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El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

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Europa Press.– El Gobierno no contempla extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto «indispensable», no se consume en todo el país y la alternativa, la bombona del butano, ya tiene un precio máximo regulado que «garantiza» que sea «accesible al cliente socialmente vulnerable». Así ha respondido al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había pedido saber si el Ejecutivo tenía previsto impulsar medidas «para paliar la pobreza energética vinculada al consumo de gas».

En su contestación, el Gobierno justifica que el gas natural «no es un producto indispensable en el entorno doméstico como lo es la electricidad», pues aduce que existen «otros productos sustitutivos», poniendo el ejemplo del butano, y además subraya que «no está implantado en todo el territorio nacional». Asimismo, apunta que los consumidores de gas natural «se han beneficiado de la congelación de la parte regulada del recibo durante los últimos tres años, además de reducciones en el coste del gas durante 2015 y 2016».

Además, añade que con el fin de «contribuir a la protección de consumidores que concurren en circunstancias de vulnerabilidad, se ha mantenido un precio máximo regulado de la bombona de butano» que, sostiene, «es inferior al del resto de países de la Unión Europea». En este sentido, el Ejecutivo defiende que esta medida «actúa de facto como una protección de estos consumidores frente a variaciones bruscas en los mercados internacionales, y garantiza que es accesible al cliente socialmente vulnerable», lo que le permite afirmar que «desde esta perspectiva, se puede asemejar a un bono social«.

Precisamente, el tope máximo del butano fue cuestionado por los socialistas por considerarlo insuficiente, ya que denunciaron que el precio máximo de venta de la bombona de butano se había incrementado en un 20% desde julio de 2016. Así, según advertían, la bombona de butano cuesta 13,52 euros, un 4,89% más que el anterior precio. En este sentido, lamentaban que la subida fuera la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza. Por ello, el PSOE preguntó al Gobierno por las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y también si tenía previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos desfavorecidos.

Podemos critica que las corporaciones locales tengan que cofinanciar la factura eléctrica de los consumidores atendidos por los servicios sociales

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Europa Press.- Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, coalición electoral integrada en el Congreso en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, criticó que el reglamento sobre el bono social anunciado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, delegue en las corporaciones locales el pago del 50% de la factura no abonada por los usuarios vulnerables para evitar el corte de luz.

«Nuevamente, el Gobierno no asume sus competencias y piensa más en el beneficio de las grandes eléctricas que en proteger a los consumidores más expuestos por la pobreza energética», concluyen desde En Comú, que cree que los requisitos previstos por el Ejecutivo para que las familias puedan acceder al bono social «significan liquidar de facto el principio de precaución», que impide efectuar un corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Martín destaca que es «inadmisible» que la garantía de acceso a los suministros básicos para las familias en situación de vulnerabilidad esté condicionada a que las grandes compañías eléctricas tengan antes garantizado el cobro de la mitad de las facturas que no han podido pagar.

Por último, Martín ha criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el Gobierno del PP, tildando de «lamentable» el papel de la formación socialista y recordando que cuando presentaron el acuerdo su portavoz en la Cámara, Antonio Hernando, decía que «mientras unos protestan, nosotros buscamos soluciones». «El resultado de aquel pacto PPSOE está a la vista de todos: El PSOE aceptó dejar exclusivamente en manos del Gobierno el desarrollo y la concreción de todas las cuestiones sensibles que anunciaba el decreto ley, a cambio de poder aparecer para colgarse la medalla de la lucha contra la pobreza energética», lamentó.

La electricidad mejora su valoración entre los hogares españoles, según datos de la CNMC

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Europa Press.- El suministro eléctrico sigue siendo el servicio peor valorado por los hogares españoles, según los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque mejora la percepción con respecto al informe anterior. Concretamente, el 19,5% de los hogares están poco o nada satisfechos con su servicio eléctrico, según los datos de la cuarta oleada del panel, frente al 26% de hace un año.

Los datos del panel indican que el motivo principal de insatisfacción de los clientes con los servicios en general es su elevado precio. Así, el 91% de los hogares se quejan de los precios del servicio eléctrico y el 80% de los del servicio de gas. El segundo motivo de queja para los servicios energéticos es la falta de claridad en las facturas y en los precios. Por su parte, la televisión de pago ocupa la segunda posición como servicio peor valorado por los hogares españoles, seguido muy de cerca por la banda ancha fijas, en los que la segunda causa de descontento es la falta de calidad del servicio.

