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La CNMC denuncia cambios de comercializador a clientes de luz y de gas sin su consentimiento o de modo engañoso

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado cambios de comercializador a clientes, algunos de ellos beneficiarios del bono social, por las comercializadoras eléctricas y gasistas sin su consentimiento o de modo engañoso, por lo que pide regular los requisitos «para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas sobre ello«.

En su informe sobre la supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de comercializador, la CNMC señala que ha detectado que varias empresas de electricidad y gas no pueden acreditar el consentimiento al cambio de compañía de diversos clientes. Así, detectó durante el periodo de análisis 11 beneficiarios del bono social que afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso y perdieron su derecho a un descuento del 25% en su factura.

Concretamente, ha analizado los cambios de compañía de electricidad (3.160.246) y gas (931.123) que tuvieron lugar entre julio de 2015 y junio de 2016 y ha realizado una muestra estadística representativa sobre 3.400 casos de cambios. En el caso del sector eléctrico, la CNMC constató que en el 3% de los casos el comercializador no ha podido demostrar que los clientes hubieran solicitado el cambio de compañía. De las muestras estadísticas analizadas se han detectado 33 cambios no acreditados. Además, en el 11% de los casos analizados, existen dudas de que los clientes dieran realmente su permiso para el cambio.

En lo que se refiere al sector gasista, el 0,9% de los cambios de comercializador no acreditaron el consentimiento del consumidor y el 4% de ellos fue dudoso. La CNMC señala que, extrapolando estos resultados, se podría afirmar que durante el periodo de estudio, no sería posible acreditar el consentimiento al menos en un total 40.000 cambios de clientes eléctricos, ni en al menos 4.000 de cambios de clientes gasistas.

Por otra parte, la CNMC constató que una parte de los cambios sin consentimiento ha afectado a clientes vulnerables, que tienen derecho a percibir el bono social de la luz, un descuento que durante el periodo analizado alcanzaba el 25% de la factura mensual. Concretamente, el regulador detectó 176 cambios con pérdida del bono social. En 11 casos, los consumidores afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso. La CNMC subraya que las medidas de protección incluidas en el Decreto 897/2017, en el que se regula la figura del consumidor vulnerable y el nuevo bono social, «evitarán que se sigan produciendo estas situaciones».

Para combatir estas prácticas, la CNMC considera necesario regular los requisitos «para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas». Además, se debería establecer la regulación de la contratación telefónica en el caso del sector eléctrico, «simétrica a la existente en el sector gasista«. Adicionalmente, como ya ha recomendado el organismo anteriormente, considera que las empresas deberían incrementar los controles a los agentes de venta.

El Ministerio de Energía prorroga hasta octubre el plazo para que los consumidores vulnerables renueven el bono social de electricidad

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EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido prorrogar 6 meses el plazo para solicitar el nuevo bono social de la electricidad, con lo que los consumidores que disfrutan actualmente de sus ventajas tendrán hasta el mes de octubre para pedir su incorporación al mismo. De este modo, según aclaró el departamento que dirige Álvaro Nadal, los consumidores acogidos al anterior bono social mantendrán los descuentos en sus facturas durante este período adicional.

El día concreto en el que vencerá el plazo para solicitarlo dependerá de la fecha de publicación de la orden ministerial que estipulará la prórroga, pero dado lo avanzado de la tramitación de la normativa será dentro de octubre, explican fuentes del Ministerio. La citada orden, que ya se ha enviado al BOE para iniciar la audiencia pública, clarifica también algunos aspectos de los formularios de solicitud del bono social tras las consultas recibidas por los usuarios y compañías eléctricas.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico, en la oficina de la compañía o a través de su página web.

Podemos pide datos a Competencia

Por su parte, diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos dirigieron una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que piden a este organismo que publique el número de personas que habían solicitado la renovación del bono social a finales del mes de febrero. En la misiva, los parlamentarios Yolanda Díaz, Josep Vendrell y Lucía Martín piden también a Competencia que publique el número de personas acogidas al bono social antes de la entrada en vigor del real decreto que modificó la anterior regulación.

También solicita a la CNMC que los desglose por categorías de acceso y publique una comparativa entre los que había y los que hay ahora, así como un análisis y valoración de las campañas de difusión para la renovación del bono social, y los motivos que puedan explicar si finalmente hay un «descenso radical» del número de beneficiarios. Según indican los diputados en la carta, dirigida al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, si finalmente «el número de personas acogidas no se correspondiera con las personas ahora beneficiarias, estaríamos ante un escándalo mayúsculo».

