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Industria lanzará la convocatoria de nueva potencia renovable en «julio o septiembre» y ve «razonable» su previsión de demanda

La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, anunció que el Ministerio de Industria publicará el decreto que recogerá la convocatoria del primer concurso eólico para 500 megavatios (MW) tras la moratoria a las primas renovables «en julio o septiembre», que incluiría también la convocatoria de 200 MW para plantas de biomasa. La mesa política, marcada por la ausencia de representantes del PP, dejó en evidencia la oposición frontal de todos los partidos a la política energética del Gobierno.

Baquedano realizó este anuncio durante el I Congreso Eólico Anual, en el que aprovechó para defender las previsiones de aumento de la demanda y de potencia necesaria incluidos por Industria en el borrador de la planificación energética hasta 2020. «Se ha hecho una hipótesis razonable sobre lo que creemos que es la demanda de electricidad y potencia que vamos a necesitar», señaló, antes de advertir de que el aumento de la eficiencia y «el comportamiento de los consumidores» han hecho que haya una mayor elasticidad en la evolución del consumo de electricidad frente al PIB.

Lo cierto es que la previsión del Ministerio de Industria contrasta con un informe reciente acerca de la planificación energética de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha pronosticado que la demanda de electricidad aumentará un 1,7% entre 2015 y 2020, por debajo de la previsión del 2,3% estimada por el Ministerio para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. Además, la nueva potencia renovable prevista en los sistemas extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla)se justifica en que la instalación de 450 megavatios (MW) en Canarias supondrá un ahorro de 140 millones anuales.

Por otro lado, Baquedano anunció que Industria ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que elabore una propuesta para que las energías renovables puedan participar también en los llamados servicios de ajuste del sistema eléctrico, de modo que se retiren las «discriminaciones por tipo de tecnología». «Supondrá un mayor número de agentes y redundará en beneficio de la competencia y de la eficiencia económica», al tiempo que procurará «una serie de ventajas reseñables que contribuirán a generar actividad en el mercado interno», explicó. Baquedano también señaló que la nueva regulación no aspira a «prever el futuro», pero sí a diseñar «una legislación lo más flexible posible para adaptarse al cambio». «Eso es lo que nos dará la ventaja competitiva».

Finalmente, Baquedano defendió las reformas y medidas adoptadas por el Gobierno en materia de energía, para apuntar que aunque haya sectores que critiquen algunos aspectos concretos «no se puede negar la necesidad» de las iniciativas adoptadas. En este sentido, Baquedano puso en valor que el déficit de tarifa ha dejado de ser el «principal problema del sector eléctrico español», y que pese a que ha habido «decisiones complejas y dolorosas», éstas «han sido tomadas con el mayor sentido de la responsabilidad y el interés general».

Oposición a la política energética

La mesa política del Congreso Eólico Español estuvo marcada por la ausencia del portavoz de Energía del PP en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, que no pudo acudir por razones personales. En este sentido, su homólogo en el PSOE, José Segura, mostró su deseo de alcanzar un pacto de Estado en materia energética si bien no lo ve factible después de una legislatura en la que, según aseguró, no se aceptó ni una sola enmienda de las 5.000 presentadas por el PSOE en materia energética. «La Ley del Sector Eléctrico hay que cambiarla», aseguró el portavoz socialista, que se mostró partidario de revisar el papel que juega Red Eléctrica de España (REE), «pues actualmente responde ante sus accionistas«.

El diputado electo por Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ofreció diálogo para alcanzar el pacto de Estado. Para ello, señaló como «vital» realizar una auditoría de costes «para saber cómo se han calculado los costes que derivan en el déficit de tarifa«. El representante de Ciudadanos formuló tres medidas: «garantizar un marco regulatorio estable para todo el sector energético, incentivos fiscales para potenciar las renovables dentro del mix energético y una fiscalidad verde que penalice a las energías más contaminantes«.

