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Iberdrola y otras ocho empresas han recaudado hasta 26.000 millones de euros a través de bonos verdes en diez años

Europa Press.- Iberdrola y 8 compañías industriales europeas (EDF, Enel, Engie, Icade, Paprec, SNCF Réseau, SSE y TenneT) han emitido bonos verdes por valor de 26.000 millones de euros desde que lanzasen hace diez años el primer título de renta fija para una financiación responsable y sostenible, confirmándose la necesidad de proteger el medio ambiente y la labor de las empresas comprometidas en la lucha contra el calentamiento global, la reducción de emisiones, la energía y transporte limpios y la eficiencia energética.

Dentro del Día de la Financiación para el Clima, este conglomerado de empresas ha reafirmado su alianza para seguir desarrollando el mercado de bonos verdes. Además, invitaron al resto de la industria europea a tener en cuenta la emisión de bonos verdes para fortalecer el mercado y aumentar el interés inversor en proyectos responsables con el medioambiente. Según el director financiero del grupo Iberdrola, José Sainz Armada, «gracias a la certificación independiente, los inversores privados que siguen principios éticos reciben todas las garantías de que sus fondos se gestionan con una perspectiva sostenible y bajo estrictos criterios de responsabilidad social».

El Gobierno eleva en 104 millones de euros las ayudas a la eficiencia energética para pymes y grandes empresas

Europa Press.- El Ministerio de Energía, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), amplió en 104,4 millones de euros el presupuesto del Programa de Ayudas a la Eficiencia Energética para actuaciones en pymes y grandes empresas del sector industrial. Esta segunda convocatoria de ayudas, vigente desde julio, contaba con un presupuesto inicial de 63,7 millones de euros que ya se agotaron. Del total de 168,1 millones, un 40% irá a pymes y el resto a grandes empresas.

Con el objeto de cubrir un mayor rango de proyectos, a partir de ahora se incrementa la inversión máxima por expediente de 6 millones a 50 millones de euros. Otra novedad es que los beneficiarios podrán contar con un anticipo, de hasta el 40% de la ayuda concedida, que podrán solicitar conforme se establece en el procedimiento de ayudas. El Ministerio ha recordado que el objetivo de esta convocatoria es la reducción del consumo de energía final y las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética a través de mejoras tecnológicas y de sistemas de gestión energética.

Por otro lado, el IDAE ha ampliado hasta el 30 de abril de 2018 el plazo para solicitar ayudas en eficiencia energética en el sector ferroviario y en desalación, por no haberse agotado la cuantía presupuestada. Para el sector ferroviario se reservaron 13 millones de euros y 12 millones para la desalación. El presupuesto de todos estos programas proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pudiendo ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La gestión del mismo está asignada al IDAE. Los programas de ayudas se inscriben dentro del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.

Energía lanza la aplicación telemática para que las compañías eléctricas comprueben que el solicitante del bono social cumple los requisitos

Europa Press.- El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación telemática que permite a las comercializadoras de referencia comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que pone en marcha esta plataforma, que permitirá así agilizar los trámites para los solicitantes del bono social.

No obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración o declaraciones de los miembros de la unidad familiar, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. Además, la aplicación telemática será de aplicación en todo el territorio, salvo en el País Vasco y Navarra. Con la puesta en marcha de esta aplicación informática el Gobierno permitirá certificar que un cliente tiene derecho al bono social eléctrico sin que la comercializadora acceda a sus datos de renta.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social, que se financiarán entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas al 50%. Además, para este tipo de consumidores las comercializadoras de electricidad no podrán proceder al corte de suministro en caso de impago.

Asimismo, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético. Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovación, disfrutando así del descuento en su factura durante todo el período invernal.

La extensión del plan Juncker hasta 2020 contempla que el 40% de los proyectos de infraestructuras contribuyan a la descarbonización

Javier Angulo / Bruselas.- La conferencia de alto nivel entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, celebrada este martes en Bruselas, ha tratado de aclarar cuáles van a ser las vías para financiar el proceso de transición energética. En este sentido, dadas las ingentes cifras que se manejan en las instituciones europeas, existe plena unanimidad de que la inversión pública debe servir para movilizar a la inversión privada, punto en el que la extensión del plan Juncker va a ser un instrumento relevante.

El Plan Juncker, como se conoce al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), ha servido en su primera etapa para dinamizar la economía y movilizar una inversión de 225.000 millones de euros, fundamentalmente privada, con 43.000 millones de financiación desde fondos públicos. De esos 225.000 millones de euros, 46.500 (un 20%) han tenido como destino el sector energético. Por ejemplo, específicamente para promover las renovables, según el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, a partir de una financiación de 9.000 millones, se ha conseguido movilizar una inversión de 60.000 millones de euros. Por ello, las posibilidades se multiplican ahora que se va a extender el EFSI hasta 2020, para alcanzar en total una inversión de 500.000 millones de euros.

