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700.000 consumidores tenían al finalizar agosto el nuevo bono social frente a los más de 2 millones del anterior sistema

EFE.- Un total de 700.034 consumidores disfrutaba al concluir agosto del nuevo bono social eléctrico, que sustituye al anterior y al que deben acogerse antes del 8 de octubre los beneficiarios que tienen el antiguo y quieran seguir disfrutando de él, que eran más de 2,2 millones en febrero de 2018.

El anterior Gobierno aprobó en 2017 un real decreto por el que modificó las condiciones y criterios socio-económicos para acceder al bono social, un descuento que se hace sobre la factura eléctrica para proteger a los colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables. Para poder seguir disfrutando del bono social, se estableció un primer plazo para renovarlo que finalizaba en abril de este año y que luego se extendió hasta el 8 de octubre.

A 31 de agosto, 700.034 consumidores disfrutaban del nuevo bono social, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que han señalado que hasta esa fecha se habían presentado 954.000 solicitudes completas, aunque no todas fueron aprobadas por falta de documentación o porque sus datos no se ajustaban. Para que el nuevo bono social llegue al máximo número de beneficiarios posible, el Ministerio lanzará próximamente una campaña en radio y televisión, tal y como anunció a primeros de agosto su titular, Teresa Ribera.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico en la oficina de la compañía o a través de su página web. El nuevo bono social establece 3 categorías de consumidores que pueden ser beneficiarios del bono social: «vulnerable», dentro del cual se encuentran los pensionistas con pensiones mínimas y las familias numerosas; «vulnerable severo» o «vulnerable en riesgo de exclusión social».

Ciudadanos alerta de que 2 millones de hogares acogidos al antiguo bono social sufrirán las subidas de la luz

Europa Press.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que explique cómo está gestionando el nuevo bono social eléctrico, al mismo tiempo que alerta de que cerca de 2 millones de consumidores acogidos al antiguo modelo sufrirán las nuevas subidas de la luz en caso de no acogerse al nuevo sistema.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso preguntas al Gobierno para que detalle cuántas personas están acogidas al bono social, cuántas más podrán acogerse en el futuro y qué está haciendo el Ejecutivo para promover el mismo. Además, la formación naranja critica que sea la Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que ayude a los consumidores a obtener el bono social «en lugar del Gobierno», a través de la creación de una aplicación por estas entidades para que los usuarios puedan comprobar si cumplen los requisitos normativos para acceder a esta tarifa.

Ciudadanos ha recordado que, a raíz de unas sentencias del Tribunal Supremo en 2016, se reformó el antiguo modelo de bono social. No obstante, según apunta el partido político, hasta mayo, solo medio millón de hogares han accedido al nuevo sistema, lo que podría ocasionar que otros casi 2 millones de hogares acogidos al antiguo sistema puedan verse afectados por las actuales subidas del recibo de la luz si no se cambian al nuevo modelo.

El Gobierno activará una “campaña masiva” para facilitar el acceso al bono social e introduce modificaciones en la planificación energética

EFE.– El Gobierno aprobó una modificación de la planificación energética para el periodo 2015-2020 que prevé nuevas actuaciones por un importe de 241,6 millones de euros, entre las que se incluye un nuevo enlace entre Mallorca y Menorca adicional al que se encuentra actualmente en tramitación. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica activará una «campaña masiva» para facilitar que los potenciales beneficiarios se acojan al nuevo bono social, ya que el porcentaje actual es «ridículo», según su titular, Teresa Ribera.

La intención del Ministerio es facilitar «no sólo la comprensión de cómo acogerse al bono social sino el hecho mismo de acogerse» para que sea «muy sencillo para todo el mundo». El objetivo, según Ribera, es que el bono social «pueda estar operativo al máximo en octubre», con independencia de que se puedan ampliar los plazos ante las “grandes dificultades burocráticas” para acogerse al nuevo.

El bono social, que consiste en descuentos en la factura eléctrica para los consumidores vulnerables, fue reformado después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria. El nuevo modelo también ha sido recurrido por las 5 grandes eléctricas por ser las comercializadoras las que lo financian y no el Estado. Ribera ha señalado que el sistema «tiene que estar bien armado» y ha asegurado que «el planteamiento de un bono social asociado directamente a la cuenta de resultados de las eléctricas no es posible».

