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El Gobierno analizará las indemnizaciones millonarias dentro de Abengoa mientras Podemos exige una auditoría para recuperar el dinero público recibido

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Redacción / Agencias.- Desde Podemos Andalucía reclaman a la Junta que haga una auditoría sobre las ayudas destinadas durante los últimos 15 años a la empresa Abengoa con la finalidad de recuperar el dinero público. Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura que los acreedores públicos, entre ellos el ICO, Cofides y CESCE, tienen «instrucciones de analizar» si las «poco presentables» indemnizaciones de la cúpula de Abengoa anunciadas con anterioridad al preconcurso repercuten en el interés general.

Tras asegurar que los acreedores públicos mantendrán una «postura constructiva», el ministro indicó que «no es cuestión de echarle culpa al Gobierno o a la banca» de la situación actual de Abengoa y que se trata de una empresa «viable y puntera» que recibe el 90% de sus ingresos del extranjero, razón por la que las medidas adoptadas por el Gobierno central en energías renovables no pueden esgrimirse como causa de su situación. «Su problema es de endeudamiento», apuntó De Guindos antes de apostillar que la compañía está «muy, muy, muy apalancada» según su ratio de recursos propios en relación a la deuda. Por ello, se trata, de saber la «situación exacta de ese endeudamiento».

En este sentido, el ministro tildó de «poco presentables» las indemnizaciones anunciadas antes del preconcurso, por lo que los acreedores públicos tienen «instrucciones de analizar» si efectivamente esos pagos tienen repercusión en su interés, «que es el interés general«. Luis de Guindos también explicó que Abengoa está integrada por «un entramado de empresas muy complicado», subrayó que sus deudores no están fundamentalmente en la banca española, y ha recordado que «hay que respetar» la normativa europea de ayudas de Estado.

Tejerina también habla sobre Abengoa

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, desmarcó al Gobierno de la crisis de Abengoa y recordó que el Ejecutivo no interfiere en decisiones empresariales ante unas informaciones que apuntan que Abengoa culpa al Gobierno y a la banca de su situación. García Tejerina señaló que el Ejecutivo no se siente aludido, para subrayar que las «decisiones empresariales son decisiones empresariales» y que en ellas «este Gobierno poco interfiere, quiero decir en nada».

En este sentido, explicó que son las compañías las que acuerdan «hasta qué punto se endeudan, cuál es su ritmo de crecimiento, cómo se trabaja; es que eso son decisiones absolutamente empresariales y corresponde a su gestión«. En todo caso, la ministra expuso que «hay que conocer un poquito más en profundidad la situación» de Abengoa. Recordó también que es una empresa multinacional, y hay que ver «cuánta parte de su negocio tiene en España y cuánta tiene fuera y cuál de todas sus operaciones es la que la sitúa en mayores o menores dificultades».

Podemos quiere recuperar el dinero

Desde Podemos Andalucía se exige a la Junta autonómica que haga una auditoría sobre las ayudas destinadas durante los últimos 15 años a la empresa Abengoa con la finalidad de recuperar el dinero público a la par que muestran su rechazo un modelo de rescate como en el caso de Bankia.Así lo expuso la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, cuyo grupo parlamentario ha registrado sendas preguntas en el Parlamento autonómico para aclarar las aportaciones de la Junta a esta empresa en preconcurso de acreedores.»No queremos repetir el modelo de Bankia, en el que todos los ciudadanos rescatan a una empresa privada sospechosa de mala gestión como haber trasladado activos de Andalucía a una filial británica», ha sostenido.

Podemos plantea que la Junta haga una auditoría para conocer el dinero público destinado a Abengoa durante los últimos 15 años y para saber quiénes son los culpables de la crisis y «hacerles pagar». Rodríguez precisó que así se trata de tener el derecho a reclamar las ayudas públicas mal gestionadas, aunque sea a través de activos de la compañía. Por ello, ha considerado que es necesario saber cuántos de los beneficios millonarios que se han repartido en el consejo de administración, «caracterizado por las puertas giratorias, se han financiado con fondos de los andaluces». «No podemos permitirnos el lujo de perder esas inversiones y los empleos que están en el aire en Abengoa», señaló.

