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Energía desarrollará un «amplio» plan de eficiencia energética para comercios

EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha avanzado hoy que su departamento va a desarrollar, junto al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), un «amplio» plan de eficiencia energética para locales comerciales.

Nadal -que ha participado hoy en un almuerzo con el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, en el marco de Fitur- ha explicado que el plan pretende mejorar los actuales sistemas de iluminación y sustituirlos por otros más eficientes de tecnología LED.

El programa contará también con fondos para mejorar los sistemas de calefacción y aire acondicionado y el aislamiento de los establecimientos, porque -según Nadal- «los locales pierden una gran cantidad de frío en verano y calor en invierno».

Para el desarrollo del plan, el Gobierno pretende contar con el apoyo del Plan Juncker de inversión y con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

El ministro ha explicado que para optar a financiación europea es necesario materializar la iniciativa en un gran plan de mejora que cuente con muchos establecimientos, porque «los fondos europeos no están previstos para ayudar a una cafetería en particular».

Nadal ha afirmado que este plan es «necesario» a nivel nacional, porque «España es una potencia turística».

El Gobierno indica a las empresas que «hay» financiación para que se impliquen en la lucha contra el cambio climático

Europa Press / Servimedia.- La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha insistido a las empresas que «deben aprovechar» las oportunidades que supone adoptar medidas para luchar contra el cambio climático, porque aportará valor a sus negocios. «Necesitarán financiación, pero la hay», ha aseverado Ulargui, que destacó que las empresas de nuestro país ya se han concienciado de la necesidad de luchar contra este fenómeno y están actuando al respecto.

La directora de la Oficina Española de Cambio Climático ha explicado los avances en España para cumplir los objetivos de la Cumbre de París ante los miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España, que preside el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé. Además, la coordinadora de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Cristina Sánchez, ha explicado la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible, un catálogo de 17 objetivos que ya cuenta con 1.700 adhesiones en España.

Inversiones en los próximos años

Valvanera Ulargui también expuso el paquete legislativo que ha presentado la Comisión Europea para preservar la competitividad en la Unión Europea, ya que la transición hacia una energía limpia está cambiando los mercados mundiales. De acuerdo con sus estimaciones, el proceso podría movilizar inversiones por un valor de 400.000 millones de euros anuales. En 2015, las energías renovables atrajeron una inversión global superior a los 300.000 millones de euros. A partir del año 2021, el proceso de transición movilizará inversiones, públicas y privadas, de unos 177.000 millones de euros al año, generará un aumento de hasta un 1% del PIB durante la próxima década y puede crear 900.000 nuevos empleos.

Respecto a la anunciada Ley de Cambio Climático, Ulargui ha señalado que se trabajará con las empresas en un marco de diálogo, de manera que se tendrán en cuenta las peculiaridades de cada sector de actividad a la hora de cumplir los objetivos de reducción de las emisiones un 26% en 2030. Asimismo indicó que esta Ley servirá para dar seguridad jurídica y regular el marco de la reducción de emisiones en España. La directora advirtió del riesgo de quedarse fuera del mercado, ya que «quien lo haga perderá competitividad. Mejorar la eficiencia energética e innovar permitirán ganar competitividad y se verá cómo abre puertas».

La FEMP plantea que el acuerdo para prohibir cortes de luz a los consumidores vulnerables se extienda al gas natural

Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que el acuerdo del Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para evitar los cortes de electricidad a las familias más vulnerable y paliar la pobreza energética, no tiene un coste «inasumible» por las administraciones públicas, y ha abogado por su extensión en el caso de imposibilidad de pago a las facturas de gas natural.

Así lo señaló Caballero, quien denuncia que la pobreza energética está siendo «severa», especialmente en esta fase de la crisis en la que «se acumulan todos los efectos de la crisis de todos los años». Caballero indicó que en términos económicos se está produciendo un repunte, pero en términos sociales «se sigue profundizando», si bien «no es nada que tenga ningún coste inasumible por las administraciones públicas», de forma que desde el Gobierno y los ayuntamientos «se puede asumir sin que produzca ningún quebranto». La cuestión es que Caballero obvia que parte de la financiación recaerá nuevamente sobre las compañías.

