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La petrolera estatal brasileña Petrobras refinancia un préstamo de 500 millones de dólares con Citibank hasta 2022

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EFE.- La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció que pagó una deuda de 500 millones de dólares contraída con Citibank y cuyo vencimiento estaba previsto para 2017 y 2018. Asimismo, la compañía realizó simultáneamente la contratación de una nueva línea de financiación con esa entidad financiera por el mismo valor y que tendrá que pagar en 2022, según señaló Petrobras.

Por otro lado, la estatal brasileña concluyó, a través de su subsidiaria Petrobras Global Finance, una emisión de títulos de deuda por valor de 4.000 millones de dólares con vencimientos en 2022, 2027 y 2044. La demanda superó los 20.000 millones de dólares y en ella participaron cerca de 400 inversores, siendo la mayoría de Norteamérica (77%) y Europa (19%). La emisión tuvo el menor coste medio para Petrobras desde 2013. El montante captado servirá para el pago de préstamos y la refinanciación de otros. Petrobras registró un beneficio de 1.214 millones de euros en el primer trimestre de este año, revirtiendo así las pérdidas de 340 millones del 2016.

La petrolera afirmó que «continuará evaluando nuevas oportunidades de financiación» en el marco de la estrategia de desinversión que lleva a cabo desde 2015, inmersa en una grave crisis. A través de ese plan de desinversiones, Petrobras lleva a cabo una reestructuración para reducir su tamaño, hacer frente a la grave crisis provocada por el escándalo de corrupción del que es protagonista y adecuar la empresa a una coyuntura negativa provocada por la caída de los precios internacionales del crudo en los últimos años. Para el periodo 2017-2018, la estatal espera vender activos por valor de 21.000 millones de dólares, que se sumarán a los 13.600 millones de dólares obtenidos en el bienio inmediatamente anterior.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao incorpora a Petronor a su Patronato

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EFE.- El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha incorporado a la empresa vizcaína de refino y fabricación de productos derivados del petróleo Petronor al Patronato de su Fundación como nuevo miembro corporativo para los próximos cuatro años. En su condición de nuevo patrono de la centenaria pinacoteca bilbaína de arte clásico y contemporáneo, Petronor aportará para la financiación de las actividades del Museo 240.000 euros en los próximos 4 años (a razón de 60.000 euros al año).

El convenio de colaboración ha sido firmado por el presidente de turno del Patronato del Museo bilbaíno, el consejero vasco de Cultura, Bingen Zupiria, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. Zupiria destacó la colaboración entre las empresas más potentes de Vizcaya y las instituciones del territorio en apoyo «del arte, la cultura y otras actividades de interés general».

Unidos Podemos exige una Ley de Cambio Climático con objetivos concretos de reducción de emisiones por sector

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EFE.– El grupo parlamentario de Unidos Podemos reclama que la futura Ley de Cambio Climático cuente con objetivos concretos de reducción de emisiones para cada uno de los sectores, entre ellos el sector energético, a corto, medio y largo plazo, utilizando como base el año 1990 y no 2005. En este sentido, este grupo parlamentario señala los mínimos que, para ellos, debe tener la nueva norma y pide que se creen indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos.

Unidos Podemos considera que la meta a la que debe ir orientada esta ley es la de un modelo 100% renovable, y para conseguirlo creen que debe ir acompañado de un plan de fiscalidad ambiental, de un programa de creación de empleo verde y de ambiciosas reducciones en los sectores más contaminantes, como el transporte, la agricultura y la ganadería, la edificación o los residuos.

Reclaman que la ley incluya la financiación adecuada para llevar adelante los objetivos, y que su proyecto de elaboración sea transparente y cuente con la participación de la sociedad civil. Piden también abordar el reparto competencial de las medidas con las Comunidades Autónomas, así como un organismo de coordinación autonómica. Además, reclaman la aplicación «real» del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), con el fin de que los programas de trabajo que se establezcan permitan desarrollar la política de adaptación al cambio climático.

Navia advierte de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética con mayores recursos desde los Presupuestos Generales del Estado

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Europa Press.- Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinarán 3.746 millones de euros, 149 millones menos que en 2016, a la financiación de los costes del sistema eléctrico, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que advirtió de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos por ser poco ambiciosos en esta materia.

Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2017. En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer «de forma gradual» y añadió que «el papel fundamental no corresponde a los Presupuestos». En esta línea, afirmó que «incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos 3, 4, 10 o 20 años».

Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública. A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de «una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año».

El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. De estos 3.746 millones, 360 millones provendrán de las subastas de gases de efecto invernadero, 2.650 millones a diferentes tributos que gravan actividades de generación eléctrica y residuos, y 736 millones serán aportados para compensar los extracostes de generación en los sistemas extrapeninsulares.

Navia señaló que el presupuesto de la Secretaría es suficiente para llevar adelante las prioridades de política energética del Gobierno, pese a haber sido hechos en «un marco de rigor presupuestario». Entre las acciones previstas en materia de eficiencia energética, Navia citó diferentes partidas, como los 59 millones de ayudas para la rehabilitación de edificios o los 50 millones para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible.

A la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas). Las ayudas a la producción serán de 38,5 millones y para la restauración medioambiental de las zonas en que se cierren minas serán de 25 millones. Para sufragar el marco de protección social a los trabajadores, el presupuesto será de 247 millones de euros, 245 millones para prejubilaciones y 2 millones para bajas incentivadas.

Sacyr liquida la deuda de 769 millones de euros que le quedaba de la compra de su participación en Repsol

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Europa Press.- Sacyr ha liquidado anticipadamente la totalidad de la deuda de 769 millones de euros que le quedaba vinculada a la participación del 8,2% que tiene como segundo máximo accionista de Repsol, según indicó la constructora. Se trata del último remanente del pasivo de 2.264 millones de euros asociado a la inversión en la petrolera que el grupo que preside Manuel Manrique refinanció en enero de 2015 y que vencía el 31 de enero de 2018.

Con esta amortización anticipada, Sacyr no solo liquida toda la deuda vinculada a Repsol, sino que recorta por debajo de la cota de los 3.000 millones de euros la deuda total de 3.726 millones que tenía. Asimismo, el grupo podrá beneficiarse del dividendo que reparte Repsol, que hasta ahora venía destinando a cubrir los intereses que le generaba el pasivo vinculado a su inversión en la compañía que preside Antonio Brufau. Además, la compañía blinda las acciones que tiene de Repsol de las oscilaciones de su cotización vinculadas a las variaciones del precio del petróleo.

Sacyr ha logrado todo ello al firmar una nueva operación de derivados con parte de los títulos que tiene de la petrolera, esto es, con 72,70 millones de acciones, equivalentes al 60% del total que tiene en Repsol, y representativas del 5% de esta compañía. En virtud del préstamo, no tendrá que poner garantías si los títulos del préstamo de derivados bajan de la cota de 10,9 euros por acción.

Se trata de la tercera operación de este tipo que el grupo de construcción acomete, tras las dos realizadas el pasado año. Con ella, todas sus acciones de Repsol pasan a estar en contratos de derivados, si bien Sacyr conserva los derechos de voto, y liquida toda la deuda que tenía asociada a su inversión en la petrolera. Con las operaciones realizadas en septiembre y diciembre de 2016 pagó anticipadamente un total de 885 millones de la deuda vinculada a Repsol, el 53% de la que tenía entonces, que quedó reducida a estos 769 millones.

No obstante, los derivados son un activo financiero y se puede liquidar en acciones o en efectivo. En este caso, la operación constituiría una puerta de salida o de reducción de la posición de Sacyr en el capital de Repsol, donde desembarcó en 2006 y en el que llegó a tener un 20% del capital. Sacyr, que actualmente está inmerso en su crecimiento internacional, siempre ha defendido su participación en Repsol como una inversión «estable» con la que se siente «confortable”, tal como reiteró el presidente de la constructora en su última junta de accionistas.

Abengoa prevé cerrar este año la venta de su 41,6% en Atlantica Yield mientras completa la reestructuración de su deuda

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EFE.- Abengoa ha completado el proceso de reestructuración de su deuda una vez admitidas a negociación las nuevas acciones y los warrants (derechos de compra sobre acciones) emitidos para compensar a los acreedores, según comunicó el grupo de ingeniería y energía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que prevé cerrar en un plazo de entre tres y seis meses la venta de su participación del 41,6% en Atlantica Yield, su filial cotizada estadounidense, según explicaron fuentes del mercado.

