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Bruselas invertirá 116 millones de euros en 12 proyectos europeos dedicados al medio ambiente y la acción climática

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Europa Press.- La Comisión Europea anuncio la inversión de 116,1 millones de euros para financiar 12 proyectos enmarcados en el programa LIFE para el medio ambiente y la acción climática en Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y Eslovenia. Los 12 proyectos tienen un presupuesto total de 215,5 millones de euros, por lo que el Ejecutivo comunitario financiará más del 50% de la inversión necesaria. La Comisión Europea espera que este montante genere 3.200 millones de euros en inversiones adicionales.

En cuanto a las acciones por el medio ambiente, Bruselas ha concedido 19,6 millones, a dos proyectos en Bulgaria y Hungría que buscan reducir la contaminación atmosférica en núcleos urbanos. Además, se destinarán 44,2 millones a la financiación de proyectos de conservación de la naturaleza en República Checa, Hungría, Portugal y Eslovenia y 19,9 millones a dos proyectos en Austria y Hungría. Con respecto a los proyectos dedicados a la acción climática, Bruselas financiará con 32,4 millones la adopción de medidas en Finlandia, Italia y Eslovenia para cumplir sus objetivos nacionales de reducción de emisiones y una estrategia de adaptación al cambio climático a nivel local y regional en Grecia.

El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha destacado que estas nuevas inversiones «ayudarán a aprovechar los recursos para responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la calidad del aire«. El programa LIFE de la Unión Europea se puso en marcha en 1992 y desde entonces ha cofinanciado un total de 4.600 proyectos, de los que 1.100 están en marcha en la actualidad. El presupuesto actual del programa, para el periodo 2014-2020 es de 3.400 millones y Bruselas ha propuesto incrementarlo un 60% en el siguiente ciclo presupuestario (2021-2027).

El Gobierno destina 60 millones a la movilidad sostenible y da 5.000 euros para comprar un coche eléctrico

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dos planes, con un importe conjunto de 60 millones de euros, que se destinarán a favorecer la movilidad sostenible, mediante el incentivo a la compra de vehículos alternativos y de infraestructuras y también a apoyar proyectos singulares en ciudades patrimonio de la Humanidad o islas.

La primera línea, denominada Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros que irá a parar a ayudas a la compra de vehículos alternativos, así como a la instalación de infraestructuras de recarga de modelos eléctricos. Estos 45 millones de euros también servirán para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y para la puesta en marcha de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Esta partida fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados por el PP, y cuyos fondos no se habían activado. Los Presupuestos de 2018, que se encuentran prorrogados, contemplaban que el IDAE gestionaría 50 millones de euros para financiar ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible gestionadas por el Ministerio de Industria,, que tampoco han sido aplicados.

Al mismo tiempo, se aprobó una línea adicional, con un importe de 15 millones de euros, que se orientará a proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en municipios con un alto índice de contaminación o ubicados en islas o a iniciativas de innovación en electromovilidad. Esta línea con 15 millones de euros proviene de una partida finalista, de 10 millones de euros asignada al IDAE en los Presupuestos de 2017 y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda dotación de 5 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2018.

A través del plan de ayudas aprobado por el Gobierno se subvencionará con 5.000 euros la adquisición de turismos eléctricos, mientras que los importes de los incentivos oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo y de sistema de propulsión. Además, se exige a las marcas automovilísticas o a los puntos de venta que realicen un descuento mínimo adicional de 1.000 euros a los clientes, excepto para las compras de cuadriciclos y motocicletas, mientras que las ayudas a los vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, «dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo».

Por otro lado, la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas contarán con ayudas de entre un 30% o un 40% subvencionable, dependiendo del beneficiario, con un límite máximo de 100.000 euros. Además, la implantación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar con hasta un 10%. Estas subvenciones podrán cofinanciarse con fondos Feder, pero no son compatibles con otras subvenciones que tengan la misma finalidad.

Iberdrola, la italiana Enel y la portuguesa EDP se alían con otras grandes compañías europeas para impulsar la financiación verde

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Europa Press.– Las grandes energéticas europeas, con la española Iberdrola, la italiana Enel, la portuguesa EDP o las francesas EDF y Engie a la cabeza, han unido fuerzas con un grupo de empresas europeas para crear el Foro Corporativo sobre Finanzas Sostenibles, con el que, como principales emisores de bonos verdes de Europa, pretenden impulsar el desarrollo de ese tipo de financiación.

