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Abengoa vende su participación en una termosolar en Abu Dhabi por 30 millones mientras Podemos exige rescatar a sus empleados

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EFE / Servimedia.- Todo se produjo en una jornada en la que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) reconoció mantener en Abengoa una exposición financiera de 75 millones de euros. La compañía sigue adelante con su plan de desinversiones y vendió al fondo de inversión emiratí Masdar su participación del 20% en la planta termosolar de 100 megavatios (MW) Shams-1, desarrollada por la compañía en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), una operación valorada en unos 30 millones de euros, según fuentes del sector.

La planta de Shams (Sol en árabe) está situada al suroeste de la capital de los Emiratos, Abu Dabi. La planta era hasta ahora propiedad de una joint venture (sociedad de riesgo compartido) entre Abengoa, Masdar y Total. La compañía añadió que cerró la venta de la antigua sede de Abengoa en Madrid, ubicada en la calle general Martínez Campos. También ha apuntado que ya ha recibido ofertas por el edificio que alberga, entre otras instalaciones, las antiguas oficinas centrales de la compañía en Sevilla, de unos 8.400 metros cuadrados.

Estas operaciones forman parte del planeado programa de venta de activos no estratégicos, en la que se prevé la desinversión en terrenos, inmuebles y la división de bioenergía de primera generación, entre otros activos. Abengoa indicó que ha recibido ofertas por más de 100 millones de euros. Las desinversiones son una de las vías esbozadas en el plan de viabilidad del grupo, que actualmente negocia con los acreedores, y que debe conducir a un acuerdo con estos para reestructurar el grupo antes del 28 de marzo para evitar el concurso.

Por su parte, el presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, indicó que los ingresos procedentes de las ventas de activos se destinarán a cubrir gastos de la compañía para afrontar el proceso de negociación del preconcurso de acreedores. «Estamos comprometidos a transformar el proyecto para adaptarlo al nuevo entorno, manteniendo sus señas de identidad propias entre las que destaca la tecnología puntera y la innovación», subrayó Domínguez Abascal. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores en noviembre ante su elevado endeudamiento: su deuda financiera neta roza los 9.000 millones de euros.

75 millones proceden del BEI

Asimismo, la exposición financiera que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) mantiene en Abengoa asciende a unos 75 millones de euros, si bien se trata de una posición «comparativamente pequeña» con la de otras entidades. Así lo indicó el vicepresidente del BEI, Román Escolano, tras la presentación del informe correspondiente al 2015. Esta cantidad, según Escolano, es «comparativamente muy pequeña» con las de las principales entidades financieras en España que forma en denominado G-7, integrado por Santander, BBVA, Bankia, Sabadell, Popular, HSBC y Crédit Agricole.

«El BEI sigue con mucho interés la evolución del proceso de reestructuración, pero con el tamaño de nuestra financiación no tenemos una posición de liderazgo y corresponde a las entidades que tienen una exposición muy superior», incidió Escolano. En este sentido, el vicepresidente del BEI subrayó que se están siguiendo con «máximo interés y atención las posibles soluciones en el ánimo de preservar los intereses del banco y buscar la mejor solución para la empresa».

«Rescate» de empleados de Abengoa

Por su parte, el diputado sevillano y secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, reclamó a la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, que se involucre en el «rescate» de los trabajadores de Abengoa y «no en el de sus pésimos» gestores.El dirigente de la formación morada ha definido la situación de esta empresa como una «terrible metáfora de un modelo económico acabado».

«Mientras el presidente de Abengoa pide sacrificios a los trabajadores, Javier Benjumea recibe 11 millones de indemnización y se mantiene como asesor por otro millón de euros anuales», denunció Pascual. En este sentido, apeló a la responsabilidad de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de la que auguruó que tiene una «oportunidad de oro para demostrar si está con los trabajadores o está con los culpables del desfalco«. «Por ahora se ha reunido con la banca para salvar a los directivos, pero no hizo nada por salvar a los trabajadores», criticó Pascual.

Villaseca cree que impulsar las renovables requerirá de más subvenciones, descarta fusión con Repsol y desea estabilidad política «cuanto antes»

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EFE / Servimedia.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, aseveró que lo que más interesa a las empresas es que la situación política en España se normalice y estabilice «cuanto antes». Asimismo, indicó que un nuevo fuerte incremento de energías renovables en España requerirá políticas de subvenciones públicas diferentes a las propuestas. En este sentido, Villaseca reconoció que hay proyectos eólicos en determinadas zonas que pueden ser rentables sin subvenciones, pero que éstos son la «excepción» y «no la regla».

