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Podemos propone un bono social progresivo para la luz y el gas que sea costeado por las empresas energéticas

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Europa Press.- Podemos ha incluido en su Ley 25, la primera iniciativa que ha registrado en el Congreso de los Diputados, la regulación de un nuevo bono social para la electricidad y el gas que sea de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de las familias y que parta de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar.

La proposición de ley plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico y una regulación similar para el ámbito del gas natural. En ambos casos el objetivo es establecer unos criterios en las ayudas basados en la renta y evitar que se corte el suministro a familias que no pueden pagar sus facturas. Así, el Gobierno definirá lo que se considera un hogar vulnerable y actualizará cada año los parámetros para medirlo, incluyendo en todo caso a los hogares en situación de pobreza relativa y severa según los estándares del Instituto Nacional de Estadística.

Serán los servicios sociales los que certifiquen la situación de vulnerabilidad de una familia y su grado, lo que le dará derecho a acceder a un bono de suministros para cubrir las necesidades básicas de electricidad y gas, cuya cuantía irá aumentando conforme mayor sea la pobreza. El bono se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta el límite que cada año el Ministerio de Energía fije como Consumo Mínimo Vital mensual, tanto para el gas como para la electricidad.

Así, los hogares con grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de las facturas, y el porcentaje se irá reduciendo en función del nivel de pobreza y en las cuantías que determine el Gobierno. Las condiciones de acceso se podrán mantener durante un ejercicio y se revisarán anualmente, pudiendo prolongarse de manera indefinida mientras persista la situación de vulnerabilidad. Si el hogar ya percibe alguna otra ayuda pública para paliar su situación de pobreza energética, el importe que le corresponda de ese bono se ajustará para no superar los límites máximos.

Por otra parte, la formación morada pretende con su proposición de ley impedir que las empresas energéticas puedan cortar el suministro de la vivienda habitual de los consumidores vulnerables: antes de cualquier corte los servicios sociales deberán verificar la situación del hogar, con un plazo máximo de 60 días para resolver y el régimen de silencio positivo. Es decir, que se considerará que el consumidor se encuentra en situación de vulnerabilidad mientras la Administración no se pronuncie en sentido contrario.

En este caso, la empresa sólo podrá iniciar los trámites de suspensión de suministro si se hubiera superado el Consumo Mínimo Vital anual y hubieran pasado 3 meses desde la factura adicional de gastos adeudados. Sin embargo, en estos casos los servicios sociales comprobarían también si ha aumentado el grado de vulnerabilidad del hogary, en su caso, ajustarían la cuantía del bono con carácter retroactivo, de modo que el consumidor tuviera que abonar únicamente la deuda que le quedara pendiente, contando para ello con un plazo de 3 meses.

En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas suministradoras las que, al menos en parte, costeen este bono social «proporcionalmente a su volumen de negocio». Por eso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendría que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se harían cargo de los costes, y publicar el listado en el Boletín Oficial del Estado, tanto para la electricidad como para el gas.

La bici del diputado López de Uralde (Equo), un símbolo de la lucha por la movilidad sostenible

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales han celebrado que el diputado de Podemos-Equo Juan López de Uralde haya acudido al Congreso de los Diputados en bicicleta porque es un gesto «positivo» en favor de la movilidad sostenible. Además, los ecologistas consideran que el hecho de que no haya un aparcamiento previsto para bicicletas en la Cámara Baja es un síntoma del camino que falta por recorrer.

Para el responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González, que 3 diputados empiecen a ir en bicicleta es un «síntoma bastante positivo y un gesto simbólico» y espera que tanto Uralde como sus compañeros inviten al resto de diputados a emularles. «Es un buen punto de partida», indicó, al tiempo que ha añadido que el hecho de que «al final» le hayan dejado meter la bicicleta en el garaje para coches es un síntoma de que «no está previsto» un aparcamiento para este medio de transporte. Respecto al nuevo periodo del Parlamento, ha deseado que la nueva actividad parlamentaria impulse un «nuevo espíritu» en la movilidad del futuro.

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, celebró que las cosas están cambiando y que en el Parlamento estén entrando diputados con «una sensibilidad ambiental diferente«. Por ello, cree que estas motivaciones deben verse en distintos gestos como ir en bicicleta, igual que ya hacen algunos alcaldes e incluso han hecho algunos primer ministro de otros países. Sin embargo, le parece «sorprendente» que ni siquiera esté previsto que entren bicicletas en el Congreso. «El hecho de que no haya espacio para bicis pero sí un garaje para coches es muy significativo», subrayó.

