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Montes (Unesa) pide a los partidos políticos mantener las nucleares ya que es «absolutamente imprescindible» por ser «eficiente y limpia»

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha asegurado que mantener la nuclear existente en España es «imprescindible» en el horizonte 2030. En la presentación del estudio El sector eléctrico y los objetivos de energía y clima para 2030, Montes ha pedido a todos los partidos políticos que tengan en cuenta que la energía nuclear «es un contribuyente neto fundamental» en los costes del sistema y en la lucha contra los gases efecto invernadero.

Montes subrayó que no ve en el futuro «nuevas inversiones» en nucleares, aunque sí consideró necesario que las existentes, que representan actualmente el 7% de la potencia instalada pero generan más del 20% de la electricidad consumida en el país, «se mantengan». Montes subrayó que las centrales nucleares deben «seguir vivas» ya que, a pesar de su pérdida de peso en la generación, en el 2030 podrían seguir representando en torno al 15-16% de la energía consumida en el país. El PSOE avanzó que su programa electoral incluirá el cierre de las centrales nucleares para 2028, algo que comparte Podemos.

Por otra parte, Montes pidió la existencia de un sistema de «pagos por capacidad» para los ciclos combinados, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no a la factura de la luz, que permita mantenerlos operativos para que entren en funcionamiento cuando sea necesario para el sistema. «Hacen falta mecanismos que hagan que estas plantas sean mantenibles. A día de hoy el funcionamiento de los ciclos combinados de gas no supera el 10-11%; es prácticamente imposible mantenerlos», dijo.

Por su parte, desde el Ministerio de Industria también han destacado la importancia de la energía nuclear y su repercusión en la factura de la luz, que subiría un 15% con el cierre de estas infraestructuras. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió de que esa subida implicaría que la industria dependiente de la electricidad, como la siderurgia, el aluminio o parte del automóvil «se iría del país».

La Asamblea de Madrid pide a Cifuentes que los hogares sin recursos no sufran cortes de electricidad y gas natural

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Servimedia.- El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley (PNL) sobre pobreza energética, en la que se insta al Gobierno autonómico a que ponga todos los medios para que no se corte el suministro eléctrico, de agua y de gas a los hogares que más lo necesiten en otoño e invierno.

La iniciativa la presentó Podemos y la apoyaron el PSOE y Ciudadanos. El portavoz del partido que la propuso, José Manuel Sánchez, destacó que en Madrid «hay muchísimas personas en situación de emergencia social y la pobreza energética sigue aumentando«. La diputada de Podemos, Olga Abasolo, argumentó que «según los últimos datos disponibles, en España, mientras que un 17% de los hogares (más de 7 millones de personas) tenían un gasto desproporcionado de energía, el 9% de las viviendas (unos 4 millones de personas) se declaraban incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en el invierno; una brecha que no ha hecho más que crecer, también en Madrid».

«Lo que esconden estos datos es la brecha cada vez más profunda de la desigualdad», manifestó Abasolo, quien también criticó la postura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que «presentó medidas contra la pobreza energética justo después de conocerse la iniciativa de Podemos«. «Nos resulta sorprendente este interés por la pobreza energética por parte de un gobierno y de un partido político que no llevaba esta temática en su programa y que se han visto obligados a tomar medidas ante las iniciativas puestas en marcha por otros partidos políticos, como en el caso actual», concluyó.

El diputado del PP, Enrique Núñez, dijo que esta medida está incluida en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero una enmienda presentada por el PSOE «nos lleva a no apoyarla«, ya que «no enriquece el texto y genera más desigualdad«. La enmienda del PSOE plantea «poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas a todos los hogares afectados por pobreza energética en Madrid, con especial urgencia durante el otoño e invierno, evitando, por tanto, la suspensión de dichos suministros». Asimismo, los socialistas proponen «establecer un baremo relacionado con la renta y que sean los servicios sociales los que determinen la situación de pobreza energética«.

Extremadura también anuncia nuevas medidas

La Junta de Extremadura tiene previsto aprobar la semana que viene un decreto-ley para atender las necesidades de «mínimos vitales» de las familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Así lo describió la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, al estudiar un informe del consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles. Este decreto incluirá garantizar unos mínimos vitales de electricidad y agua. El Ejecutivo de Fernández Vara, según la portavoz, se encontró «una región quebrada socialmente» y con un aumento significativo de hogares en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que cifró en un 40%.