Es una participación de control

Abengoa prevé desprenderse de la totalidad del paquete en un solo bloque porque se trata de una participación de control, lo que le permitirá obtener un mejor precio. Atlantica Yield tiene una capitalización de 2.070 millones de dólares (1.943 millones de euros), lo que supone valorar el 41,6% de Abengoa en 850 millones de dólares (unos 800 millones de euros), suma a la que habría que sumar la prima de control. Según las fuentes consultadas, en el mercado existe interés por adquirir esa participación, en concreto entre fondos soberanos y otros especializados en infraestructuras y activos energéticos. La venta de la participación en Atlantica Yield forma parte del plan de desinversiones de Abengoa, que persigue la reducción de la deuda.

Completa reestructuración de su deuda

Por otro lado, el comienzo de la cotización de los nuevos títulos ha diluido la participación de los antiguos accionistas de la compañía, que se quedan tan solo con el 5% del capital, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedan con el 95% restante, lo que se ha traducido en fuertes caídas en Bolsa de los títulos de Abengoa. Las acciones de clase B han caído un 78,18%%, hasta 0,02 euros, mientras que las de clase A han descendido un 79,78%, hasta 0,05 euros. Recientemente Abengoa recibió el dinero nuevo que los inversores se habían comprometido a inyectar en la compañía, 1.170 millones de euros para que así la compañía pueda poner en marcha su plan de viabilidad.

La Red RUP Energía busca captar financiación de la Unión Europea para el desarrollo de renovables en las regiones ultraperiféricas

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EFE.- El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, participó en una reunión de la Red de Energía RUP, liderada por Canarias, en la que se avanzaron en varias propuestas conjuntas con los que captar fondos de la Unión Europea para impulsar el desarrollo de energías renovables en los territorios ultraperiféricos, con un “necesario” marco legislativo europeo “flexible y adaptado, que tenga en cuenta las singularidades y vulnerabilidades” de las islas y de las regiones ultraperiféricas.

En el encuentro participaron representantes de Madeira, Azores, Mayotte, Martinica, Reunión y Guadalupe. Entre los temas que se abordaron, Mendoza destacó la preparación de una propuesta conjunta por parte de todas las RUP sobre la Directiva de Energías Renovables que se tramita en estos momentos en el Parlamento Europeo. Según el Gobierno canario, estas regiones deben contar con “regímenes de incentivos específicos para el fomento de las renovables sin tener que recurrir necesariamente a procedimientos de subastas o concurrencia previa o, en su caso, poder contar con procedimientos de concurrencia exclusivos o que no se basen, únicamente, en criterios exclusivamente económicos, sino que se tengan en cuenta las particularidades territoriales”.

El objetivo, según explicó, es conseguir que la Unión Europea module incentivos económicos en favor del desarrollo de las energías renovables en los territorios ultraperiféricos, en la medida en que ayudan a reducir los costes del sistema eléctrico respecto a la generación convencional y permiten dar respuesta a los sobrecostes que se derivan de su aislamiento, fragmentación y alta dependencia de los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases invernadero. El viceconsejero de Industria recordó que, gracias al trabajo realizado por las RUP, la propuesta de la nueva Directiva sobre Energías Renovables aprobada por la Comisión Europea en noviembre de 2016 ya recoge una mención específica a las regiones ultraperiféricas y a la necesidad de favorecer en ellas las renovables.

«Nuestro propósito ahora es concretar las medidas y los mecanismos de apoyo que la Unión Europea establecerá para promover una transformación efectiva de los sistemas energéticos de nuestros territorios y avanzar en una mayor autosuficiencia energética», añadió. Por otro lado, los miembros de la Red de Energía RUP avanzaron también en la próxima presentación de un proyecto conjunto a la nueva convocatoria Interreg Europe con el objetivo principal de ayudar a difundir entre las empresas las ventajas y beneficios de aplicación de sistemas de ahorro y eficiencia energética. Asimismo, se utilizarán nuevas herramientas informáticas para favorecer el intercambio de proyectos y experiencias entre los miembros de la Unidad de Energía RUP y cumplir así con uno de sus objetivos prioritarios

Impulsada por el Gobierno de Canarias, la Red de Energía RUP se constituyó en septiembre de 2016, en el marco de la XXI Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas celebrada en Madeira, con el propósito de emprender un plan de acción conjunto que permita acceder a financiación europea y sumar esfuerzos para sacar el máximo rendimiento al elevado potencial que ofrecen estos territorios en energías renovables. Además, otro de los objetivos de la Red RUP de Energía es posicionar a estas regiones como laboratorios tecnológicos gracias a sus condiciones naturales que las pueden convertir en modelos energéticos a nivel mundial.