En esta línea, para la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, el gesto de Uralde, que fue director ejecutivo de esta misma ONG, supone el «símbolo» de que Madrid debe ser «mucho más habitable» y una ciudad no solo para los conductores, sino para los ciudadanos. Asimismo, opina que una ciudad grande debe de facilitar la movilidad sostenible y confía en que Uralde favorecerá desde la Cámara Baja la movilidad sostenible ya que sus declaraciones «siempre» han estado dirigidas hacia la lucha contra el cambio climático, para lo que la movilidad es «fundamental».

En la misma línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, cree que los gestos son «muy poderosos e importantes y siempre han ayudado a mover las ideas», por lo que califica la llegada en bici al Congreso de un «símbolo de los nuevos aires que llegan al Congreso y que espera que se materialicen de verdad en propuestas y acción política cuanto antes». En este sentido, indicó que espera que Podemos «asuma cuanto antes los postulados» de Equo, cuyo programa ambiental es «muy potente». Del Olmo pide que estas formaciones pongan la defensa del medio ambiente entre sus prioridades puesto que «sin un medio ambiente adecuado, todo lo demás está en peligro».

Uralde (Equo/Podemos) destaca la irrupción del ecologismo político en el Congreso

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EFE.- El diputado electo por Álava y ex dirigente de Greenpeace, Juan López de Uralde (Podemos-Ahal Dugu) considera que la elección de 5 diputados «verdes» es «un hecho histórico» y marca una nueva era con «la irrupción del ecologismo político en el Parlamento». López de Uralde ha manifestado su «satisfacción» por los 3 diputados que su formación (Equo integrada en Podemos-Ahal) ha obtenido en Álava, Vizcaya y Huesca, y ha asegurado que «la ecología política se ha sumado al cambio en el panorama político español«.

«Álava, el territorio que yo encabezaba, es en el que Podemos ha obtenido el mayor porcentaje de votos de toda España, por lo que la confluencia ha funcionado, hemos multiplicado el voto y ello constituye una buena noticia para la ecología política«, explicó. En esta provincia Podemos se convirtió en la primera fuerza política con un total de 48.265 votos, lo que supone un 27% respecto a las demás formaciones.

Además de López de Uralde, diputado por Álava, los otros 4 representantes que estarán presentes en el Congreso de los Diputados serán Josep Vendrell (En Comú Podem), Rosa Martínez (Ahora Podemos por Vizcaya), Aina Vidal Saez (En Comú Podem) y Jorge Luis Bail (Podemos Aragón por Huesca). Según Uralde, «se abre una nueva etapa asimilable al resto de los países de Europa, donde el medio ambiente es un elemento que se trata con normalidad dentro del debate político y ahí debe estar de forma permanente».

Uralde ha recordado, en relación a los recientes incendios forestales, que desde su formación siempre han defendido «la prevención». Desde su coalición, creen además que la clave pasa por «hacer frente al cambio climático», ya que las condiciones meteorológicas favorecen los grandes incendios forestales». En cuanto a las prioridades de su formación para afrontar el fenómeno del cambio climático, tras la reciente COP21 de París, ha explicado que disponen de «un plan de transición que apuesta por el cambio hacia un modelo basado en las energías renovables y en la eficiencia energética«, y ha enfatizado: «para ello vamos a trabajar».

El resultado electoral abre semanas de incertidumbre

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El PP ganó las elecciones generales de 2015 pero no son pocos los que creen que el próximo año tocará volver a las urnas dada la dificultad para formar mayorías estables. En el apartado energético, el ministro José Manuel Soria, Guillermo Mariscal, Pablo Matos (todos del PP), Pilar Lucio (PSOE), Pedro Azpiazu (PNV) y Juan López de Uralde (Podemos/EQUO) obtuvieron sus correspondientes escaños.

El PP ha cimentado su mensaje electoral en el continuismo y en la estabilidad en el Gobierno, apoyándose en unos indicadores económicos que han mejorado los números pero que esconden múltiples lecturas detrás, tal y cómo ha demostrado una victoria menor que sacrifica 63 escaños, 16 puntos y 3,5 millones de votos. En lo que atañe al mundo energético, las miradas al PP se concentraban en Canarias al realizar el escrutinio para valorar quiénes podrían ser las voces de la energía en la nueva legislatura.

En la legislatura de las prospecciones petrolíferas, aumentó notablemente el voto, pasando de un 59% a un 65%, con un importante auge de Podemos, que irrumpió con fuerza en Canarias siendo la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. El descenso del PP en votos fue similar a la caída sufrida a nivel nacional. Aún así, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por la circunscripción de Gran Canaria, como por Tenerife el presidente de la comisión del área en el Congreso durante esta legislatura, Pablo Matos, se hicieron con la victoria. Asimismo, el portavoz del PP de Energía en esta comisión, Guillermo Mariscal, obtuvo su escaño sin problemas.

