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La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Reducir las emisiones de CO2 y usar más las energías renovables, principales soluciones de los españoles contra el cambio climático

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Europa Press.- Ocho de cada diez españoles (83,4%) consideran que existe el cambio climático y un 93% cree que la acción de los seres humanos, la industria, los coches y los gases están influyendo en este fenómeno. De ahí, que las principales medidas que los españoles sugieren contra esta situación son la reducción de emisiones invernadero y el uso de energías renovables.

Así se recoge en el barómetro del CIS, que incluye una serie de preguntas sobre el cambio climático y la percepción que tienen los españoles sobre diferentes aspectos. Los resultados muestran que dos de cada tres españoles considera que las inundaciones y fenómenos que se registraron en los últimos años son consecuencia del cambio climático, pero una mayoría (el 62,7%) cree que aun «se puede parar y dar marcha atrás». Asimismo, un 88% piensa que hay que modificar conductas, mientras que sólo un 4,1% no lo ve de esta manera.

Entre las medidas que los españoles creen que se deberían fomentar en la lucha contra el cambio climático destaca la reducción de emisiones, que defiende un 62% de los encuestados, seguido del uso de energías renovables (42,5%). La sustitución de coches que usan gasolina y gasoil por vehículos eléctricos e híbridos es, con un 23,2%, la tercera medida preferida de los españoles, antes de gestionar adecuadamente los residuos (21,6%). Poner impuestos a las industrias contaminantes o cambiar las calefacciones que usan combustibles fósiles son otras medidas que más apoyo reciben.

En cuanto a la labor de los partidos en esta materia, el 88% cree que le dedican poca o ninguna atención, siendo los partidos de izquierdas los que «más están haciendo por ocuparse del tema». Así lo piensa el 33,3% de los encuestados, frente al 2,8% que cree que son los de derechas quienes más se preocupan, y el 2,4% que respondió que son los partidos de centro. Aún así, el 31,9% cree que no hay «ninguno» que esté haciendo algo contra el cambio climático.

Por partidos, Podemos es el mejor valorado, pues lo marcaron un 9,8% de los encuestados. Le sigue con el 6,9% el PSOE, un 3,6% Los Verdes, un 2% el PP, un 1,5% PACMA, un 1,3% Ciudadanos, un 1,2% IU y con un 1% Equo. Aún así, el porcentaje más alto de esta respuesta, un 15,3% es «Ninguno«. Para la mayoría de los españoles, los partidos deberían dar mucha (36,9%) o bastante (44.6%) importancia a este tema en sus programas electorales. Sin embargo, la mitad de los encuestados (50,9%) reconocen que poco o nada les influye esta materia a la hora de votar a una formación.

Podemos denuncia la exclusión de trabajadores de subcontratas de la minería en el Plan de Transición Energética

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Europa Press.- Podemos ha denunciado la exclusión que sufren los trabajadores de las subcontratas de la minería en León y en Asturias en el Plan de Transición Energética firmado por el Gobierno y los sindicatos, tras reunirse con éstos la diputada de la formación por León, Ana Marcello, y el diputado por Asturias, Segundo González.

Marcello recalca que no ha sido una transición «justa», como «presumía» la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, porque «no ha contado con todos los agentes afectados». Por ello, la diputada anunció que registrará una solicitud escrita para celebrar una reunión con Ribera, así como con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con el fin de abordar la situación y buscar soluciones. «No puede ser que queden exentos dichos trabajadores cuando en el acuerdo de Podemos con el Gobierno, en los Presupuestos, plantea que se deberían equiparar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las subcontratas y de las empresas matrices», reprochó Marcello.

Asimismo, la diputada ha defendido que «los miembros de las subcontratas de la minería tanto de León como de Asturias tienen que estar incluidos en este plan social porque, si no, se habrá dejado a mucha gente por el camino«. Además, Marcello ha asegurado que son «insuficientes» los 250 millones previstos para el Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, porque no se plantea una «reactivación integral» para las zonas afectadas. Por ello, estima que es necesario «un estudio serio de dicha reactivación con el factor de la industrialización pero con visión de riesgos medioambientales».

Por su parte, el diputado por Asturias, Segundo González, señaló que la transición «justa» sería aquella que no dejara «a nadie atrás«. En la reunión propuesta con ambas ministras, les trasladará la necesidad de incluir en el plan social a todos los trabajadores y de que los fondos destinados a la reactivación se incrementen ya que «hace falta una inversión adicional» y que se dé uso a aquello que no se invirtió en el plan anterior, 135 millones de euros.

Castilla y León aprueba la ley que gravará los residuos de Garoña con críticas de Ecologistas en Acción

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Europa Press.- Ecologistas en Acción advierte de que el impuesto a Garoña «no protege el medio ambiente» después de que el PP fuera el único grupo con representación en las Cortes de Castilla y León que ha respaldado la Ley que regula el impuesto que gravará los residuos de la central nuclear de Garoña tras su cierre con el objetivo de recaudar unos 15 millones de euros para reinvertirlos en la zona. PSOE y Ciudadanos votaron en contra mientras Podemos e IU se abstuvieron.

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos para ampliar la recaudación de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora. La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un «escarnio» ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que «el Estado ya grava».

Pataleta de la Junta autonómica

«Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas decide cerrarla«, ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta, después de negarse a gravarla por razones medioambientales, plantean ahora un impuesto por dejar de producir. Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es «una cortina de humo» porque la Junta sabe «que no va a recaudar ni un solo euro». «Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo«, ha lamentado, tras lo que acusó a Podemos de ser «cómplice» de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto, ha señalado que finalmente estas cuantías «las acabarán pagando los ciudadanos» porque repercutirá «en el recibo de la luz«. No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos, Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. «No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles», ha zanjado. Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se abstuvo en la votación y considera que la recaudación no va a lograr que se haga «gran cosa en la zona». «Nuclenor va a pagar muy poco», ha concluido.