Además, la extensión del Plan Juncker va a hacer una apuesta por la sostenibilidad y la transición energética. De esta manera, un 40% de los proyectos de infraestructuras e innovación que obtengan financiación tienen que servir para avanzar hacia las metas fijadas en el Acuerdo de París. No es más que un primer paso para el período que abarca hasta 2020 y que supone un anticipo de las necesidades de inversión para la próxima década: 378.000 millones de euros al año son las cifras que maneja la Comisión Europea para cumplir todos sus objetivos en materia de energía y clima para 2030. 178.000 procedentes de fondos públicos y 200.000 de manos privadas son las cuentas que formuló el propio Cañete.

Crecimiento y acción climática van de la mano”, aseveró Cañete, que resaltó que el presupuesto comunitario debe apoyar los objetivos de 2030 para avanzar en la descarbonización. Asimismo, celebró el 40% establecido en el Plan Juncker, que “servirá de palanca para atraer recursos privados”. “Si todos remamos en el mismo sentido podemos acelerar la transición”, subrayó el dirigente español, que insistió en utilizar el EFSI como un instrumento para estimular más inversiones públicas y, “fundamentalmente”, las privadas. Además de los avances a una energía limpia, Arias Cañete recordó que los fondos también se utilizarán para la rehabilitación de viviendas en la mejora de su eficiencia energética, lo que a su juicio supone la mejor fórmula para combatir la pobreza energética.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, subrayó que la seguridad jurídica es “necesaria para facilitar la inversión” en el sector energético que permita cumplir el Acuerdo de París, algo que espera conseguir con la aprobación del Paquete de Invierno de la Unión Europea. En la misma línea, el dirigente italiano hizo un llamamiento a los Estados miembros para reforzar el liderazgo de la Unión Europea en renovables, en reducción de emisiones y en eficiencia energética. Por ello, reivindicó que el próximo Presupuesto de la Unión Europea debe aumentar los fondos para atraer nuevas inversiones que fomenten la industria de las renovables y la eficiencia energética a fin de crear más puestos de trabajo en estos sectores.

En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, señaló que las inversiones en eficiencia energética, energías renovables, redes eléctricas e interconexiones son “vitales” para acelerar la descarbonización de la economía de la Unión Europea, por lo que pidió trabajar para acabar con los obstáculos que frenan la inversión. Por su parte, el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, reconoció que la «descarbonización necesita de mucha inversión y con los fondos públicos solo no alcanza”. Por ello estimó que la inversión deberá aumentar en la próxima década, aunque para ello habrá que dar “más estabilidad” a los inversores. Aún así confió en que la extensión del Plan Juncker servirá para conseguir los objetivos energéticos.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, destacó que el debate ya no se centra en posicionarse a favor o en contra de las tecnologías renovables sino que la senda hacia la descarbonización está trazada y la cuestión es cómo financiar la energía limpia. “Necesitamos 400.000 millones de euros anuales”, sentenció el dirigente polaco, que indicó que los “objetivos ambiciosos están muy bien, pero los objetivos alcanzables son mejores”, a la par que pidió un esfuerzo a las instituciones europeas para hacer ver a los ciudadanos que la descarbonización “es una oportunidad”.

Cañete avala que la Unión Europea apoye a las ciudades y regiones para alcanzar los objetivos de energía y clima

EFE.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, se mostró a favor de que las ciudades y regiones europeas reciban apoyo para alcanzar los objetivos en materia de clima y energía para el año 2030.

«Respetar los objetivos y compromisos para 2030 dependerá de una acción completa, que también depende de entes locales y regionales. No podemos llegar a buen puerto sin apoyarles», declaró Arias Cañete durante un debate en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CdR). «En las ciudades se consume mucha energía, pero también son nodos de innovación y crecimiento sostenible», apuntó, al tiempo que recordó que las regiones son particularmente vulnerables al cambio climático.

El comisario europeo destacó que el debate y la próxima cumbre del clima de Naciones Unidas que se celebrará en noviembre en Bonn llegan tras meses de condiciones climáticas «extremas» en varios países del mundo. «A finales de este siglo, las catástrofes naturales podrían afectar a dos tercios de la población europea cada año», advirtió. Además, destacó que, «en un entorno político cambiante», el papel de ciudades y regiones es «más importante que nunca» y que, si bien los retos que genera el cambio climático son «notables», también hay oportunidades de transición hacia una energía limpia para ciudadanos y economías.

Cañete reiteró el apoyo del Ejecutivo comunitario a iniciativas como el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía, que reúne a 7.000 ciudades a nivel mundial en un compromiso para reducir emisiones y reforzar la labor local contra el cambio climático. Esta iniciativa «contribuye de manera decidida a los objetivos marcados para 2030 en parte gracias al Comité de las Regiones», destacó Cañete. El pleno del CdR, compuesto por 350 representantes regionales y locales de la Unión Europea, aprobó dos dictámenes en materia de medioambiente: sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático para aplicar el Acuerdo de París y sobre la revisión de la implementación de las políticas ambientales comunitarias.