La Junta descarta alguna responsabilidad

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, volvió a defender la búsqueda de una solución entre todas las administraciones a la situación que atraviesa Abengoa, aunque ha subrayado que los «responsables» de lo ocurrido son los «rectores» de la compañía, no las instituciones. «No se puede poner bajo sospecha todo de manera permanente», indicó Vázquez, que considera que con este tipo de iniciativas se hace «un flaco favor» a las instituciones y a la solución de un problema, tras la que después «habrá tiempo para todo».

Aunque señaló que algunos cambios normativos, como la supresión de las primas a las energías renovables, han podido afectar a la compañía sevillana, reiteró que «el problema está, básicamente, en la gestión» realizada por la multinacional, lo que «no debe ser óbice» para que las instituciones traten de buscar una solución. «Se trata de que las instituciones, y especialmente el Gobierno de España, se impliquen activamente para conseguir una solución para los trabajadores y las empresas auxiliares», indicó. Tras resaltar que se trata de una empresa «pionera» dedicada a un sector «emergente» con más de 25.000 trabajadores y miles de empresas auxiliares que dependen de ella, aseguró que todo ello les «obliga» a estar «pendientes».

El Ejecutivo andaluz cree que existe una solución que, aunque «no es fácil», pasa por las entidades financieras, a las que pidió «generosidad, sensibilidad y que esté a la altura de las circunstancias». «Hace unos años, cuando necesitaron el apoyo expreso de España y de todos los españoles con el rescate, que le ha costado a este país casi 40.000 millones de euros, España dio un paso al frente porque entendimos era oportuno aunque no nos gustara», recordó el portavoz, que añadió: «Ahora es momento que el esfuerzo lo haga la banca». Finalmente, incidió en que es una actividad que «no se puede dejar caer», entre otras cosas porque «pondría bajo sospecha los síntomas de la recuperación económica» en España.

Siguen las subidas en Bolsa

Después de tocar fondo, las acciones clase B de Abengoa, las más líquidas, suman su tercera jornada alcista y repuntan un 23%, hasta situarse en 0,43 euros. En un entorno de gran volatilidad, se habían intercambiado unos 67 millones de títulos de la compañía por unos 28 millones de euros. Mientras tanto, las acciones clase A del grupo se intercambiaban a 1,04 euros, con una revalorización del 42%. Esta es la tercera jornada consecutiva que las acciones de la compañía cotizan al alza, tras hundirse un 70% en los dos días que siguieron a la presentación del preconcurso de acreedores.

PP, PSOE y Podemos coinciden en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía pero discrepan por el fracking

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Europa Press.- PP, PSOE y Podemos han coincidido en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía y en la importancia impulsar la geotermia en los usos residenciales, aunque discrepan respecto a la obtención de gas por fracturación hidráulica.

En un debate sobre energía organizado por el Ilustre Colegio de Geólogos de España, el PP cree que es «necesario» investigar todos los recursos naturales de los que dispone España, incluido el ‘shale gas’, mientras que PSOE y Podemos han expresado su rechazo a los proyectos de fracking y apuestan por aumentar la participación de las renovables en el mix energético.

En el evento han expuesto sus propuestas de gestión de recursos hídricos, protección del medio ambiente, prevención de riesgos naturales y, muy especialmente, gestión de recursos energéticos. Aunque con distintos matices, los representantes de las tres formaciones se manifestaron a favor de un pacto de Estado por la Energía que defina la política energética a largo plazo.

La portavoz medioambiental del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha expresado su acuerdo en investigar todos los recursos disponibles en España incluido el gas de esquisto, mientras que el representante del PSOE, Álvaro Abril ha dicho que el PSOE es «contrario» al fracking y ha abogado por recuperar el liderazgo de España en energías renovables.

