Viesgo informa sobre el nuevo bono social de electricidad en su web y en cartas a los clientes

EFE.- Mientras la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critica que con el bono social eléctrico aprobado por el Gobierno de España «se pierde una oportunidad de abordar una reforma en parte del sistema eléctrico», la compañía Viesgo está informando sobre el nuevo bono social que entró en vigor el 10 de octubre en su página web, en las redes sociales y a través de cartas a sus clientes, tanto las que ya son beneficiarios como los que no lo son.

Viesgo ha aclarado que está difundiendo información sobre el nuevo bono social después de que la Plataforma Cantabria por lo Público haya señalado que esa información aún no aparece en la página en internet de la empresa. En su web, Viesgo explica que para acogerse a partir de ahora al bono social se tendrá en cuenta la renta, el número de miembros del hogar, si todos son pensionistas de cuantía mínima o que se den una serie de circunstancias especiales.

La compañía recuerda también que la nueva normativa limita la cantidad de energía que incluye descuento y distingue entre clientes vulnerables y vulnerables severos y qué clientes pueden beneficiarse. También recoge que los que ya son beneficiarios tienen seis meses para renovar el bono si cumplen las condiciones que se exigen. Esta información puede consultarse dentro del apartado Te asesoramos de la web de Viesgo.

Críticas a una oportunidad perdida

Por su parte, el representante de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, Luis Cuena, ha explicado que «parte de la gestión» para determinar quiénes serán los beneficiarios del nuevo bono social de electricidad «se va dejar en manos de las comunidades autónomas«. «Dudamos mucho que los servicios sociales, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en Cantabria en este caso, tenga capacidad técnica de poder abordar este asunto«, aseguró Cuena, que añadió que el ICASS «ha demostrado una incapacidad absoluta con gestiones más sencillas, promovidas y alentadas desde el propio Gobierno regional».

Ha apuntado también que el nuevo bono social, desarrollado por un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre, incluye «ciertas mejoras» respecto al que se ha aplicado hasta ahora. Una de ellas, en su opinión, es que las compañías comercializadoras que tienen capacidad para ofrecer la tarifa Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) estén obligadas a comunicárselo a los consumidores, así como que es necesario acogerse a esta tarifa para poder optar al bono social.

El representante de la plataforma ha alabado también que uno de los criterios seguidos para determinar los beneficiarios del bono social sea la renta. Sin embargo, ha lamentado que todas las familias numerosas se consideren consumidores vulnerables, «independientemente de la renta». «Hay familias numerosas con renta alta que se quedan dentro y no nos parece bien«, ha reiterado. La condición de consumidor vulnerable severo sí «introduce» el elemento de la renta para las familias numerosas.

En cuanto a la financiación, Cuena ha asegurado que el coste del bono social «se mete» dentro de los costes fijos del recibo de la luz de todos los usuarios, «incluso de los que tengan bono social«. «Entendemos que una parte de la tarifa fija, de la parte que se paga por conceptos fijos, tendría que ir claramente a expensas de los Presupuestos Generales del Estado», indicó Cuena, que considera que «tampoco tiene sentido» que esa «contribución» se haga por cliente y no según la potencia contratada por cada consumidor.

Por último, ha criticado que se aplique el 21% de IVA a las tarifas que se beneficien del bono social. «Tendrían que llevar como mucho el 10% que lleva el agua ya que esto es otro servicio público», y alcanzar el 4% en los «casos más vulnerables», indicó Cuena. «No tiene sentido gravar un servicio que se va a bonificar«, sentenció. Además, ha asegurado que el Gobierno central estima que se van a beneficiar «alrededor de 2,5 millones» de personas en España, «un número similar al actual», aunque «el propio Gobierno entiende que el 45% de los potenciales beneficiarios del bono se van a quedar sin él por no solicitarlo».