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El Gobierno aprueba la tramitación urgente del Estatuto del Consumidor Electrointensivo

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Europa Press.- El Gobierno autorizó la tramitación urgente para la aprobación del Decreto por el que se regula el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se articula como un elemento jurídico que reconozca las particularidades de aquellos consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un alto consumo en horas de baja demanda y una curva de consumo «estable y predecible».

Este documento determinará la caracterización de dichos consumidores según distintas variables objetivas vinculadas a las pautas y al volumen de potencia y energía demandadas, así como a su contribución potencial a una mejor gestión técnica y económica del sistema eléctrico. Además, el Estatuto desarrollará los mecanismos de aplicación a corto plazo y marcará la senda de otros instrumentos a largo plazo, a los que se podrán acoger estos consumidores para mitigar los efectos de los costes energéticos sobre su competitividad-

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

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Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

Redexis invirtió 138,4 millones de euros en 2018 y prevé elevar esta cifra hasta 174,5 millones en 2019

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Europa Press.- Redexis invirtió en 2018 un total de 138,4 millones de euros, un 7% más que en el 2017, en infraestructuras gasistas en España, según apuntó la compañía. La empresa dedicada al transporte y distribución de gas natural señaló que, de esta manera, mantiene su plan de expansión, con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010.

Además, Redexis prevé invertir 174,5 millones de euros durante este año para continuar con sus planes de expansión de redes de distribución y transporte de gas, así como para nuevos proyectos de hidrógeno, gas renovable o gas vehicular. En concreto, la compañía destinará de este importe un total de 148,3 millones de euros a infraestructuras gasistas y unos 26,2 millones de euros a nuevos proyectos de hidrógeno o gas renovable o gas vehicular. Redexis indicó que apuesta por el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno y el gas renovable, «sin duda un vector energético clave en un contexto de cero emisiones y la evolución natural hacia una economía descarbonizada«.

El grupo cerró 2018 con 680.512 puntos de suministro en toda España, con un crecimiento del 5%. La compañía sumó así 45.369 nuevos clientes que se conectaron a las redes gasistas, un 14% más que en 2017. Durante 2018, la actividad desarrollada por Redexis supuso un volumen total de 34.065 gigavatios hora (GWh), un 5,5% más que en el año anterior. En cuanto al sector industrial, la demanda industrial y comercial en sus redes aumentó un 18% respecto a 2017, llegando hasta los 8.296 GWh.

Por otra parte, la compañía desarrolló 508 nuevos kilómetros de redes, alcanzando un total de 10.498 kilómetros de infraestructuras propias en toda España, un 5,1% más, con las que facilita el acceso al gas canalizado a 500 municipios españoles. Redexis tiene licencia para operar en 607 municipios en 11 comunidades autónomas. En su actividad de distribución, la compañía impulsó el desarrollo de sus infraestructuras y expandió sus redes de gas natural en 20 nuevos municipios.

Además, comenzó a suministrar gas licuado del petróleo (GLP) en la localidad de Aguaviva (Teruel), al que hay que sumar 13 municipios adicionales donde Redexis comenzó a operar puntos de GLP adquiridos a Cepsa en 2017 en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Asimismo, durante el 2018 cerró un acuerdo con Nedgia para la adquisición de 2.875 puntos de GLP en las provincias de Girona, Alicante, Valencia, León, Salamanca y Teruel, comenzando su actividad en la provincia de Valencia. Además, en este año también cerró un acuerdo con Cepsa por el cual adquirió 539 puntos adicionales en Daroca (Aragón) y en Cistierna (Castilla y León).

Fortia Energía, comercializadora para los grandes consumidores industriales de electricidad, firma un PPA a largo plazo con la noruega Statkraft

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Europa Press.- Fortia Energía ha firmado con la noruega Statkraft el primer acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para grandes consumidores industriales en España y Portugal, según indicó la plataforma de compra de energía de los grandes consumidores industriales.

En concreto, durante 10 años, Statkraft suministrará 3.000 gigavatios hora (GWh) de electricidad a Fortia, que gestiona el suministro de energía de grandes empresas industriales en los sectores del acero, cemento, metalurgia, química, papel y gases industriales en el mercado ibérico que representan casi el 4% de la demanda del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel). Esta energía se obtendrá de la cartera de Statkraft en España, que consiste principalmente en nuevos proyectos de energía eólica y solar actualmente en construcción. Fortia opera desde hace más de diez años en los mercados mayoristas y es, con unas ventas anuales medias de 11 teravatios hora (TWh), la mayor comercializadora independiente del Mibel.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de la comercializadora para proporcionar a la industria un acceso competitivo y diversificado a los mercados energéticos a través de nuevos modelos contractuales de la Transición Energética, como los PPA. Por su parte, Statkraft ha cerrado varios acuerdos de compra de energía (PPA) tanto para proyectos merchant como para proyectos adjudicatarios en las pasadas subastas de renovables en España. Con una cartera de alrededor de 16.000 MW, Statkraft, propiedad del Gobierno noruego, es uno de los mayores gestores de activos renovables en Europa.

El director general de Fortia, Juan Temboury, destacó que con este acuerdo la plataforma contribuye a fomentar el desarrollo de proyectos de energía renovable, «a la vez que asegura a la industria electro-intensiva un aprovisionamiento a largo plazo a precios competitivos y predecibles». Mientras, el vicepresidente ejecutivo de Mercados y TI de Statkraft, Hallvard Granheim, señaló que este contrato reafirma la posición de liderazgo del grupo en el mercado europeo de PPA y «el compromiso de proveer energía renovable a las principales empresas industriales europeas».

