Entradas

Bruselas aprueba el control conjunto de la distribuidora gasista portuguesa GGND por parte de Galp, Marubeni y Toho Gas

EFE.- La Comisión Europea ha dado luz verde a la operación de control conjunto de la distribuidora portuguesa de gas GGND por parte de Galp Energia, también de Portugal, y las japonesas Marubeni y Toho Gas. Bruselas ha concluido que la adquisición cumple con las normas comunitarias de competencia puesto que la operación no conducirá a nuevas coincidencias en las actividades de las compañías. La transacción fue examinada mediante el procedimiento simplificado.

GGND (Galp Gás Natural Distribuição) gestiona operaciones de distribución de gas en diferentes regiones de Portugal y actualmente está controlada por Galp Energia. Marubeni es una sociedad comercial activa en varias industrias, incluido el sector energético, mientras que Toho Gas es una empresa dedicada al sumistro de gas y servicios relacionados en Japón sin presencia en el Espacio Económico Europeo.

Bruselas lanza tres nuevos premios para proyectos de energías renovables en edificios históricos y hospitales

EFE.- La Comisión Europea ha lanzado tres nuevos premios dotados con 3,25 millones de euros para proyectos o soluciones que integren la energía solar en edificios históricos, el uso de energías renovables en hospitales y productos que reutilicen el CO2 dentro de su programa de ayudas a la innovación Horizonte 2020.

El comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, argumenta que proteger el patrimonio cultural europeo y suministrar tecnología vanguardista para los hospitales no se contraponen al objetivo europeo de avanzar en la energía baja en carbono a precio asequible. «Estos premios ayudarán a movilizar el talento necesario para encontrar nuevas maneras de desplegar tecnologías existentes para lograr estos objetivos», ha asegurado, incidiendo en la importancia de reutilizar el CO2 para atajar el cambio climático, «uno de los grandes desafíos de la sociedad para Europa».

El PSOE defiende el carbón nacional y los mineros piden al futuro Gobierno que se acuerde del sector

EFE.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Teruel, Ignacio Urquizu, ha dicho hoy en Ariño que el PSOE «se compromete a poner soluciones sobre la mesa» para el futuro del carbón, como asegurar el mix energético, o la situación de las ayudas.

Urquizu ha hecho estas afirmaciones al termino del encierro de 24 horas llevado a cabo por los mineros en el Ayuntamiento de Ariño para pedir el cumplimiento del Plan del Carbón, acordado entre sindicatos y el Gobierno central.

Este plan recoge una de las propuestas de los socialistas, que es reservar una parte del mix energético para que el carbón que se extrae en Teruel pueda quemarse en las centrales térmicas del país y así las minas «tengan futuro».

Según un comunicado, Urquizu se ha comprometido a «negociar con Bruselas para que las ayudas que se han recibido no se tengan que devolver» en 2018, tal y como es obligatorio ahora, y «garantizar así el futuro de la minería».

Es necesario, a su juicio, apostar por la investigación y el desarrollo para conseguir «un carbón más limpio» y mejorar la situación laboral de muchos trabajadores del sector que están en subcontratas con peores condiciones. «Hay que cambiar el modelo laboral de este país que está permitiendo salarios de miseria y situaciones más indignas» ha sentenciado.

Los mineros de Teruel piden al próximo Gobierno que se acuerde del carbón

Los mineros de Teruel han terminado hoy un encierro en el Ayuntamiento de Ariño (Teruel) para reivindicar de nuevo el cumplimiento del Plan del Carbón y han pedido al futuro Gobierno «que tenga en cuenta el sector». Así lo han expresado en el manifiesto leído a la salida del encierro que han protagonizado representantes sindicales de las minas de Ariño y los miembros del comité de empresa de la central térmica de Andorra (Teruel).

Francisco Montull, responsable minería FICA-UGT, ha defendido que el Plan del Carbón estuvo negociándose «prácticamente un año» y aunque «no nos gustaba ni a unos ni a otros, al final se llegó a un acuerdo». Por este motivo, ha destacado, «no puede ser que una de las partes no lo respete». Uno de los puntos principales de este acuerdo es el que obliga a las centrales térmicas a que al menos el 7,5 por ciento del carbón que queman sea autóctono, algo que no se está cumpliendo.

El dirigente sindical ha rechazado las acusaciones de «electoralistas» que han hecho algunos partidos a los mineros que se están movilizando, y ha recordado que el sector también se movilizó en 2010, con el PSOE en el gobierno. «Lo que hemos hecho este tiempo es aguantar el tirón como hemos podido, pero ya no podemos más».