A favor de la auditoría de costes también se pronunció otro diputado de la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez (Podemos) que además abogó por una «corrección» del sistema marginalista de formación de precios en el mercado eléctrico, que se fija mediante el precio de la tecnología con mayor coste que entra a producir por orden de REE, operador del sistema, un precio que se otorga al resto de tecnologías. «Hay sobrerretribución a la hidroeléctrica y a la nuclear», denunció el representante de Podemos, que se mostró partidario de incrementar el papel de las renovables y dejar de favorecer al gas.

Quién dio por imposible el pacto de Estado en energía fue el portavoz de EQUO, Juan López de Uralde, que señaló que el PP basa su modelo en el modelo energético de FAES, lo que es «diferente y enfrentado» al de su formación. Además, Uralde denunció como un «escándalo» que, según estimó, España no vaya a cumplir los objetivos de Energía y Clima de cara a 2020. «Bastaba con la inercia», lamentó Uralde, que abogó por «derogar» la reforma y trazar un nuevo plan energético basado en las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

El PSOE y Podemos hablan del suministro eléctrico como un «derecho» y un «servicio social»

Servimedia / Europa Press.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a establecer, cuando los socialistas lleguen al Gobierno, un «derecho mínimo» de electricidad y de gas a los que destinen más del 10% de su sueldo al recibo de la luz. Asimismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la luz y el agua «tienen que ser servicios sociales». En Castilla-La Mancha, la actual presidenta autonómica y candidata, María Dolores de Cospedal, promete una bajada del 25% en el impuesto autonómico de los carburantes.

En este sentido, el líder socialista afirmó que la lucha contra la pobreza va a ser «el centro de su política social y económica» y en ella estará combatir la llamada pobreza energética. Por ello, Sánchez propone la creación de unos consumidores vulnerables, a los que definió, «como pasa en todos los países de la Unión Europea», como aquellas personas que tengan que destinar más de un 10% de su sueldo al recibo de la luz, que tendrán unos «derechos mínimos» de energía y gas.

«Para todos ellos el PSOE, en cuanto llegue al Gobierno, definirá un derecho mínimo energético de suministro de luz, de gas y de electricidad porque se necesita para poder vivir con dignidad», explicó Sánchez. Esta propuesta la planteó tras criticar la medida del Gobierno que ha hecho subir en esta legislatura en un 60% la parte fija del recibo de la luz. «Consumáis luz o no, tendréis que pagar un 60% más, eso es, sobre todo para las personas con pocos recursos, demoledor», aseguró Sánchez.

Podemos carga contra las compañías

Por su parte, entre las medidas que propone Podemos, Pablo Iglesias ha citado la «desprivatización» de algunos servicios públicos. El secretario general de Podemos reivindica que la luz o el agua no sean mercancías. «Tienen que ser servicios sociales, no puede ser que esas compañías energéticas que se beneficiaron de una falsa liberalización en 1997 tengan el doble de beneficios que en Europa, que sean un oligopolio de capital extranjero, al tiempo que a los ciudadanos de este país se les corta la luz, se les corta el agua o se les corta el gas».

«Un Gobierno patriota no necesita envolverse en banderas, y entiende que la patria es la gente. Y un patriota no consiente que corten la luz, el agua o el gas, porque los ciudadanos no puedan pagar la factura«, subrayó. La ley, indicó, está para cumplirse, «y aquellas compañías que apliquen cláusulas abusivas tendrán que ser sancionadas porque ya está bien de que se sancione a los de abajo», dijo Iglesias.

Rebaja manchega de los carburantes

Como promesa de corte autonómico, la candidata del PP a la Junta de Castilla-La Mancha y actual presidenta, María Dolores de Cospedal, anunció que se pondrá en marcha una bajada en un 25% del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) y un plan para su paulatina desaparición. Así lo anunció la candidata del PP en un encuentro ante más de 250 empresarios, añadiendo que será al comienzo de esta legislatura cuando comience a funcionar esta nueva medida.