Un despliegue más masivo de eólica o de fotovoltaica con precios sólo de mercado no se puede, va a requerir apoyos, subrayó Villaseca, que anunció que estará atento a las oportunidades que surjan en renovables. De paso, Villaseca cuestionó también los resultados de la subasta de renovables, la primera después de la moratoria aplicada por el Gobierno, y en la que ganaron proyectos con descuentos del 100% sobre la subvención, es decir, que funcionarán sólo con precios de mercado. «No entiendo lo que pasó. Si se va al concurso con un 100% de descuento, ¿por qué se va? Si uno no quiere recibir dinero público, que haga el proyecto«, criticó.

Descarta una fusión con Repsol

Villaseca también afirmó que la posibilidad de fusionar la compañía con Repsol, como apuntan algunos analistas, «no está ni siquiera en el radar». De hecho, Villaseca señaló que «no ha habido consideración formal» sobre una eventual fusión con Repsol, que es propietaria de un 30% del accionariado de la gasista.Esta operación «no entra en mi análisis, ni estudio, ni está siquiera en el radar», subrayó. También apuntó que la compañía no estudia una posible recompra de acciones ni acudir a la emisión de bonos convertibles prevista por la petrolera, aunque ha afirmado que estará «atento a cómo vaya Repsol».

La estabilidad política, «cuanto antes»

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa también mostró su interés en que la situación política española se normalice y estabilice «cuando antes». Eso sí, evitó entrar en valoraciones o consideraciones sobre el color político del futuro Gobierno y señaló que se pondrán al servicio del que resulte. Villaseca reconoció que la interinidad de un Gobierno en funciones no es algo bueno aunque, en lo que respecta al sector, las grandes reformas ya están hechas.

«Quedan colas, pero la parte del león está hecha», subrayó en alusión a las reformas energéticas emprendidas en los últimos cuatro años y que han llevado a atajar la generación de más déficit de tarifa en el sistema eléctrico. Entre las tareas pendientes, Villaseca ha apuntado a los problemas del mercado mayorista eléctrico donde «coexisten» energías con rentabilidades reguladas, las renovables, y otras que no. «Hay que ordenarlo», ha subrayado.

En la misma línea, mostró también su confianza de que, tras la formación de un nuevo Ejecutivo, no vaya a haber nuevas medidas regulatorias que supongan un sobrecoste para el sector, algo que en las cuentas de Gas Natural tuvo un impacto de 59 millones de euros en 2015. Preguntado por la posible presencia de Podemos en el Gobierno y sus promesas de nacionalización del sector, rechazó esta posibilidad y cuestionó que pueda haber relación entre una posible nacionalización y una bajada de los precios.

Sus planes dependerán del petróleo

Respecto a su nuevo plan estratégico para los años 2016-2018, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa explicó que la compañía está pendiente de que se clarifique la evolución del precio del petróleo para poder presentarlo, algo que está previsto, en principio, para el segundo trimestre de este año. En este sentido, Villaseca indicó que la cotización del petróleo y su efecto en otras materias primas como el gas, la electricidad o el carbón tuvo un impacto negativo de 114 millones de euros en el beneficio de explotación (Ebitda) de la compañía en el pasado ejercicio. «Esperamos cierta subida con el tiempo del Brent», afirmó Villaseca, quien, sin embargo, admitió que «con el petróleo soy incapaz de prever absolutamente nada».

2016: Inversiones de 2.000 millones

En cuanto al impacto en las cuentas de la compañía, explicó que la cotización del crudo afecta a la compraventa logística de gas, aspecto que representa el 15% de su Ebitda. Por ello, aseguró que «el plan estratégico vendrá afectado por lo que esperemos que vaya a hacer el precio del Brent», por lo que se mostró esperanzado de que «haya más claridad» en el momento en que se presente. Finalmente, adelantó que las inversiones de Gas Natural se situarán en unos 2.000 millones en 2016, en la línea de años anteriores, con partidas para redes de gas en España, proyectos eólicos en Canarias, plan de automatización de contadores eléctricos y proyectos de redes en México, Perú, Colombia y Chile.