En cuanto a los precios de la electricidad, ha subrayado que, según los analistas internacionales, el nuevo modelo implantando es mucho más barato para el consumidor final, aunque «el ahorro, la eficiencia y la presencia masiva de renovables encajan mal con el modelo regulatorio actual». Esto se debe a que las nuevas tecnologías suponen una inversión importante, aunque después permitirán «enormes ahorros». Por el contrario, ha afirmado que «el modelo actual incentiva el diferencial, el beneficio marginal de lo que ya existe«, lo que dificulta la entrada de nuevas tecnologías.

Cambiar la formación de precios

Por eso, cree que hay que hacer un diagnóstico para corregir el esquema y beneficiarse de las oportunidades que la tecnología ofrece, además de actualizar las variables que la Ley del Sector Eléctrico considera que deben ser cubiertas mediante la tarifa. Ribera ha indicado que «no se entiende muy bien» que en un año en el que ha llovido en abundancia y no hubo olas de calor hasta agosto, el precio de la electricidad suba. En su opinión, hay cosas que tienen que ver más con el contexto regulatorio que con decisiones estructurales y sistémicas que tomarán en todo caso, como la transformación del modelo energético, en el que las nucleares y el carbón irán saliendo mientras entran más renovables.

En cuanto al Plan Nacional de Energía y Clima, ha señalado que le gustaría que su tramitación parlamentaria se iniciara a principios de 2019, para lo cual se remitiría al Parlamento antes de finales de año. Ribera ha subrayado que las redes eléctricas serán fundamentales en la transición energética y ha recordado que recientemente el Gobierno ha aprobado una modificación de la planificación energética para que haya mayor conexión y facilitar la incorporación de las renovables adjudicadas en las subastas y la electrificación del transporte.

Respecto a los colectivos y territorios que se verán más afectados por el cambio de modelo energético, la ministra indicó que el Ministerio quiere tener preparada la estrategia de Transición Energética Justa para después del verano. Además, ha recordado que la transición energética va a generar nuevas oportunidades de desarrollo. En cuanto a la industria del automóvil, ha señalado que su producción debe evolucionar hacia lo que se pide ya en países como China o India, donde los fabricantes europeos abren plantas de coches eléctricos.

Modificación de la planificación energética

Según apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el enlace entre Mallorca y Menorca que se ha incluido en la modificación de la planificación energética es distinto al que se encuentra en tramitación ya que hubo que acometerlo por la avería, de carácter irreversible, que hubo a finales del 2017 en el que existía para conectar las dos islas.

Las modificaciones también contemplan infraestructuras para evacuación de nuevas instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica explica en el BOE que muchas de estas actuaciones para evacuar energía renovable no supondrán coste en concepto de inversión para el sistema por tratarse de ampliaciones de subestaciones existentes. Según indica el departamento ministerial, estas actuaciones se justifican por razones de eficiencia económica del sistema, ya que redundarán en una reducción del precio del mercado de la electricidad.

Las modificaciones también incluyen una serie de actuaciones para el suministro a los nuevos desarrollos de la red de transporte de ferrocarril, fundamentalmente para alta velocidad. En la planificación también se incluyen las modificaciones relativas a nuevas instalaciones de transporte por cambio de su titularidad para, mediante su inclusión en la planificación, permitir el cumplimiento del requisito establecido por la Ley del Sector Eléctrico para el reconocimiento de su retribución.

El coste estimado de las actuaciones (241,6 millones) respeta el límite al volumen total de inversión de la red de transporte de energía eléctrica en el horizonte 2015-2020 establecido en la normativa vigente, señala la resolución. La estimación de inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas en el horizonte 2015-2020 es de 4.554 millones de euros, con un volumen de inversión medio anual de 759 millones de euros, de los que se prevé recuperar 143 millones de los fondos Feder a lo largo del periodo.

