El objetivo de esta directiva, que entrará en vigor en 2017, es iniciar la transición desde los biocarburantes tradicionales (producidos a partir de azúcar, almidón o aceites vegetales) a los de segunda generación (que se fabrican con residuos o algas), que permiten una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

De hecho, la directiva obliga a los Estados miembros a fijar, como muy tarde 18 meses después de su entrada en vigor, un objetivo nacional de uso de biocarburantes de segunda generación en el sector del transporte.

Con esta norma, la UE responde además a las críticas a su política de renovables por contribuir a la subida de los precios de los alimentos y a la deforestación. Bruselas admite que la producción de biocombustibles en terreno agrícola provoca una «reacción en cadena», ya que como siempre hay demanda de alimentos, algunos agricultores buscan nuevas tierras, lo que puede conducir a la deforestación y a un aumento de emisiones de CO2, que contrarresta los efectos positivos de los biocombustibles.

«Estos combustibles hacen más daño que bien al clima y las personas. La Unión Europea por fin empieza a frenar los agrocombustibles y reconoce frente al resto del mundo que no son una solución al cambio climático», ha dicho el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, en un comunicado.

«Esta decisión pone fin a una década de debates sobre el impacto de los agrocombustibles, que han ocasionado hambre, aumento en el precio de los alimentos y acaparamiento de tierras», ha señalado González, que ha lanzado un llamamiento a los países de la UE para que pongan fin por completo a la producción de biocombustibles a partir de cultivos alimentarios.

La Eurocámara aprueba normas que exigen a armadores controlar emisiones de C02 de sus barcos

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes la nueva normativa que introduce un sistema europeo para vigilar, notificar y verificar las emisiones de CO2 de los barcos de más de 5.000 toneladas y que es visto como un primer paso para que el sector contribuya a reducirlas.

Las normas, que se comenzarán a aplicar desde 2018, exigirán a los propietarios de barcos que utilizan los puertos de la UE a vigilar y notificar cada año las emisiones de C02 en el marco de viajes desde, hacia y entre puertos europeos, con independencia del país en el que están registrados.

La eficiencia de los barcos, que se medirá en relación la carga transportada, deberá ser notificada en todas las categorías de barcos, según la nueva normativa, que introduce además reglas específicas para cada una de ellas.

A los armadores cuyos barcos cumplan las normas sobre la notificación de emisiones recibirán un documento que así lo acredita tras una verificación independiente.

El barco deberá llevar dicho documento a bordo y éste podrá ser objeto de inspecciones por los Estados miembro, que deberán establecer penas para infracciones.

Los barcos de pesca o procesamiento, los buques militares o auxiliares, así como los barcos gubernamentales empleados por motivos no comerciales estarán exentos de las normas, al igual que los buques de madera primitivos y los buques carentes de propulsión mecánica.

«Lo que estamos viendo hoy es un primer paso para reducir las emisiones. La legislación es aplicable a todos los barcos que utilizan los puertos europeos y será una oportunidad para influir en las negociaciones en el seno de la Organización Marítima Internacional. Necesitamos garantizar que se mantiene la cooperación con nuestros socios internacionales y que estos pasos dan paso a un acuerdo internacional ambicioso», ha defendido el responsable de la normativa en la Eurocámara, el eurodiputado portugués liberal, José Inácio Faria.

«Si no se hace nada, las emisiones de los barcos aumentarán un 50 por ciento en 2030», ha avisado el eurodiputado, que ha recordado que el sector del transporte marítimo, que representa el 4 por ciento de las emisiones de CO2 en la actualidad, es el único no sometido en la actualidad a normas para reducirlas.

Las nuevas normas ya han sido acordadas de manera informal con los Gobiernos europeos, que prevén dar el visto bueno formal a las normas en su próxima reunión.