Los partidos políticos y los ecologistas piden al CSN que no estudie reabrir Garoña en su pleno de este miércoles

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Redacción / Agencias.- Representantes de PSOE, Podemos, Compromís, ERC, IU-Unidad Popular y Bildu han mantenido un encuentro este martes en el Congreso de los Diputados con miembros de Greenpeace y de Ecologistas en Acción en el que han pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que en su pleno de este miércoles no estudie reabrir Garoña (Burgos). A esta reivindicación se sumarían miembros de Democracia y Libertad (DL) y del PNV que, por problemas de agenda, no han podido participar de la reunión.

Así, desde Greenpeace han acudido a la Cámara Baja su presidente Mario Rodríguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, así como el representante de Ecologistas en Acción, Paco Castejón. Montón sostiene que actualmente «no es momento de firmar una licencia» para reabrir Garoña en las actuales condiciones en las que se encuentra tanto el Gobierno, en funciones, así como la propia instalación atómica. A su juicio, entre otros puntos dice que es una cuestión de «seguridad nuclear».

«Si un gobierno posterior quisiera cerrarla, le darían herramientas a las empresas, Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, para solicitar el lucro cesante por esa decisión de cierre y creemos que en este tiempo de descuento no es momento de renovar la licencia», agrega. Sobre el pleno del CSN de este miércoles, Montón espera «que se paralice ese proceso porque la mayor parte de parlamentarios quiere el cierre de Garoña». Desde Ecologistas en Acción, Paco Castejón, advirtió de que un informe favorable del órgano regulador a la reapertura de la central supondría una «presión inadmisible» sobre un Gobierno que quisiera pronunciarse sobre Garoña de forma autónoma. «Creo que es pertinente que el CSN interrumpa sus funciones estas semanas», precisó Castejón.

En diciembre de 2014, PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias sellaron un pacto para que la instalación atómica de Garoña no reanudase sus operaciones en cuanto cambiaran las mayorías en el Congreso. Actualmente, las formaciones que no quieren la reapertura de la central lograrían la mayoría necesaria para que ésta no pudiera volver a operar. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear, debe elaborar un informe para evaluar si se han cumplido los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña. El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta y, si es positivo, dejaría la decisión última en manos de Industria y el Consejo de Ministros.

Por su parte, la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, explicó que la reunión pretende visualizar la oposición parlamentaria a la reapertura de la nuclear y su apoyo a un plan de sustitución de las nucleares por renovables. Asimismo, recordó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en la Cámara esta legislatura con el objetivo de que no se reabra Garoña. Sobre si el PSOE estaría dispuesto a cambiar las reglas del juego en la elección de consejeros del CSN, Lucio subrayó que se trata de «un compromiso de campaña» y confirmó que su formación estaría a favor de una revisión en profundidad sobre cómo se eligen los consejeros del CSN y otro organismos reguladores.

Mientras, Juan López de Uralde, diputado de Equo y Podemos, ve importante que desde la sociedad civil se inste a los partidos a cumplir lo prometido en ese acuerdo de cerrar de forma definitiva la central. Podemos también presentó en la Cámara una proposición no de ley instando a la no reapertura de Garoña y solicitó al CSN que el proceso se paralice hasta que haya un gobierno. «Un gobierno en funciones debe actuar en asuntos del día a día pero la reapertura de una central para los próximos 17 años no le corresponde», indicó.

Sobre el pleno del órgano regulador de este miércoles, Uralde hace un llamamiento para que no trate la cuestión de Garoña. «Hay 7 puntos que quedaron retrasados e instamos a que no se traten y se espere a que haya un gobierno para no condicionar la reapertura o ver los costes económicos que tendría que el CSN se adelante a lo que pueda decidir un gobierno», ha precisado el diputado. Tanto partidos como grupos ecologistas incidieron en que es la primera vez en la historia del país en la que se daría luz verde a una renovación a una nuclear por un periodo de 17 años, en lugar de las anteriores renovaciones por 10 años.

La Ley 25 de Podemos en tres episodios y un ‘zasca’

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Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.

