Los países de la Unión Europea apoyan regular temporalmente el precio de la electricidad para proteger a los hogares vulnerables

Europa Press.- Los ministros de Energía de los Estados de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre su posición para poder iniciar lo antes posible las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la normativa para regular el mercado de electricidad, que les permitirá regular de forma temporal los precios para proteger a los hogares pobres o vulnerables aunque en el futuro los proveedores podrán fijarlos libremente.

La directiva, que forma parte del paquete normativo más amplio sobre Energía Limpia de la Comisión Europea y fija normas comunes para regular el mercado eléctrico en la Unión Europea, pone un énfasis particular en los consumidores, a los que da más derechos y garantiza una solución equilibrada por lo que se refiere a los precios regulados. Entre los principales elementos, la propuesta normativa contempla que los proveedores de electricidad puedan regular en el futuro los precios libremente con el objetivo de limitar distorsiones y alentar la competencia, a fin de reducir los precios para los hogares. No obstante, los Veintiocho se reservarán la capacidad para regular temporalmente los precios para asistir y proteger a los hogares pobres o vulnerables.

Los Estados también garantizarán marcos normativos nacionales que permitirán a los proveedores de electricidad ofrecer un contrato de precio dinámico y medidores inteligentes, que también permitirán a los consumidores una participación más activa.

El acuerdo contempla normas específicas para la instalación de medidores inteligentes, que permitirán comprobar el consumo eléctrico en tiempo real. El paquete también establece un marco para el funcionamiento y tratamiento de las comunidades de energía, a fin de garantizar que contribuyan de forma adecuada y equilibrada al coste compartido del sistema.

Por lo que se refiere a las instalaciones de almacenamiento energético, los Gobiernos podrán bajo ciertas condiciones permitir que los distribuidores y las empresas de transmisión sean los propietarios de las mismas o puedan desarrollarlas, gestionarlas u operarlas. Eso sí, las autoridades de regulación nacionales realizarán consultas públicas para evaluar los intereses de las empresas que invierten en estas instalaciones.