Además, Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno, en las que piden que diga si dispone de datos que indiquen que menos de medio millón de personas han renovado su derecho al bono social entre los más de dos millones que podrían hacerlo. Podemos también pregunta si recibió el Gobierno sugerencias para que se incorporara en el decreto la obligatoriedad de renovar el derecho a percibir el bono social y si considera que ha sido suficiente la publicidad realizada para informar de la obligatoriedad de renovarlo.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo si va a adoptar una medida de urgencia para que las personas que ya tienen derecho al bono social no tengan que renovarlo ante la deficiente campaña de publicidad y si se plantearían extender el plazo de renovaciones hasta el 31 de diciembre. También pregunta si el Gobierno considera que la normativa facilita la captación de clientes domésticos por parte de las comercializadoras en el mercado libre, tras los casos de traspaso sin consentimiento que ha habido de clientes de tarifa regulada al mercado libre, así como si va a introducir garantías para que no se corte el suministro a personas que no puedan pagar facturas.

EDP impulsará entre sus clientes la renovación del bono social con información sobre los nuevos requisitos y la documentación necesaria

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EFE.- El grupo energético EDP impulsará las renovaciones del bono social entre sus clientes, a los que informará, de forma proactiva y por carta certificada, de los requisitos del nuevo modelo y de la documentación necesaria para solicitarlo. Tras un periodo transitorio de 6 meses, la normativa establece que a partir del próximo 10 de abril sólo se mantendrá el nuevo modelo de bono social para el suministro de energía eléctrica.

La nueva norma, en vigor desde octubre, consiste en un descuento sobre la tarifa regulada PVPC para aquellos clientes que tienen la condición de vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno. En este periodo de transición, el 11% de los clientes de EDP acogidos al bono social han renovado esta situación, concretamente poco más de 6.000 de unos 56.000. Hay, además, otro 5% de solicitudes de renovación pendientes de validación en la plataforma del Ministerio de Energía.

Para favorecer las renovaciones, EDP ha puesto en marcha una campaña entre sus clientes acogidos al antiguo modelo de bono social. La compañía les está enviando una carta certificada con toda la información, así como el formulario de solicitud y un sobre con franqueo pagado para que envíen la documentación. Los clientes pueden enviar la documentación por correo electrónico o postal, a través de la web www.edpenergia.es o presentándola en una de las oficinas de atención al cliente de EDP.

Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

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EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Iberdrola inicia una campaña informativa del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables en las principales ciudades

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EFE.- Iberdrola ha comenzado una gira por las principales ciudades españolas para exponer las novedades del nuevo bono social de electricidad con el fin de asesorar a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración pública. Los primeros encuentros se celebraron en Bilbao y Valencia, y se celebrarán otros en Toledo, Madrid, Valladolid, Cáceres, Murcia o Pamplona.

Responsables de Iberdrola explicarán las condiciones en las que los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social y los procedimientos a seguir, con especial hincapié en las principales modificaciones introducidas. Con esta iniciativa, Iberdrola quiere que los consumidores vulnerables renueven su condición de beneficiario del bono social antes del 10 de abril o que lo soliciten por primera vez para poder tener descuentos en la factura de la luz que pueden ser, en función de la renta, de un 25% o un 40% y llegar, incluso, al total en el caso de que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión total atendidos por los servicios sociales de la comunidad autónoma.

En Valencia arrancó la gira

De este modo, como punto de partida de la gira, Iberdrola y la Diputación de Valencia llaman a la «acción» a los consumidores vulnerables para que renueven su condición de beneficiarios del bono social o lo soliciten por primera vez. El delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, el diputado de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, y el jefe de departamento de Relación con Consumidores de la compañía, Javier Paradinas, fueron los encargados de explicar las modificaciones regulatorias y nuevos requisitos del bono social.

Datos de la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Iberdrola ha recibido 60.000 solicitudes, de las que han respondido a 33.420 y de éstas, 26.860, el 80%, han sido positivas. De las 6.560 restantes, 3.460 están incompletas y 3.110 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos. El nuevo bono social cuenta con un periodo transitorio de 6 meses, que termina el próximo 10 de abril, y durante este tiempo, y mientras acreditan la condición de consumidor vulnerable, los actuales beneficiarios siguen disfrutando de él. Además, cuando alguno de estos consumidores solicita el nuevo bono social y no tiene derecho al mismo, no pierde su condición de beneficiario hasta que finaliza el periodo transitorio, indicaron las mismas fuentes.

El precio de la luz y el gas en España ha aumentado un 66,7% en la última década

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EFE.- La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha pedido reducir el IVA en las facturas de energía de los hogares y ha denunciado que el precio del gas y la luz ha aumentado en España un 66,7% en los últimos 10 años, mientras que el IPC ha crecido un 14,7%.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, resalta que España es el Estado de la Unión Europea con un mayor encarecimiento del gas para consumidores domésticos, más del 70% desde 2010. Por su parte, la directora de la asociación Ecoserveis y autora de este estudio, Marta García, remarca que el nivel de vida de las personas no «aumenta al mismo ritmo» que el precio del gas y la luz. «Los salarios se han mantenido estables, lo que supone destinar una mayor parte de nuestro salario a pagar por la energía», explicó García.