Podemos exige al CSN que detenga la evaluación de la reapertura de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno

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Europa Press / EFE.- Mientras el Gobierno autonómico de Navarra también reclama su cierre, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y diputada del grupo parlamentario de esta formación, Carolina Bescansa, entregó una carta en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para instar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, a detener el proceso de evaluación de la solicitud de Nuclenor para volver a producir electricidad en la central nuclear de Garoña (Burgos), por lo menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Tras entregar la misiva en el registro del organismo, Bescansa se mostró en contra de la reapertura de la instalación e incidió en la necesidad de iniciar una «transición energética» hacia otras fuentes de energía «limpias y renovables». En todo caso, hizo hincapié en que un Gobierno en funciones no debería tomar decisiones cuyo efecto podría revertir en una aprobación de actividad de Garoña para los próximos 15 años. Según indicó, «no es el momento de tomar una decisión» mientras el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones «transitorio» y señaló que, en caso de que el Parlamento o el próximo Ejecutivo decida clausurarla, el permiso de reapertura podría dar lugar a reclamaciones por lucro cesante.

«Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo«, reza la misiva firmada por los diputados de Podemos y dirigida al presidente del CSN. Garoña está paralizada desde 2013 por decisión de su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), que no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

Para Bescansa, más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad o no de la reapertura de la instalación, la decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta es también cuestión de «voluntad política» y de «un modelo energético de país». «En todo caso, las decisiones sobre energía nuclear no son decisiones aisladas sino que responden a un modelo energético de país y creemos que ya llegó el momento de que se plantee la transición energética de nuestro país, tan necesaria, hacia las energías limpias y renovables», subrayó.

Durante su intervención, Bescansa reiteró hasta 4 veces que Garoña es una instalación «gemela» de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que fue destruida por un maremoto en 2009. En este sentido, el texto que han entregado en el CSN pone de relieve que la hipotética renovación de la concesión de actividad de Garoña sería «inédita en la historia de la seguridad nuclear de España» y supondría «autorizar llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida» cuando «su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años«. Asimismo, recuerdan que permitiría «una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años«.

Por estos motivos, «es debida una detallada explicación al Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación», añade el documento. Finalmente, Podemos señala que la paralización de la actividad de la central en 2013 «no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico«, situación que, a su juicio, podría prolongarse «unos meses más», hasta que se haya formado un Ejecutivo. «En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente», concluye el texto.

Navarra en contra de Garoña

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición de nacionalistas vascos y partidos de izquierdas con el apoyo de Podemos, adoptó un acuerdo por el que solicita al Estado que no se reabra la central nuclear de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente. En su acuerdo, el Ejecutivo que presidente Uxue Barkos ha considerado que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral».

PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida presentan en el Congreso una iniciativa conjunta para evitar el cierre de Elcogas

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Redacción / Agencias.- Mientras los trabajadores de Elcogas se manifestaban en Madrid y entregaban el plan de viabilidad de la empresa al Ministerio de Industria, el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley conjunta para exigir a Industria que «reconsidere su posición» y solucione el conflicto de Elcogas aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la térmica de Puertollano (Ciudad Real) y evite el cierre previsto para este domingo.

La petición al Ministerio de Industria de que apueste por un plan de viabilidad para Elcogas ha logrado la primera iniciativa conjunta de los principales partidos políticos a excepción del PP en esta nueva legislatura. En este sentido, las cuatro formaciones, acompañadas por representantes de los trabajadores de Elcogas, presentaron un texto en el que se reclama a Industria y a la dirección que garantice el futuro de la empresa con un plan de viabilidad que «garantice su continuidad potenciando su actividad en la hibridación con biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías«. También instan al Ejecutivo a que trabaje en un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca.

La diputada castellano-manchega y número tres del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, subrayó el «esfuerzo colectivo» plasmado en la iniciativa, con la unión de la oposición, recogiendo un «amplio apoyo social y político» a los trabajadores de Elcogas. Además, aseguró que la solución a este conflicto es «fácil» porque sólo depende de una «decisión política» y criticó al Gobierno del PP que no tenga «la más mínima voluntad política de sacar adelante el proyecto». Por eso, pidió a los populares que «sean al menos capaces de reconocer que están en la recta final de su Gobierno» y que «mantengan todas las posibilidades de viabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno con una sensibilidad diferente«.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, hizo hincapié en que su formación pretende ser «vehículo de las reivindicaciones de los trabajadores» porque «las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social», y exigió a Industria que «reconsidere su posición» y acabe con el proceso de desindustrialización del país, del que Elcogas no es más que un ejemplo. «Es necesario poner en valor los intereses del país y acabar con este proceso. La obligación de los representantes políticos es estar con los trabajadores. No se puede mirar a otra parte, el empleo es prioritario para poder afrontar el futuro del país», insistió.