Iberdrola llevará electricidad a 16 millones de personas de países emergentes que carecen de ella antes del año 2030

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció que la compañía llevará electricidad, a través de modelos sostenibles, a 16 millones de personas que actualmente carecen de ella en países emergentes y en vías de desarrollo antes del 2030. Así lo indicó en su intervención en la I Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El nuevo objetivo anunciado por Galán se enmarca dentro del programa Electricidad para Todos, puesto en marcha por Iberdrola en 2014, con el propósito inicial de garantizar el suministro eléctrico a 4 millones de personas vulnerables en países en vías de desarrollo antes del año 2020, algo que ya se ha cumplido. Los otros 12 nuevos beneficiarios para 2030 procederán, fundamentalmente, de Brasil y de México. «La empresa tiene un compromiso ineludible con la extensión del acceso a unos servicios energéticos asequibles», ha subrayado Galán.

«Iberdrola, como empresa española, iberoamericana y global, quiere contribuir decididamente a lograr un mundo más sostenible: la acción de todos es ineludible y debe empezar hoy. Se trata de hacer germinar un nuevo estado de conciencia. La salud del planeta demanda actuaciones precisas y tenemos que llevarlas a cabo ya», añadió. Para Galán, el sector privado «está llamado a realizar una aportación fundamental hacia este esfuerzo común«, ya que la empresa «debe ser el motor del crecimiento y del empleo, factores que constituyen la base del desarrollo económico y social».

Los ministros del G20 destacan la necesidad de erradicar la pobreza energética

EFE.– Los ministros de Energía de los países que integran el G20 reafirmaron su compromiso de promover el acceso universal a la energía, con especial énfasis en la necesidad de erradicar la pobreza energética.

«Reconocemos que la energía está en el corazón del crecimiento económico y el desarrollo sostenible«, señalan los ministros de los Estados en el extenso documento final resultante de las sesiones plenarias.

El debate, celebrado en Argentina por ostentar en 2018 la presidencia anual del Grupo, estuvo centrado en el tratamiento de políticas públicas que impulsen las transiciones hacia sistemas energéticos más flexibles, transparentes y limpios.

Al respecto, los asistentes reafirmaron sus «compromisos para promover el acceso universal a la energía», haciendo especial énfasis en la necesidad de «erradicar la pobreza energética y garantizar la igualdad de género en toda la cadena de valor«.

«Fomentar la cooperación en el acceso a la energía en áreas remotas y afectadas por un desastre es particularmente importante. También reconocemos la necesidad de brindar acceso a las personas desplazadas», añade el texto difundido.

Además, se aboga por el acceso a los «servicios de energía modernos» y las instalaciones de cocina limpias como «uno de los requisitos previos para el desarrollo social y económico».

Se destaca el «Plan de acción voluntario de acceso y asequibilidad energética para América Latina y el Caribe», presentado por la Presidencia argentina del G20, que hace hincapié en la necesidad de abordar los costes de los servicios de energía y los problemas de accesibilidad, además de los desafíos de acceso.

«Exploraremos formas de seguir avanzando en el acceso a la energía, incluso a través de la implementación mejorada de los planes regionales del G20 y el aumento del financiamiento internacional para el acceso, en particular para aquellos países que tienen recursos financieros limitados«, concluyen los ministros.

Se trató también la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, la transparencia de la información energética y la digitalización de los mercados energéticos.

En el encuentro participaron los 20 países que integran el grupo, además de España, como invitado permanente y Países Bajos y Chile, así como representantes de diversos organismos internacionales.

El Ayuntamiento de Valverde de El Hierro y Endesa abordan el bono social destinado a consumidores vulnerables

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valverde, Oihana Reyes, se ha reunido con el director comercial de Endesa, José Lucendo, y la responsable territorial de Atención al Cliente de la empresa eléctrica, Lidia Quintana Déniz, para abordar cuestiones relacionadas con la concesión del bono social destinado a hogares vulnerables.

Durante la reunión, se trataron diversas cuestiones en los que se incluyó el bono social (descuento de la luz regulado por el Gobierno y que persigue proteger a los hogares considerados vulnerables) y al respecto Reyes expresó que el Ayuntamiento de Valverde orienta a los vecinos y se encarga de la tramitación de las ayudas.

En este sentido, tras la reunión se concretó que, próximamente, habrá una jornada de formación dirigidas a los responsables de las áreas de Servicios Sociales de las administraciones, con el fin de estar al tanto de las novedades en esta materia.