«No protege el medio ambiente»

Por su parte, Ecologistas en Acción ha advertido de que el impuesto a los residuos «no protege el medio ambiente», al tiempo que ha pedido que los fondos obtenidos con este gravamen se destinen a inversiones ambientalmente «sostenibles y beneficiosas para la sociedad«. En este sentido, la organización ecologista ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León por apostar por la continuidad de la central. Asimismo, apunta que «para poder hablar de fiscalidad verde», el impuesto «debe destinarse a fines que compensen ese impacto», como «modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías».

PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos aceptan tramitar en el Congreso la ley de autoconsumo de la Asamblea regional de Murcia

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Europa Press.- El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han respaldado en el Congreso la tramitación de la ley impulsada por la Asamblea de Murcia para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las diferentes modalidades del suministro de energía eléctrica, como el autoconsumo y la producción de energía renovable.

Esta iniciativa, impulsada por Podemos, fue aprobada hace 3 años en la cámara legislativa murciana, pues salió adelante en 2015 con los votos de PSOE y Ciudadanos, además de los de la formación morada, mientras que el PP optó por abstenerse. Tras ser aprobada, el Gobierno frenó su tramitación vetando su debate parlamentario al alegar que supondría una aminoración de los ingresos públicos. Sin embargo, el PP ha cambiado de parecer. «Ahora se pueden hacer propuestas gracias a la gestión del PP. Estamos a favor de promover las inversiones en la generación eléctrica a través de renovables y seguir desarrollando el autoconsumo sin que a nuestras familias, mayores y pensionistas les suban la luz», argumentó su diputada María Ascensión Carreño.

Antes de ello, los diputados regionales murcianos, Alfonso Martínez Baños (PSOE), Óscar Urralburu (Podemos) y Miguel Sánchez López (Cs) han defendido ante la Cámara Baja la admisión a trámite de una iniciativa «pensada y hecha para que el consumidor sea el protagonista» en el sistema eléctrico. Martínez Baños ha pedido impulsar la energía renovable, teniendo en cuenta la dependencia energética con el exterior y la necesidad de aumentar la productividad en la economía, mientras que Urralburu ha incidido en la necesidad de combatir el cambio climático. Por su parte, Sánchez López recordó que los objetivos marcados por la Comisión Europea establecen en el 32% la producción de energía renovable en 2030 y que incluso podría revisarse al alza en 2023.

«Es absurdo que Europa lleve ventaja al país del Sol», ha argumentado, por su parte, la diputada socialista María González Veracruz, recordando que si en España existen mil instalaciones fotovoltaicas, en Alemania, con menor potencial, hay en torno a un millón. Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha celebrado que la ley pueda poner «los cimientos para un sistema eléctrico más limpio«, pese a que ahora los diputados que apoyen la norma «van a tener más difícil» una puerta giratoria en una compañía eléctrica. «La batalla comienza», ha avanzado, anticipando que las grandes eléctricas se opondrán a la iniciativa y la voluntad de su grupo y el de Compromís en pedir la tramitación de la ley por la vía de urgencia.

Ciudadanos ha incidido durante el debate en las posibilidades laborales que implica el desarrollo de la energía renovable, teniendo en cuenta que muchos jóvenes especializados acaban en el extranjero por faltas de oportunidades en este sector, como ha apuntado su diputado Miguel Ángel Garaulet. También han avanzado su apoyo Esquerra Republicana y PDeCAT, si bien ambas formaciones han alertado de que, tal y como está formulada, podría restar competencias a comunidades que quisieran apostar por un desarrollo alternativo de esta regulación o incluso ser más ambiciosos. Una razón que, unida a que el Gobierno acaba de aprobar la derogación del impuesto al Sol, han llevado al PNV a optar por la abstención, según ha justificado su portavoz energética, Idoia Sagastizabal.

Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

Unidos Podemos pide que el Gobierno explique en el Congreso si el carbón tendrá continuidad en 2019

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EFE.- El diputado de Unidos Podemos por Asturias, Segundo González, registró una batería de preguntas al Gobierno para saber si prevé dar alguna solución a la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha límite para el cierre de las minas deficitarias.

Según González, la minería ha perdido más de 50.000 empleos desde el año 1952 y en la actualidad quedan 2.171 trabajadores en activo, 1.698 de ellos en Asturias después de que los planes de la minería impulsados en las últimas décadas por los gobiernos del PSOE y del PP se orientaran al cierre progresivo. En su iniciativa recuerda que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un plan de transición justa para las comarcas mineras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a no dar la espalda a las cuencas y a poner Hunosa «a la vanguardia de la transición energética».

A su juicio, el documento para una transición justa de la minería del carbón remitido certifica el cierre de la minería este año sin concretar los planes de transición que el Gobierno prevé poner en marcha para evitar la pérdida de empleos y reactivar económicamente las comarcas mineras. Además, el documento se limita a desarrollar los detalles de las ayudas para las prejubilaciones y las bajas indemnizadas una vez producidos los cierres «sin prácticamente plantear propuestas en materia de reactivación económica de las comarcas afectadas».

González emplaza al Gobierno a rectificar presentando «orientaciones creíbles para los planes de transición justa» y a plantear soluciones para el carbón autóctono hasta que se cierre la última térmica en Asturias así como a invertir los 250 millones previstos en el Plan de la Minería 2013-2018 «que el PP se negó a ejecutar». Finalmente, el diputado de Podemos pide conocer si el Gobierno prevé alguna solución para la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá de 2019 y si va diseñar y financiar planes de transición justa y ordenada para las comarcas mineras.

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

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EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.