También ganó las elecciones en su circunscripción Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y el principal valedor del nacimiento de esta formación política en 2011 después de abandonar su cargo de director ejecutivo de Greenpeace. Uralde concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos, por delante del PP (33.609), EAJ-PNV (28.297) y PSE-EE (25.293).Complicada para esta formación poder optar al Gobierno aunque en energía comparten muchos puntos con el PSOE, tal y como se pudo comprobar en la entrevista en la que afirmaba que «reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción”.

3.000 votos separaron a Pilar Lucio de alzarse con la victoria en la circunscripción de Cáceres, triunfo que sí logró el PSOE en Badajoz. En cualquier caso es buen dato para los socialistas el empate con el PP y haber frenado el auge de los partidos emergentes, que no alcanzan representación. El tiempo dirá si Lucio se ocupa de los temas energéticos de la formación en el Congreso, dada su vocación más centrada al Medio Ambiente, en otra comisión parlamentaria durante esta legislatura. Otro socialista que consigue escaño es el asturiano Antonio Trevín, habitual orador en la comisión cuando se trata la minería del carbón.

Finalmente, otro diputado que es ya un clásico en estas lides es Pedro Azpiazu (PNV), que acudió como número 2 por la circunscripción de Vizcaya, la única en la que ganaron los nacionalistas vascos. En el capítulo de ausencias, en la nueva legislatura no estarán, entre otros, algunos que no obtuvieron escaño como Josep Sánchez Llibre, número 2 de la escindida Unió, Ricardo Sixto (Izquierda Plural), y otros que no iban en listas como Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) o el portavoz socialista de Energía, José Segura, cuyas intervenciones en la comisión del Congreso se echarán sin duda de menos en la Carrera de San Jerónimo.

El ecologismo político llega al Congreso con tres diputados de Equo y Garoña y el fracking entre sus objetivos

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Servimedia / EFE.- Con el objetivo de cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y parar cualquier proyecto que utilice la técnica de la fractura hidráulica en España, el ecologismo político de Equo irrumpe en la undécima legislatura del Congreso de los Diputados con tres diputados que se presentaron a las elecciones con Podemos. Son Juan López de Uralde, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail.

López de Uralde, coportavoz federal de Equo, concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos. Rosa Martínez, también coportavoz federal de Equo, entrará también en el Congreso al figurar en el segundo puesto de la lista de Podemos-Ahal Dugu en Vizcaya. Esa provincia ponía en juego ocho escaños, que se han repartido EAJ-PNV (3), Podemos (2) y PSE-EE, EH Bildu y PP (1 cada uno). Y Bail lideraba la candidatura de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común en la provincia de Huesca, donde también consiguieron escaño el PP-PAR y el PSOE, todos ellos con un asiento en el Congreso de los Diputados.

En ninguna de las legislaturas anteriores coincidieron al menos tres diputados verdes. El primero de todos fue Paco Garrido, entonces portavoz confederal de Los Verdes y que obtuvo un escaño por Sevilla al presentarse a la lista del PSOE en las elecciones generales de 2004, de las que saldría el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos años después logró un asiento otro representante de Los Verdes, Joan Oms.

Por otro lado, López de Uralde se mostró «satisfecho» por los resultados de Equo en las elecciones generales y destacó que en Álava la formación morada consiguió «el porcentaje más alto de votos y la mayor diferencia con el segundo». «Hemos batido a la cúpula del PP en el País Vasco, con el ministro Alfonso Alonso y el exalcalde de Vitoria Javier Maroto», indicó. Precisamente, el propio Maroto se ha quedado fuera del Congreso. «Desde luego, para nosotros hay motivos para la satisfacción. Hemos conseguido tres diputados en las listas de Podemos y eso nos da una plataforma para seguir trabajando por la ecología política y la defensa de nuestros planteamientos desde el Congreso», apuntó.

López de Uralde expresó su deseo de que Podemos pueda gobernar para «llevar adelante» las propuestas de la formación ecologista, aunque se mostró prudente, a la espera de «ver cómo se desarrollan las conversaciones». «Nos presentamos con dos objetivos. Primero, que nuestros votos y la ecología política se sumaran al cambio, que era tan necesario en este país y es un momento histórico poder trabajar por él. Y segundo, con el objetivo a largo plazo de consolidar el ecologismo político en España», apostilló. Por último, López de Uralde indicó que llevará al Congreso de los Diputados «la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad«, asuntos en los que lleva trabajando en las tres últimas décadas.

Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

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La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El futuro de la CNMC, en juego en las urnas

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La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.

Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.

Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».

Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.

El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».

Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.

El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.

«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Juan López de Uralde (Equo/Podemos): «Reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción»

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Juan López de Uralde (San Sebastián, 1963) es coportavoz de EQUO y encabeza la candidatura de Podemos por la provincia de Álava. Fue director de la organización ecologista Greenpeace España entre 2001 y 2010, año en el que funda el partido EQUO, que decide confluir con Podemos de cara a las elecciones generales. Su propuesta es clara: una transición energética hacia las renovables, basada en la intervención del sector eléctrico, poniendo fin al mercado reimplantando un sistema de costes reconocidos.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El balance es muy malo. El PP, más que lanzar una reforma sostenible del modelo energético, ha realizado una contrarreforma para salvaguardar los intereses del oligopolio energético. Lo hemos visto con las prospecciones de Repsol en Canarias, con el perdón de 3.400 millones de euros a las eléctricas, con el impulso al fracking en la reforma de la Ley de Hidrocarburos y, sobre todo, con el llamado impuesto al sol, que impide de facto el autoconsumo.

–Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Me cuesta que me venga a la mente algo bueno…

-En general, ¿en qué situación se encuentra el sector energético para los próximos cuatro años?

Pues se encuentra en una situación complicada si nuestro objetivo es lograr un cambio de modelo energético. Sólo hay que echar un vistazo a la última jugada del PP al respecto: el PP tiene un tercer consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, asegurándose la mayoría en el pleno de este organismo regulador y rompiendo así la paridad que existía entre PP y PSOE. Este golpe de estado en el CSN hace que el PP se asegure tomar las decisiones en materia de energía nuclear; los populares se han asegurado la mayoría en el consejo sin necesidad de estar gobernando.

De cara a los próximos cuatro años necesitamos poner en marcha una auténtica revolución en el sector energético para que gire decididamente hacia el ámbito de las energías renovables, para establecer un sistema sostenible y descentralizado que sea bueno tanto para el planeta como para los ciudadanos.

-En referencia a la diferencia de precios de la energía en España con respecto a Europa y sus causas, ¿qué opina su partido sobre su efecto en la competitividad? ¿qué piensan al respecto y qué propondrían para solucionarlo?

España es uno de los países de Europa donde la electricidad es más cara y esta circunstancia tiene un efecto desastroso en la competitividad de nuestras empresas. Para solucionarlo, es necesario actuar en múltiples frentes: por un lado, fomentando la implantación de medidas de eficiencia y ahorro energético, y por otro, impulsando una reforma profunda del sector eléctrico en general, y del mercado eléctrico en particular. En este sentido, es preciso asignar una retribución justa a cada tecnología en función de sus costes de generación, eliminando los beneficios caídos del cielo que perciben las centrales ya amortizadas e incluyendo en dicha retribución los impactos negativos de ciertas tecnologías en el aspecto social y ambiental.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Consideramos imprescindible un cambio en política energética que facilite un nuevo modelo energético. Proponemos la aprobación de una ley de cambio climático, la lucha contra la pobreza energética y medidas que permitan una transición hacia un 100% de energías renovables en 2050, fijando a medio plazo una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990. También se recogen medidas para poner la energía, por supuesto renovable, en manos de la ciudadanía, y el abandono de las energías contaminantes.

-Su partido apuesta por el cierre de las centrales nucleares, ¿cómo piensan suplir esa producción de electricidad que supone ese 20/25% que generan anualmente?

Desde EQUO apostamos por transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la generación distribuida, dejando atrás la dependencia de combustibles fósiles, la energía nuclear y prácticas como la fractura hidráulica (fracking). Nuestra visión es la de un Mercado Eléctrico Europeo. Para ello defendemos  el fin de las ayudas a combustibles fósiles y energía nuclear, así como a todos los equipamientos y usos ineficientes de la energía. Cierre progresivo de centrales nucleares para antes de 2020 como objetivo y, en cualquier caso, no más allá de los 40 años de vida útil de las centrales nucleares.

Dado el exceso de potencia instalada, no sería necesario implementar medidas inmediatas para suplir ese 20% de producción nuclear. Este porcentaje se cubriría con la instalación de nueva potencia renovable y, hasta que ésta estuviera operativa, mediante las centrales de ciclo combinado que actualmente están funcionando al 10% de su capacidad.

-¿Qué les parece el nuevo sistema de facturación horaria aprobado en esta legislatura?