Cruz Roja y Gas Natural Fenosa combaten la pobreza energética en los hogares proporcionando al consumidor vulnerable estrategias para ahorrar

EFE.- Cruz Roja y la Fundación Gas Natural Fenosa han iniciado un proyecto para luchar contra la pobreza energética de hogares en riesgo o en situación de extrema vulnerabilidad, que pretende proporcionar a las familias estrategias concretas de ahorro económico en sus facturas para que puedan invertir ese gasto en otras esferas de la economía doméstica.

Según Cruz Roja, los formadores de la Escuela de Energía de Gas Natural Fenosa imparten talleres a 119 familias con residencia en la ciudad de Valencia, para que aprendan a entender las facturas de gas y electricidad, además de ofrecer consejos para «minimizar las pérdidas de energía y conseguir una disminución en el importe de las mismas». El proyecto también incluye la entrega de kits de microeficiencia energética, que contienen artículos como bombillas LED, burletes de ventanas y puertas, bases múltiples con interruptor y películas transparentes aislantes para las ventanas.

Entre las medidas a desarrollar, Cruz Roja auditará los hogares de 4 familias para aplicar medidas correctoras que faciliten el aislamiento del hogar y, de esta forma, reducir las pérdidas de calor, «aumentando así la confortabilidad y la sostenibilidad del hogar«, como señala la entidad. En el proyecto participan personas voluntarias de la Fundación Gas Natural Fenosa y del área de Medio Ambiente de Cruz Roja, y colaboran tanto personal técnico de Medio Ambiente como trabajadoras sociales que atienden de forma habitual a las familias.

“Se necesita una mayor colaboración”

El presidente provincial de Cruz Roja en Valencia, Rafael Gandía, ha señalado la voluntad de la organización de ampliar el alcance de las ayudas a 520 familias. Para ello, necesitan «que se sumen nuevas empresas y entidades» para colaborar en el «Llamamiento contra la pobreza energética». La organización humanitaria desarrolla diversas medidas en la provincia de Valencia con personas en situación de extrema vulnerabilidad, entre las que se hallan las ayudas para el pago de facturas de luz, agua o gas; y durante 2017 y 2018 ha proporcionado más de 2.360 ayudas con las que ha beneficiado a 973 familias.

También ha efectuado labores de concienciación y adquisición de competencias sobre ahorro energético con las familias, a las que se les ha repartido 120 kits para disminuir su consumo energético. Por otra parte, Cruz Roja Juventud destaca las propuestas basadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número once, que cuenta con el lema Ciudad, dulce hogar y que se basa en la construcción de ciudades sostenibles. Por ello, se realizarán labores de concienciación en La Pobla de Vallbona, Torrent, Valencia, Camp de Morvedre y Gandía, así como la limpieza colectiva de entornos urbanos de Requena.

El Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar el nuevo bono social tras las críticas de Facua a su gestión

Europa Press / EFE.- Facua-Consumidores en Acción ha criticado la «nefasta» regulación del bono social eléctrico, al que sólo ha accedido el 13% de los hogares estimados inicialmente, lo que ha achacado a que las actuales condiciones son «mucho más estrictas» y su tramitación «compleja». En este sentido, el Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar y dar a conocer el nuevo bono social entre todos los potenciales beneficiarios, después de que se haya ampliado en 6 meses, hasta octubre, el plazo para acogerse.

Fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el que señaló que el Ministerio «va a lanzar campañas informativas, así como a reforzar la página web» para potenciar la comunicación del nuevo bono social y el mecanismo para adherirse. Navia subrayó que es necesario «hacer un esfuerzo entre todos», implicando a Gobierno, eléctricas, comunidades autónomas y servicios sociales, para conseguir «el objetivo de que la gente conozca el nuevo mecanismo«. El Gobierno aprobó en octubre el nuevo mecanismo del bono social, por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura.

El plazo para adherirse expiraba el pasado 10 de abril, aunque el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prorrogó durante 6 meses más el plazo, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo bono social. Con esta prórroga de 6 meses, los consumidores que actualmente estén acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en sus facturas, pudiendo acogerse al nuevo bono social según su nivel de renta y circunstancias personales.