El estudio se ha centrado en analizar cómo funciona el mercado energético, qué condiciona los precios de la energía, qué medidas de protección existen y qué efecto tienen los precios en el bienestar de las personas. El informe constata que el gasto energético a nivel doméstico ha aumentado en España un 40% más que el nivel de vida en los últimos 10 años, por lo que «una familia que pagaba de media, en 2008, 1.566 euros en concepto de gastos energéticos, en 2018 estaría pagando 2.238 euros«, ha señalado Alsina.

El estudio también analiza la situación del bono social, un descuento en la factura para los consumidores vulnerables, y denuncia que «el Ministerio fija su efectividad en el 45%, por lo que está reconociendo desde un principio que algo falla». «Actualmente tienen acceso a ese bono familias que igual no lo necesitan, mientras que colectivos más vulnerables, como las familias monoparentales, no se incluyen explícitamente, por lo que creemos que se tendrían que establecer criterios para que el bono social se destine a aquellos que realmente lo necesitan», concluyó García.

La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la pobreza energética y critica el nuevo bono social eléctrico

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EFE.- La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad y reclama a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad de dar una solución «efectiva» a este grave problema social. En este sentido, representantes de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critican que el acceso al nuevo bono social «está resultando caótico».

A juicio de la Plataforma, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha contra la pobreza energética es el bono social de electricidad, un descuento que va del 25% al 40% en la factura dependiendo de los casos. Pero, aseguran, tal y como está regulado, «no deja de ser un parche que no soluciona la situación», y al que incluso no puedan acceder muchas personas. Según advierte, tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia.

Esta plataforma remarca además que «más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palie estas situaciones». También subraya que el bono social no está funcionando bien porque «se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio». Para la plataforma, «en pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía». Por ello, exige la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas.

Greenpeace pide al Gobierno el fin de la pobreza energética en España

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama al Gobierno que ponga fin a la pobreza energética en España y, por ello, participó en la movilización contra esta situación que afecta al 11% de las familias españolas. La ONG pide que el Gobierno deje de boicotear los «intentos de que la nueva política energética europea ponga a las personas y el planeta en el epicentro del sistema». Durante la movilización se reclamaron medidas «urgentes y estructurales» para erradicar este problema que afecta a más de 5 millones de personas en España.

«A veces hemos dejado de comer para poder pagar los recibos de la luz», denuncia Víctor, un hombre de 62 años en paro y con una discapacidad del 45% que vive con la renta mínima de inserción de 320 euros y que sufre dificultades para pagar el recibo. En este sentido, Greenpeace denuncia que la pobreza energética es «una de las muchas caras de la pobreza y un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es”.

Críticas al nuevo bono social

En este contexto, considera que el bono social de electricidad puesto en marcha por el Gobierno es «muy insuficiente» para acabar con la pobreza energética, por lo que exige un cambio en el modelo energético para frenar la contaminación y el cambio climático e impedir que los gobiernos «sigan siendo cómplices de la injusticia que representa que las corporaciones eléctricas impongan prácticas contaminantes de generación eléctrica con el beneplácito del gobierno mientras los derechos de las personas se ven vulnerados». Por ello, Greenpeace participó en la manifestación-pasacalles que exigió la declaración del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética.

Ecodes y la Asociación de Ciencias Ambientales participarán como socios españoles en el nuevo Observatorio Europeo de la pobreza energética

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Europa Press.- Ecodes y la Asociación de Ciencias Ambientales participarán como socios españoles en el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética que se ha presentado en la Comisión Europea de Bruselas. El observatorio pretende fomentar el conocimiento sobre el alcance de la pobreza energética en Europa así como las políticas y prácticas innovadoras para abordarla. Al acto asistió la directora de Ciudades Sostenibles de Ecodes, Cecilia Foronda, como socio español del mismo.

El nuevo observatorio desarrollará actividades para mejorar la transparencia, recopilar datos existentes en la Unión Europea y proporcionarlos de forma abierta; fomentar el trabajo en red y el intercambio de conocimiento. Además, toda esta información se difundirá y se proporcionará asistencia técnica que ayude a los Estados miembros a combatir este problema. El EPOV está formado por un consorcio de entidades europeas lideradas por la University of Manchester y entre las que están Ecofys, European Policy Centre, Intrasoft International, National Energy Action y Wuppertal Institute. Ecodes, junto con la Asociación de Ciencias Ambientales, participa en la difusión y comunicación en España de las actividades e información generadas por el EPOV.

El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre el bono social que reclamaba respetar las competencias autonómicas

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se responde al requerimiento previo a la vía contencioso-administrativo formulado por la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos del bono social que, a su juicio, vulneran sus competencias en relación con la asistencia social.

Así, el Gobierno rechaza las pretensiones de Cataluña, al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos no invade ninguna competencia autonómica.

En concreto, según el Consejo de Estado, el decreto aprobado por el Gobierno sobre el bono social se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética, que despliegan las administraciones autonómicas y locales. Además, las alegaciones expuestas por la Generalitat ya fueron realizadas durante el trámite de audiencia de la norma y ya obtuvieron respuesta.