Este foro representa a más de dos tercios del volumen de bonos verdes y sostenibles emitidos por sociedades europeas y considera a los instrumentos financieros sostenibles como herramientas eficientes con base en el mercado que asignan los recursos económicos donde más se necesitan, particularmente a inversiones bajas en carbono y sostenibles, «que son clave para las estrategias corporativas de los miembros«, señaló. Junto a Iberdrola, Enel, EDP, EDF y Engie, figuran también entre las 16 compañías que participan en la iniciativa: Ferrovie Dello Stato Italiane, Icade, Orsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand París, SSE, Tennet, Terna, Tideway y Vasakronan.

Estas compañías proceden de una serie de sectores entre los que se incluyen el de las empresas de suministros, incluido el eléctrico, infraestructuras y operación de transporte ecológico, infraestructuras y servicios medioambientales y propiedad inmobiliaria. El foro aspira a contribuir en mayor medida al desarrollo de un conjunto más amplio de instrumentos del mercado financiero bajo el paraguas de las finanzas sostenibles, tales como los bonos y préstamos verdes y sostenibles, líneas de crédito y otras herramientas financieras sostenibles que reconocen la sostenibilidad del modelo de negocio de sus emisores.

Iberdrola es uno de los actores de referencia internacional en este tipo de financiación, habiendo sido en 2016 y 2017 el mayor emisor verde del mundo a nivel empresarial. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán fue la primera compañía en emitir un bono verde, en abril de 2014, y desde entonces realizó hasta 7 operaciones públicas de este tipo.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 7.400 millones de euros de financiación verde. En 2018, Iberdrola logró cerrar la mayor operación de crédito realizada a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, por importe de 5.300 millones de euros, con un diferencial sobre la referencia de tipo de interés ligado a la reducción de la intensidad de emisiones del grupo. En junio, cerró también otra por 750 millones de euros.

La japonesa Hitachi suspende la construcción de la planta nuclear Wylfa Newydd en Anglesey (Gales) por el incremento de costes

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Europa Press.- La empresa japonesa Hitachi suspendió las obras de desarrollo de la planta de energía nuclear Wylfa Newydd en Anglesey (Gales) por el incremento de los costes, según indicó su subsidiaria británica, Horizon Nuclear Power. El consejero delegado de esta filial, Duncan Hawthorne, reconoció que la compañía, que estaba en conversaciones con el Gobierno británico desde el pasado junio, no ha conseguido la financiación que necesitaba. El impacto financiero podría alcanzar entre los 1.602 millones y los 2.404 millones de euros.

La construcción de la planta, que ya había empezado, tenía un coste estimado de 18.000 millones de euros y se calculaba que daría empleo a 9.000 personas. Hawthorne señaló que la suspensión del proyecto, que supone un revés a la estrategia energética del Gobierno conservador británico, responde a una evaluación de su «racionalidad económica como empresa privada», debido a la falta de financiación adecuada. «Como resultado, suspenderemos el desarrollo del proyecto Wylfa Newydd, así como todo el trabajo relacionado con Oldbury (otra planta en Inglaterra), hasta que se encuentre una solución«, manifestó. «Mientras, tomaremos medidas para reducir nuestra presencia en esas zonas pero mantenemos abierta la posibilidad de reabrir su desarrollo en el futuro», añadió.

Un portavoz del Ministerio de Empresas y Energía confirmó que, «después de intensas negociaciones y duro trabajo por ambas partes, el Gobierno y Hitachi no han podido llegar a un acuerdo sobre cómo proceder». Con la suspensión de este proyecto, y de otro de Toshiba en noviembre en la región inglesa de Cumbria, el Gobierno, que aspira a atraer a inversores del sector privado, deberá resolver una falta de capacidad energética en las próximas décadas.

Hitachi asumió el plan de construcción de dos reactores nucleares en la isla galesa de Anglesey tras adquirir en 2012 la empresa británica Horizon Nuclear Power, para lo que el año pasado pactó con el Gobierno de Reino Unido el reparto de la financiación del proyecto, valorado en más de 24.000 millones de euros, de los que un consorcio público privado e Hitachi cubrirían cada uno 2.400 millones de euros. Sin embargo, el conglomerado japonés habría tenido dificultades para sumar empresas inversoras al proyecto, por lo que pidió a Londres que incrementara su participación, pero las conversaciones se han visto complicadas por la debilidad parlamentaria del Gobierno de Theresa May.