En línea con la evolución de la valoración global del servicio eléctrico, también ha mejorado la percepción sobre los precios. Así, el número de hogares poco o nada satisfechos con los precios ha pasado de ser un 60% en 2015 hasta un 55% a finales de 2016. No obstante, debe tenerse en cuenta que estos resultados se recogieron con anterioridad a las subidas de precio que se produjeron entre los meses de diciembre a febrero, señala la CNMC. Por último, el papel continúa siendo el formato más utilizado en las facturas y las comunicaciones de las eléctricas (76%) y los operadores de gas natural (69%).

La Alianza contra la Pobreza Energética critica que los criterios de renta del nuevo bono social excluyen a «muchas familias»

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Europa Press.- La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha criticado que los criterios de renta del nuevo bono social son para ingresos muy bajos y dejan a «muchas familias fuera de su protección». La protección consiste en un descuento que oscila entre el 25% y el 40% de la factura y solo incluye protección contra los cortes de suministros para los casos severos y en riesgo de exclusión, con rentas inferiores a 399,38 euros, como máximo de 1.065 en familias numerosas.

El borrador del real decreto solo contempla la protección contra los cortes de suministros en caso de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social y siempre que la comunidad autónoma o el ayuntamiento se comprometa a asumir el 50% de la factura. Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según la memoria económica del borrador. La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que ascenderá a 236 millones de euros al año, un 17,8% más que los 200 millones actuales.

Energía calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social lo pedirá; la OCU pide simplificar los trámites

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone simplificar las categorías de los beneficiarios del bono social y de los trámites de renovación, así como la eliminación o revisión de los límites de consumo impuestos para los hogares. Precisamente el Ministerio de Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según consta en la memoria económica del borrador de real decreto sobre la materia.

La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que será superior al actual y que cubrirá tanto a los consumidores vulnerables como a los severos. Según Energía, este coste ascenderá a 236 millones de euros anuales, un 17,8% más que los cerca de 200 millones actuales. Al estimar el número de hogares que podrán acceder al bono social, el departamento dirigido por Álvaro Nadal recuerda que la obtención de la ayuda requiere que el interesado lo solicite y considera “improbable que la totalidad de ellos llegue a hacerlo«.

Energía ha calculado ahora el número de hogares potencialmente beneficiarios y, sobre la estimación, ha aplicado una «tasa de aceptación» del 45%. El resultado es una previsión de 2,5 millones de hogares. Esta cifra es superior a la actual, de 2,44 millones de usuarios, al tiempo que, como defiende Energía, se reparte de una forma más adecuada, ya que el criterio de renta permitirá cubrir las necesidades de personas que, pese a su situación, antes no podían beneficiarse del bono.

Para hacer sus cálculos, el Ministerio ha segmentado los hogares en función de los umbrales de renta y de los distintos tipos de familia, en función de si es numerosa o si tiene menores o personas en circunstancias especiales. Posteriormente, para cada nivel de unidad familiar con un determinado umbral de renta, ha contabilizado el número de hogares. Tras incluir los correspondientes a discapacitados y a víctimas de violencia de género y terrorismo, ha obtenido la cifra final de potenciales beneficiarios, a los que ha aplicado la «tasa de aceptación».

Como hay una media de 2,5 personas por hogar en España y como la aspiración es proteger 2,5 millones de hogares, Energía concluye que la cobertura del bono se extenderá a más de 6 millones de personas, una cifra superior a los 4,5 millones de personas que, según Eurostat, podrían sufrir pobreza energética, señala Energía. «Por tanto, el volumen de hogares estimado que se derivan de la metodología de asignación del bono social de este real decreto es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España», asegura.

Propone eliminar límites de consumo

Por su parte, la OCU recuerda que «aún quedan asuntos pendientes para garantizar que accedan al bono quienes tienen derecho y poner coto a los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética».Por esto, aunque la reforma del bono social «mejora la situación anterior», OCU apunta algunas líneas de mejora del borrador.Concretamente, la organización propone la simplificación de las categorías de los beneficiarios usando como referencia una renta per cápita y no por hogar.En este sentido, OCU aplaude la protección de los hogares con menores, pero señala que puede estar mejor atendida si se identifica a esos hogares como «colectivos especiales».

Por otro lado, desde la organización ven necesario la simplificación de los trámites, de manera que sea posible la identificación automática de los beneficiarios del bono social cada año.Asimismo, OCU defiende la eliminación, o en su caso, «revisión de manera crítica», de los límites del consumo impuestos para los beneficiarios del bono social ya que, asegura, el beneficio que supone se verá lastrado por los límites del consumo mensual. OCU denuncia que estos límites perjudican especialmente a los hogares sin gas natural, con calefacción eléctrica y con varios miembros.

