Bruselas no ve infracción de la normativa europea en las medidas del PP que retiraron las primas a las renovables

Redacción / Agencias.- La Comisión Europea considera que las medidas contenidas en la denominada reforma energética con la que el Gobierno modificó los apoyos a las energías renovables no supone una infracción de la normativa comunitaria, por lo que no ve motivos para emprender medidas contra España. «No hay motivos para que la Comisión tome medidas legales contra España por los cambios en su legislación que afectan al nivel de apoyo dado a los inversores de proyectos de energía renovables», indicó la Comisión.

Bruselas se posiciona así en respuesta a una queja presentada ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ante la Eurocámara, a cuenta de la situación del sector fotovoltaico y la legalidad de la reforma. En su respuesta, la Comisión asegura que ha estudiado «con cuidado» la petición de Anpier, pero explica que los planes de apoyo son un instrumento que pueden «elegir» utilizar los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de los objetivos renovables, por lo que les compete a ellos decidir sobre utilizarlos, su estructura y el nivel de ayuda, con discrecionalidad sobre ellos y, por tanto, con derecho a modificarlos.

España no vulnera las directivas

Ello implica, añade el documento, que las autoridades nacionales introduzcan cambios en sus sistemas de apoyo, por ejemplo, para evitar un exceso de compensación o para hacer frente a acontecimientos imprevistos como una expansión acelerada de determinada tecnología en un sector concreto. Por ello, en el caso de cambios en un plan de apoyo como el español «no hay infracción» de la directiva comunitaria. Bruselas añade, no obstante, que los inversores pueden recurrir a los tribunales nacionales si consideran que se perjudicaron sus intereses legítimos. La comisión de Peticiones de la Eurocámara debe decidir ahora si da por cerrado el caso o mantiene abierto el expediente para que se debata la cuestión en sesión parlamentaria.

El documento relata que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha diversos cambios normativos que han afectado a la retribución renovable, como el recorte de horas primadas para la fotovoltaica en 2010 o la puesta en marcha de un prerregistro. Los sucesivos recortes culminaron en 2013 con la sustitución del sistema de primas a la producción por la garantía de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Anpier solicitó el pasado año al Parlamento que exigiera al Gobierno español revertir el veto a las renovables y legislar para que los Estados no puedan tomar decisiones con carácter retroactivo que dejen «desamparados» a sus ciudadanos.