La rebaja del 25% supondrá pasar de pagar 4,8 céntimos por litro de combustible a 3,6 céntimos por litro de combustible una vez que se ponga en marcha esta medida, que se materializará en forma de ley. Una vez se aplique esta reducción y según la marcha de la economía y del precio del petróleo, el Gobierno regional trabajará para que este impuesto desaparezca paulatinamente. Además, se consensuará con todo el sector, según explicó Cospedal.

Podemos presenta sus primeras medidas en materia energética en su programa electoral del 24-M

Redacción / Agencias.- La formación que lidera Pablo Iglesias da un paso adicional para combinar populismo con desradicalización, a base de medidas tan calculadas como ambiguas en su formulación, que van desde reclamar la consideración del suministro energético como servicio público, fijando un límite máximo de gasto mensual para los hogares del 10 %, con la atracción del votante ecologista y la fijación de ecotasas a empresas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentó hoy el programa de partido para las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. En el ámbito energético, las medidas conocidas siguen las principales tendencias, desradicalización de su discurso económico, ambigüedad e inconcreción sobre las medidas y su viabilidad, así como su inclusión en un conjunto de medidas denominadas de rescate ciudadano.

Medidas en Electricidad y gas

Dentro de estas medidas de rescate ciudadano, Podemos manifiesta que los suministros de gas y electricidad han de recuperar el carácter de servicio público, «entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas».

En este sentido, pide no proceder al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos «ajenos a su voluntad» y, en particular, por «pobreza sobrevenida».

Máximo de gasto de electricidad por hogar y Fondo Autonómico contra la Pobreza Energética

Además, «se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar», que no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales del hogar, configurado como un máximo. «El dinero provendrá de un fondo autonómico contra la pobreza energética» y el consumidor «tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista».

Podemos propone, en este punto, una sanción a las compañías públicas o privadas de suministros en caso de que sus contratos contengan cláusulas abusivas o se detecte falta de transparencia en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

Ecotasas para las empresas eléctricas

Asimismo, aplicará «ecotasas» que graven las actividades contaminantes de las empresas eléctricas. «Lo recaudado se dedicará a actividades con impacto medioambiental positivo y que sean compatibles con la lucha a medio plazo contra la pobreza energética», explica Podemos.

Podemos también creará ’impuestos verdes’ para hipermercados, hoteles e industrias contaminantes.

Energías Renovables y Guerra al «fracking»

El partido encabezado por Pablo Iglesias apuesta por «alcanzar la independencia energética usando prioritariamente energías renovables a largo plazo» y adquiere el «compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica» o ’fracking’, así como de ofrecer ayudas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables y de establecer «un plan ambicioso» de medidas de ahorro y eficiencia en los edificios públicos. En concreto asegura que declarará las Comunidades Autónomas dónde Gobierne como «zonas libres de fracking»

La protección del medio ambiente: «un aspecto transversal», impuestos verdes y un rescate ecológico y medioambiental

Podemos se compromete a impulsar desde las comunidades autónomas donde gobierne una nueva política tributaria con impuestos medioambientales para industrias contaminantes, hoteles y grandes zonas de venta como los hipermercados, así como para las bolsas de plástico de un solo uso.

Esta fuerza política señala en su programa electoral que la protección del medio ambiente «se convertirá en un aspecto transversal que alcanzará todas las áreas» en el caso de que gobiernen, de manera que sus políticas tendrán en cuenta «criterios de eficiencia y sostenibilidad».

Entre las prioridades en este capítulo, destaca el desarrollo de un Plan de Rescate Ecológico y Ambiental, la lucha y mitigación de los efectos contra el cambio climático, la revisión y el desarrollo de la normativa ambiental, la ordenación del territorio como «política troncal» autonómica, la generación de empleo verde y el impulso a la investigación científica y técnica sobre problemáticas ambientales y formas de producción limpias y seguras.