Gas Natural Fenosa lanza una emisión de bonos de 1.000 millones a 7 años mientras realiza una recompra de obligaciones

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EFE / Servimedia.- Gas Natural Fenosa ha realizado una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a 7 años, a la vez que también ofrece recomprar bonos por un importe de hasta 1.000 millones. La primera de las operaciones, con vencimiento en abril de 2024, fija un cupón anual del 1,125%, con un precio de emisión del 99,466% del valor nominal de los nuevos bonos.

La emisión ha tenido una demanda superior a los 3.000 millones de euros, el triple de la oferta, y ha recibido órdenes de más de 230 inversores institucionales de 34 países, según indicó la multinacional. El desembolso de esta operación está previsto que tenga lugar el próximo día 11 de abril. En paralelo, Citigroup Global ha lanzado una oferta de recompra de bonos de Gas Natural Fenosa con vencimientos entre 2018 y 2021, cuyo resultado se conocerá el 5 abril. Está previsto que los nuevos bonos, total o parcialmente, sean permutados por los bonos de la energética que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global.

La oferta de compra se dirige a cinco emisiones de obligaciones simples que tienen un importe de entre 700 y 850 millones de euros cada una, un tipo de interés de entre el 4,125% y el 6%, y que vencen en 2018, 2020 y 2021. Citigroup aceptará compras solicitadas por tenedores de obligaciones hasta un importe máximo de 1.000 millones.

Estas actuaciones, asegura la compañía que preside Isidre Fainé, “se enmarcan en el habitual proceso de optimización de su deuda financiera”. Durante 2016, tan solo a nivel corporativo y en el mercado bancario, refinanció o reestructuró líneas de crédito por importe superior a 4.500 millones de euros, así como préstamos por importe de 1.300 millones de euros. «Gas Natural Fenosa, de acuerdo con su política financiera, realiza constantemente una revisión de su estructura financiera con el objetivo de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de su deuda financiera, así como reducir sus costes de financiación», ha asegurado la firma.

El Gobierno pide al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo sobre la financiación del bono social

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Europa Press.- El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El recurso de amparo ante el Constitucional se presentó en febrero y en él el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional. El Gobierno también considera que el Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional. Energía considera necesario que se consulte al tribunal de Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE avalase en septiembre la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impulsó junto al PSOE y Ciudadanos un decreto ley sobre pobreza energética en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras. Sin embargo, la sentencia del Supremo también obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. La ejecución de esta indemnización depende ahora de la decisión del Constitucional. De ejecutarse, se cargará sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos, aunque esta segunda opción es menos probable.

La comercializadora municipal de Cádiz, gobernada por Podemos, no quiere pagar el bono social de electricidad al consumidor vulnerable

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Redacción / EFE.- La empresa Eléctrica de Cádiz denuncia que el Gobierno central le «obliga» a dedicar la mitad de su margen de beneficios «a financiar un bono» que no puede ofrecer, y anuncia que prepara un recurso colectivo por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso. Así lo indica el Ayuntamiento de Cádiz, que señala que el Gobierno plantea obligar a la financiación del bono social a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes.

Desde la empresa se explica que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154%, y que se trata de «un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro». Para Eléctrica de Cádiz, «hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos».

El Consistorio gaditano detalla que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros. En base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros (250.000.000 x 0,217154%). De acuerdo con el histórico de resultados de esta comercializadora, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. «Ello obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras», señala Eléctrica de Cádiz.

Además, Eléctrica de Cádiz expone que no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, «porque sólo pueden hacerlo las comercializadoras de referencia», y añade que esta medida es «completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras de electricidad». Así, solicitará a todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que no convaliden este Decreto Ley, «pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir su factura».