Abril ha dicho que el PSOE quiere crear una Comisión de Transición Energética que elaborará una ley para la transición hacia las energías renovables con medidas a corto, medio y largo plazo.

Al respecto, la coordinadora de Medio Ambiente de Podemos, Elena Méndez, ha explicado que su formación aspira a un mix energético 100 por 100 renovable y que en su modelo «no tiene cabida una técnica como la fracturación hidráulica». Méndez ha dicho que Podemos quiere derogar el Real Decreto de autoconsumo.

Entre las coincidencias de los tres partidos han destacado la necesidad de impulsar la energía geotérmica, especialmente la de baja entalpía para uso residencial, dado que se trata de una fuente de energía limpia, inagotable y eficiente.

Respecto al futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, Álvaro Abril ha lamentado que la decisión se haya tomado «atendiendo más a criterios políticos que técnicos» por lo que cree que es necesario «revisar la adjudicación» por su «excesivo sobrecoste». «Tenemos que construir el ATC, pero tenemos que hacerlo en el lugar adecuado», ha señalado.

De Lara ha rechazado la idea de que en la adjudicación no se hayan tenido en cuenta criterios técnicos, aunque se ha mostrado favorable a estudiar «una ubicación alternativa» si finalmente los estudios del terreno desaconsejan su construcción.

Al contrario de los representantes de Podemos y PSOE, la representante del PP considera «oportuno» prolongar la vida útil de las centrales nucleares «si así lo aprueban los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear«.

También han discrepado sobre la gestión hídrica. En este sentido, De Lara ha dicho que en esta legislatura se han aprobado varios planes hidrológicos que han garantizado el abastecimiento de las regiones con mayor riesgo de sequías, mientras que Abril estima necesario dar más papel a las desaladoras.

Por su parte, Podemos quiere impulsar una Ley del Agua que garantice su calidad y permita un uso eficiente y sostenible de los recursos hidrológicos.

Finalmente, sobre prevención de riesgos naturales, Méndez apuesta  por realizar estudios profundos, especialmente sobre riesgo de inundaciones y que los ciudadanos participen en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El representante socialista opina que la prevención de riesgos naturales pasa por cumplir la actual Ley del Suelo, que establece la obligatoriedad de realizar mapas de riesgos naturales antes de aprobar nuevos PGOU.

El precio de la electricidad entra en campaña

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Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.

Podemos promueve desde Murcia una ley nacional para el autoconsumo y la producción de energía renovable

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EFE.- El secretario general de Podemos-Murcia, Oscar Urralburu, y el diputado autonómico de la formación, Antonio Urbina, han presentado una iniciativa de Proposición de Ley de energía eléctrica renovable para el autoconsumo con el objetivo de derogar la norma estatal que regula las condiciones de ambas modalidades de suministro eléctrico.

Urralburu ha explicado que esta ley llevaría a los diferentes grupos a firmar «un gran Pacto del Sol, para dar luz al futuro cambio de modelo energético«, y que se trata de «una Ley cuyo dictamen se ha aprobado en la Asamblea Regional y, una vez sea aprobada en Murcia será llevada a los primeros plenos del Congreso, ya pasadas las elecciones y constituido este órgano, para recuperar el sector de las renovables que se ha ido perdiendo a lo largo de estos cuatro años».

Desde Podemos tratarán de elevar al Congreso una Ley de Autoconsumo y balance neto». Urbina destacó la importancia de «relanzar el sector, llevando el foco desde la Región de Murcia, que es el punto que más energía solar tiene y, por lo tanto, es el lugar donde las inversiones serían más rentables y donde podemos ser cabeza en la generación de empleo verde. Murcia podría ser motor de desarrollo económico».