Tal y como está planteada, es una medida que no beneficia al consumidor sino que nuevamente las beneficiadas son las eléctricas. Para poder aprovecharse de la facturación horaria, es necesario disponer de un contador inteligente y estar acogido a la tarifa regulada o PVPC, lo que actualmente sólo cumplen unos 5 millones de usuarios. Y el ahorro que podrían conseguir con esta facturación se estima en apenas un euro al mes, según los expertos.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit? ¿Considera que las decisiones sobre el suministro eléctrico están politizadas? En caso de que sí, ¿qué harán para evitar este problema?

Nos encontramos con varios problemas: por un lado, el déficit de tarifa o deuda de los consumidores con las eléctricas, es decir, la diferencia entre los costes reconocidos del sistema y los ingresos vía tarifa eléctrica. Se hace imprescindible una auditoría para determinar cuáles de esos costes reconocidos están justificados y cuáles son ficticios. Entonces dispondremos de la verdadera cifra de superávit, que entendemos, debe destinarse a reducir la parte fija del recibo de la luz. No puede ser que España tenga uno de los recibos más caros de toda la Unión Europea.

Por otro lado, tenemos el problema de las puertas giratorias. Por supuesto que las decisiones sobre el suministro eléctrico en este país están politizadas. No hay más que ver la cantidad de expolíticos y altos cargos que se sientan en los consejos de administración de las compañías energéticas o disfrutan de puestos con altas retribuciones en las mismas. Esto sólo puede evitarse adoptando medidas que restrinjan la contratación de exaltos cargos por parte de compañías del sector afectado por sus decisiones mientras desempeñaban su responsabilidad pública.

-Desde la Unión Europea, el comisario Arias Cañete plantea la conveniencia de avanzar hacia un futuro próximo sin tarifa regulada en el sector eléctrico. ¿Comparte estos planteamientos? ¿Aboga por mayor intervención, mayor liberalización o una continuidad en el sector?

Un sector estratégico para cualquier país, como es el energético, no debe estar totalmente liberalizado, eso es evidente. Además, nos encontramos con que la energía y, concretamente, la electricidad, no son bienes de consumo corrientes, sino que son derechos básicos que no pueden dejarse al albur de los intereses privados de unas pocas empresas. Por tanto, en EQUO abogamos por mantener la intervención del sector público en la regulación de la tarifa eléctrica.

GOBERNANZA

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente? ¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La valoración es negativa. Con la creación de la CNMC desaparecen, no sólo la antigua CNE y la CNC, sino también otros organismos reguladores independientes (telecomunicaciones, sector audiovisual, ferroviario, aeroportuario, etc.). El nuevo superregulador ya no es independiente, puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio.

Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores. Sólo en ese caso tendría sentido que las tarifas eléctricas sean fijadas por el organismo regulador.

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

El transporte es una actividad sobrerretribuida, al menos en el caso de la electricidad. No hay más que ver el espectacular incremento de los beneficios de REE año tras año, mientras la inversión en nuevas infraestructuras de transporte no justifica el aumento de la partida destinada a este concepto en la parte regulada del recibo. En este sentido, sí parece conveniente una separación entre las funciones de operador del mercado y el transporte.

-¿Cómo valoran el funcionamiento del mercado de generación español, con unos precios semejantes en esta actividad que los europeos? ¿Cómo valoran la actividad de comercialización en el margen que permite la tarifa regulada? ¿Son partidarios de cumplir con las normativas europeas y profundizar en la liberalización?

Como hemos dicho, somos partidarios de reformar en profundidad el mercado eléctrico, para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes reales de producción y desaparezcan los beneficios extraordinarios percibidos por centrales nucleares e hidroeléctricas. Por tanto, no somos partidarios de una mayor liberalización del sector.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Tras los resultados de la Cumbre de París y la necesidad de luchar contra el cambio climático es necesario mantener la carga impositiva a los combustibles fósiles y favorecer fiscalmente a las energías limpias.

-¿Están dispuestos a sacar del recibo de la luz algunos de los conceptos derivados de cuestiones de política económica, territorial o medioambiental que se cargan en el recibo de todos los consumidores?

Mientras no se realice la auditoría de costes del sector que proponemos, es difícil aclarar esta cuestión.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Estamos de acuerdo. En nuestro programa llevamos la implantación de medidas para una fiscalidad verde: impuesto a los hidrocarburos, igualación de los tipos del gasóleo con la gasolina, aumento de la tarifa del fuelóleo y eliminación de la exención del queroseno en los vuelos domésticos.

RENOVABLES

-¿Qué volumen de nueva potencia renovable estiman para la próxima legislatura?

Si queremos cumplir nuestro objetivo de cerrar las centrales nucleares en 2020 y sustituirlas por instalaciones renovables, sería necesario instalar al menos unos 7.500 MW durante la legislatura.