«Se trata de voluntad política y yo la vi reflejada en la conversación que tuve con el ministro Nadal y después en el pacto que se llevó al Parlamento y que dio lugar al decreto ley», ha valorado Caballero. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. El dirigente socialista, que ha abogado por la extensión del acuerdo también a los casos de familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del gas, ha explicado que las medidas acordadas con Nadal eran «principios políticos de actuación».

Entre otras, ha citado la prohibición de cortar el suministro a ninguna familia o domicilio en situación de pobreza o vulnerabilidad, para lo que los servicios sociales elaborarán un informe, y que no lo pueda hacer una compañía eléctrica por su cuenta. A modo de ejemplo, Caballero ha indicado que en Vigo se paga la factura a unas 700 familias y ha valorado el avance «importantísimo» que supone el acuerdo sobre cortes de suministro al evitar los cortes de luz a familias vulnerables. «Se está avanzando a buena prisa en la buena dirección», ha subrayado.

Gamesa prolonga hasta 2022 el plazo para devolver un préstamo sindicado de 750 millones

Servimedia.- Gamesa ha acordado una extensión del plazo de vencimiento único de su financiación sindicada por importe de 750 millones de euros hasta 2022, aumentando el vencimiento medio de la financiación de la compañía.

Además, según informa Gamesa mediante una comunicación remitida a la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este acuerdo, suscrito con un grupo de 16 entidades financieras nacionales e internacionales, también mejora las condiciones económicas del sindicado.

Gamesa cuenta, asimismo, con otras líneas adicionales de financiación, con un importe total disponible de 1.800 millones de euros.

La guerra del bono social

Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

España duplicará a 900 millones de euros anuales el fondo para luchar contra el cambio climático a partir de 2020

EFE.- La ministra de Agricultura, y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció «la remisión a las Cortes del Acuerdo de París contra el cambio climático para su ratificación por vía urgente» y resaltó que, en la Cumbre de París, el Gobierno se comprometió a aumentar las aportaciones a la lucha contra el cambio climático hasta duplicarlas, y apuntó que «van a ser 900 millones de euros anuales a partir de 2020, ya que en 2015 han sido 466,7 millones de euros».

Además, ha destacado que el Gobierno «aportará 120 millones de euros al Fondo Verde, de los cuales están desembolsados 2, pero hay un calendario establecido para alcanzarlos en el periodo comprometido hasta 2020». Ha añadido que el Gobierno en funciones «dejó todo preparado para impulsar la ratificación del Acuerdo en cuanto fuese posible». Está previsto que el texto entre en vigor en 2017, tras su aprobación en las cámaras. «París fue un éxito», se acordó la reducción de la temperatura por «debajo de los 2 grados e incluso no sobrepasar el 1,5» y, además, los procedimientos para desarrollar el Acuerdo.

«España participa en la Cumbre de Marrakech en las decisiones que empezarán a adoptarse para implementar París», ya que cuenta con una política efectiva de reducción de emisiones de efecto invernadero que tiene como objetivo la transformación de nuestro modelo económico a uno bajo en carbono. Tejerina resaltó que «hasta ahora 105 países han ratificado el Acuerdo de París, lo que representa un 75% de las emisiones, entre ellos 14 países europeos» y hay una política «más ambiciosa» para la reducción de emisiones de todos los países europeos, que se han fijado en un 40% para 2030 respecto a 1990.

«La Unión Europea ya ha reducido las emisiones en un 22% en 2015, en un período en el que la economía europea ha crecido un 50%», por lo tanto, ha dicho «crecimiento económico y reducción de emisiones es posible«, además, la Comisión Europea «ya ha lanzado el marco normativo para la reducción de emisiones». En la Unión Europea «somos los más importantes donantes de financiación climática para los países en vías de desarrollo», con una aportación de 17.500 millones de euros, con un «incremento significativo con respecto a años anteriores».

Respecto a la elección del candidato republicano Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, Tejerina ha dicho que este país «ya ha ratificado el Acuerdo de París y que espera que continúe proponiendo políticas para luchar contra el cambio climático». Además, «el presidente de la Comisión Europea ha manifestado su deseo de que Estados Unidos mantenga su compromiso» y ha destacado que este país representa entre el 10% y el 11% de las emisiones y «el compromiso es global«.