Cesce deberá asumir indemnizaciones por cerca de 100 millones de euros por seguros con Abengoa

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Europa Press.- La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) deberá asumir alrededor de 97,4 millones de euros por 24 pólizas relacionadas con el Grupo Abengoa. Así figura en su Informe de fiscalización del Fondo de Reserva de los riesgos de la internacionalización, ejercicio 2017 realizado por el Tribunal de Cuentas y que recoge que, en enero de 2016, esta entidad tenía riesgo vivo con Abengoa por importe total de 116 millones de euros y 99,5 millones de dólares.

De estas pólizas, el importe que Cesce deberá indemnizar asciende, al menos, a 75,5 millones de euros y 25 millones de dólares, entre riesgo procedente de crédito comprador, de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales y de seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias. Respecto el crédito comprador, Cesce había asegurado a 3 entidades financieras con 8 pólizas concedidas a distintas empresas del Grupo Abengoa (deudores y garante, respectivamente frente a Cesce), de las que deberá indemnizar 25 millones de dólares y 54,6 millones de euros, el importe vivo en 2016.

De todas estas cantidades, Cesce aún no abonó las indemnizaciones por 4 pólizas con una de las tres entidades financieras, que deberá pagar paulatinamente hasta 2020, a medida que venzan las cuotas del crédito, hasta un total de 35,8 millones de euros. Para estas 4 pólizas, señala el Tribunal de Cuentas, Cesce instruyó al asegurado para que bloquease las disposiciones de los créditos, por lo que no tuvo que indemnizar 9,2 millones de euros ni se dispuso de la totalidad del crédito denominado en dólares.

Respecto a las pólizas de seguro a fiadores por riesgo de ejecución de avales, 15 en total suscritas entre junio de 2012 y abril de 2015, el riesgo vivo fue disminuyendo hasta situarse en enero de 2016 en 56,5 millones de euros y en 74,5 millones de dólares. Sin embargo, Cesce había llegado a asumir inicialmente un riesgo máximo de 77 millones de euros y 157 millones de dólares, con una cobertura de entre el 95% y el 34,7%, cuando el porcentaje más habitual, según el Tribunal, es del 50%.

Según la fiscalización realizada, estos seguros tuvieron que prorrogarse en numerosas ocasiones, autorizándose por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE) la suscripción de los correspondientes suplementos a las pólizas con el consiguiente pago de la prima. Este riesgo fue disminuyendo a medida que avanzaban los proyectos, y hasta mayo se habían ejecutado avales de 2 pólizas, en 2016 y 2018, por un importe total de 16,2 millones de euros. Sin embargo, 9 pólizas aún tenían riesgo vivo por 25,1 millones de euros y 33 millones de dólares.

Otras cuatro pólizas, suscritas en el 2015, tenían un riesgo vivo en enero de 2016 de 3,8 millones de euros y 23,4 millones de dólares, cancelándose estas fianzas ese año antes de su vencimiento pues, según ha manifestado Cesce al Tribunal de Cuentas, el proyecto, la construcción de una planta termosolar en Israel, se vendió, tal y como preveía el plan de viabilidad de Abengoa.

Por último, la única póliza procedente de un seguro a fiadores por riesgo de garantías bancarias se cerró con una indemnización total de 4,7 millones de euros entre 2016 y 2017. Cesce es una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado, con una representación del 50,25% en su capital social. El resto de accionistas son Grupo Banco Santander, con una participación del 23,88%, BBVA, con el 16,30%, otros bancos, con el 5,67%, y otras compañías de seguros, con el 3,90%.

Abengoa suscribe un contrato de bloqueo con sus principales acreedores del New Money 2 y abre un proceso de adhesión

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Europa Press.– Abengoa ha suscrito un contrato de bloqueo o lock-up con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado New Money 2, el tramo 2 de la deuda «nueva» de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017, en el marco del proceso de reestructuración financiera, para lo que ha abierto un proceso de adhesión para el resto de sus acreedores financieros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta finales de este mes

Los acreedores de este contrato acuerdan dejar en suspenso el ejercicio de determinados derechos y acciones bajo dichas financiaciones frente a las sociedades correspondientes del grupo Abengoa hasta el próximo 31 de enero o cualquier fecha long-stop posterior acordada por las partes, adoptar las acciones necesarias para apoyar o implementar la propuesta de reestructuración financiera y entablar negociaciones para firmar un contrato de reestructuración antes de la fecha long-stop y no vender o transmitir su deuda hasta esa fecha. A estos efectos, la sociedad ha informado al resto de sus acreedores financieros del proceso de adhesión al contrato de bloqueo.