El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social

Europa Press.-El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las compañías eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o las comercializadoras. El Supremo acuerda la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

El Supremo falla así al incidente de ejecución de sentencia que presentó Viesgo solicitando el abono de los importes satisfechos en la financiación del bono social. En el escrito también se pedía la inclusión de la indemnización correspondiente a las cantidades abonadas en 2014, que el Supremo considera que «no deben quedar comprendidas» en esta ejecución, ya que fueron aplicadas de acuerdo con la orden IET7350/2014, cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están todavía sin resolver. No obstante, el Supremo señala que la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta la sentencia en la que declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su fallo, el tribunal también reconoce, en los mismos términos que a Viesgo, el derecho a que le sean restituidas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016 a todas las entidades personadas en la ejecución que han formulado pretensión en ese sentido, entre las que figuran Hidroeléctrica del Cantábrico, Agri-Energía, Navarro Generación, Electra del Cardener, Servillano García o Estebanell Pahisa, entre otras.

Iberdrola también se había personado en este proceso, aunque el Supremo indica que en el caso de la energética deberá esperar a lo que se resuelva en la ejecución de la sentencia recaída en el recurso que ha promovido. A finales de octubre del año pasado, el Supremo estimó los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Las indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a 500 millones de euros.

Los reguladores de España y Francia acuerdan cómo financiar la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de Francia han llegado a un acuerdo sobre la financiación de la interconexión eléctrica submarina a través del golfo de Vizcaya, que incluye solicitar una subvención europea por el 40% del coste. Las autoridades reguladoras de España y Francia han acordado un reparto de los costes en función de los beneficios obtenidos por cada país, según indicaron ambas entidades.

La interconexión, que unirá Gatica (España) con Cubnezais (Francia) y deberá estar en servicio en 2025, supondrá una inversión de 1.750 millones de euros. Los dos reguladores subrayan que la conexión submarina ha sido declarada proyecto de interés común por la Comisión Europea en 2013 y 2015 y que, por lo tanto, es susceptible de recibir financiación comunitaria. Por ello, y por las repercusiones positivas de esta infraestructura en el sistema eléctrico, la CNMC y la CRE han decidido postular este proyecto como candidato para obtener una subvención europea por importe de 700 millones de euros, lo que cubriría el 40% de la inversión necesaria.

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El BBVA financia con 176 millones de euros la rehabilitación renovable y eficiente del Novo Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

Servimedia.- El BBVA ha financiado con un préstamo verde de algo más de 176 millones de euros a la Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo, la concesionaria que explota los servicios no hospitalarios del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Según la entidad bancaria, la operación constituye el primer green project finance que se firma en España.

El préstamo financia la instalación en el hospital de sistemas de energías renovables, eficiencia energética, gestión sostenible de residuos y del agua, transporte limpio y edificios verdes que cumplan estándares o certificaciones internacionalmente reconocidas. El hospital se inauguró en 2015 y presta asistencia sanitaria a unos 575.000 vecinos de Vigo y su área de influencia. Con esta infraestructura asistencial, que forma parte del sistema multihospital, se da cobertura al área sanitaria más numerosa de Galicia.

Iberdrola coloca 750 millones de euros en su sexta emisión de bonos verdes para financiar proyectos eólicos

EFE / Servimedia.– Iberdrola ha colocado finalmente 750 millones de euros en bonos verdes a 10 años en la sexta emisión de este tipo de deuda, que destinará a refinanciar 5 parques eólicos en el Reino Unido y el de Wikinger, en Alemania, que se pondrá en marcha durante este año. Iberdrola señaló que así «continúa avanzando en su estrategia de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un mix energético bajo en carbono».

Según indicó la compañía eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos vencen el 13 de septiembre de 2027 y el cupón ha quedado fijado en el 1,25%, al alcanzar un diferencial de 58 puntos básicos sobre midswap (el índice de referencia de las emisiones de renta fija). El precio de emisión ha quedado en el 99,052% de su valor nominal. La demanda para la operación ha superado en una fase inicial los 2.200 millones de euros, lo que ha permitido subir a 750 millones la colocación, que inicialmente se planteaba por 500 millones, al mismo plazo de 10 años y con un interés de 75 puntos básicos sobre el midswap.

Fondos únicamente para proyectos renovables

La operación ha mejorado las condiciones de la última emisión realizada por Iberdrola en febrero de este año, ya que se ha cerrado sin pagar ninguna prima de nueva emisión respecto al nivel teórico de cotización en el mercado secundario. En la emisión, colocada por Caixabank, Commerzbank, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International, Mizuho International, Natixis y RBC Europe Limited, van a participar más de 150 inversores. Los fondos se utilizarán para la financiación y refinanciación de inversiones en parques eólicos terrestres en Reino Unido y el marino de Wikinger, en aguas del Báltico en Alemania, que es el primero de este tipo construido al 100% por Iberdrola y en el que se invirtieron cerca de 1.400 millones de euros.

Iberdrola cerró su prima colocación de bonos verdes en 2014 y fue la primera empresa española en hacerlo, una emisión a la que siguieron otras 4 (abril de 2016, septiembre de 2016, diciembre de 2016 y febrero de 2017). Los bonos verdes se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.