Uno de los aspectos más difíciles a negociar en Marrakech es lograr la financiación de 100.000 millones de dólares anuales para que los países en desarrollo puedan reducir las emisiones de la mano de entidades financieras, organizaciones internacionales y los propios gobiernos. Está previsto que la revisión del proceso iniciado con el Acuerdo de París se haga en la reunión del clima de 2018, fecha fijada para que los países expongan las medidas adoptadas para descarbonizar sus economías desde 2020.

Bruselas estudia crear un fondo de garantías para promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea

EFE.- La Comisión Europea estudiará la creación de un fondo de garantías para contribuir a promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea, es decir, energía a partir de las olas y las mareas. El Foro sobre Energía Oceánica presentó una hoja de ruta para garantizar el 10% del consumo energético de Europa a partir de la energía undimotriz y mareomotriz, algo que requeriría un fondo de inversión de 250 millones de euros y un fondo de garantías de 70 millones.

El comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimo y Pesca, Karmenu Vella, ha constatado que «la hoja de ruta estima que la energía oceánica podría cubrir hasta el 10% de la demanda energética de la Unión Europea de aquí al 2050», algo que permitiría recortar las emisiones en 276 millones de toneladas de CO2 al año. «La Comisión estudiará ahora el establecimiento de un fondo de garantías y contribuirá a través del mejor uso de los recursos e instrumentos existentes» como el programa de ayudas a la investigación Horizonte 2020, así como el marco financiero plurianual, según avanzaron fuentes del Ejecutivo comunitario.

Las compañías eléctricas dedicaron cerca de 500 millones de euros a costear el bono social de la luz desde 2014

Europa Press.- Las principales compañía eléctricas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España, han dedicado cerca de 500 millones de euros a costear en 2014, 2015 y los primeros nueve meses de 2016 el bono social de la luz, según indicaron fuentes de las empresas. Unas cantidades que podrán recuperar después de que el Tribunal Supremo haya declarado inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde el ejercicio 2014 ha recaído sobre las principales compañías eléctricas.

Las fuentes consultadas indican que las eléctricas deberán recibir como compensación 184 millones por el dinero dedicado en 2014, 188 millones por el de 2015 y una cantidad adicional por los nueve primeros meses de 2016 que elevará la cifra a unos 500 millones. Desde las empresas destacan que el fallo responde a los criterios fijados por la normativa comunitaria y que «las eléctricas no están en contra del bono social, sino de la manera con la que se ha ido aplicando, que es discriminatoria».

También califican de «victoria» la resolución judicial y consideran «bastante justo» que la ayuda a los consumidores vulnerables no se cargue sobre las eléctricas, sino sobre otras fuentes como los Presupuestos Generales del Estado. «Las empresas ya están haciendo los deberes por su cuenta para proteger a los consumidores vulnerables mediante acuerdos con distintas administraciones públicas e iniciativas propias«, aseguran.

El fallo del Supremo afecta al 2014 e indica que se deben reintegrar a los demandantes todas las cantidades que hayan abonado por este concepto conforme a la cifra que se detalle en la ejecución de sentencia, más los intereses. Las empresas, que han ido recurriendo los distintos porcentajes de reparto del coste del bono social, dan por hecho que esta victoria judicial también implicará la devolución de los importes devengados en 2015 y 2016.

Para 2016, Endesa ha de financiar un 41% del bono social, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

Abengoa logra «holgadamente» las adhesiones a su plan de reestructuración y evita el concurso de acreedores

Redacción / Agencias.- El plan de reestructuración financiera diseñado por el grupo energético y tecnológico Abengoa y sus principales acreedores ha sumado adhesiones de bonistas y entidades bancarias tenedoras de más del 75% de la deuda, de modo que la empresa podrá evitar el que habría sido el mayor concurso de acreedores hasta la fecha en España. Según un recuento provisional, la compañía ha superado «holgadamente» el objetivo de lograr la adhesión de los titulares de más del 75% de su deuda a su plan de reestructuración.