También la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, exigió al Ministerio que «dé una respuesta cuanto antes» a las reivindicaciones de los trabajadores para que Elcogas no cierre, matizando en coordinación con la empresa lo que sea necesario del plan de viabilidad que se presentó el pasado mes de diciembre y que ha sido rechazado. En este sentido, recordó que el PP ya no puede justificar sus decisiones en una mayoría absoluta que «ha perdido» pero que Puertollano tampoco puede esperar al cambio de Gobierno, por lo que debe ser el actual Ministerio el que resuelva el conflicto «inmediatamente«, tal y como está haciendo con otras empresas y como exige todo el Ayuntamiento puertollanero.

La unión de las principales fuerzas políticas al margen del PP fue agradecida por Agustín Pérez, representante de UGT de Castilla-La Mancha, quien espera que la apuesta por Elcogas sea una «realidad» y se logre un «plan específico que apoye la quema de carbón limpia y las inversiones que necesita Elcogas para seguir siendo una empresa puntera en innovación». Asimismo, Ángel León, de CCOO en Castilla-La Mancha, resaltó la iniciativa y señaló que la ausencia del PP es un «síntoma muy importe, porque cada uno se está retratando». Esperan que Industria escuche sus peticiones y que esta semana haga pública una resolución «positiva» dado que el cierre inaplazable de Elcogas está fijado para el domingo.

Entregan el plan a Industria

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, explicó que se reunió con la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, a la que entregó el plan de viabilidad para evitar el cierre de la central. Una reunión que se produjo en el marco de la manifestación frente al Ministerio de Industria que algo más de 100 trabajadores de la termoeléctrica de Puertollano realizaron contra su desconexión. Por otro lado, los sindicatos confirmaron que este miércoles se reunirán con el presidente de Elcogas y consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y que han solicitado una «reunión urgente tripartita» entre Ministerio, trabajadores y empresa «antes del viernes«.

Sobre el plan de viabilidad elaborado por la empresa, el representante de los trabajadores de la planta lamentó que los problemas con el marco regulatorio no tengan una solución rápida. «Hay que buscar alternativas para garantizar que la planta no se desmantele y evitar la desconexión», apuntó Alcaide. Asimismo, reiteró que «el 100% de la plantilla» seguirá encerrada en las instalaciones hasta que se logre solucionar el conflicto y también se mantendrán las movilizaciones «hasta el último minuto». Por su parte, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, aseguró que la solución es «reunirse todos los implicados», después de dos años «luchando».

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

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Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

Podemos /Equo pide en el Congreso que el Gobierno no reabra Garoña y que se derogue el decreto de autoconsumo

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Europa Press / EFE.- El grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos). El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, recuerda que su partido defendió en campaña el cierre definitivo de esta central nuclear y añadió que con esta iniciativa pretenden poner de manifiesto la «barbaridad» que está a punto de cometer «un gobierno en funciones».

En su proposición no de ley, Podemos señala que el Consejo de Seguridad Nuclear está dando pasos para avanzar en la reapertura de la central y para establecer compensaciones económicas a Nuclenor, la empresa propietaria, de cara a un futuro cierre. Esta fuerza política considera «inadmisible» que en la actual situación política se desarrollen medidas que «comprometen presupuestariamente a un futuro gobierno si decide cerrar la central nuclear». «Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha», sostiene el portavoz de Equo en su iniciativa, que consideró «inaceptable» que el Gobierno en funciones «tratase de activar el proceso» de reapertura de la planta atómica, teniendo en cuenta que la mayoría del nuevo arco parlamentario lo rechaza.

En este sentido, Uralde recuerda el acuerdo parlamentario sellado en diciembre de 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. En la iniciativa, se recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que le ha llegado el momento de ser desmantelada.

Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica de Garoña «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y además es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, «tristemente famosa» por protagonizar un «grave accidente» nuclear.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (Nuclenor) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo popular está utilizando el caso de la central nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

Por ello, la proposición no de ley planteada insta al Gobierno en el Congreso al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras». En la iniciativa, también plantea que el desmantelamiento de la instalación atómica contará con un calendario público de cierre definitivo durante el período, necesariamente de varios años, en el que se recoja también el consiguiente plan de reactivación económica de la zona.