Podemos pide a Cifuentes medidas para que «la gente no se quede sin agua, calefacción o luz» durante el invierno

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Servimedia.- El portavoz de Podemos de la Asamblea de Madrid, José Manuel López, propuso al Gobierno regional la puesta en marcha, antes de la llegada del invierno, de medidas contra la pobreza energética, porque «no podemos arriesgarnos a que la gente se quede sin calefacción o luz» durante los próximos meses.

«Estamos planteando un umbral por debajo del cual no se pueda cortar el suministro», dijo López, quien también criticó «el bono social eléctrico» puesto en marcha por el Gobierno central porque «sólo se pide por Internet, lo que favorece a las familias numerosas pudientes«. A su juicio, «deben ser los servicios sociales municipales los que decidan a qué personas no hay que cobrar». Podemos considera este asunto como uno de los más «preocupantes» al inicio de este periodo de sesiones.

Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

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Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.

Castilla-La Mancha critica que el Gobierno ayude a Elcogas tras autorizar su cierre mientras Podemos propone «regionalizar» la central térmica

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EFE.- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, cuestionó la confirmación por parte del Ministerio de Industria de apoyar a Elcogas con 27 millones de euros anuales durante los próximos 5 años, si bien criticó que «venga tan tarde«, después de que se haya autorizado el cierre de la planta de Puertollano, que Podemos propone «regionalizar» basándose en la consideración de la energía como sector estratégico de interés general por lo que el Gobierno regional no tendría «obstáculos legales».

«Celebramos el que haya una especie de apertura por parte del Gobierno central, pero la dirección de la empresa no ha recibido aún una propuesta concreta», dijo el portavoz de la Junta. Con ello, indicó que «esta apertura llega tarde porque no se agotaron las vías de negociación antes de autorizar el cierre«. Precisamente, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se entrevistará este jueves con el ministro de Industria, José Manuel Soria. Una reunión que se produce después de que el secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, confirmase a los sindicatos la propuesta del Gobierno de apoyar la planta con 27 millones de euros anuales.

Podemos quiere «regionalizar» la planta

Podemos explicó que su propuesta de «regionalizar» Elcogas se basa en la consideración de la energía como sector estratégico de interés general y aseguró que el Gobierno regional no tiene «obstáculos legales» ni límites competenciales para no aceptar su propuesta. Así lo destacó el diputado regional de Podemos, David Llorente, que afirmó que el apoyo anunciado por el Gobierno es consecuencia de la movilización de los propios trabajadores, «que han logrado que el Gobierno ceda«. En su opinión, ahora es la dirección de Elcogas la que debe tomar la decisión de mantener la actividad y los empleos después de llevar «mucho tiempo» recibiendo ayudas públicas.

Podemos considera que a medio y largo plazo la solución debe ser la «regionalización» de Elcogas, porque no se puede seguir poniendo «parches» de forma periódica. Llorente precisó que la regionalización de Elcogas es «jurídicamente posible» y económicamente «viable», por lo que «no hay obstáculos legales ni límites competenciales en los que la Junta pudiera refugiarse para no aceptar esta propuesta». Apuntó, además, que es una medida «necesaria» para garantizar que el dinero público invertido «no se pierda o alimente exclusivamente beneficios privados» sino que revierta en toda la sociedad.

Por su parte, el responsable estatal de Sociedad Civil y Movimientos sociales, Rafael Mayoral, aseguró que esta propuesta «encaja» con la estrategia de Podemos de «recuperación de la soberanía energética» en España, algo que debe formar parte de las políticas de Estado. «No entendemos cual es la política energética que está llevando el Gobierno del PP, un Gobierno que parece que piensa que el barril de petróleo va a permanecer a 40 dólares indefinidamente y que, además, no tiene en consideración la sostenibilidad ambiental en materia energética», criticó vehementemente Mayoral.

Cortes de carretera como protesta por el cierre de Elcogas

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Redacción / Agencias.- Más de 200 trabajadores de Elcogas y de las empresas subcontratistas han cortado durante más de media hora la carretera de Puertollano a Calzada, que da acceso a la central térmica, como medida de protesta contra el anunciado cierre de la empresa. Las concentraciones,  de una hora diaria, contra la decisión de cierre de la empresa iniciadas la pasada semana, media hora de la cuales, a partir del lunes 17,  se destinará al corte de la carretera.

