Viento en la cola

La primera cuestión es la existencia de un modelo basado en un proceso constante de revisión y de reajuste de magnitudes cuantitativas con el fin de recortar su montante global. En ese esquema es en el que se incluye el proceso de revisión de los costes de los sistemas extrapeninsulares en base a la evolución de los precios del petróleo del que informábamos en el pasado viernes.

En segundo lugar, tendríamos todo lo que se puede englobar en la innovación de medidas de corte fiscal o impositivo, cuya recaudación estaría dirigida a su reabsorción en el coste total del suministro. Esa sería la mecánica y la finalidad del canon hidráulico.

En todo caso, ambas medidas tienen en común algo que ya se ha acuñado respecto a la evolución de la economía española: el viento en la cola , merced a la coyuntura internacional surgida con el importante descenso de los precios del crudo al que hemos asistido, unido a la depreciación del euro. En el caso del recálculo de los costes de los sistemas extrapeninsulares, este efecto se advierte de forma directa; en el caso de la recaudación a través de figuras impositivas, por el propio crecimiento estimado de la demanda.

De esta forma se cuadran las cuentas, además de destaparse cuáles serían los instrumentos que permitían afirmar la existencia de un mínimo superávit tarifario, cómo ya se había escuchado de parte de las autoridades energéticas. Por otra parte, no todos los elementos juegan a favor de este modelo teórico, en la medida en que se introducen incertidumbres no previsibles como puedan ser las condiciones climatológicas.

En este sentido, en el caso de la electricidad, esta estrategia de coger el viento en la cola de la recuperación tiene tres fisuras. Una más estructural que, en todo caso, sería ingenuo incorporar en este tipo de análisis político táctico: inexistencia de política económica-energética, medioambiental o fiscal asociada a la energía, incluyendo el cuestionamiento continuado de la seguridad jurídica. Una fisura evidente con independencia de lo que supone fiar los comportamientos regulatorios y de política energética a condiciones exógenas.

La segunda es todo aquello asociado con los deslizamientos en los cálculos, incluyendo la materialización de la demanda o los efectos contrapuestos sobre los precios de la electricidad (precio del petróleo). Y la tercera son todas las cuestiones asociadas a la propia dinámica política, incluida la coordinación de las distintas áreas del Ejecutivo que intervienen de una u otra forma en energía (Energía, Hacienda, Economía y Presidencia del Gobierno) en un año que tendría que ser el de los bajos precios de la electricidad. Pero eso ya es otro cantar.