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Elecciones 28-A: Eficiencia energética, rehabilitación de edificios y medidas de apoyo al consumidor doméstico vulnerable y a la industria electrointensiva

Javier Angulo.- La mejora de la eficiencia energética constituye, junto a la reducción de emisiones y al desarrollo de fuentes de energía renovable, uno de los principales compromisos a nivel europeo dentro de la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Una mayor eficiencia supone un ahorro de energía que reduciría las necesidades del consumidor doméstico vulnerable que no puede hacer frente a una factura energética que también afecta a la competitividad industrial.

En estos ámbitos el PSOE presume de las medidas tomadas desde el Consejo de Ministros en los viernes sociales. Los socialistas reivindican que sus 10 meses de Gobierno hayan servido para mejorar el bono social de electricidad y la creación del bono térmico para consumos de calefacción. Todo ello articulado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con un renovado bono social que cubre todas las fuentes de suministro (electricidad, gas) y que será de concesión automática. Asimismo, abogan por facilitar el acceso a estos descuentos a las familias con menores de edad.

Esta Estrategia también aboga por ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales como el bono social para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por articular un parque de vivienda en alquiler social que subvencione los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la renovación de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.

Todo ello para cumplir en 2030 con un compromiso de mejora de la eficiencia energética del 32,5%, conforme a lo comprometido por los Estados comunitarios con la Comisión Europea. Pero los viernes sociales no acaban en la lucha contra la denominada pobreza energética. La industria espera para este viernes 26 de abril la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una medida a sumar a la regulación de las redes cerradas de distribución para reducir el coste energético y la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración por 2 años. Curiosamente solo Vox se acuerda junto al PSOE de la industria cogeneradora, para la que augura un papel relevante durante la próxima década.

Las propuestas del PP son más generales en este ámbito y, por qué no decirlo, más comedidas. El programa de los populares habla de reforzar el bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables pero no entra en detalles. También apela a un compromiso con la rehabilitación y la promoción de la eficiencia energética en los sectores de la edificación y, en lo que sí suena más novedoso, en la renovación de las instalaciones del sector turístico. Lo que suena a reproche a iniciativas más ambiciosas es el compromiso del PP a que todas estas medidas siempre tendrán en cuenta las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.

Donde el programa del PP se mueve con más soltura es en temas fiscales. En este sentido los de Pablo Casado se comprometen a utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos “para modular la fiscalidad de la energía”, rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria. Asimismo, el PP potenciará los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas.

Por su parte, la gran apuesta de Unidas Podemos por la eficiencia energética es una vez más su plan para rehabilitar anualmente al menos 500 000 viviendas y conseguir reducir su factura de la luz con medidas de aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Para ello, resulta interesante el compromiso de dar prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. Según cálculos de la formación morada, las familias podrán llegar a reducir en un 50% su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales con las medidas propuestas.

Los de Pablo Iglesias mantendrán las protecciones frente a la pobreza energética pero cimentan su apoyo al consumidor vulnerable en la eficiencia energética. De esta forma aseguran que se crearán miles de empleos “en un sector tan castigado” como es el de la construcción y avanza que las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de subvenciones para fomentar la eficiencia. Sin embargo, en materia sectorial, sorprende el silencio de Unidas Podemos sobre la industria electrointensiva.

Todo lo contrario sucede con Ciudadanos, que concentra esfuerzos en mejorar la competitividad industrial con una tarifa eléctrica más predecible. Para ello comprometen su propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mecanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional. Un apartado en el que los de Albert Rivera creen que podrían mejorar su situación apostando por los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA). Asimismo, comprometen que las empresas podrán compensar sus costes de emisiones de gases invernadero, con ayudas condicionadas a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de la industria.

En lo que atañe a los consumidores domésticos, Ciudadanos promete una factura de la luz que premie a los que tengan un consumo más reducido. Al igual que Unidas Podemos, pone cifras a las viviendas que deberían rehabilitarse cada año, aunque se tratan de números menos ambiciosos o más realistas, según el punto de vista. 300.000 viviendas en las que fomentar la eficiencia energética es el compromiso de la formación naranja, que asegura que los nuevos inmuebles y todas las instalaciones públicas se construirán bajo estándares de consumo casi nulo.

Por su parte, el programa de Vox se desmarca de estas propuestas de rehabilitación o medidas pensadas para la industria electrointensiva con una generalidad: afirma que la eficiencia energética es un fin tan importante como la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, a la competitividad económica de la industria y a incrementar la renta disponible de las familias. Ahora bien, no hay medidas concretas en este sentido.

Sí concreta más al decir que el bono social debe ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las compañías comercializadoras, acogiéndose a las tesis de la patronal eléctrica. Más novedosa es la propuesta de establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas. Y único es su apoyo al desarrollo de gas renovable, como combustible clave para procesos industriales de alta temperatura en el largo plazo.

El Gobierno socialista aprobará antes de las elecciones la Estrategia de Pobreza Energética y el decreto de autoconsumo de electricidad

Europa Press.- El Gobierno aprobará antes de que expire la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y el real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que indicó que estas dos materias deben estar «en el frontispicio de un final raro de legislatura corta y enriquecedora».

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo«, señaló. En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como impuesto al sol del PP para la energía autoconsumida.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas, según el indicador que se analice. Asimismo, Ribera destacó que la transición ecológica es «una oportunidad» para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, afirmó que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser «negociados y pactados».

La Estrategia, que se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo, parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como «instrumentos de transición» que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a «medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo». Así, el documento define la pobreza energética como «la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía».

También enumera manifestaciones de esta pobreza, como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Asimismo, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades. La definición de consumidor vulnerable se concreta en aquel «consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones».

El documento plantea objetivos de reducción en el periodo 2019-2024 que permiten evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas. El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permite el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética, mientras que el segundo está dedicado a mejorar la respuesta frente a esta situación, a través del análisis de los actuales bono social eléctrico y térmico e, incluso, articulando respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.

El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis del parque de viviendas y el cuarto plantea medidas de protección a los consumidores y conciencia social. El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de 5 años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.

Todos los países europeos tienen niveles de pobreza energética, con Bulgaria en peor situación y España en el puesto 12

Europa Press.- La mayoría de los Veintiocho Estados miembro de la Unión Europea tiene pobreza energética, con Bulgaria en el último puesto, mientras España está en la parte media-alta de la tabla y se sitúa en el puesto número 12. A la cabeza se sitúan Suecia, Finlandia y Dinamarca, según un estudio realizado por Open Exp que publica la Coalición Europea por el Derecho a la Energía.

El trabajo revela que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen niveles «significativos» de pobreza energética y que son «incapaces» de calentar a sus ciudadanos durante el invierno. El escalafón de la pobreza energética da una prevalencia más elevada en el sur y en el este de Europa. Bulgaria es el país que peores resultados obtiene en 4 indicadores clave: hogares húmedos y con fugas, altos costes de energía para las familias, incapacidad para calentar los hogares durante el invierno e incapacidad para mantenerlos frescos en verano. Suecia y Finlandia figuran entre los países con mejores resultados.

De los Veintiocho, un total de 17 tienen niveles significativos de pobreza energética y el estudio advierte de que la proporción del presupuesto familiar que los hogares dedican a la energía está aumentando en Europa, especialmente para las familias de renta baja, para las que el gasto aumentó un 33% entre 2000 y 2014. Por otro lado, el estudio observa una «clara división» entre los países de Europa occidental y del norte por un lado, y los países de Europa del sur y del este.

Además, concluye que los niveles altos de pobreza energética dependen más de factores socioeconómicos que del clima ya que los países con un alto PIB per cápita y una normativa estricta en materia de construcción muestran niveles más bajos de pobreza energética. Al mismo tiempo, advierte de que hay una falta de acción política a la hora de abordar la pobreza energética y destaca que Grecia es el único Estado de la Unión Europea que contempla un objetivo de pobreza energética y alerta de que los planes nacionales de eficiencia energética «no lograrán alcanzar” el objetivo acordado de la Unión Europea del 32,5% para 2030.

«La Unión Europea debe tomar medidas urgentes para reducir las altas tasas de pobreza energética y abordar la creciente brecha energética en Europa. Cuando aumenta la renta de los hogares y se endurece la normativa, los niveles de pobreza energética descienden significativamente. La Unión Europea debe prohibir las desconexiones y garantizar la inversión en eficiencia energética para las viviendas destinadas a las familias con rentas más bajas», ha manifestado la coordinadora de Políticas en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), Sian Jones.

Por su parte, desde la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos, Guillaume Durivaux ha destacado que el aumento de la pobreza energética pone en peligro el acceso a la energía para millones de europeos. «Los políticos deben proteger a los europeos y garantizar el derecho a la energía prohibiendo las desconexiones y una implicación directa de los ciudadanos en las políticas energéticas«, ha manifestado. Al mismo tiempo, la defensora de justicia climática de Amigos de la Tierra Europa, Clémence Hutin, denuncia que millones de ciudadanos de la Unión Europea pasan frío en sus hogares este invierno y «necesitan ayuda inmediata» a causa de un sistema energético «profundamente derrochador».

Finalmente, la analista senior de Open Exp y autora del estudio, Yamina Saheb, indicó que, para reducir la vulnerabilidad de las familias de renta baja frente a las fluctuaciones de los precios de la energía y el estancamiento de los salarios, los gobiernos deben garantizar que los edificios donde hay familias vulnerables tengan un balance energético positivo, esto es, que produzcan más energía de la que consumen para reducir a cero la factura energética de las familias de renta baja«.

UGT pide al Gobierno medidas eficaces para paliar la pobreza energética y tener un precio de la energía más asequible

Europa Press.– UGT ha exigido al Gobierno que «mejore las medidas para paliar la pobreza energética» e introduzca mecanismos para fijar un precio de la energía «asequible», como la rebaja del IVA; así como actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas. El sindicato señala que se aborda otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos y el mercado eléctrico futuro apunta a nuevas subidas en el recibo.

El sindicato muestra especial preocupación para la primavera, «cuando hayan transcurrido los 6 meses de suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica». Asimismo, UGT reclama que se modifique el bono social eléctrico ya que considera que «no está diseñado adecuadamente para llegar a todos los hogares que lo necesitan». De esta manera, advierte que es necesario introducir «una mayor transparencia» en la información para darlo a conocer y mejorar los requisitos de acceso para que llegue a todos los hogares y «combatir así las desigualdades ocasionadas por la pobreza energética, permitiendo que se puedan acoger al bono social eléctrico más familias, y que estas cuenten con mayores descuentos».

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol deberán financiar el 92,8% del bono social al ser las mayores comercializadoras eléctricas

Europa Press.– Las 4 principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España, y Repsol, que entra en el grupo tras adquirir la comercializadora de electricidad de Viesgo, deberán aportar el 92,8% de la financiación para el bono social eléctrico en 2019.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas tras el cambio normativo que se produjo después de las sentencias del Tribunal Supremo, ha aprobado el informe que determina el porcentaje que deben aportar las distintas empresas comercializadoras de electricidad para financiarlo en 2019.

El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo. La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC ha calculado el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman un total de 254 sociedades y 20 grupos de sociedades.

Así, las 5 comercializadoras con mayor número de consumidores deberá asumir el 92,8% de la financiación del bono social, mientras que el 7,2% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica. Endesa, con una cartera de más de 10,62 consumidores eléctricos, deberá aportar el 36,26% del importe del bono social; mientras que Iberdrola, con 10,14 millones de consumidores, financiará el 34,62%, y Naturgy (4,63 millones de consumidores) el 15,82%. EDP España (1,13 millones de consumidores) será el cuarto mayor aportador a la financiación del bono social eléctrico, con el 3,86%.