En el corte de la carretera han participado varios miembros de Podemos, entre ellos el líder regional, José García Molina, quien ha dicho que la solución para la central pasa por «rescatar» a Elcogas al igual que se han rescatado «concesiones de autopistas o bancos con dinero público». En su opinión, «es necesario rescatar Elcogas, que representa un modelo productivo de energía limpia». Momentos antes de iniciar una reunión con los trabajadores de la central, García Molina ha indicado que este conflicto es un «problema político de primer orden» que tiene que solucionarse «no mediante parches, sino con una visión más amplia y más valiente y con coraje, abordando el modelo productivo que queremos para Castilla-La Mancha».

Por su parte, y según ha explicado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, los trabajadores, tras la reunión mantenida ayer con el presidente regional, Emiliano García-Page, de la que han sido informados esta mañana, se han mostrado esperanzado en que las reuniones anunciadas por este con los responsables de Endesa, una de las eléctricas propietarias de la central, y con el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, den resultados. Por otro lado, según ha indicado Alcaide, se está a la espera de que la empresa dé respuesta a la solicitud de reuniones pedidas por los sindicatos de las subcontratas para solucionar el futuro de estos trabajadores.

La semana pasada, Elcogas comunicaba a las empresas subcontratadas, unas diez, que, a partir del 1 de septiembre no serán renovados sus contratos, con lo que la mayoría de sus 130 trabajadores se quedarán sin trabajo.

Alcaide ha dicho que los trabajadores admiten todas las propuestas que se puedan hacer desde las organizaciones políticas, aunque ellos, ha dicho, seguirán con su calendario de movilizaciones, que, para el próximo mes de septiembre, no descarta encierros, una huelga indefinida, mientras está confirmada una gran manifestación en Puertollano.

«Tour de force» en el decreto del autoconsumo

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La inminencia en la promulgación, traslado al Consejo de Ministros o aplazamiento del decreto del autoconsumo está llevando a que los movimientos y estrategias de lobby asociados al mismo se estén intensificando y cobren vigor en este cambio. En días pasados conocíamos como se estaban recabando apoyos en el ámbito europeo, con el agravante de que las cuitas energéticas españolas ya han alcanzado un grado de hartazgo notable en las instituciones comunitarias.

Del mismo modo, teníamos noticia de las indicaciones de la CNMC al respecto y de la propia Defensora del Pueblo, con pocas simpatías entre la institución y el actual Ministerio de Industria. También podíamos leer en la prensa artículos que lo promueven y lo defienden, teniendo en cuenta que su alcance es limitado a personas con capacidad de inversión del entorno de los 8.000 euros y titulares de viviendas unifamiliares con capacidad para colocar instalaciones de ese tipo. Los titulares de la industria buscan, lógicamente, un balón de oxígeno, desligados aparentemente del problema de las primas a determinadas tecnologías renovables.

En este contexto conocíamos como 18 partidos políticos y organizaciones se planteaban la promesa de derogación de este real decreto en caso de aprobarse. Un acuerdo que involucra a casi todo el arco político actual, incluyendo los nuevos partidos emergentes, en una reconfiguración segura del mapa político español tras las generales. Al Gobierno se le plantea un tour de force y, en energía, estos tres últimos años, se han incurrido y propugnado varios, por la propia gestión de las medidas adoptadas. Este decreto podría ser como el modelo retributivo de la fotovoltaica de los socialistas, predestinado a una demolición anunciada.

Se trata de artillería gruesa y, obviamente, es también una prolongación de una forma de hacer política energética característica de la legislatura tras el nombramiento de Alberto Nadal. El Gobierno sabe que, con el problema del déficit tarifario resuelto contablemente pero metido debajo de las alfombras, la regulación sobre el autoconsumo puede ser el principio de otro agujero fenomenal en la tarifa, de cara a la instrumentación para los autoconsumidores futuros de la posibilidad de eludir los costes regulados de nuestro actual modelo de suministro.

Por tanto, esta regulación es la consecuencia de ese enfoque y de no abordar en serio la detracción de los costes impropios de la tarifa, incluyendo la propensión a las inversiones en transporte que también están en el punto de mira. Si eso se hubiera producido, la regulación del autoconsumo tendría más posibilidades de haber sido neutral, con la aplicación de los costes debidos, y valer para el futuro. Del mismo modo, todos los argumentos buenistas y de ciencia ficción sobre el papel del autoconsumo en la transición energética hasta el momento caen en saco roto, en esa retórica parecida a la que llevó a la burbuja renovable, adanista con el conjunto del sistema de suministro eléctrico español y sus problemas.

Puestos así, se admiten apuestas. ¿Se publicará el reglamento de autoconsumo o se aplazará?

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

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Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

Podemos pedirá «responsabilidades políticas» al PSOE por el voto de Rosario Velasco a favor de las obras del ATC

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Europa Press.- Podemos pidió al PSOE de Castilla-La Mancha que «transmita a Pedro Sánchez y al PSOE a nivel federal» su posicionamiento en contra del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, asegurando que, con el voto favorable de la exdiputada socialista Rosario Velasco a las obras del ATC en dicha localidad conquense, considera necesario pedir «responsabilidades políticas por dar una autorización, con informes que dicen que es innecesario y que el lugar es inadecuado».

El portavoz del grupo parlamentario Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, reiteró la exigencia de su partido al CSN para que no conceda el emplazamiento en Villar de Cañas, alegando que el proyecto «se ha aplazado tanto tiempo que las centrales tienen almacenes individualizados y el ATC ya no es necesario». Además, insistió en que «diversos informes técnicos del Consejo y del Colegio Oficial de Geólogos indican que el emplazamiento sería inadecuado por motivos geotécnicos, lo que conduciría a grandes sobrecostes en las obras».

Asimismo, Llorente apunta que, al aprobarse el emplazamiento en la provincia conquense, «las empresas constructoras que participen en el ATC tendrán una base jurídica para pedir indemnizaciones si el proyecto cesase su actividad, con lo que el coste será mucho más elevado«. Llorente finalizó dejando claro el compromiso de su partido con «el impulso a una transición a un nuevo modelo energético seguro, eficiente y que esté bajo control democrático».

El Gobierno de Canarias quiere que la sociedad insular debata sobre el gas pero su objetivo siguen siendo las renovables

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EFE / Europa Press.- El Gobierno de Canarias es partidario de que haya un debate riguroso y transparente en torno al gas según indicó el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, que entiende, pese a las críticas efectuadas desde Podemos, que, «este debate se tiene que producir en la sociedad de Gran Canaria» y recalcó que «la apuesta» del Gobierno canario es «tener un sistema seguro, eficiente y que cada vez nos dote de mayor competitividad y amplíe el abanico a nuestro sector industrial».

De todo modos, según apostilló Narvay Quintero, portavoz del Ejecutivo canario, el fin último es que en 2020 el 20% de la energía que se use en las islas sea renovable, para llegar al 100% en 2050. Así se comprometió antes de las elecciones el principal partido del Ejecutivo insular, Coalición Canaria, con Greenpeace. El uso del gas «en todo caso» sería una medida transitoria, aseguró el portavoz, quien agregó que desde el ejecutivo se plantea que haya un debate en el que se respeten las competencias de todas las administraciones y siempre con el objetivo de cumplir los plazos para el uso de renovables.

Canarias «se alía» con Soria

Podemos criticó al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por «desmentirse» y «aliarse» con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «en defensa de las energías sucias». Así, la formación magenta denunció la apuesta del Ministerio de Industria y el Ejecutivo regional por «implantar» el gas en las islas, «otra errata del discurso de investidura del presidente autonómico, donde abanderó la defensa de las energías renovables».

En este sentido, el partido ha indicado que el nuevo consejero canario del ramo, Pedro Ortega, hasta hace poco vicepresidente de la Asociación de Industriales de Canarias y miembro de la Confederación Canaria de Empresarios, «ya se encargó esta semana de abogar por el gas, desvelando otra falsedad más del discurso de investidura de su jefe de gabinete, donde apostaba por el desarrollo de las energías limpias en las islas».

«Lo cierto es que las tres formaciones que han gobernado Canarias mantienen el archipiélago a la cola de las energías limpias, a pesar de ser una de las comunidades autónomas con mejores condiciones para su aprovechamiento», ha lamentado la formación liderada por Pablo Iglesias. «Los defensores del gas hablan de dar respuesta a la demanda, como si la oferta pudiera ser ilimitada. No han entendido la urgencia de un desarrollo sostenible, aunque lo hayan incorporado a sus discursos. No consiguen sacarnos de la crisis y siguen cometiendo los mismos errores. No parece que hayan aprendido nada», concluye Podemos desde Canarias.