La demanda nacional de gas natural registra su máximo diario desde diciembre de 2017

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Europa Press.- La demanda de gas natural en España alcanzó el 16 de enero los 1.540 gigavatios hora (GWh), lo que representa la cifra más alta desde el 5 diciembre de 2017, según datos de Enagás. El gestor del sistema gasista indicó que este récord se debe al incremento del consumo doméstico-comercial, a las mayores entregas de gas natural para generación eléctrica y a los altos valores que está registrando la demanda industrial.

En concreto, la demanda convencional, destinada a los consumos de hogares, comercios e industrias, alcanzó los 1.142 GWh, impulsada, principalmente, por el aumento de la demanda doméstico-comercial como consecuencia de las bajas temperaturas registradas. Asimismo, la demanda de gas natural para el sector eléctrico ascendió a 398 GWh, como resultado de una baja generación eólica e hidráulica, «lo que refuerza el papel del gas natural como energía de respaldo a las renovables en el proceso de transición energética«, indicó Enagás.

Además, la positiva evolución de la demanda de gas natural en el consumo industrial, que representa cerca del 60% del total de la demanda, también ha contribuido a este récord. La demanda industrial ha aumentado un 15% desde 2014. En lo que va de año, la demanda de gas natural en España ha aumentado un 13% con respecto al mismo periodo de 2018 y alcanzó los 40.223 GWh, debido a crecimientos en la demanda convencional y en las entregas de gas natural para generación eléctrica.

Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

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Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

La demanda de gas natural permaneció estable en 2018 gracias al consumo doméstico tras caer el utilizado para generar electricidad

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Redacción / Europa Press.– La demanda total de gas natural en España en 2018 se situó en 349.290 GWh, unos valores similares a los registrados en 2017, cuando el consumo creció un 9%. Las regiones en las que más creció la demanda en 2018 fueron: Baleares, con un incremento del 29%, Madrid, con un crecimiento del 15% y Cantabria con un crecimiento del 13%.

En este sentido, la demanda convencional de gas natural en España, la destinada a los consumos doméstico-comercial, industrial, servicios y cogeneración, ha alcanzado en 2018 los 287.316 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 4,4% con respecto al 2017 debido, principalmente, al incremento de la buena marcha del consumo industrial y de la positiva evolución de la demanda doméstico-comercial, según apuntó Enagás. En concreto, la demanda de gas natural en la industria finalizó 2018 con un aumento del 4% frente al año anterior, «lo que pone de manifiesto la positiva evolución de la economía», indicó el gestor gasista. Actualmente, la industria representa el 60% del total de la demanda nacional de gas natural.

Mientras, la demanda doméstico-comercial, destinada a los consumos de hogares, comercios y pymes, cierra 2018 con un crecimiento de más del 7%. La evolución del consumo doméstico-comercial ha sido positiva a lo largo de todo el año, registrando hasta en ocho ocasiones el valor más alto de la última década para un mes específico. Por su parte, la demanda de gas natural para generación de electricidad alcanza a final de año los 61.937 GWh. Este año se ha registrado una mayor generación hidráulica en comparación con 2017, que fue especialmente seco. De esta manera, el gas natural empleado en los ciclos combinados cayó un 18,3%.

El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha disparado el precio de la luz un 9% en 2018

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Europa Press.- El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, con su impacto en el mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, ha disparado el precio de la luz un 9% en 2018. Según los analistas del Grupo ASE, sin el impacto del CO2, el precio de la luz, en lugar de rondar los 57 euros por megavatio hora (MWh) de media en el año sería de unos 52 euros por MWh, unos 5 euros por MWh más barato.

El gas marca el pool

Así, el Grupo ASE señala que el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción de electricidad vía carbón y gas, lo que tiene un efecto directo sobre el precio de la luz porque el precio del pool, que cuenta con un sistema de fijación de precios marginalista, está indexado a las ofertas de casación del gas. En la actualidad, sólo cuando la energía eólica logra un volumen importante, como ocurrió en noviembre, es capaz de neutralizar este efecto.

De esta manera, Grupo ASE estima que, por este sobrecoste extra de la electricidad debido al efecto del encarecimiento del CO2, una empresa mediana, como podría ser una fábrica de cartón, que consumiera 5 gigavatios (GW) de electricidad al año, habrá abonado este años 25.000 euros brutos más, solo por el encarecimiento del pool directamente asociado al coste del CO2.

Eximir a las grandes industrias de pagar la interrumpibilidad costaría 39 millones al resto de consumidores en la factura eléctrica

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Europa Press.- La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo Estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria en España. Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad. El Gobierno reconoce que, a la espera de su desarrollo, puede cuantificar un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 GW a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad, tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros. Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Por otro lado, el Gobierno también detalla el coste que tendrá para 2019 y 2020 la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración, y que supondría un total de 66 millones de euros para los dos años de vigencia de esta medida: 14 millones el próximo año y 52 millones para 2020. Tomando una media de retribución a la operación de 55 euros por megavatio/hora y una media de funcionamiento de estas instalaciones, el impacto de la medida se traduce en un incremento de la retribución de estas instalaciones de 26 millones de euros en 2019 y de 65 millones en 2020, con cargo al sistema eléctrico.