Por su parte, requirió su adhesión al contrato a los titulares de la emisión de bonos senior de Abengoa Abenewco 1 de 26,09 millones de euros a un tipo de interés del 5/9% y vencimiento en 2021, la emisión de bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2 de 492,65 millones de euros y vencimiento en 2022 o por importe de 424,04 millones de dólares y vencimiento en 2022 y la emisión de bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2 por 495,26 millones de euros y vencimiento en 2023 o 249,43 millones de dólares y vencimiento en 2023.

El Gobierno eleva a 480 millones el programa de ayudas a pequeñas entidades locales para una economía baja en carbono

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para aumentar hasta los 480 millones de euros el presupuesto destinado al programa operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a la promoción de una economía baja en carbono.

En concreto, este programa, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, regula la concesión de ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética, la movilidad sostenible o uso de energías renovables en entidades locales con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. La primera convocatoria de esta línea de apoyo se aprobó mediante el Decreto 616/2017 y, hasta la fecha, se habían presupuestado 336,053 millones de euros para ayudas de apoyo a la descarbonización cofinanciadas por FEDER. Sin embargo, dada la buena aceptación por parte de las entidades locales y su adecuada contribución al cumplimiento de los objetivos del programa, se amplía su dotación presupuestaria en 144,022 millones de euros, hasta llegar a esos 480,076 millones de euros.

Con menos de 20.000 habitantes

Asimismo, se simplifican algunos trámites y se amplía el plazo de vigencia de la convocatoria de ayudas hasta el 30 de junio de 2019. Pueden presentar proyectos los municipios y agrupaciones locales, pero también otras entidades locales (como Consejos/Cabildos insulares) o las comunidades autónomas, pero siempre para intervenciones en municipios con menos de 20.000 habitantes. También puede presentarlos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se pueden subvencionar, con una cofinanciación que oscila entre el 50% y el 85%, hasta 17 medias diferentes. Entre ellas, la mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos; el fomento de la movilidad urbana sostenible, lo que incluye tanto medidas vinculadas al transporte como a la red viaria; y aumentar los usos de energías renovables para producir electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas.

Una de las líneas menos utilizadas hasta ahora es la de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, que podría verse ahora favorecido por el nuevo marco normativo aprobado en el Decreto-ley 15/2018. Según el programa, son subvencionables también las baterías asociadas a sistemas de autoconsumo fotovoltaico, indicó el Ministerio. Las ayudas son gestionadas por el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales sectoriales en las zonas vulnerables

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales en las zonas de España vulnerables y que tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y socioeconómicos. La ministra destacó que la Estrategia Nacional de Transición Justa servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios.

La Estrategia permitirá apoyar iniciativas económicas idóneas para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas. Así, ha precisado que con estos acuerdos empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones podrán participar en proyectos de desarrollo territorial. Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Los convenios, que recogerán las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, combinarán políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo. Para ello, se evaluarán la vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición.

Descarbonización “justa y totalmente beneficiosa”

El nuevo marco establecerá las políticas industriales, de investigación y desarrollo de promoción de la actividad económica y del empleo y formación profesional para una descarbonización «justa y socialmente beneficiosa». También incluirán medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Ribera subrayó la importancia de realizar una transición justa en el proceso de descarbonización en la que se impliquen los propios actores con acciones concretas y que «no deje a nadie atrás» y ha defendido que el español será uno de los primeros marcos regulatorios que se aprobarán en todo el mundo. «Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios», apuntó. En su opinión, no dejar a nadie atrás implica «atender» las realidades del corto plazo

Ribera ha insistido que la Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica. La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para la transición y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras que responda a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre de las minas a final de este año.