 

Bruselas autoriza el plan español que prevé 2.130 millones en ayudas para el cierre ordenado de 26 minas de carbón

Redacción / Agencias.- La Comisión Europa dio luz verde al plan del carbón español para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón «no competitivas» de aquí a 2018, al concluir que este apoyo no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo sobre las ayudas de Estado. Para el sindicato UGT, el Gobierno pactó «unilateralmente» con la Comisión Europea el «cierre total de la minería del carbón» en España.

Bruselas ha explicado en su decisión que el objetivo de la ayuda es facilitar el proceso de cierre, cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta su cierre, además de cubrir parte de las indemnizaciones por despido y prestaciones de la seguridad social a los trabajadores que pierdan su empleo.Una de las condiciones es que las minas incluidas en el programa sean desmanteladas «a finales de 2018 a más tardar», por lo que las autoridades españolas se han comprometido a «recuperar toda ayuda» asignada a minas que no hayan sido cerradas para entonces, según ha explicado la Comisión.

El programa de ayudas, que fue notificado por el Gobierno a Bruselas en abril, asegurará también fondos para la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas.El examen del Ejecutivo comunitario concluyó que el nuevo plan para el carbón español está en línea con las normas europeas, que permiten a los Estados «cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales» derivados del cierre de las minas de carbón no competitivas, «a fin de paliar el impacto social y medioambientalsin falsear indebidamente la competencia en el mercado único”.

La Unión Europea permite los subsidios al carbón en el único caso de que estos apoyos sirvan para contribuir al cierre de minas, con el objetivo de cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales causados por la clausurahasta que éste se produzca.Estas limitaciones están dirigidas a fomentar el uso de fuentes de energía renovables en la Unión Europea y avanzar hacia una economía sostenible y segura de baja emisión de carbono, al tiempo que se reduce el peso del carbón autóctono.

UGT carga contra el Gobierno

Por su parte, el sindicato UGT criticó que el Gobierno haya acudido ante las instancias europeas «con premeditación y alevosía» para «para presentar un plan de cierre de la totalidad de las minas españolas sin contar ni con empresarios ni sindicatos» y que incluye, según el sindicato, el compromiso de devolución de las ayudas previas para seguir produciendo más allá de 2018. Estos planes suponen «el fin de la minería del carbón» en España y «condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos, mientras se beneficia a otro tipo de energías». También consideran del Gobierno un «despropósito» decir que defienden al sector y, sin embargo, «apremiar su cierre».

El próximo 7 de junio se firmará el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, entre otras entidades con la Junta de Castilla y León y los gobiernos autonómicos de Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha. Para el sindicato UGT, esta novedad es «un atropello más de este gobierno, que se pone de rodillas ante las eléctricas y Bruselas, incumpliendo sin el menor rubor con todo lo pactado con empresarios y sindicatos». UGT tildó el acuerdo de «traición» al sector y pidió que al menos «tenga la suficiente vergüenza» como para convocar a la comisión de seguimiento del plan del carbón.

La Comisión Europea desmiente que haya decidido apostar por la energía nuclear ante una información del semanario alemán Der Spiegel

EFE.- La Comisión Europea desmintió un artículo del semanario alemán Der Spiegel que asegura que el Ejecutivo comunitario ha elaborado un plan estratégico según el cual quiere promover la construcción de centrales atómicas, así como el desarrollo de pequeños reactores. La portavoz comunitaria Lucia Caudet aclaró que el texto al que se refiere este medio es simplemente un «documento de discusión».

«No es de ninguna manera un documento final ni compromete la posición final de la Comisión Europea», sostuvo Caudet, quien recordó que la decisión de escoger o no lo nuclear como parte del mix energético es «una competencia puramente nacional». La portavoz explicó que el pasado viernes el departamento de Investigación e Innovación de la Comisión Europea envió a expertos nacionales este papel de discusión, en el que se apuntaban potenciales prioridades de investigación futura.

Según explicó, este documento parte de la comunicación de la Unión Energética que identificó la energía nuclear como una de esas potenciales áreas de investigación. El texto «será discutido abiertamente el 24 de mayo y llevará a la adopción de una declaración no vinculante» para guiar la política de investigación de los Estados miembros y de los institutos de investigación, añadió. El portavoz comunitario Margaritis Schinas recalcó que la existencia de este documento «no implica que la Comisión Europea haya decidido apostar por la nuclear».