Tras reuniones con los Productores de Energía Solar ANPIER, la Fundación Desarrollo sostenible de Murcia y AREMUR, su presidente Rául Morales traslado a Podemos la importancia de la puesta en marcha de todo un mercado de las energías renovables, que podrían crean en Murcia un total de 5.000 puestos de trabajo al año. Urbina ha afirmado que desde Podemos se va a apoyar a este sector con la voluntad de «que se desbloqueen las barreras que impiden este desarrollo económico».

Monedero (Podemos) habla de imponer el carbón nacional a la par que muestra dudas sobre su futuro

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Redacción / Agencias.- El cofundador de Podemos y profesor de la Universidad Complutense, Juan Carlos Monedero, indicó en León que «mientras se siga quemando carbón, tiene que ser de aquí y no de importación», a la vez que incidió en la necesidad de abrir «un debate profundo sobre si es un sector «sostenible» y si seguir quemando carbón «es lo más adecuado en un mundo devastado medioambientalmente«. El político participó en León en el acto de presentación de los candidatos de Podemos a las elecciones generales.

En referencia al sector minero, denunció la utilización ética de los valores de la minería por parte de la política tradicional para «luego traicionarla». En este sentido, reclamó planes de reconversión para la minería en los que se cuente con el propio sector para que tenga voz propia sobre su futuro y no «se les vuelva a engañar». «A nadie se le puede poner en la tesitura de respirar aire limpio o quedarse sin trabajo» por lo que insistió en la necesidad de abrir un debate sobre el futuro de la energía «para no caer en antiguos errores», subrayó Monedero.

López de Uralde (Podemos/Equo): «Es indecente que Maroto diga que está en contra de Garoña»

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EFE.- El cabeza de lista de Podemos al Congreso por Álava, Juantxo López de Uralde, calificó como «indecente» que el actual vicesecretario sectorial del PP y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, diga que está en contra de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos).

En una comparecencia de prensa, López de Uralde criticó que el exalcalde de Vitoria reiterara su rechazo «contundente» a reabrir la central nuclear burgalesa cuando es el PP el que está «dando pasos decisivos para ponerla en marcha otra vez, después de tres años de cierre«. El coportavoz de Equo emplazó a Maroto a ir a Génova, a la sede del PP en Madrid, a defender la clausura definitiva de esta central y le ha pedido que, cuando consiga cambiar la posición de su partido, venga a Vitoria para decirlo.

Podemos propone el cierre escalonado de las centrales nucleares hasta 2024 y pide a Albert Rivera que rectifique su apoyo

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EFE / Servimedia.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique sus declaraciones en las que apostaba por avanzar en la implantación de energías renovables pero sin prescindir de la energía nuclear. En este sentido, la formación defiende el cierre de los 8 reactores nucleares españoles a más tardar en 2024 y anuncia que creará un Ministerio de Medio Ambiente y Energía si gana los comicios del 20 de diciembre.

En la presentación del modelo energético de Podemos, el coportavoz de Equo y cabeza de lista de Podemos en la provincia de Álava, Juantxo López de Uralde, Pablo Iglesias y Marta Victoria, del Círculo de Economía y Energía de Podemos, colocaron a las renovables en el núcleo de un Plan Nacional de Transición Energética, que se dotaría durante 20 años con un 1,5% del PIB. Sus ejes son: renovables; eficiencia energética, con rehabilitación de 200.000 viviendas al año y creación de 400.000 empleos, y descenso de las emisiones de gases efecto invernadero y de la importación de los combustibles fósiles.

Sobre la posibilidad de nacionalizar empresas eléctricas, que Podemos recogía en su programa electoral europeo, El líder de Podemos ha dicho que esta medida es excepcional y se adopta en situaciones excepcionales. En ocasiones se ha hecho «mal», ha dicho Iglesias en alusión a Bankia, un caso en el que el PP «nacionalizó las pérdidas» y está privatizando sus beneficios.

El cierre programado de las nucleares se produciría conforme caduquen sus licencias de operación de las centrales, la última de las cuales en expirar es la planta de Trillo (Guadalajara) en 2024. Revocar los permisos de explotación actualmente en vigor podría acarrear un «problema legal», por lo que la intención es no permitir renovar las licencias, ha detallado Marta Victoria.