De igual modo,desde la organización señalaron que, excepto los hogares en exclusión social cuya factura será gratuita, «la factura a pagar por el resto es lo suficientemente importante pese al descuento como para no dar pie al derroche energético«.Finalmente, la organización ha reclamado la importancia de un «compromiso de la Administración» con el fin de identificar correctamente al colectivo en riesgo de exclusión social.Por el contrario, una falta de voluntad política o de presupuestos «puede provocar grandes diferencias en la protección de los hogares en situación crítica».

El nuevo bono social costará unos 230 millones de euros e impondrá límites a cada beneficiario del consumo bonificado

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Europa Press.- El nuevo bono social de la electricidad tendrá un coste de entre 203 y 235 millones de euros, frente al de entre 180 y 200 millones actual, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. También se limitará el consumo bonificado, es decir, el número de kilovatios hora (kWh) que se ve beneficiado del descuento que supone el bono social.

Por ejemplo, el derecho a percibir el bono social de la luz para las familias numerosas estará limitado a un consumo de energía de 3.600 kilovatios hora (kWh) al año, según consta en el borrador del decreto por el que se regula el bono social. Concretamente, este descuento tanto para los considerados como consumidores vulnerables, que asciende al 25% del recibo, como para los vulnerables severos, que será del 40% de la factura, será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía suministrada previsto para el periodo de facturación. Por encima de este límite, la energía suministrada le será facturada según la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Este límite máximo de energía bonificada para cada una de las categorías de consumidores se calculará prorrateando la energía anual máxima establecida para cada una de ellas entre el número de días que conforman el período de facturación. Así, para el caso de las familias numerosas, este límite máximo será de 3.600 kWh al año por hogar, mientras que para las unidades familiares en que sus miembros sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, será de 1.680 kWh anuales.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló que al final el Gobierno ha considerado «que era mejor» incluir a las familias numerosas, aunque subrayó que el derecho al bono social «va a tener limitado el consumo» y «no se van a financiar lujos». «Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales«, aseveró. Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decreto que desarrolla el bono social de electricidad, después de definir los criterios de renta para que sea percibido.

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al bono social que le da acceso a un descuento del 25% en su factura, se tendrá en cuenta el nivel de renta de su unidad familiar referido al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, podrán acceder al bono social las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, las unidades familiares con un menor a cargo que dispongan de una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM, así como aquellas que cuenten con dos menores a cargo y que ingresen una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.

Además, los umbrales de renta anteriores se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Asimismo, podrán acogerse al bono social, además de todas las familias numerosas, aquellas unidades familiares en las que todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.

Para el caso de los consumidores vulnerables conformado por una unidad familiar sin menores que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, que en 2017 se sitúa en unos 7.455 euros al año en 14 pagas, este límite máximo de consumo para tener derecho al bono social será de 1.200 kWh al año, mientras que para las unidades familiares con dos menores y que cumplan los criterios de renta será de 2.040 kWh anuales y para las familias con un menor y que puedan por renta acogerse a la ayuda será de 1.680 kWh anuales.

Por otra parte, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura. Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o 1 vez el IPREM respectivamente.

También se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas. Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro. Esto será financiado por medio de la financiación adicional que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales (50%) y del propio bono social (40%).

Lucha contra la pobreza energética

Por su parte, Navia destacó que el bono social cubrirá un conjunto de consumidores ligeramente superior al que disfruta actualmente de la ayuda, al tiempo que lo hará de forma más eficiente, al vincular su percepción a criterios de renta. Para elaborar la nueva regulación, el Gobierno parte de las cifras de Eurostat según las cuales cerca del 10% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El objetivo del bono social será proteger mediante descuentos en el recibo de la luz a 2,5 millones de hogares, lo que equivale a unos 7 millones de personas. Navia también destacó mejoras en los procesos de notificación y avisos de impago.

Endesa defiende que la mejor medida contra la pobreza energética es eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que «la medida que más puede contribuir» a la solución del problema de la pobreza energética es “eliminar de la tarifa eléctrica todos los costes ajenos al suministro de la energía eléctrica«. Así se expresó Bogas en la junta de accionistas de la compañía, en la que recordó que dichos costes proceden de decisiones de política energética.

Bogas considera que una tarifa eléctrica más baja además de reducir el problema de la pobreza energética incrementaría la competitividad y supondría un empuje a la descarbonización del sistema energético. Además, defendió que Endesa «está firmemente comprometida en la lucha contra la pobreza energética» y destacó que es la eléctrica que ratificó más convenios con autonomías y ayuntamientos para afrontarla, un total de 220. Como consecuencia, aseguró que «todos los clientes vulnerables conectados a nuestra red se encuentran protegidos y no se les corta el suministro«. Por último, afirmó que «nuestra disposición a colaborar en la solución del problema está fuera de toda duda y la vamos a mantener con el fin de encontrar nuevas medidas justas, asumibles y eficaces».