Según Der Spiegel, el documento propone, entre otras cuestiones, estrechar la cooperación entre los 28 estados miembros para la investigación, el desarrollo, la financiación y la construcción de nuevos e innovadores reactores. También aboga por mejorar las condiciones marco para invertir en energía atómica con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Asimismo, la Comisión Europea buscaría acelerar la construcción de pequeños reactores, para que puedan entrar en funcionamiento como muy tarde para 2030.

Según varios expertos, esta iniciativa buscaría reducir la dependencia energética del gas ruso y avanzar en la reducción de las emisiones de CO2 que provoca la producción de otros tipos de energía, especialmente la térmica. El plan comunitario otorga especial relevancia a la seguridad y exige pruebas de resistencia de materiales para las centrales más antiguas. En la Unión Europea hay en la actualidad 131 centrales nucleares en 14 países, con una capacidad total de 121 gigavatios, y 14 miembros planean construir nuevas plantas atómicas.

La Comisión Europea advierte a varios países, entre ellos España, sobre los pagos por capacidad para asegurar el suministro eléctrico

EFE / Europa Press.- Bruselas lanzó una advertencia a los países europeos sobre los mecanismos que ponen en marcha para garantizar el suministro de electricidad, en los que detectó «importantes lagunas» y posibles mejoras, a la vez que pidió comentarios de los señalados para proseguir su investigación. «Los mecanismos de capacidad inútiles y mal concebidos pueden falsear la competencia, obstaculizar los flujos transfronterizos de electricidad y llevar a los consumidores a pagar su electricidad demasiado cara», señala la Comisión.

La institución refleja estas preocupaciones en un primer informe no concluyente, en el que recoge los hallazgos preliminares de la investigación que abrió hace un año para determinar si las ayudas públicas que los países conceden a estos sistemas destinados a evitar apagones, conocidos como «mecanismos de capacidad», cumplen con las normativas europeas de competencia. «La investigación de la Comisión muestra que los mecanismos de capacidad pueden reforzar la seguridad en el suministro de la electricidad», señala Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea cree que «muchos estados miembros deben probar un mayor rigor a la hora de afirmar que son necesarios y durante su diseño, de modo que estén mejor orientados y sean más rentables» ya que detectan “deficiencias significativas”.

Por ejemplo, en el caso de España y otros países como Alemania o Italia, la Comisión identificó unos mecanismos en el que el precio por el suministro eléctrico no es determinado a través de un proceso competitivo o por el propio mercado, sino que se establece por el propio Estado o es negociado bilateralmente con el proveedor eléctrico. «Esto crea un riesgo de que se pague de más, de modo que se estaría subvencionando al proveedor», avisa la Comisión, que señala que estos Estados podrían estar pagando a las compañías por encima de precio de mercado para garantizar el suministro.

Por otro lado, el estudio preliminar indica que muchos de los mecanismos de capacidad no permiten a los potenciales suministradores o tecnologías participar en el sistema, un hecho que Bruselas considera ineficiente y critica que puede limitar «innecesariamente» la competencia entre compañías eléctricas. Asimismo, la investigación critica que las plantas eléctricas de otros Estados miembros «muy excepcionalmente» pueden participar en los mecanismos de capacidad nacionales. En este sentido, asegura que sólo Bélgica, Alemania e Irlanda abren sus sistemas a «alguna forma» de  participación directa, pero que aún así existen restricciones.

Vestager: “múltiples posibilidades para mejorar”

«Hay que evitar que las empresas y los consumidores europeos sufran cortes de energía y los mecanismos de capacidad pueden reducir este riesgo. Al mismo tiempo, se debe asegurar que no se obligue a los consumidores a pagar su electricidad demasiado cara y que no se falsee la competencia», afirmó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Vestager afirmó que los países tienen «múltiples posibilidades para mejorar» la forma en que determinan si hace falta crear uno de estos mecanismos o no, así como su diseño, y avisó de que uno bien concebido debe ser «abierto» y tener en cuenta las «posibilidades de suministro transfronterizo de electricidad en la Unión Europea».

Durante este año de investigaciones, Bruselas ha analizado 28 mecanismos instalados en 11 países: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. Ahora, el Ejecutivo comunitario invita a los países, los actores en el sector eléctrico y a otras partes interesadas a que presenten hasta el 6 de julio sus propias observaciones sobre las primeras conclusiones de la propia Comisión. Una vez que las observaciones sean recogidas, la Comisión publicará un informe final sobre los resultados de la investigación en el máximo de un año, un trabajo que además alimentará los trabajos de las futuras normas sobre el mercado eléctrico que la institución espera presentar en el curso de este año.