El transporte y la generación de energía, focos que recibieron el grueso de la financiación climática en los países mediterráneos

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Europa Press.- Un estudio presentado por la Secretaría General de la Unión por el Mediterráneo (UpM) analiza la financiación pública climática internacional y concluye que la región sur y este del Mediterráneo recibieron en 2016 una cantidad anual de alrededor de 8.300 millones de dólares para abordar la financiación climática, lo que supone un 13% de la financiación mundial para este objetivo.

En concreto, señala que los principales beneficiarios fueron Turquía (38%), Egipto (22%), Marruecos (12%) y Jordania (12%) y que la mayoría de fondos obtenidos para mitigación fueron para transporte y generación de energía. En este contexto, la UpM reclama políticas «urgentes» para mitigar los riesgos ambientales y promover medidas de adaptación al tiempo que denuncia que la actual falta de información está retrasando el proceso, especialmente para los países del sur del Mediterráneo, donde existen menos esquemas de observación sistemática y de modelización del impacto.

El vicesecretario general de la UpM para Energía y Acción Climática, Jorge Borrego, indicó que la acción climática es una «necesidad» para la región euromediterránea pero también representa «una oportunidad única» para la creación de empleo, la promoción de soluciones innovadoras y la sostenibilidad. «Con un aumento estimado del 98% en la demanda energética en los países del sur del Mediterráneo previsto para 2040, las medidas para la lucha contra el cambio climático serán fundamentales para la integración y la estabilidad de la región», añadió.

La asociación que agrupa a las principales empresas españolas ve positivo el borrador de Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- El Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), asociación que agrupa a una treintena de las principales empresas españolas, ha valorado el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética como «una base sólida» para establecer un marco «predecible y estable» que permita a la economía española «avanzar hacia una recuperación económica sostenible y alineada con el Acuerdo de París«.

La asociación está integrada por grupos como Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, CaixaBank, Endesa, Enagás, Eulen, Ferrovial, Iberdrola, Logista, Naturgy, OHL, Red Eléctrica de España (REE), Sacyr, Santander o Telefónica, entre otros. GECV considera que la consecución de los objetivos marcados «es posible» desde el punto de vista técnico y económico, ya que «está en marcha una revolución tecnológica sin precedentes».

Además, subraya que la consecución de los objetivos «no sólo es posible, sino deseable», ya que implica un suministro energético «más seguro y asequible, mejoras de la calidad del aire y la salud, reducción en la dependencia energética y los riesgos asociados, mejora de la balanza comercial por menores importaciones y recirculación de dichos recursos en la economía nacional, y nuevas oportunidades empresariales, de generación de empleo y desarrollo industrial».

Asimismo, valora que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima la creación de 24 millones de nuevos empleos a nivel global en 2030 para avanzar hacia una economía verde. De esta manera, la asociación se ofrece a desempeñar «un papel activo» en el proceso de tramitación de la Ley y a colaborar con el Gobierno estableciendo las alianzas público-privadas necesarias para cumplir «los ambiciosos» objetivos.

Bancos y la financiación sostenible

Por otro lado, BBVA se ha unido a ING, BNP Paribas, Société Générale y Standard Chartered en un compromiso conjunto para ajustar sus carteras de préstamos a los objetivos marcados en el Acuerdo de París contra el cambio climático. En este sentido, las entidades se han comprometido a diseñar los servicios financieros necesarios para apoyar a los clientes en la transición a una economía baja en carbono. Además, manifiestan su compromiso a trabajar por cambio «porque no es dónde los clientes están hoy» sino a dónde «se dirigen mañana«, e insisten en la importancia de alinear sus objetivos con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El compromiso alcanza, en primera instancia, a los sectores que más emisiones de dióxido de carbono producen. Las entidades financieras trabajarán conjuntamente para analizar los datos que los clientes usan para la producción de energía, así como sus futuras inversiones, para determinar qué cambios tecnológicos son necesarios y cómo reducirán emisiones. Estas proyecciones permiten hacer una proyección integrada en un horizonte de 5 años sobre la transición ecológica del cliente en una industria determinada y facilitan su comparación, conforme a los escenarios previstos por la Agencia Internacional de la Energía.

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha manifestado que este compromiso encaja con la estrategia de sostenibilidad de la entidad ya que, en su Compromiso 2025, busca alinear progresivamente la actividad de la entidad con el Acuerdo de París. «Participar en esta iniciativa con vocación de futuro es un paso fundamental para cumplir este objetivo», ha afirmado. Los firmantes del compromiso esperan que se sumen más bancos al mismo.