Podemos declara «susceptibles» de aplicación cinco ’impuestos verdes’: sobre la contaminación atmosférica cuando se superen los límites superiores a los legales, sobre «actividades de alto riesgo ambiental» como las industrias de fabricación de contaminantes, sobre «el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta» mediante el volumen de envases y embalajes generados, sobre los establecimientos turísticos y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.

Transporte público y fomento del uso de la bicicleta

En cuanto al transporte, defiende el impulso de medios de transporte alternativos al coche particular, como el transporte público, el ferrocarril (incrementando la cuota modal de transporte de mercancías hasta alcanzar la media europea), los vehículos eléctricos y la bicicleta.

A este respecto, promete fomentar el uso de la bicicleta asegurando la intermodalidad entre las rutas peatonales y de bicis y las redes de transporte metropolitanas; incrementando la red de itinerarios peatonales, escolares y ciclistas, y elaborando un Plan Estratégico de la Bicicleta que fomentará ejes arteriales ciclistas que crucen ciudades y pueblos.

¿A dónde va el PSOE en energía?

Si unimos a esto la desconfianza del ciudadano español en el capitalismo y en los mercados, explotada políticamente cuando conviene, así como la pervivencia del modelo TSO, que une al operador de transporte y del sistema, con sus disfunciones e incentivos inversores y el clima social económico del país, se acrisola un magma pro intervencionista de primer orden en lo que se refiere al sector energético. Otra cuestión que influye decisivamente es la escasez de perfiles de profesionales y responsables políticos y de gobierno de un perfil liberal/gestor en el sector energético. En suma, esta realidad conforma un monopolio de interpretación energética en clave estatalista.

El hecho es que desde entonces, la política española, por muchos motivos, no es capaz de separarse de esta forma de acercamiento a la energía. Las propias intervenciones y actuaciones de la última Administración, del último inquilino del Ministerio de Industria también han seguido dando cuenta del papel de los precios de la energía en el debate político como elemento politizado. Véase, la suspensión de la liberalización completa pendiente en el sector eléctrico, o las revisiones metodológicas del butano, el episodio de abolición de las subastas, entre otras cuestiones relacionadas.

Puestos en estas coyunturas electorales, la evolución del PSOE en energía requiere atención en la medida de que los socialistas forman un partido que ocupó responsabilidades de gobierno. En definitiva, es preciso reconocer que el PSOE es un partido cuya naturaleza no se inscribe en el magma outsider que ha descolocado la reciente evolución de la política de nuestro país.

De ahí que la irrupción de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, con la entrega de su discurso y de su programa en materia de energía a los postulados ideológicos retroprogresivos, apuntan en la dirección de la interconexión política con Podemos, con el gozne necesario de Jorge Fabra y de Economistas frente a la crisis en esta materia, con el terreno abierto y entregado sin resistencias en el partido del puño y la rosa.

Sobre todo porque la partida en el proscenio socialista tiene muchos protagonistas más o menos ocultos que o bien tienen la cuestión energética en un segundo lugar, como el caso de Felipe González, o bien se acercan a Zapatero y su inoportunidad, materializada en su actitud hooligan con el almacén Castor sin reconocer el pecado original del mismo, que era lo innecesaria de tal infraestructura.

Consumada, en la práctica, la desaparición de los liberales del PSOE como Carlos Solchaga o Claudio Aranzadi, el mutis del ex ministro Miguel Sebastián, cuya última etapa se empleó en enmendar parcialmente lo hecho en los años anteriores, y los escarceos del grupo parlamentario por tener una posición digna, formada y de equilibrio entre todas las partes, hoy los socialistas son una incógnita en manos de un solo pensamiento fuerte: el intervencionismo en la energía.

Los pasos, declaraciones y programas conocidos desde Ferraz, eso sí, trazan un puente entre socialistas y Podemos en su perfil electoral. Y es que va a ser cierta la parodia de José Mota respecto a la influencia de la coleta de Pablo Iglesias en el Comité Federal de los socialistas. Eso es, energía con coleta.