El objetivo de la investigación es recabar información sobre estos mecanismos de capacidad para examinar, en particular, si garantizan un suministro seguro de electricidad sin distorsionar la competencia ni el comercio en el mercado único. Así, la Comisión reunió información sobre mecanismos de capacidad pasados, actuales y planeados para el futuro de estos 11 países. Posteriormente ha categorizado estos mecanismos de capacidad en seis principales tipos. El más común, según el Ejecutivo comunitario, es lo que denomina una reserva estratégica, a través de la cual el Estado miembro paga a un planta eléctrica concreta para estar operativa en caso de necesidad. La investigación apunta que existe una tendencia «positiva» hacia mecanismos más abiertos e inclusivos.

Bruselas no ve infracción de la normativa europea en las medidas del PP que retiraron las primas a las renovables

Redacción / Agencias.- La Comisión Europea considera que las medidas contenidas en la denominada reforma energética con la que el Gobierno modificó los apoyos a las energías renovables no supone una infracción de la normativa comunitaria, por lo que no ve motivos para emprender medidas contra España. «No hay motivos para que la Comisión tome medidas legales contra España por los cambios en su legislación que afectan al nivel de apoyo dado a los inversores de proyectos de energía renovables», indicó la Comisión.

Bruselas se posiciona así en respuesta a una queja presentada ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ante la Eurocámara, a cuenta de la situación del sector fotovoltaico y la legalidad de la reforma. En su respuesta, la Comisión asegura que ha estudiado «con cuidado» la petición de Anpier, pero explica que los planes de apoyo son un instrumento que pueden «elegir» utilizar los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de los objetivos renovables, por lo que les compete a ellos decidir sobre utilizarlos, su estructura y el nivel de ayuda, con discrecionalidad sobre ellos y, por tanto, con derecho a modificarlos.

España no vulnera las directivas

Ello implica, añade el documento, que las autoridades nacionales introduzcan cambios en sus sistemas de apoyo, por ejemplo, para evitar un exceso de compensación o para hacer frente a acontecimientos imprevistos como una expansión acelerada de determinada tecnología en un sector concreto. Por ello, en el caso de cambios en un plan de apoyo como el español «no hay infracción» de la directiva comunitaria. Bruselas añade, no obstante, que los inversores pueden recurrir a los tribunales nacionales si consideran que se perjudicaron sus intereses legítimos. La comisión de Peticiones de la Eurocámara debe decidir ahora si da por cerrado el caso o mantiene abierto el expediente para que se debata la cuestión en sesión parlamentaria.

El documento relata que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha diversos cambios normativos que han afectado a la retribución renovable, como el recorte de horas primadas para la fotovoltaica en 2010 o la puesta en marcha de un prerregistro. Los sucesivos recortes culminaron en 2013 con la sustitución del sistema de primas a la producción por la garantía de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Anpier solicitó el pasado año al Parlamento que exigiera al Gobierno español revertir el veto a las renovables y legislar para que los Estados no puedan tomar decisiones con carácter retroactivo que dejen «desamparados» a sus ciudadanos.

Bruselas expedienta a España por no aplicar la directiva europea para impulsar la eficiencia energética

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea ha expedientado a España y a otros diez Estados miembros de la Unión Europea por no aplicar la normativa comunitaria sobre eficiencia energética, un ultimátum para obligarles a tomar medidas específicas para favorecer el ahorro energético en los sectores de la vivienda, la industria y los transportes. La decisión tiene forma de un dictamen motivado en el que se solicita formalmente a las autoridades nacionales que trasladen esta normativa a su legislación.

El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para transponer correctamente la directiva comunitaria sobre ahorro de energía e incorporarla plenamente a la legislación nacional o Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir que se impongan sanciones financieras. La directiva establece que los Estados miembros deben introducir sistemas de eficiencia energética u otras medidas equivalentes para favorecer el ahorro de energía entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.

Además de a España, el Ejecutivo comunitario expedienta por la misma razón a otros diez Estados miembros para pedirles la transposición de esta normativa: Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Portugal. En concreto, solicita a estos países que empleen sistemas de obligaciones de eficiencia energética y otras medidas para cumplir con la ley europea, que debía incorporarse al derecho nacional antes de julio de 2014, según explicó el Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea da luz verde a nuevas operaciones de Repsol, BP y Engie

EFE.- Bruselas dio luz verde a la alianza de Repsol Química con la mexicana Kuo para operar con Industrias Negromex al tiempo que validó la adquisición por parte de la multinacional estadounidense World Fuel Services Corporation (WFS) de la sección de combustible para aviones de la británica BP. También aprobó la toma de control conjunto de la empresa mexicana TAG Pipelines Sur por parte de Engie, antigua GDF Suez, y las estadounidenses Blackrock y First Reserve Management.