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Qué piensan de su asignación de nueva potencia mediante subasta? ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

En el actual contexto en que las energías renovables ya son competitivas frente a las convencionales, no tiene sentido establecer ningún tipo de limitación para su implantación. Eso sí, la retribución de las nuevas instalaciones debe ser en todo momento acorde con la evolución de los costes de cada tecnología.

-El modelo retributivo diseñado por el gobierno para las renovables y la distribución denominado de rentabilidad razonable está cuestionado judicialmente y desde el punto de vista de la seguridad jurídica ¿Qué hará su Gobierno ante unas resoluciones contrarias a España en los arbitrajes internacionales? ¿Les daría el mismo trato a los nacionales que a estos inversores extranjeros si el arbitraje falla en su favor?

Desde EQUO somos partidarios de restablecer la retribución a las instalaciones en funcionamiento, que ha sido recortada retroactivamente por el gobierno del PSOE primero y el del PP después. De este modo se restablecería la seguridad jurídica del sector y se neutralizarían los procedimientos de arbitraje internacional actualmente en marcha, eliminando a la vez la discriminación hacia los inversores nacionales.

-¿Cuál es su postura ante el autoconsumo energético? Si se deroga el decreto de autoconsumo, ¿está a favor de que no paguen por el acceso a la red y la utilización de sus servicios los pequeños productores?

El programa electoral incluye la derogación inmediata del actual RD 900/2015 y la aprobación de una normativa reguladora del autoconsumo con balance neto (los usuarios pueden compensar la energía consumida menos la energía vertida a la red, saldando en un balance los periodos de producción y consumo en la factura) y de la generación eléctrica distribuida.

OTRAS PREGUNTAS

-¿Qué papel debe jugar el próximo Gobierno en lo que respecta a las interconexiones?

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética, importamos un 80% de la energía que consumimos y la práctica totalidad de petróleo y gas. Más que fomentar las interconexiones, lo que debe hacer el próximo gobierno es impulsar medidas para lograr una mayor independencia energética respecto al exterior, fomentando la eficiencia, el ahorro y el desarrollo de energías renovables y autóctonas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito? ¿Cómo se pueden combinar, la evolución de la demanda con los objetivos medioambientales y económicos con la situación de la deficitaria minería del carbón nacional?

Proponemos fomentar medidas, a nivel europeo y multilateral, destinadas a favorecer la adaptación de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático basándose en el concepto de resiliencia (capacidad de los sistemas para reponerse frente a una crisis). Como paso preliminar, se habilitará un fondo regional administrado por la Unión Europea basado en el principio “el que contamina paga”, financiado por una tasa europea a los emisores de carbón, tanto a nivel industrias como consumidores

-Guste o no la energía nuclear, las piscinas de los reactores nucleares estarán al límite en un corto plazo de tiempo. ¿Apuestan por el ATC? Si tienen objeciones por esta instalación, ¿se deben a la decisión de ubicarlo en Villar de Cañas o su apuesta es por almacenes individualizados?

Según datos de la propia ENRESA (6º Plan de Residuos Radiactivos), las centrales nucleares españolas tienen espacio en sus piscinas de residuos para albergar los residuos radiactivos hasta al menos el año 2021. Por tanto no habría ningún problema inmediato de falta de espacio. Además algunas centrales, en concreto Ascó y Trillo han construido almacenes ATIs (Almacén Temporal Individualizado) en el propio recinto de las centrales nucleares.

El problema se plantea cuando lo que se pretende (y esto es lo que pretenden el Gobierno del PP y las empresas eléctricas) es alargar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Ahí sí que el ATC adquiere una importancia vital para que ese plan pueda desarrollarse, porque es para ese alargamiento de la vida de las centrales para lo que haría falta más espacio para los residuos radiactivos de alta actividad. El ejemplo más cercano es el de la central nuclear de Garoña, que ya no tiene espacio para albergar más residuos (ha cumplido su vida útil) y no puede ponerse en marcha sin un basurero nuclear al que llevar los nuevos residuos que produjera.

-¿Llevarán a cabo alguna medida en el mercado de comercialización de los carburantes?

Creemos que debería estudiarse la introducción de un céntimo finalista destinado a financiar el plan de transición energética que proponemos. Pero no recogemos ninguna medida concreta.

-¿Cuál es su posición respecto del fracking? ¿Es necesario el fracking en la presente coyuntura  de oferta y demanda, nacional e internacional?

Como hemos comentado antes, desde Podemos-EQUO consideramos la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking), y de las prospecciones en el litoral como una de las medidas en materia de política energética a cambiar.

-Qué valoración hace de cómo se ha resuelto la hibernación del almacén gasista Castor? ¿Era necesaria esta infraestructura?