Derogar la normativa de autoconsumo

Por otro lado, Podemos / Equo presentó otra proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno derogue «todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación». Uralde pretende con esta iniciativa fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales con la aprobación de una normativa que reconozca el derecho a retribución por la energía vertida en la red y elimine cualquier tipo de peaje por el consumo instantáneo de energía autogenerada.

En la iniciativa, el dirigente ecologista subraya las «indudables ventajas» del autoconsumo energético, entre las que cita la reducción de costes en infraestructuras y mantenimiento, la reducción de la contaminación, el incremento del uso de renovables, el ahorro en la factura y la consecuente lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de un nuevo sector económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso, Uralde critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprobado tanto el decreto de Autoconsumo, que impone peajes a esta modalidad de uso de energía, como la Ley del Sector Eléctrico, que exige a todo este tipo de instalaciones contribuir a los costes y servicios del sistema en igualdad de condiciones con el resto.

Castilla-La Mancha pide una reunión urgente con Rajoy sobre Elcogas y Podemos tacha el cierre de «genocidio laboral»

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EFE.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar «con urgencia» una reunión con el presidente en funciones del Gobierno y con el ministro de Industria para intentar «una solución definitiva» a Elcogas una vez que el Ministerio ha rechazado el plan de viabilidad presentado por la empresa.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha explicado que si el Gobierno en funciones «ha demostrado que tiene autoridad» para aprobar planes «lesivos» para Castilla-La Mancha, como los planes de las cuencas hidrográficas del Tajo, Júcar, Guadiana y Segura, también tiene autoridad para dar una salida a la situación de la planta de Elcogas en Puertollano.

El portavoz del Gobierno regional ha insistido en que el Ejecutivo no entiende porqué el Ministerio pidió a la empresa un plan de viabilidad y lo rechaza «sin más», sin observaciones o recomendaciones, «sin ningún tipo de prórroga» y sin comunicarlo al Gobierno de Castilla-La Mancha. «Simplemente rechaza un plan de viabilidad que ellos mismos pidieron en su momento», ha dicho.

Nacho Hernando ha precisado que el Ejecutivo regional no se va a quedar «con los brazos cruzados o caídos» en el tema de Elcogas y ha lamentado que «por vaguería o por dejadez o por venganza política» se descarte un plan de viabilidad «nada más recibirlo».

 

CCOO y UGT creen que la respuesta de Industria es un «jarro de agua fría»

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han coincidido hoy en señalar que la respuesta del Ministerio de Industria al plan de viabilidad de Elcogas, en la que rechaza incluir a la empresa en un régimen retributivo específico, es «un jarro de agua fría» y «un golpe bajo» a la economía de la región.

Han pedido a la empresa el documento que le ha sido remitido por el Ministerio de Industria para «conocer al detalle» la respuesta del departamento dirigido por José Manuel Soria.

UGT ha explicado que, según lo expresado por la empresa, Industria ha decidido no incluir a Elcogas en un marco retributivo específico ni aportar ayudas para que la planta se transforme para producir energía con biomasa, durante los dos años que duraría el proceso.

Por todo ello, ha concluido en que, tras la respuesta de Industria -que ha definido como un «jarro de agua fría» para los intereses de los trabajadores-, «la situación es complicada».

Por su parte, CCOO, ha definido como «un golpe bajo a la economía de Castilla-La Mancha y al empleo de la región» la respuesta de Industria, del mismo modo que también es perjudicial desde el punto de vista medioambiental y de la producción energética.

 

Y Podemos denuncia el «genocidio laboral» que hace el Gobierno con Elcogas

El secretario de Política de Podemos Castilla-La Mancha, Francis Gil, ha denunciado el «genocidio laboral» que está practicando el Gobierno con los trabajadores de Elcogas y lo ha acusado de estar jugando «de manera inmoral» con toda la comarca de Puertollano. «Lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, en todos los niveles, con Elcogas es un verdadero genocidio laboral, que no se puede consentir», ha dicho.

«Se lo ha dicho todo el mundo, incluso el Partido Popular de Puertollano», ha afirmado Gil, que ha añadido: «Debe ser que el Ministerio, todavía estando en funciones, no entiende lo qué pasa en Puertollano y creo que no hay más opción que explicárselo una vez más por todos los medios posibles».

Gil ha señalado que Podemos hace más de dos años que está pendientes del futuro de los trabajadores de Elcogas y ha recordado que ha propuesto regionalizar la empresa «y continuamos por ahí», ha añadido.