Facua critica la «nefasta» gestión

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción indicó que el Ejecutivo ha aceptado hasta el momento 319.000 solicitudes del bono social de electricidad, poco más de la mitad de las solicitudes presentadas, pese a que el Ministerio de Energía aseguró que 2,5 millones se acogerían a esta medida. «Del anterior bono social, puesto en marcha durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se beneficiaron 2,3 millones de usuarios», recuerda Facua, que considera que el Ejecutivo central «sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico».

La asociación insta al Ministerio a que “solvente cuanto antes la alarmante falta de información sobre el bono social eléctrico, que está repercutiendo en los consumidores, con una campaña informativa en medios de comunicación masivos, entre ellos la televisión y la radio públicas. Exige, además, que se eliminen urgentemente «las numerosas trabas que existen en torno a su solicitud, que lleva a muchos potenciales beneficiarios a dejar de intentar conseguir este mecanismo de descuento en el recibo de la luz».

Por debajo de 3 kilovatios

La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, subraya que las actuales condiciones para acceder al nuevo bono social eléctrico «son mucho más estrictas y con una tramitación compleja, que puede llevar al consumidor que necesite solicitarlo a desistir y no acogerse al bono». La asociación cree que la caída en el número de solicitudes del bono social está también relacionada con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los 3 kilovatios de potencia contratada, que, además, eran los únicos que lo recibían de manera automática sin reclamarlo a las administraciones.

Facua considera que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas a su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación automáticamente y, en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación del bono a éste, pese a tener las características y requisitos para ello.

Los municipios más poblados de Canarias piden una «ventanilla única” para facilitar el acceso al bono social de la electricidad

EFE.- Los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro con mayor población de Canarias, han solicitado la creación de una “ventanilla única” que, desde las compañías eléctricas, facilite su tramitación a las personas susceptibles de ser beneficiarias del nuevo bono social eléctrico. Asimismo, los ayuntamientos han expresado las dificultades para asumir la carga de trabajo y financiación derivada de esta cuestión.

Asimismo, los 4 ayuntamientos han explicado que solicitarán a las compañías eléctricas que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono que supone un descuento de hasta un 40% en su factura de luz. El objetivo es evitar que los consumidores domésticos tengan que realizar «una peregrinación» por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias. Asimismo, han pedido que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.

Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son, además, las localidades con mayor número de usuarios de los servicios sociales, con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales, según indicó el Consistorio de Telde. Por ello, los cambios derivados del real decreto del bono social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social. Se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas reside en estos municipios, ha subrayado el Ayuntamiento.

El PSOE reclama al Gobierno más publicidad para asegurar que los consumidores vulnerables no se queden sin el bono social

Europa Press.- El PSOE demanda al Gobierno el desarrollo de campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre la solicitud del bono social de electricidad con el fin de que su renovación sea efectiva y evitar que sus potenciales beneficiarios se queden sin este descuento en su factura.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que deberá debatirse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que piden también la evaluación de las actuaciones relacionadas con la aplicación de este bono social y la suspensión del suministro por impago de la factura. Así, reclaman al Gobierno que convoque «con carácter urgente» una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía. Para desarrollar las campañas de información, exigen al Ejecutivo que colabore con los servicios sociales de las administraciones autonómicas y las organizaciones de consumidores.

Tal y como recuerdan en su iniciativa, el Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo para poder acogerse a las nuevas categorías del bono social tras su nueva reglamentación pues, según denuncian, «no está funcionado correctamente ni la información, ni el procedimiento para acogerse a dicho bono». Así, critican que «la información al consumidor es muy insuficiente». «Debe ser el Gobierno quien, de forma sencilla y unificada, establezca unas instrucciones básicas para que las compañías informen a los posibles beneficiarios», asevera la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio.

Lucio asegura que «aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año». «Sin embargo», apostilla, «el ritmo de renovaciones parece que no es el adecuado». Según las propias comercializadoras eléctricas, subraya Lucio, «quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social».

Al igual que Unidos Podemos y ERC, que critican la información ofrecida sobre las renovaciones del bono social, el PSOE exige también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se implique en esta evaluación de resultados del bono social, reclamando en la iniciativa que someterán a votación en el Congreso un informe anual sobre la eficacia y eficiencia del bono social. En este informe también quiere que el regulador examine su financiación, la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos. Finalmente, piden que la CNMC pueda realizar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.