La terrible cláusula del contrato con Escal UGS por la cual se compromete a pagarle 1.300 millones en caso de paralización, aunque sea legal, es indecente. Es importante que se sepa que el Castor es uno de los primeros Project Bond europeo, y ha sido un completo fracaso y nos debe llevar a replantearnos lo antes posible la pertinencia y los controles que hay sobre este tipo de proyectos.

No podemos seguir financiando con dinero público megainfraestructuras para la industria de los hidrocarburos cuando la política energética que necesitamos va en dirección opuesta. Desde Los Verdes Europeos, exigimos que este dinero se invierta en ahorro, eficiencia energética y energías renovables, y en hacer la tan necesaria transición energética con criterios de participación ciudadana y transparencia.

20 claves energéticas de Podemos para el 20-D: Fin del mercado

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Pablo Iglesias acude a su primer intento de «asalto» a La Moncloa, como él mismo dijo, con un programa electoral en el que su primera propuesta es un Plan Nacional de Transición Energética hacia un modelo renovable. Propuestas que llevan aparejadas un incremento del gasto público en este ámbito (10.000 millones de euros anuales aproximadamente) junto al apagón nuclear o el final del carbón.

Así afronta el programa de Podemos para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: Podemos propone un Plan Nacional de Transición Energética que movilice la inversión público-privada en eficiencia energética y renovables en un 1,5% anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante un periodo de 20 años. Su objetivo es transformar el aparato productivo, el modelo inmobiliario y el sistema de transportes para avanzar hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de energías renovables. Según sus cálculos, la aplicación de este plan permitirá una disminución del 30% del consumo nacional de energía primaria.

ATC: En sus propuestas para Castilla-La Mancha, Podemos destaca como primera medida a tomar la paralización del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo, el programa no ofrece ninguna alternativa para los residuos nucleares.

Autoconsumo: Podemos anuncia que aprobará una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo, concretando bastante su modelo: «la energía autoconsumida instantáneamente queda libre de cualquier tipo de imposición mientras que la energía vertida al sistema eléctrico será justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora (mediante la cancelación de la cantidad de kilovatio hora consumida de la red o por medio de un saldo económico)».

Bono social: Sin referencias al bono social, el partido de Pablo Iglesias se compromete ante los electores a garantizar por ley el acceso a un suministro de energía mínimo. Para ello se fijaría un mínimo vital de electricidad y gas mensual por hogar. Los servicios sociales determinarán la cantidad exacta que cada hogar en situación de pobreza ha de pagar por el suministro mínimo. La diferencia económica con un suministro normal iría en detrimento de las compañías suministradoras, «que no podrían recuperar esa caída de ingresos» repercutiéndolo al resto de consumidores o reclamándoselo al Estado.

Carburantes: La única propuesta en este campo se ciñe al ámbito fiscal, dónde asegura que igualará los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo (la gasolina soporta más impuestos) dentro de una «verdadera fiscalidad verde» que «desincentive el uso de fuentes de energías contaminantes».

Centrales nucleares: Anuncia «el cierre paulatino» de las centrales nucleares.

Cogeneración: Nada en el programa.

Consumidor: En un sistema eléctrico tan intervenido como el que plantea Podemos, el consumidor pierde protagonismo en favor del Estado. Ahondando en lo referido al autoconsumo, Podemos pone la prioridad en «la democratización y redistribución del proceso de generación y distribución energética, para que la propiedad de los sistemas de producción permanezca en manos de ayuntamientos, consumidores o pequeñas empresas».

Deuda eléctrica: Compromiso de realizar una auditoría de la deuda asociada al déficit de tarifa así como a llevar a cabo una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución.

Eficiencia energética: A través de un Plan Nacional de Ahorro Energético, Podemos impulsará la mejora de la eficiencia energética en los edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La apuesta principal es la rehabilitación de 200.000 viviendas al año para abordar el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Estas reformas producirán un ahorro de hasta el 80% de la demanda de energía de las viviendas rehabilitadas.

Fiscalidad: Podemos se compromete a implantar una «verdadera fiscalidad verde», con especial atención sobre el carbón y los hidrocarburos. También anuncia la exención del impuesto sobre la producción de electricidad a las instalaciones renovables de menos de 100 kilovatios y pretende revisar con las autonomías algunos impuestos, como el canon eólico, ya que consideran que no cumple con objetivos medioambientales.

Fracking: Compromiso de no autorizar instalaciones de fracturación hidraúlica (fracking).

Impulso a las renovables: Se anuncia un Plan Nacional de Energías Renovables, centrado en la expansión e instalación de energías renovables tales como la solar, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión. Este plan incluiría toda la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.

