencia retroprogresiva que se ha instalado en el asesoramiento de una parte del sector fotovoltaico y renovable, con un enfoque muy agresivo y una estrategia de agitación basada en reclamar una retribución incentivadora por la vía de los subsidios cruzados procedentes de otros sectores energéticos.

Por otra parte, está la línea más empresarial, alineada con la defensa de los intereses de los inversores nacionales e internacionales, que reclama mayor seguridad jurídica. Aquí es donde se inscriben las tecnologías más penalizadas, que no han participado de la burbuja pero que han sufrido fuertes recortes, como la eólica o los productores fotovoltaicos de un perfil corporativo o ligados a fondos de inversión.

Si bien las revelaciones de estos días tienen su origen en la estrategia seguida por el segundo colectivo, las campañas publicitarias y las acciones grassroot (campañas de presión popular y en las redes) en ciertas comunidades autónomas como Murcia son atribuibles a los sectores más beligerantes.

Todas estas cuestiones coinciden, además, en un momento preelectoral en el ámbito de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que es mucho más relevante al asunto que nos concierne de lo que pueda parecer a simple vista. La inflamación existente en ciertas regiones con las medidas instrumentadas por Nadal y Soria es extraordinariamente severa y su alcance es de mucho más espectro de lo que parece en la medida que, por ejemplo, la tecnología fotovoltaica era una de las formas de capitalismo popular surgidas en nuestro país en los últimos años. Además la actual situación de la demanda tampoco permite muchas alegrías en términos de volver a promover aumentos de potencia y concesión de nuevas autorizaciones y primas.

En definitiva, las fisuras de las medidas del Gobierno para resolver el problema del déficit tarifario están abriéndose y poniendo en evidencia que hubiera sido una solución más estable un enfoque sistémico consistente en el encapsulamiento de las primas fuera de la tarifa, junto con el resto de costes que soporta la factura eléctrica que no pertenecen al suministro, que la alambicada y apresurada articulación jurídica del concepto de «rentabilidad razonable«. Eso sí, hubiera precisado de una política integrada económica, hacendística y energética, con tiempo y negociación. Pero, seguramente, ya es demasiado tarde y todo el devenir futuro será reactivo: tapar los reveses que coseche lo realizado. El corazón de la polémica ya es político.