En este contexto, Iglesias ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique su postura a favor de las nucleares porque, a su juicio, «son un peligro para las personas y son tremendamente ineficientes». En su opinión, esta fuente de energía se mantiene gracias a que las grandes compañías eléctricas colocan en sus consejos de administración a expresidentes de gobierno y exministros. Al respecto, acabar con el modelo de las «puertas giratorias» es otra de las propuestas de la formación. «Quiero pedirle que rectifique, que en este país hay que construir algo nuevo», subrayó Iglesias, que no quiere que el «oligopolio de las eléctricas» se «burle» de los ciudadanos.

Podemos aboga también por la clausura de las plantas de carbón, pero tanto en este caso como en el anterior, iría acompañado de respectivos planes de reactivación económica y de creación de empleo para la zona porque las «víctimas» no pueden ser los trabajadores», en palabras de su secretario general. Otras medidas se refieren a la prohibición de la tecnología de la fracturación hidráulica (fracking), la recuperación de la gestión pública de las hidroeléctricas para que se «dejen de usar de forma especulativa»; luchar contra la pobreza energética y que electricidad sea «un servicio público».

Tras señalar que la cuestión ambiental «no es un decorado de color verde que se coloca un partido», Iglesias ha tachado de vergonzoso que los ciudadanos españoles abonen el precio de la luz más caro de Europa y ha exigido que las compañías eléctricas también cumplan con la Constitución y no hagan prevalecer su interés sectorial sobre el interés general.

La financiación del plan de transición procedería de la reforma del sector eléctrico, que actualmente percibe «sobreremuneraciones» como beneficios caídos del cielo, servicio de interrumpibilidad o pagos por capacidad, ha manifestado Marta Victoria. López Uralde ha explicado que el modelo energético es «un aspecto troncal» del programa del cambio para el próximo 20 de diciembre, en un contexto de cambio climático, pobreza energética y dependencia de los recursos del exterior.

La oposición exige mayor agilidad a la comisión parlamentaria que investiga la trama eólica de Castilla y León

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EFE.- La oposición pidió «mayor agilidad» en la actuación de la comisión de investigación de la trama eólica de Castilla y León, mientras que el PP decidió con su voto ponderado que primero se reciba la documentación y después se soliciten las comparecencias.

La comisión de investigación de la trama eólica en las Cortes de Castilla y León ha celebrado una nueva reunión sobre la trama eólica en la que aceptó la petición de parte de la documentación solicitada por los grupos y se propuso, con el voto de los procuradores del PP, que las comparecencias se soliciten una vez conocidos los informes. A juicio del portavoz del PP, Raúl de la Hoz, es «lógico» que primero se tenga conocimiento del contenido de la documentación y en función del mismo se cite a comparecer a las personas que puedan aportar a la investigación.

En este sentido, el popular ha resaltado la intención de su grupo de evitar que la comisión «se convierta en un circo» y destacó la importancia de contar primero con el informe de la Agencia Tributaria que sacó a la relucir la trama para la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Después de asegurar que se trata del mismo sistema que se utiliza en el Parlamento andaluz para la investigación de los cursos de formación, con el voto a favor del PSOE y Ciudadanos, por lo que en Castilla y León estos grupos rechacen «solicitar primero la documentación y después solicitar las comparecencias».

El portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, ha abogado por una mayor transparencia en la comisión y ha acusado el PP de «discurso falsario» y de una «labor de obstrucción y de oscurantismo«. Izquierdo mostró su disgusto por el desarrollo de la comisión y lamentó que «no se haya sustanciado ninguna comparecencia y ha advertido de la posibilidad de que la comisión no se pueda reunir hasta dentro de dos meses.

El portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, indicó que en su grupo están «un poco hartos de la batallita que se traen el PP y el PSOE» en la comisión y advirtió de que «se trata de avanzar y no de poner comas». Por ello, instó al PP, «más que al PSOE», a que cambie la dinámica de la comisión porque «no se avanza lo que se tenía que avanzar».

Ciudadanos pidió en las Cortes, para que sea tenido en cuenta en la Comisión, la comparecencia de 26 personas, entre ellas la del actual alcalde de Salamanca y secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exconsejero de Interior y Justicia de la Junta, y del extesorero del PP Angel Sanchis. Según el portavoz de Ciudadanos, la petición de comparecencia de Fernández Mañueco responde a una «responsabilidad política» y para que diga «cuando tiene conocimiento de los implicados del Partido Popular» y que medida se adoptaron en el seno de su formación.

El líder de Podemos, Pablo Fernández, lamenta que no se alcanzara un acuerdo en cuanto a las comparecencias por la oposición del PP cuando, a su juicio, existía la posibilidad de que algunas personas ya podían ir compareciendo a pesar de no contar con toda la documentación por lo que ha advertido que la comisión tiene que ser «más ágil«. Por ello reclamó que la documentación de la Agencia Tributaria llegue cuanto antes y que se facilite el trabajo a los miembros de la Comisión, Desde Podemos también pidieron que se remitan y se centralicen los documentos en las Cortes.

El Gobierno central actúa contra los planes de Castilla-La Mancha para paralizar el ATC

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El Gobierno de la nación presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del mes de julio por el que el Ejecutivo de Emiliano García-Page amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito, situada a unos kilómetros del futuro emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) y que podría paralizar su instalación.

Así lo anunció el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, quien explicó además que se ha solicitado la suspensión cautelar de dicho acuerdo. Gregorio incidió en que el Gobierno de España «hará lo posible dentro de la legalidad para que el ATC se construya» ya que la construcción de esta infraestructura «es una cuestión de Estado«. «Es de interés nacional y lo estamos defendiendo todos los españoles, no aceptamos que un irresponsable en manos de otros irresponsables lleve a la ruina a esta comarca, a esta provincia y a esta región», enfatizó Gregorio, que añadió además que el recurso está fundamentado en «que García-Page ha utilizado una fórmula torticera para cargarse el proyecto con falta de criterio».

El alcalde reta a García-Page

Por su parte, el alcalde de la localidad, José María Saiz, indicó que pese a la ampliación de la ZEPA por parte del Gobierno regional las obras «no se han parado» y los técnicos siguen haciendo los trabajos previos a la instalación. En este punto, retó al presidente autonómico a paralizar las obras «si el quiere», advirtiéndole que al tratarse de unas obras de Estado esa paralización conllevaría un gasto que «él tendría que asumir». Saiz lamenta que García-Page intente poner «palos en las ruedas» de este proyecto «obligado» por Podemos, al tiempo que criticó que estén utilizando a la organización SEO-Birdlife para cuestiones políticas.

El PP es «contundente» recurriendo

Desde el PP de Castilla-La Mancha, destacaron que el Gobierno central ha sido «contundente» al recurrir contra la ZEPA. De hecho, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, indicó que esa «contundencia» del Ejecutivo responde a «la necesidad y obligación del Gobierno de España de defender los objetivos marcados inicialmente» en torno a la construcción del silo. Robisco apuntó que este recurso supone «reafirmar lo que ya estaba hecho e intentar salir adelante y solucionar los problemas«, algo sobre lo que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «se ha pronunciado en bastantes ocasiones y ha sido muy contundente» con «la necesidad de este país» de construir el ATC.

El PSOE critica al Gobierno

El PSOE de Castilla-La Mancha admitió que le «entristece» el recurso que ha interpuesto el Gobierno central, En este sentido, la diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Agustina García Elez, explicó que «nos entristece porque siguen empeñados en traer la basura nuclear a Castilla-La Mancha y más cuando los informes han dicho que no es la situación idónea«, por lo que además la diputada no entiende «qué intereses hay» en que el ATC se instale en Castilla-La Mancha.