Dotar de estabilidad al Parlamento

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, ve “preciso” dotar de estabilidad al actual Parlamento, en el que ya no hay mayorías absolutas, y ha dicho que la nueva situación parlamentaria «exige nuevas formas de hacer política». Prado considera que esas nuevas maneras de hacer política, «si son gestionadas con inteligencia y con altura de miras, pueden dar lugar a una etapa fructífera y de progreso«, como demuestran desde hace décadas «muchos» Gobiernos de los países del entorno.

Ha señalado que «lo complicado» va a ser el tránsito «desde la mayoría absoluta hacia los necesarios equilibrios parlamentarios», pues «pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo, ni para quienes dispusieron de esa posición dominante ni para quienes estuvieron en el lado contrario». No obstante, cree que ahora es momento para que los que lideran la actividad política demuestren «su visión de Estado«.

Respecto al actual Gobierno, ha dicho que su altura de miras y su capacidad de gestión «permitirán a España mantener el rumbo de la recuperación económica que, con el sacrificado esfuerzo de tantos», se inició en la pasada legislatura. También ha dicho que confía en el «saber hacer e inteligencia» de los que integran la oposición política y ha dicho que su responsabilidad será «determinante».

En cuanto a la economía, destacó que «aunque quedan rémoras indeseables tras una larga y profunda crisis, también estamos en el camino de superarlas». «Hay un buen puñado de síntomas para considerarlo así», apostilló. Entre ellos, se refirió a que España está liderando el crecimiento en la Unión Europea y a que redujo el desempleo en casi 400.000 personas el año pasado. «Aunque es una cifra aún insuficiente, señala que hay salida al mayor problema al que nos enfrentamos», concluyó.

Todo el beneficio en dividendos

La junta de accionistas de Endesa, en la que estuvo representado un 85,6% del capital, ha aprobado el pago de un dividendo de 1,33 euros por acción con cargo a los resultados de 2016, que supondrá la distribución de 1.411 millones de euros.Este dividendo implica el reparto del 100% del beneficio neto generado en 2016, un 30% más que en 2015, cumpliendo con el compromiso que la compañía adquirió en la oferta pública de venta (OPV) de 2014.Además, Endesa anunció en la actualización de su plan industrial que su objetivo era aplicar entre 2017-2019 una política de dividendos consistente en el reparto con cargo a estos ejercicios del 100% del beneficio ordinario neto.

En concreto, para 2017 el dividendo ordinario será como mínimo de 1,32 euros brutos por acción y hasta 2019 espera repartir 6.000 millones de euros. Del dividendo de 2016, de 1,33 euros, Endesa ya pagó a cuenta 70 céntimos brutos por acción el pasado 2 de enero y el próximo 3 de julio abonará un dividendo complementario de 63 céntimos.

Además, la junta de accionistas otorgó su visto bueno a la reelección de Miquel Roca, padre de la Constitución, y de Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset, como consejeros independientes. También aprobó el plan de retribución variable a largo plazo Plan de Fidelización Programa 2017-2019, que incluye entre sus beneficiarios a los consejeros ejecutivos de Endesa, y el informe anual de remuneraciones de los consejeros, además de reelegir a Ernst&Young como auditor de la compañía. Por su parte, el consejo de administración de Endesa acordó nombrar vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo, que dimitió.

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

Villaseca (Gas Natural Fenosa), sobre la comercializadora eléctrica municipal del Ayuntamiento de Barcelona: «Bienvenida sea la competencia»

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Europa Press.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha recibido con un «bienvenida sea la competencia» la creación de una comercializadora eléctrica por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y no contempla ningún inconveniente en que el consistorio barcelonés entre en la comercialización de energía si lo hace «de acuerdo con las normas del sector y la regulación vigente«, ya que en España ya hay unas 300 comercializadoras.

Villaseca también aprovechó su intervención en la junta de accionistas de la compañía para hacer hincapié en el compromiso de la empresa con la vulnerabilidad energética, reiterando su voluntad de hacer las cosas mejor y formar parte de la solución, aunque ha descartado ser «la solución en singular» y tampoco el problema, apelando a la responsabilidad de las administraciones públicas.

El consejero delegado ha recordado el caso de la anciana que murió en un incendio de su domicilio en Reus (Tarragona), provocado por una vela después de que Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la electricidad, accidente que considera que «no es aceptable» en un país con capacidad y medios y en el que administraciones y empresas quieren ser ejemplo de calidad y buen servicio. Por ello, instó a las administraciones a solucionar la inseguridad normativa para abordar la pobreza energética y ha criticado que algunas «pretenden aplicar nuevas soluciones operativas y económicas que hasta la fecha no se aplican en ningún país de Europa».