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La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

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Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

El CES considera que el bono social de electricidad debería ser financiado por los Presupuestos y no por las comercializadoras

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Europa Press.- El Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social de electricidad debería ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas. El CES señala que la electricidad es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».

El Gobierno aprobó en octubre el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o sobre los Presupuestos.

Asimismo, el CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda replantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin. Además, aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables ya que los límites de consumo anual que establece la nueva regulación, de a partir de 1.200 kWh, «son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto».

Por otra parte, el organismo defiende promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red. Así, ve necesaria una revisión completa de la normativa del sector en esta materia y, en concreto, del tratamiento de los costes regulados. Para ello, pide una modificación de la regulación y avanzar «hacia un marco jurídico estable» para conseguir promover y alcanzar los objetivos fijados por la Directiva comunitaria, «asegurando una aplicación neutra para el conjunto de los consumidores”.

En su informe, el CES subraya que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción bajo en carbono. El CES, que también considera necesario trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, también respalda la cogeneración y ve necesario el desarrollo de las interconexiones internacionales.

Además, afirma que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo. Por otra parte, pide la adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. A este respecto, el CES propone un plan estratégico sobre transición justa, planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.

Los países de la Unión Europea apoyan regular temporalmente el precio de la electricidad para proteger a los hogares vulnerables

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Europa Press.- Los ministros de Energía de los Estados de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre su posición para poder iniciar lo antes posible las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la normativa para regular el mercado de electricidad, que les permitirá regular de forma temporal los precios para proteger a los hogares pobres o vulnerables aunque en el futuro los proveedores podrán fijarlos libremente.

La directiva, que forma parte del paquete normativo más amplio sobre Energía Limpia de la Comisión Europea y fija normas comunes para regular el mercado eléctrico en la Unión Europea, pone un énfasis particular en los consumidores, a los que da más derechos y garantiza una solución equilibrada por lo que se refiere a los precios regulados. Entre los principales elementos, la propuesta normativa contempla que los proveedores de electricidad puedan regular en el futuro los precios libremente con el objetivo de limitar distorsiones y alentar la competencia, a fin de reducir los precios para los hogares. No obstante, los Veintiocho se reservarán la capacidad para regular temporalmente los precios para asistir y proteger a los hogares pobres o vulnerables.

Los Estados también garantizarán marcos normativos nacionales que permitirán a los proveedores de electricidad ofrecer un contrato de precio dinámico y medidores inteligentes, que también permitirán a los consumidores una participación más activa.

El acuerdo contempla normas específicas para la instalación de medidores inteligentes, que permitirán comprobar el consumo eléctrico en tiempo real. El paquete también establece un marco para el funcionamiento y tratamiento de las comunidades de energía, a fin de garantizar que contribuyan de forma adecuada y equilibrada al coste compartido del sistema.

Por lo que se refiere a las instalaciones de almacenamiento energético, los Gobiernos podrán bajo ciertas condiciones permitir que los distribuidores y las empresas de transmisión sean los propietarios de las mismas o puedan desarrollarlas, gestionarlas u operarlas. Eso sí, las autoridades de regulación nacionales realizarán consultas públicas para evaluar los intereses de las empresas que invierten en estas instalaciones.

El Ayuntamiento de Barcelona recurre al Supremo el decreto que regula el bono social para los consumidores vulnerables de electricidad

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, señaló que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: «Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética».

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: «Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales», ha asegurado la concejal.

Coste: 1,67 millones de euros

En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) estima que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.

Ortiz cree que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla «demostrando su vulnerabilidad y pobreza» y considera que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares. Por ello, insistió en que el bono social no responde a los intereses de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social.

También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión social preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015 y que todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. «Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)», y detalló que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

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Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

Energía lanza la aplicación telemática para que las compañías eléctricas comprueben que el solicitante del bono social cumple los requisitos

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Europa Press.- El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación telemática que permite a las comercializadoras de referencia comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que pone en marcha esta plataforma, que permitirá así agilizar los trámites para los solicitantes del bono social.

No obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración o declaraciones de los miembros de la unidad familiar, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. Además, la aplicación telemática será de aplicación en todo el territorio, salvo en el País Vasco y Navarra. Con la puesta en marcha de esta aplicación informática el Gobierno permitirá certificar que un cliente tiene derecho al bono social eléctrico sin que la comercializadora acceda a sus datos de renta.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social, que se financiarán entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas al 50%. Además, para este tipo de consumidores las comercializadoras de electricidad no podrán proceder al corte de suministro en caso de impago.

Asimismo, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético. Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovación, disfrutando así del descuento en su factura durante todo el período invernal.

PSOE pide regular la figura del consumidor vulnerable relativa al bono social

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EFE.- El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se regule «adecuadamente» la figura del consumidor vulnerable en relación con el bono social eléctrico.

Los socialistas piden que se reforme el real decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

También quieren que se apruebe una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según ha informado hoy el PSOE en un comunicado.

El real decreto 897/2017 define la figura del consumidor vulnerable asociándola a determinados umbrales de renta, y establece tres categorías: vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social.

Según la norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura.

Ante una situación de impago, si las administraciones competentes en servicios sociales no abonan, al menos, el 50 % de la factura de un consumidor en riesgo de exclusión social, le cortan el suministro.

Según la portavoz socialista de Servicios Sociales, Elvira Ramón, «numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que ésta no es la manera adecuada de abordar el problema».

Además, Ramón ha denunciado el «importante impacto presupuestario en ayuntamientos y CCAA» que supone esta medida, que no está «ni previsto ni pactado» en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, así como las «desigualdades territoriales» que puede conllevar.

El grupo socialista reclama que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable» de manera que «no se haga recaer en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales».

Los PGE no contemplan el impacto de la medida y el Gobierno traslada a las CCAA y a los ayuntamientos «una enorme carga económica sin ninguna compensación y una sobrecarga de gestión a los profesionales de servicios sociales, que cada vez tienen más demanda y menos recursos», ha criticado.

Igualmente, el real decreto incorpora como beneficiarios a las familias numerosas, sin tope de renta, mientras que las familias monoparentales o las personas que viven solas no son tenidas en cuenta, ha lamentado.

El Defensor del Pueblo pide a la CNMC información sobre su actuación por la subida de la luz de octubre

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el organismo le informe sobre los avances que se produzcan en la investigación abierta tras la fuerte subida de los precios de la electricidad el pasado 23 de octubre.

La institución considera que estas situaciones de precios inusualmente altos «deben corregirse para evitar que se repitan». Para ello, subraya que el primer paso es investigar lo ocurrido, lo que compete a la CNMC. El pasado 23 de octubre, el precio de la electricidad alcanzó, entre las 19.00 y las 20.00 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh), debido a un factor puntual en la subasta de los servicios de ajuste.

El precio de la luz preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que recuerda a la CNMC que España es uno de los países de la Unión Europea «con el precio de la energía más alto». Además, el Defensor considera que esta situación está generando «graves problemas» a muchas familias españolas, que se ven obligadas a detraer una parte importante de sus recursos en lugar de destinarlos a otras necesidades básicas.

El Defensor mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, revisar la distribución de los términos de potencia y energía de los peajes de los consumidores domésticos; reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

Viesgo informa sobre el nuevo bono social de electricidad en su web y en cartas a los clientes

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EFE.- Mientras la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critica que con el bono social eléctrico aprobado por el Gobierno de España «se pierde una oportunidad de abordar una reforma en parte del sistema eléctrico», la compañía Viesgo está informando sobre el nuevo bono social que entró en vigor el 10 de octubre en su página web, en las redes sociales y a través de cartas a sus clientes, tanto las que ya son beneficiarios como los que no lo son.

Viesgo ha aclarado que está difundiendo información sobre el nuevo bono social después de que la Plataforma Cantabria por lo Público haya señalado que esa información aún no aparece en la página en internet de la empresa. En su web, Viesgo explica que para acogerse a partir de ahora al bono social se tendrá en cuenta la renta, el número de miembros del hogar, si todos son pensionistas de cuantía mínima o que se den una serie de circunstancias especiales.

