La comercializadora municipal de Cádiz, gobernada por Podemos, no quiere pagar el bono social de electricidad al consumidor vulnerable

Redacción / EFE.- La empresa Eléctrica de Cádiz denuncia que el Gobierno central le «obliga» a dedicar la mitad de su margen de beneficios «a financiar un bono» que no puede ofrecer, y anuncia que prepara un recurso colectivo por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso. Así lo indica el Ayuntamiento de Cádiz, que señala que el Gobierno plantea obligar a la financiación del bono social a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes.

Desde la empresa se explica que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154%, y que se trata de «un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro». Para Eléctrica de Cádiz, «hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos».

El Consistorio gaditano detalla que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros. En base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros (250.000.000 x 0,217154%). De acuerdo con el histórico de resultados de esta comercializadora, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. «Ello obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras», señala Eléctrica de Cádiz.

Además, Eléctrica de Cádiz expone que no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, «porque sólo pueden hacerlo las comercializadoras de referencia», y añade que esta medida es «completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras de electricidad». Así, solicitará a todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que no convaliden este Decreto Ley, «pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir su factura».