Mercados energéticos: El programa de Podemos plantea el fin del mercado: se modificará el marco regulatorio para que todas las fuentes de energía «reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción». Esta retribución proporcionará «ventajas comparativas» a las fuentes de menor impacto ambiental» (renovables) y terminará «con los beneficios injustificados» de las centrales nucleares e hidroeléctricas. Se plantea además la recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones privadas caduquen. Su gestión pasaría a las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el operador del sistema. Asimismo, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes de distribución.

Minería del carbón: Podemos lo tiene claro y anuncia el «cierre progresivo» de las centrales de carbón. Asimismo, con la pretensión de cerrar las centrales térmicas de carbón, las de gas y de las nucleares, se propone la recolocación de sus trabajadores en «sectores limpios».

Mix energético: La visión de Podemos se encierra en el Plan Nacional de Transición Energética. Es la primera propuesta del programa electoral de Podemos y es el eje sobre el que giran sus propuestas para el sector energético. Según la memoria económica que la formación de Pablo Iglesias adjunta al programa, prevé incrementar en 41.000 millones de euros el gasto público en este campo en el global de la legislatura (2016-2019). Así, se subraya el protagonismo de las energías renovables en la planificación del sistema eléctrico. «Mientras sean necesarias, el resto de tecnologías funcionarán como apoyo a las anteriores», avisan.

Movilidad: El compromiso de Podemos es impulsar los transportes eléctricos, especialmente en las grandes ciudades.

Respaldo térmico: En respaldo de las crecientes energías renovables, Podemos estudiará «de cuántas centrales de ciclo combinado gasistas se puede prescindir sin que varíen los estándares actuales de garantía de suministro. Las centrales de ciclo combinado prescindibles no recibirán ningún tipo de pago por capacidad».

Seguridad jurídica: No hay referencia alguna a la seguridad jurídica en el programa electoral; ni siquiera a los productores renovables y su antiguo modelo retributivo.

Unión Europea: En Podemos no están de acuerdo con el cariz que está tomando la Unión Energética. Por ello presentarán una propuesta alternativa a la Estrategia Energética de la Comisión Europea ya que consideran que se está «promocionando» el gas natural, con el impulso a las infraestructuras gasísticas como eje energético de la Unión Europea.

Expertos en energía avisan del «bajo nivel técnico» de los programas electorales

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EFE.- Varios expertos en energía han advertido de que las propuestas energéticas de los programas electorales de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos «dejan muchísimo que desear» al nivel técnico.

La directora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Universidad de Comillas, Yolanda Moratilla, indicó al analizar las promesas electorales que muchas de las propuestas energéticas «son irreales» desde el punto de vista técnico. En especial, criticó las promesas de cierre paulatino de centrales nucleares que llevan PSOE y Podemos en sus programas. Además, comentó que el programa más incompleto sobre energía es el del PP, ya que «no se moja» en la mayoría de cuestiones.

El exdirectivo de Red Eléctrica de España (REE) Victoriano Casajús ha destacado que «no es posible» que el 100% de la energía de España sea renovable, ya que ni la regulación ni el sistema energético del país están preparados para ello. Casajús comentó que con el mix energético actual, solo es viable entre un 40% y un 50% de energía proveniente de renovables, en contraposición a las propuestas de PSOE (70% en 2030) o Podemos (100% de renovables en la Administración Pública). «Si el 100% de las energías es renovable y hay algún problema en la generación, el sistema se cae de golpe«, ha advertido.

Defienden las nucleares y ATC

El catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla y experto en energía nuclear Manuel Lozano aseguró que el mix energético ideal, en su opinión, es el que combina nuclear y renovables, disminuyendo los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Lozano valoró que se empiece a hablar de invertir en I+D+i, propuesta que lleva Ciudadanos en su programa, y lamentó que en cuestiones energéticas «se mezcle ideología con tecnología».

Los expertos criticaron además que ninguno de los programas propone soluciones sostenibles para el tratamiento de residuos nucleares más allá de la propuesta de Podemos de la no construcción del almacén temporal centralizado (ATC) proyectado en Villar de Cañas, algo que advirtieron de que «no es realista«. Tampoco se habla en ninguno de los programas de estos cuatro partidos al entorno internacional que rodea a España en materia energética, indicó.

El especialista en petróleo e ingeniero de minas Isaac Álvarez criticó a su vez que tres de los cuatro partidos, Ciudadanos, PSOE y Podemos. rechacen el fracking como método de extracción de gas o petróleo del subsuelo, y lamentó que esta negación sea en algunos casos «desde posiciones fundamentalistas». Álvarez ha asegurado que España «es un país subexplorado» en cuanto a posibles yacimientos petrolíferos, por lo que opina que el fracking «ha venido para quedarse».