Podemos propone investigar «energía limpia»

Por su parte, la red de Coordinación Provincial de Podemos Cuenca propuso que el programa de esta formación para las elecciones generales del 20 de diciembre incluya la sustitución del ATC por un centro de investigación sobre energía limpia. La iniciativa está avalada por el Consejo Ciudadano Estatal y es una de las que llegó a la última fase de selección de propuestas de Podemos Castilla-La Mancha. La propuesta plantea sustituir el almacén temporal centralizado (ATC) que se va a construir en Villar de Cañas por un centro de investigación en energías limpias y renovables como la eólica, la fotovoltaica o los biocombustibles. Asimismo, se propone que el centro de investigación sea una referencia estatal.

Podemos quiere asegurar por ley el suministro energético a los consumidores vulnerables

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EFE.- El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid registró una proposición de ley para garantizar el suministro de energía en los hogares vulnerables a través de una serie de medidas, como la financiación de la ayuda en el pago de las facturas de gas, luz y agua.

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, presentó esta propuesta junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras; y la coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero. «La desigualdad general se ha convertido en desigualdad en términos de energía», aseguró López, que comentó cómo en determinadas familias la escasez de recursos económicos les lleva a prescindir progresivamente de Internet, de la calefacción y de hábitos de higiene como la ducha diaria.

La proposición de ley encaminada a paliar y reducir la pobreza energética contempla la creación de la figura del hogar vulnerable, que podrá acceder a una ayuda para el pago de las facturas de gas, luz y agua, procedente del fondo de contingencia del Gobierno regional. En el caso de los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100%; los de pobreza severa será del 35% (con la posibilidad de llegar hasta el 50% a partir de un hijo o de una persona dependiente); en los hogares de pobreza relativa, donde el gasto energético suponga más del 10% de sus ingresos, la ayuda será del 20% .

La declaración de hogar vulnerable, con una validez de dos años con posibilidad de renovación automática, puede darse en familias que estén situadas en alguno de estos niveles de pobreza, según la clasificación del INE en la Comunidad de Madrid, o en aquellas que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción, entre otros motivos. Además, la proposición de ley insta a la Comunidad de Madrid a buscar acuerdos con las empresas para que no corten el suministro por razones de impago a menos que haya un informe de los servicios sociales municipales que lo autorice.

Por otro lado, establece la aprobación de un plan de medidas de micro-eficiencia energética para promover el cambio en los hábitos de consumo y el ahorro en el coste de la factura de luz, agua y gas en los hogares vulnerables. Este plan, con una duración estimada de 3 años y que estudiará igualmente la posibilidad de reducir la potencia contratada en las viviendas, se nutriría a través de la financiación autonómica o de Europa.

El portavoz de Podemos ha defendido esta iniciativa porque cree que los actuales bonos sociales «se han pensado mal», ya que no tienen en cuenta la renta de las familias sino la potencia energética contratada, por lo que «se está transfiriendo dinero a gente que no lo necesita». «Estamos hablando con las eléctricas, hay que tener buena relación con ellas, pero este tema no es de buena relación, es un tema de derecho, hay que asegurar por ley que no se corte la luz«, afirmó.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, explicó que en la capital madrileña un total de 1.141 hogares recibieron ayuda para el pago de facturas energéticas pero estima que pueden ser más al haber personas que no acuden a los servicios sociales «por la razón que sea». «El Ayuntamiento se está planteando cuando tengamos el estudio de vulnerabilidad asumir el pago de dos facturas», ha dicho.

El grupo de Podemos registró también dos proposiciones no de ley sobre pobreza energética y apoyo al autoconsumo que forman parte de una iniciativa conjunta sobre este asunto presentada en un total de doce comunidades autónomas. En una de estas proposiciones no de ley se pide al Gobierno regional que inste al nacional precisamente a modificar el sistema del bono social para tener en cuenta la renta como criterio principal.