Abengoa señala que, una vez que los auditores de la sociedad confirmen este dato, se cumplirán las mayorías requeridas por ley para la presentación en el juzgado mercantil número 2 de Sevilla de la solicitud de homologación judicial, lo que se hará «en los próximos días». De esta forma, a la espera de la aprobación judicial, Abengoa logra el requisito necesario para salir de la situación de preconcurso de acreedores en la que se encuentra actualmente, así como la luz verde para aplicar el plan de reestructuración financiera y de viabilidad empresarial, lo que se materializará en la junta de accionistas del 22 de noviembre.

De la junta de accionistas, saldrá una nueva Abengoa presidida por Gonzalo Urquijo y con un consejo de administración renovado. Las fuentes explican que la adhesión ya contaba con apoyo suficiente de los acreedores bancarios, de modo que los bonistas determinaron el éxito del proceso. El grupo andaluz, que tuvo que recurrir en noviembre del año pasado al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento, situado en aquel momento en más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores, logró cerrar en agosto un acuerdo de reestructuración de la deuda con sus principales acreedores, que prevé la inyección de 1.170 millones de euros.

Los términos de la reestructuración consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97% en el valor nominal, manteniéndose el 3% con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. No obstante, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70% del nominal de la deuda existente a cambio del 40% del accionariado de la nueva Abengoa, de manera que el 30% nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de sénior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,5% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada, en caso de que por materialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada, tras la capitalización del 70% anteriormente referida, excediese de 2.700 millones de euros.

En la junta también se votarán las ampliaciones de capital que darán lugar a la nueva estructura societaria en la que los actuales accionistas verán diluida su participación al 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores tendrán el 95% restante. Es decir, los actuales accionistas verán ostentarán sólo el 5%, mientras que los inversores que inyecten dinero nuevo se quedarán con el 55% del capital. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas de la compañía se quedará en alrededor del 1,5%. Para esquivar de manera definitiva el concurso de acreedores, la compañía necesitaba obtener el visto bueno de los tenedores de al menos un 75% de la deuda durante la presente semana.

Vende Inabensa a CEN Solutions

Por otro lado, la compañía dio un paso más en su plan de desinversiones con la firma de un acuerdo para vender los activos y pasivos del centro de producción de Abengoa Inabensa en Sevilla a CEN Solutions. El acuerdo, cuyo importe no se reveló, contempla que las instalaciones se mantendrán en el Centro Industrial y Logístico Torrecuéllar, situado en la zona franca de Sevilla. CEN Solutions subrogará los contratos de los 73 trabajadores de esta unidad de producción. Abengoa destacó que, de esta forma, se mantiene «dentro del tejido industrial sevillano la capacidad productiva de esta actividad de referencia».

El centro de producción de Sevilla pertenece a la línea de Abengoa Inabensa, dedicada al diseño y fabricación de equipos eléctricos para los mercados de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. La operación forma parte de la estrategia de desinversiones de Abengoa y supone un nuevo paso en el proceso para garantizar la viabilidad del grupo andaluz. En los últimos meses, Abengoa ha acordado la venta de su filial Abentel a Ericsson y de sus participaciones en la planta termosolar Shams-1, situada en Emiratos Árabes; en el parque eólico Campo Palomas, en Uruguay; y en Yoigo, entre otros activos.

Enagás emite 500 millones de euros en bonos a 10 años y un cupón del 0,75%

EFE / Servimedia.- Enagás, empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas, ha cerrado una emisión de bonos a 10 años en el euromercado por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual de 0,75%. La emisión se ha cerrado con una demanda final de más de 1.300 millones de euros, más de dos veces la cifra ofertada, según ha detallado la compañía.

Los bonos, que se han colocado a través de la filial Enagás Financiaciones, tienen un precio de emisión del 99,397%. La emisión, con vencimiento en 2026, tiene como objeto cancelar deuda existente. La refinanciación extenderá la vida media de la deuda sin variar los niveles de deuda bruta, deuda neta ni coste medio. Además, la operación incrementará el porcentaje de deuda a tipo fijo. El cierre de la emisión y el desembolso de los bonos tendrá lugar el día 27. Enagás solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo y la gasista destacó que la emisión pone de manifiesto la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales.