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UGT cree que el nuevo bono social de electricidad «no es la respuesta adecuada» para proteger a los consumidores vulnerables

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Redacción / Agencias.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el nuevo bono social aprobado por el Gobierno «no es la respuesta adecuada» para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas «y menos para los hogares que más lo necesitan». En este sentido, el sindicato considera que el bono social es «claramente insuficiente» para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

UGT cree que tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada ya que «no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad«. El sindicato ha señalado que el nuevo bono social «no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz» y ha reclamado una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas y reducir la fiscalidad del suministro básico con la aplicación del IVA supereducido.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura de la luz es «claramente insuficiente» porque se fija un límite máximo de consumo bonificado según la unidad familiar. Asimismo, considera que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda y no tanto el número de personas que componen el hogar. Además, afirma que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo que hay en los meses de invierno, así como que no se diferencia por zonas climáticas, con lo que el exceso de kilovatios en caso de exceder el límite de consumo se pagará sin descuento.

Respecto a la definición que realiza el Gobierno de consumidor vulnerable, UGT no la comparte ya que “fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a viviendas energéticamente ineficientes e incluso que el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite establecido». Finalmente, UGT subraya su desacuerdo con que las familias numerosas, «por el hecho de serlo y sin considerar sus rentas», puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

También ha criticado que para comprobar la renta del solicitante se pida la declaración de la renta del año anterior, que no acredita los ingresos que se tienen en el momento de presentar la solicitud, cuando su renta puede haber cambiado, así como que a los únicos perceptores del bono social a los que no se podrá cortar el suministro es a los que estén en riesgo de exclusión social. A juicio del sindicato UGT, «una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas».

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora «se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas», y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa,y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

Entra en vigor el nuevo bono social, aplicado en función de la renta y con descuentos de hasta el 50%

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Redacción / Agencias.- El Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social de electricidad, que estará basado en criterios de renta para percibir descuentos en la factura de la luz que llegan hasta el 50% de su importe. También impedirá que a los consumidores atendidos por servicios sociales se les corte el suministro. Además, se establecen unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el bono social con la finalidad de asegurar un consumo eficiente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que los descuentos del bono social se aplicarán en función de la renta y no por los parámetros que se habían venido usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados. De esta forma, una vez publicado en el BOE y aprobada la orden ministerial que desarrolla el mecanismo de solicitud del bono, aquellos consumidores que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitarlo de manera inmediata. El real decreto del Gobierno establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta, que varían en función del tamaño del hogar, para los diferentes descuentos en la factura de la luz.

En el caso de una persona sola, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros en el caso de una familia con dos menores. El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de la de los vulnerables.

Asimismo, el descuento llegará hasta el 50% para aquellos consumidores vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, y que serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo, las comercializadoras eléctricas deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro. Hay que recordar que hasta ahora el descuento del bono social era siempre del 25%.

El nuevo bono social, que se reformó después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria, obliga a las empresas comercializadoras o sus matrices a financiar el bono social en función de su cuota de clientes. Con ello, según asevera el Ministerio de Energía, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como «un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado».

El decreto recoge, además, una serie de medidas para reforzar la protección al consumidor vulnerable, entre las que está la ampliación de 2 a 4 meses del plazo para cortar el suministro, una vez se produce el impago. En este caso, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de 2 meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores. Además, las compañías deberán informar al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre de que está renunciando a la posibilidad de percibir el bono social.

Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una medida para recuperar la normalidad de los pagos. Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social.

Los consumidores que actualmente disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovarlo, disfrutando así de un descuento en su factura durante todo el período invernal. Eso sí, transcurrido este plazo tendrán que haberlo renovado en el caso de que puedan seguir beneficiándose de este descuento en la factura de la luz. Próximamente estará operativa una aplicación informática para verificar la información disponible sobre la renta de los solicitantes en la Agencia Tributaria, aunque también se podrá pedir presentando el interesado la declaración del IRPF.

La discapacidad también se valora

El umbral se incrementa en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, y para víctimas de violencia de género o de terrorismo, lo que significa un aumento en 3.760 euros del umbral. En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera positivo que el factor de discapacidad se tenga en cuenta por vez primera en la regulación del bono social eléctrico aunque cree que «se podía haber ido más lejos en la intensidad de las ayudas por este motivo«.

El Comité señaló que «como consecuencia de la acción de incidencia del Cermi ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante la tramitación de la norma adoptada por el Gobierno, las situaciones de discapacidad en la unidad de convivencia ampliarán los umbrales de renta que se establecen para poder acogerse a este beneficio, lo que aumenta el número de domicilios que podrán disfrutar de este bono social, con lo que se atiende en parte las demandas del sector«.

Desde su aprobación en 2009, la discapacidad no era un elemento relevante en la configuración del bono social eléctrico, exclusión que el Cermi había venido criticando y que ahora, con la regulación aprobada, «se subsana aunque sea de modo parcial, pues la discapacidad es una las situaciones sociales, junto con la violencia de género y las víctimas del terrorismo, que favorece el acceso al beneficio».

El Comité planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a las familias numerosas o los perceptores de pensiones mínimas, que con independencia de la renta, acceden per se a la consideración de consumidor eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no fue asumido por el Gobierno. «No obstante, indirectamente, a través de la consideración de familias numerosas, que se alcanza con rebaja de criterios cuando concurre una situación de discapacidad, o como perceptores de pensiones mínimas, un número importante de personas con discapacidad y sus familias podrá disfrutar del bono social eléctrico y de los demás beneficios que lleva aparejados», concluye.

Nadal elude responsabilidades y confirma que la sentencia del Supremo sobre el bono social supone «que lo paguen los consumidores»

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social supone «que lo paguen los consumidores», por lo que el Gobierno analizará las consecuencias jurídicas de la sentencia, si bien la cumplirá a pesar de que la ha recurrido al Tribunal Constitucional para aclarar si la competencia sobre este asunto le corresponde a Luxemburgo o al Supremo.

Así lo ha señalado Nadal, que ha indicado que las sentencias «hay que aplicarlas cuando se emiten», si bien por ahora hay un «incidente de ejecución», y ha recordado que el Gobierno presentó un recurso sobre este asunto al entender que la aplicación de la normativa comunitaria sobre el bono social, utilizada por el alto tribunal para razonar su sentencia, le corresponde al Tribunal de Luxemburgo, al ser «competente para ello», en vez de al Supremo. Una vez que el Tribunal Constitucional haga cuestión prejudicial, Nadal ha indicado que se tendrá que estudiar la aplicación, pero si es una sentencia «evidentemente se tendrá que cumplir».

El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o las comercializadoras. Nadal ha apuntado que el hecho de que la sentencia apunte al sistema eléctrico es «una cuestión que hay que ver», ya que «las responsabilidades del Estado generalmente son presupuestarias, aunque nosotros habilitamos la posibilidad de que lo haga el sistema eléctrico», que, ha añadido, «no es un ente abstracto», sino «todos los consumidores». Esto «quiere decir que lo paguen consumidores, por eso queremos ver las consecuencias jurídicas de esto», ha añadido.

Nadal anunció también que la aprobación del nuevo bono social eléctrico «está a punto ya de aprobarse» y es «inminente», ya que solo queda el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que se prevé que no tarde «mucho», tras lo que se iniciará su tramitación definitiva. En este sentido, ha destacado que supondrá un «cambio importante» porque se hará en función del nivel de renta, para lo que ha sido «fundamental» la colaboración del Ministerio de Hacienda y principalmente de Empleo, ya que se aplicarán los mismos «esquemas y procedimientos» que para otro tipo de prestaciones, como la ayuda del Plan Prepara para desempleados.

Asimismo, ha explicado que se va a establecer un periodo transitorio de 6 meses, en el que todos los usuarios van a mantener su descuento,  «para que todo el mundo se adapte al nuevo sistema», aunque «será una realidad el bono social, ya muy en breve plazo, para aplicarse desde este invierno». Concretamente, ha detallado que la verificación de los niveles de rentas se llevará a cabo a través de un sistema informático similar al de otro tipo de prestaciones en las oficinas de empleo.

Preguntado por el sistema de fijación de precios de la electricidad, Nadal ha subrayado que depende de lo que cuesta producir la energía, en función de la meteorología y el precio del petróleo, y aparte están las decisiones políticas, que suponen unos 11.000 millones de euros del coste total de 33.000 millones de euros del sistema eléctrico. El titular de Energía criticó las decisiones políticas «del pasado» que encarecieron el coste y heredaron los distintos gobiernos, que «no se pueden eliminar de un día para otro», sino acometer reformas como la llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En este sentido, abogó por un mix energético «adecuado, que sea barato y cumpla con los objetivos medioambientales», lo que se está intentando conseguir con las subastas de renovables, que «entran en el mercado, no tienen prima y al mismo tiempo compiten, por lo que ayudan a mejorar el precio y el medio ambiente«. No obstante, para Nadal es necesario que el mix «piense en el consumidor y el precio y no solo el medioambiente», y principalmente que no se tomen decisiones de orden político que «están muy bien anunciarlas, pero van directamente al recibo».

El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social de la electricidad

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobará «en muy pocas semanas» el bono social eléctrico, que cuenta ya con informe del Consejo de Estado y la Comisión Europea y está pendiente únicamente del de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que estará dentro de «muy poquito«, según confirmó el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que recordó que el bono social salió adelante mediante un decreto ley hace meses, tras un desarrollo normativo posterior al diálogo con otras fuerzas políticas.

La iniciativa, cuya aprobación es competencia del Gobierno, precisa desarrollos normativos que, como explicó Nadal, en el ámbito energético son «muy largos», toda vez que requieren diferentes informes. En este caso, el bono social eléctrico dispone ya del informe del Consejo de Estado, de la Comisión Europea y está únicamente pendiente del que debe otorgar la CNMC, que estará «en muy poquito». Y cuando esté, según expuso el ministro, se iniciará la pertinente tramitación para su «inmediata» aprobación por el Consejo de Ministros. Así, aunque todo depende de la CNMC, Álvaro Nadal cree que el bono social eléctrico recibirá luz verde «en muy pocas semanas».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Iberdrola firma un convenio con la ONG Accem para proteger el suministro energético de los clientes en situación de vulnerabilidad

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Europa Press.- Iberdrola se compromete a no cortar el suministro de luz o gas por impago a los clientes en situación de vulnerabilidad detectados por Accem Madrid, tal y como se comprometió en este acuerdo entre las dos instituciones. El convenio también insta a asegurar el inmediato restablecimiento del suministro en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión.

La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola, residentes en la Comunidad de Madrid y puedan, previa valoración técnica del personal profesional de Accem, ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social. En el marco de este convenio, vigente por un año prorrogable, Iberdrola se compromete a no suspender el suministro energético a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica por parte de esta institución humanitaria.

Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a los beneficiarios de estas ayudas y a Accem el asesoramiento en materia de eficiencia energética, la información y la formación que precisen. Las dos instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del convenio para la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad, a la que aportarán dos miembros cada una. Iberdrola ha destacado que ya protege al 100% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura en el marco de los 52 convenios sellados con administraciones públicas, ONG y asociaciones o del procedimiento propio para la protección a clientes vulnerables.

Padecer pobreza energética en la Barcelona de Ada Colau servirá para no pagar la tasa de alcantarillado

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Europa Press.- El pleno de Barcelona ha aprobado de forma provisional por unanimidad modificar la tasa de alcantarillado para que las personas afectadas por pobreza energética queden exentas de pagarla, por la que unos 7.476 hogares, 18.690 personas, pagarán entre 10 y 15 euros menos al año.

También se ha modificado la tasa de estacionamiento regulado para aplicar un recargo de 2 euros la hora en las áreas verde y azul para no residentes durante episodios de contaminación, de los que se registran entre 2 y 3 cada año, medida de la que quedarán exentos los vehículos ecológicos y de 0 emisiones. La medida ha contado en el pleno con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, mientras que el grupo Demòcrata se ha abstenido y han votado en contra Cs y PP.

Por unanimidad, también prosperó adaptar las bonificaciones del impuesto de vehículos a las nuevas etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas modificaciones, junto a la de la tasa de alcantarillado, se han aprobado provisionalmente y pasarán ahora a un periodo de información pública de 30 días, tras lo que los cambios quedarán aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que se trata de medidas concretas y necesarias, aunque el Gobierno municipal aspira a alcanzar un acuerdo más amplio de cara a las Ordenanzas Fiscales para 2018 para avanzar hacia una fiscalidad más progresiva desde el punto social y ambiental.

Sònia Recasens (PDeCAT) ha criticado que se trata de medidas aisladas que demuestran el fracaso en política fiscal del Gobierno municipal, mientras que la líder municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, ha dicho que estas son políticas de propaganda y que la modificación de la tasa de alcantarillado «instrumentaliza la pobreza energética«. El portavoz Jordi Coronas (ERC) ha pedido que al Gobierno de Ada Colau que tenga una actitud abierta y dialogante para negociar las Ordenazas Fiscales para el próximo año.

La Fundación Gas Natural Fenosa y Cáritas se alían para «luchar contra la vulnerabilidad energética»

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Europa Press.- La Fundación Gas Natural Fenosa y Cáritas han firmado un acuerdo para asesorar a los colectivos afectados por la pobreza energética e impulsar la mejora de la eficiencia energética de los hogares más vulnerables. El acuerdo, que establece distintas líneas de acción relacionadas con hábitos de consumo y eficiencia, ha sido suscrito por el director general de comunicación y relaciones institucionales de Gas Natural Fenosa, Jordi García; el director general de la Fundación de la entidad, Martí Solà, y el presidente de Cáritas, Manuel Bretón.

Esta iniciativa también prevé realizar intervenciones en viviendas para reducir el consumo energético, así como mejorar la instalación eléctrica de los domicilios, el aislamiento de los edificios, la climatización y cerramientos de las viviendas. «En este acuerdo también será muy importante la participación de los empleados de Gas Natural Fenosa, a través del voluntariado corporativo que ha impulsado la compañía para ayudar a las familias vulnerables, y que se enmarca dentro del Plan de Vulnerabilidad Energética», ha señalado Jordi García.

Además, con este acuerdo, la Fundación Gas Natural Fenosa pone a disposición de Cáritas su escuela de energía y su teléfono gratuito 900444000 de atención a entidades del tercer sector, en el que se podrán realizar consultas sobre gestiones y trámites para la obtención del bono social, la certificación de vulnerabilidad o títulos equivalentes para colectivos vulnerables. El Plan de Vulnerabilidad Energética de la compañía es el primero desarrollado por una energética española y contempla más de 20 medidas, que tienen como objetivo reforzar y sistematizar la gestión de los clientes vulnerables y fortalecer la colaboración con las entidades del tercer sector y la comunicación con los servicios sociales. En total, supone una inversión de 4,5 millones de euros anuales.

El PP y el PSOE se comprometen a que las autonomías puedan aumentar la protección del bono social de electricidad

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Europa Press.- El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, María Campuzano, tras reunirse en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado diciembre.

Campuzano explicó que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser «más ambiciosas» en la protección de los consumidores vulnerables. De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero «no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética». También establece que se aplicaría de manera «supletoria» cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se comprometió a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una «mayor presión» sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social. Por su parte, el PP solo se ha comprometido de momento al punto referido a que las comunidades autónomas puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto «no responde a las situaciones de pobreza energética actuales», ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que «dejan a la mayoría de la población fuera». En esta línea, alertó de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que «no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%)». Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea «automático», así como incluir el principio de precaución.

Podemos pide librar a los hogares vulnerables de la refacturación de la tarifa regulada para corregir el margen de comercialización

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Europa Press.- Podemos En Comú criticó que el Gobierno haya autorizado a las compañías eléctricas la refacturación en un solo recibo de las tarifas que, a lo largo de tres años, se aplicaron erróneamente porque el Gobierno no calculó correctamente el coste de la comercialización de la energía eléctrica de la tarifa semirregulada (PVPC), y pide fraccionar el pago y que se exima a los hogares vulnerables.

La refacturación se sustenta en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se obliga al Gobierno a elaborar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización del PVPC. A partir de ello, el Gobierno aprobó un modelo de comunicación que las compañías deben remitir a los usuarios para informarles de los motivos del reajuste en el cobro en el que, lamenta Podemos, «les ha dado libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o en uno solo».

Por todo esto, la formación catalana, a través de su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, registró en la Cámara Baja una batería de preguntas para comprobar si el Gobierno conoce los efectos de cargar en una sola factura esta desviación en el cálculo de la factura y para saber las razones por las que el Ejecutivo no excluyó de esta decisión a los beneficiarios del bono social.

Para Vendrell, esta decisión «refleja una nula sensibilidad con aquellos consumidores que atraviesan una grave situación económica y que habitualmente ya tienen dificultades para hacer frente a los recibos». «Ni siquiera se han tenido en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les estaría aplicando íntegramente», lamenta el diputado catalán.