La Comisión Europea autorizó la adquisición de General Química e Industrias Negromex por Repsol y el grupo Kuo al no representar distorsiones para la libre competencia. Bruselas, que examinó la operación por el procedimiento de fusiones simplificado, concluyó que la adquisición no traerá un quebranto a la libre competencia pues ambas partes tienen «posiciones moderadas» en el mercado y deberán hacer frente a importantes competidores.

Tanto Repsol Química como Grupo Kuo se dedican a la industria petroquímica, mientras que Industrias Negromex dedican su actividad a las emulsiones de goma sintética y sus componentes. La Comisión destacó que la operación provocará una relación vertical entre los productos químicos de Repsol y las gomas sintéticas producidas por Negromex. El Grupo Kuo es un conglomerado industrial mexicano con ventas anuales por cerca de 1.800 millones de dólares, exportaciones a alrededor de 70 países.

Por otro lado, la Comisión Europea validó la adquisición por parte de WFS de la sección de combustible para aviones de BP. WFS provee combustible para aviación y para transporte marítimo y terrestre a nivel mundial mientras que la sección de BP suministra este carburante en aeropuertos daneses y suecos. BP se comprometió a desprenderse de su sección de combustible para aviones con el fin de obtener la autorización para su fusión con Statoil Fuel y Retail Aviation en 2014.

Asimismo, Bruselas dio luz verde a la venta de la empresa mexicana TAG Pipelines Sur a Engie y las estadounidenses Blackrock y First Reserve Management al concluir que la adquisición no plantea problemas de competencia, dado que TAG Pipelines Sur es una empresa mexicana que se dedica a la construcción y operación del gasoducto Los Ramones II Sur en México y no desarrolla sus actividades en el área económica europea.

La francesa Engie opera en toda la cadena energética, en el campo de la electricidad y del gas natural. En cuanto a las estadounidenses, Blackrock se centra principalmente en la gestión de activos públicos y de activos en nombre de sus clientes, además de proporcionar servicios de asesoramiento y gestión de riesgos. First Reserve está especializada en la industria de la energía, incluyendo servicios para la industria petrolera e infraestructuras.

Bruselas pide a Francia que recupere 1.370 millones de euros en ayudas de Estado ilegales a EDF

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea instó a las autoridades francesas a recuperar 1.370 millones de euros en ayudas de Estado ilegales concedidas a la compañía energética EDF, al concluir que el Estado no recaudó todo lo que debía haber pagado la empresa por el impuesto de sociedades en 1997. Bruselas considera que esta exoneración fiscal supuso una «ventaja económica indebida» a EDF con respecto a sus competidores en el mercado energético y supuso una distorsión de la competencia, y reclama ahora que «restituya la ayuda».

Esta decisión corresponde a una investigación abierta en 2013 por el Ejecutivo comunitario. «Sea pública o privada, grande o pequeña, cada empresa activa en el mercado único debe pagar su justa parte del impuesto de sociedades», advirtió la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien recalcó que la francesa EDF se benefició de una exención «no justificada» ya que en ese momento los beneficios que podrían esperarse de tal inversión fueron muy bajos. Según indicó, se trató de una ayuda estatal que «reforzó la posición de EDF en detrimento de sus competidores, sin perseguir ningún objetivo en favor del interés común».

Entre 1987 y 1996, considerando que la red de alimentación general de alta tensión en Francia se le había confiado en concesión, EDF creó provisiones contables para su renovación. En 1997, durante una reestructuración del balance de EDF, las autoridades francesas recalificaron en dotación de capital una parte de estas provisiones, sin someterlas al impuesto de sociedades. Tras un examen en profundidad, Bruselas concluyó que el impago del impuesto de sociedades sobre estas provisiones había conferido una ventaja selectiva a EDF y era incompatible con el mercado interior. La Comisión reclamó a EDF devolver la subvención, evaluada en 888 millones de euros, pero la decisión quedó invalidada y obligó a Bruselas a reabrir la investigación.

Finalmente, la Comisión Europea considera que tal ayuda es incompatible con el mercado único y que supuso una infracción de las normas comunitarias. Por ello, la empresa eléctrica debe abonar al Estado francés 1.370 millones de euros, de los que 889 millones se corresponden a la exención fiscal concedida en 1997 y, 488 millones, a los intereses. EDF es el principal suministrador de electricidad en Francia y opera también en otros países europeos. El Estado francés, con un 85% del capital, es su accionista mayoritario.