Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.