La gran novedad dentro de los principales financiadores será Repsol (656.883 consumidores), que deberá poner el 2,24% del importe al que ascienda el bono social eléctrico en 2019. La compañía presidida por Antonio Brufau entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país con la compra de la comercializadora de Viesgo, que le permite contar con una importante presencia en sector minorista de electricidad y gas en España, con una cuota de mercado superior al 2% y más de 750.000 clientes. El objetivo del grupo, que desarrolla esta actividad mediante la filial Repsol Electricidad y Gas, es alcanzar en el 2025 una cuota de mercado minorista de electricidad y gas superior al 5% y 2,5 millones de clientes.

En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros. Durante 2017, el 99% del importe de su financiación fue para consumidores que cumplían los requisitos con el antiguo sistema (consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas con renta mínima, consumidores en paro y familias numerosas, entre otros). A falta de los datos definitivos, la previsión del coste en 2018 es similar.

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Familias vulnerables de Calatayud experimentan por primera vez en España el prepago de electricidad para incentivar el control del consumo

Europa Press.- El Proyecto ReluCe, impulsado por Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Calatayud, ya está en marcha. La operativa ha comenzado ya con el objetivo de incentivar el consumo eficiente de energía y control de gasto de las familias vulnerables mediante un sistema de prepago de la electricidad. Esta es la primera experiencia de este tipo que se realiza en España.

Con este sistema, el usuario es informado a través de SMS, de forma semanal, sobre la evolución de su saldo y de la previsión de necesidad de recarga, si fuera necesario, para llegar a final de mes. De este modo, el consumidor puede llevar un control sobre el gasto realizado y adecuar su consumo. Cuando el saldo está próximo a terminarse, los participantes reciben un aviso en el móvil informándole sobre la necesidad de realizar una recarga. Si no la realizan y se quedaran sin saldo, su potencia quedaría reducida hasta un nivel que les permita cubrir las necesidades básicas, evitando el corte de suministro.

El proyecto permite mejorar la gestión del gasto en electricidad en el hogar de estas familias, la planificación de los recursos económicos familiares evitando gastos inesperados y conocer los consumos de forma semanal para poder implementar medidas si se detectan consumos por encima del óptimo en cada hogar. De forma previa al comienzo de la operativa, el proyecto ha optimizado el contrato de electricidad de las 18 familias ayudándoles a tramitar el bono social en los casos que tuvieran derecho al mismo. Por su parte Ecodes, ha mantenido con las familias un continuo contacto, asesorándoles y formándoles en una mejor comprensión de la factura eléctrica y en hábitos y medidas para lograr un consumo eficiente.

El Gobierno lanza a consulta pública previa la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética mientras Europa también aborda la cuestión

Europa Press.- Mientras desde Europa se habla de dar a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables, el Gobierno ha lanzado la fase de consulta pública previa de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, a la que se comprometió a través del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aprobado el pasado octubre.

Concretamente, hasta el próximo 17 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene disponible en su web (www.miteco.gob.es) un acceso público directo para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones, que serán analizadas y tenidas en cuenta «con el objetivo de enriquecer esta estrategia y convertirla en un reflejo fiel de las necesidades de la sociedad en materia de pobreza energética«, indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

La consulta se estructura a través de 4 cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la estrategia. Asimismo, también se pregunta si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos en algún aspecto, y se solicita opinión sobre qué medidas de eficiencia energética tendrían mayor incidencia a la hora de aliviar la pobreza energética. Para concluir se ofrece la posibilidad de expresar cualquier otra idea enfocada a mejorar la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por otra parte, el Ministerio indicó que, según los últimos datos disponibles, se han registrado un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas al bono social eléctrico, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos: 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

Actualmente, los consumidores pueden seguir solicitando el bono social eléctrico en cualquier momento, pero ya no tienen acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno, y deberán esperar a las nuevas medidas que para estos fines defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. El bono térmico es una ayuda, una cantidad en metálico según el nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda, que ha concedido el Ministerio este invierno a los beneficiarios del bono social eléctrico para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen, sea cual sea, para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal.

Europa y la pobreza energética

Por otro lado, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normativas comunitarias que reforman el diseño del mercado eléctrico comunitario y que, entre otras cuestiones, darán a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables. Los negociadores de ambas instituciones europeas han pactado, sin embargo, que las medidas a través de los sistemas de seguridad social deben ser prioritarias en las estrategias de los Estados miembros para atajar la pobreza energética.

Los países de la Unión Europea y la Eurocámara han logrado un acuerdo, en concreto, sobre la nueva directiva y el nuevo reglamento del mercado eléctrico europeo, aunque todavía deben ser aprobadas formalmente por ambas partes para que puedan entrar en vigor. La directiva, además, también permite a las capitales la posibilidad de intervenir la fijación de precios para el suministro de electricidad de otros hogares y empresas pequeñas con el objetivo de facilitar una transición hacia una competencia «efectiva».

El elemento «clave» de la normativa, según apuntó el Consejo de la Unión Europea, es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas». No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

Las nuevas reglas europeas sobre el mercado eléctrico también buscan reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas a partir de 2026. Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

El TUE ve ilegal que los países graven la exportación de electricidad y avala un precio máximo para el butano

Europa Press.- El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Evgeni Tanchev, avaló la fijación de un precio máximo en España para la bombona de butano y su distribución obligatoria como medidas de protección a los usuarios socialmente vulnerables. Asimismo, el TUE dictaminó que los Estados no pueden aplicar un impuesto a la exportación de la electricidad generada en su territorio puesto que este gravamen no está justificado por el objetivo de garantizar el suministro a nivel nacional.

La Justicia europea resuelve así la cuestión elevada por el Tribunal Comarcal de Bratislava, que preguntó al TUE si la tasa que había creado el país para gravar la exportación de electricidad producida en territorio eslovaco, incluida la que se vende a otros socios comunitarios, es contraria a la legislación europea. Este impuesto obligó a Korlea Invest, proveedor de electricidad eslovaco, el pago de un importe de alrededor de 6,8 millones, pero la firma impugnó este gravamen alegando que constituye una tasa equivalente a un derecho de aduana, cuya imposición está prohibida por el principio de libre circulación de mercancías.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo concluye que este impuesto constituye «una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana», tanto con respecto a la electricidad exportada a otro Estado miembro como a un territorio fuera del bloque comunitario. En concreto, sobre las exportaciones a países que no son comunitarios, el TUE subraya que los Veintiocho se han comprometido a aplicar una política comercial común «cuyo funcionamiento se pondría en peligro si se les autorizara a imponer unilateralmente exenciones de efecto equivalente a derechos de aduana«.

Por último, la Justicia europea remarca que la prohibición de que los Estados miembros impongan derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente «es una regla esencial del Derecho comunitario» sobre la que la legislación comunitaria «no establece ninguna posibilidad de excepción ni de justificación». En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la tasa que Eslovaquia creó para gravar todas las exportaciones de electricidad generada en su territorio «no es compatible con el principio de libre circulación de mercancías».

Precio máximo para el butano

Por su parte, el Abogado General del TUE avaló el precio máximo para el butano al pronunciarse sobre la cuestión elevada a la Justicia europea por el Tribunal Supremo en julio de 2017. Se trata, sin embargo, de una opinión que no es vinculante, aunque las sentencias posteriores suelen seguir el criterio del abogado en la mayoría de los casos. El Supremo albergaba dudas sobre si la fijación de un precio máximo para el butano y la obligación de su suministro domiciliario, establecidos en la legislación española, son compatibles con la normativa europea y no representan un obstáculo a la liberalización del mercado. El Supremo debe pronunciarse tras un recurso contencioso-administrativo presentado por Repsol Butano.

Concretamente, el Supremo preguntaba si la normativa española es compatible con la europea a pesar de que la medida se adopta con carácter general para todos los consumidores y por un periodo indefinido. La medida se prolonga ya 18 años y podría coadyuvar a congelar la situación de escasa competencia al suponer un obstáculo a la entrada de nuevos operadores. El Abogado General, en sus conclusiones, ha recomendado al TUE que en su futura sentencia declare que la jurisprudencia europea no se opone a estas medidas del Estado español a pesar de que se produzcan alguna de las circunstancias que cita el Alto Tribunal español.

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.