La compañía recuerda también que la nueva normativa limita la cantidad de energía que incluye descuento y distingue entre clientes vulnerables y vulnerables severos y qué clientes pueden beneficiarse. También recoge que los que ya son beneficiarios tienen seis meses para renovar el bono si cumplen las condiciones que se exigen. Esta información puede consultarse dentro del apartado Te asesoramos de la web de Viesgo.

Críticas a una oportunidad perdida

Por su parte, el representante de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, Luis Cuena, ha explicado que «parte de la gestión» para determinar quiénes serán los beneficiarios del nuevo bono social de electricidad «se va dejar en manos de las comunidades autónomas«. «Dudamos mucho que los servicios sociales, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en Cantabria en este caso, tenga capacidad técnica de poder abordar este asunto«, aseguró Cuena, que añadió que el ICASS «ha demostrado una incapacidad absoluta con gestiones más sencillas, promovidas y alentadas desde el propio Gobierno regional».

Ha apuntado también que el nuevo bono social, desarrollado por un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre, incluye «ciertas mejoras» respecto al que se ha aplicado hasta ahora. Una de ellas, en su opinión, es que las compañías comercializadoras que tienen capacidad para ofrecer la tarifa Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) estén obligadas a comunicárselo a los consumidores, así como que es necesario acogerse a esta tarifa para poder optar al bono social.

El representante de la plataforma ha alabado también que uno de los criterios seguidos para determinar los beneficiarios del bono social sea la renta. Sin embargo, ha lamentado que todas las familias numerosas se consideren consumidores vulnerables, «independientemente de la renta». «Hay familias numerosas con renta alta que se quedan dentro y no nos parece bien«, ha reiterado. La condición de consumidor vulnerable severo sí «introduce» el elemento de la renta para las familias numerosas.

En cuanto a la financiación, Cuena ha asegurado que el coste del bono social «se mete» dentro de los costes fijos del recibo de la luz de todos los usuarios, «incluso de los que tengan bono social«. «Entendemos que una parte de la tarifa fija, de la parte que se paga por conceptos fijos, tendría que ir claramente a expensas de los Presupuestos Generales del Estado», indicó Cuena, que considera que «tampoco tiene sentido» que esa «contribución» se haga por cliente y no según la potencia contratada por cada consumidor.

Por último, ha criticado que se aplique el 21% de IVA a las tarifas que se beneficien del bono social. «Tendrían que llevar como mucho el 10% que lleva el agua ya que esto es otro servicio público», y alcanzar el 4% en los «casos más vulnerables», indicó Cuena. «No tiene sentido gravar un servicio que se va a bonificar«, sentenció. Además, ha asegurado que el Gobierno central estima que se van a beneficiar «alrededor de 2,5 millones» de personas en España, «un número similar al actual», aunque «el propio Gobierno entiende que el 45% de los potenciales beneficiarios del bono se van a quedar sin él por no solicitarlo».

El Defensor del Pueblo valora que el nuevo bono social recoja sus recomendaciones protegiendo a los consumidores del mercado libre

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Redacción / Agencias.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, aplaude que la nueva regulación del bono social eléctrico establezca la renta como criterio para acceder a él y que se introduzcan medidas para proteger a los consumidores en el mercado libre, tal y como pedía la institución, entre otras recomendaciones recogidas. El Defensor del Pueblo destaca también que se contemple no cortar el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.

La institución considera que esta medida es «especialmente relevante» ya que lleva años recomendando establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte de suministro, para evitar que consumidores vulnerables se queden sin electricidad. Otras recomendaciones del Defensor del Pueblo que incorpora el nuevo bono social son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad) y la introducción de mecanismos de recurso contra las peticiones denegadas.

Menores, mayores y con discapacidad

El Defensor del Pueblo ya destacó en las conclusiones de unas jornadas sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, celebradas en marzo de 2017, la importancia de proteger los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad. Fernández Marugán resaltó que, en el caso de los menores, “la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, pues es en los meses de invierno cuando hacen sus tareas escolares después de la puesta de sol”. Del mismo modo, para el Defensor del Pueblo, «las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse».