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Los sindicatos aseguran que Industria aprobará el próximo 26 de abril el Estatuto de la Industria Electrointensiva

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Europa Press.- Los comités de empresa de Alcoa A Coruña y Avilés han asegurado que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo les han «garantizado» que el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que permitiría rebajar la factura eléctrica de las plantas y darle estabilidad para hacerlas viables de cara a conseguir futuros inversores, «estará aprobado antes de las elecciones» del 28 de abril, y apuntan que su aprobación se dará en el Consejo de Ministros del 26 de abril.

Este 15 de abril acabará el límite para recibir ofertas no vinculantes de inversores. El presidente de Alcoa, Rubén Bartolomé, apuntó que a pesar de que hay un borrador para el estatuto de las electrointensivas, aun «hay muchas incertidumbres» como «la compensación del CO2, o si se dispondrá o no de presupuesto». Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo les ha trasladado que «hay gente interesada en la compra de la compañía» pero ha añadido que se está «muy lejos de dar los pasos necesarios hasta junio para encontrar algo sólido».

De igual opinión era el consejero de Economía de Galicia, Francisco Conde, quien, a las puertas del Ministerio de Industria, ha afirmado salir «muy decepcionado» tras las expectativas creadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aseguró que había solución para Alcoa. «En estos momentos Alcoa sigue con la incertidumbre sobre su viabilidad», ha apuntado Conde, para recalcar a continuación que ese estatuto apunta a que «lamentablemente no va a recoger una solución integral y no parece que tampoco vaya a recoger todas las propuestas que desde Galicia» trasladaron.

Según añade, hay incertidumbre sobre si el Estatuto marcará un precio competitivo para que los inversores puedan hacer ofertas viables, por lo que ha apelado al Gobierno a que «salga de la inercia en la que está instalado y de pasos firmes para poder concretar una solución y poder trasladar certidumbres sobre ese precio eléctrico que puede permitir la viabilidad de las plantas de La Coruña y Avilés«. «Alcoa en estos momentos no tiene solución viable y estamos muy lejos de poder identificar si realmente el estatuto de los consumidores electrointensivos puede dar una respuesta cierta y un marco competitivo para los inversores», ha insistido.

El Gobierno de Asturias, “optimista”

Por su parte, el director general de Industria del Principado de Asturias, Manuel Monterrey, ha salido de la reunión de más de dos horas «optimista». No obstante, ha reconocido que los tiempos son «muy ajustados» debido al periodo electoral. Sobre las líneas maestras tratadas en la reunión, Monterrey ha avanzado que el estatuto va en línea con la decisión de la Comisión Europea de que los costes indirectos de emisión de CO2 «podrán llevarse a contribuir a la disminución de la tarifa». «Conocemos que hay 200 millones de euros que se han aprobado y se pretende ir a ese máximo para que contribuyan a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas», ha afirmado.

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez, ha indicado que el Estatuto «tendrá una parte que rebaje la factura», que contemplará también una parte que estipule cómo van a ser las ayudas a emisiones indirectas de CO2 y otra de «fomento de los contratos bilaterales«. No obstante, ha indicado que, actualmente, «lo único que hay es un despido el día 30 de junio». «Vamos justos, va todo muy encorsetado, tenemos que luchar para que salga adelante, las elecciones no nos hacen ningún favor», ha reseñado.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, comentó que durante la reunión les han explicado que han llamado empresas para interesarse por Alcoa. «Sabemos que el escenario se complica con el proceso electoral, pero tenemos que presionar al Gobierno y a los agentes que tienen capacidad para dar solución, tenemos posibilidades de salir victoriosos», añadido.

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, se denomina sector electrointensivo al conformado por aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial. Generalmente estas actividades pertenecen a la industria básica, que es aquella dedicada a la transformación de las materias primas, y por tanto, requiere una mayor cantidad de mano de obra y de energías que otros sectores industriales. En este contexto se engloban los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico, y gases industriales. En estas industrias el coste energético puede llegar a suponer un 50% de los costes de producción.

Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa «por responsabilidad» pese a saber que iba a cerrar varias plantas en España

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Europa Press.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha justificado en el Congreso que el Gobierno concedió «por responsabilidad» ayudas a la empresa Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor.

Así, durante su comparecencia ante la comisión de Industria, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos. La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas «para garantizar la búsqueda de inversor» y así no poner ningún «impedimento» para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto destaca que el Gobierno puso «a disposición» otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante 3 años.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Maroto celebró que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará «de forma conjunta» el plan de inversión de «los distintos agentes que han manifestado interés». En este sentido, subrayó que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. «No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones», señaló.

“No nos vale cualquier inversión”

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas «venga para quedarse» ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en «pan para hoy, hambre para mañana». Maroto destacó el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis, subrayando que con Alcoa «el acompañamiento ha sido total, diario» y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta junio.

«Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido», ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como «muy distante» a la hora de buscar alternativas a las plantas, una búsqueda en la que, ha asegurado, «era impensable» que participara al inicio de la crisis, ha celebrado que ahora exista «un compromiso escrito» para ser «actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando«.

La ministra ha recordado que la empresa ya planteó hace 5 años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los «problemas estructurales» de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. «No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente», ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo. Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

Industria sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y asegura que hay inversores interesados en las plantas de Alcoa

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Europa Press.- El Gobierno sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, según apuntó la ministra de Industria, Reyes Maroto, y sobre la situación de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, la ministra ha manifestado que, por ahora, «se ha jugado el partido de ida», en referencia al acuerdo con la empresa para buscar un inversor antes del 1 de julio, y que ahora toca «jugar el de vuelta».

En este contexto, se están analizando posibles ofertas que garanticen la continuidad de las fábricas. Sobre éstas, la ministra ha manifestado que hay «distintos perfiles». «Inversores españoles y fondos de inversión», ha precisado sin querer concretar más al respecto por estar en estos momentos evaluándose las ofertas. Maroto ha destacado, no obstante, la «respuesta» por parte de la multinacional norteamericana para «acompañar en la búsqueda de una solución». Sobre el futuro, se ha mostrado confiada en «tener pronto» un inversor «que dé garantías de continuidad».

Trabajando para la industria electrointensiva

«El Gobierno está tomando medidas», afirmó sobre el estatuto para los consumidores electrointensivos. Además, ha puesto en valor «la alta calidad» del aluminio que se produce en ambas plantas. Preguntada si el Ejecutivo se plantearía una venta en conjunto de las dos fábricas o por separado, ha asegurado que es «pronto para decirlo». «El compromiso es hacerlo con las mejores garantías» y con un inversor que aporte «certeza y calidad a medio y largo plazo».

Por su parte, Miguel Conde, miembro del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, ha vuelto a pedir al Gobierno «compromiso para buscar una solución». También ha confirmado que se paraliza la actividad en 50 cubas electrolíticas en la fábrica. «El corazón de la planta», ha subrayado. Con todo, ha dicho que la plantilla lo hará «en las mejores condiciones para poder volver a arrancarlas» si surge un inversor.

Por otro lado, respecto a Isowat Made en A Coruña, que también busca un inversor para evitar el cierre y dar una salida a casi un centenar de trabajadores, la ministra de Industria ha explicado que el Ejecutivo mantiene «contactos» con la plantilla a través de la Delegación del Gobierno. En este sentido, se buscan «nuevas ofertas». «Nuestro compromiso es acompañar en la resolución de esta crisis», señaló, apelando a que es una planta «rentable».

Alcoa prevé ganar hasta 70 millones más al año por la reestructuración de sus plantas en Avilés y La Coruña

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Europa Press.- Alcoa prevé que las medidas de reestructuración planteadas en sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña permitirán a la multinacional incrementar su beneficio neto en una horquilla de entre 70 y 80 millones de dólares anuales (61,4 y 70,2 millones de euros) a partir del tercer trimestre del ejercicio 2019, según indicó la compañía estadounidense, que alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre el futuro de las dos plantas.

El acuerdo ofrece soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de los 623 trabajadores indefinidos de las plantas de Avilés y La Coruña, así como mantener la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de La Coruña. Alcoa espera incurrir en costes extraordinarios por reestructuración de entre 90 y 115 millones de dólares (79 y 101 millones de euros) que serán completamente contabilizados en el 2019. Además, según el resultado final, la compañía estima que podría tener que asumir cargas adicionales por el cese de actividad de las dos fundiciones a finales de 2019 que oscilarían entre los 125 y los 135 millones de dólares (109 y 118 millones de euros).

«Finalmente llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en nuestras plantas de aluminio de Avilés y La Coruña relacionadas con el proceso de despido colectivo que anunciamos en octubre», confirmó el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, que calificó este acuerdo como «un paso muy positivo», señalando que a compañía seguirá operando las plantas durante 6 meses, hasta finales de junio, en una posición donde puedan reiniciarse y se verá «si hay alguien que quiera ingresar a esas posiciones operativas«. Alcoa asumirán también el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio.

Alcoa obtuvo un beneficio neto atribuido de 227 millones de dólares (199 millones de euros) en el conjunto del ejercicio 2018, cifra que representa un incremento del 4,6% en relación al resultado del año anterior. Las ventas de Alcoa entre enero y diciembre sumaron un total de 13.403 millones de dólares (11.762 millones de euros), una mejora interanual del 15%.

En el cuarto trimestre, la compañía estadounidense logró un beneficio neto atribuido de 43 millones de dólares (38 millones de euros), frente a las pérdidas de 196 millones de dólares (172 millones de euros) registradas en el 2017. Entre octubre y diciembre, la facturación de Alcoa alcanzó los 3.344 millones de dólares (2.935 millones de euros), cifra que representa un incremento del 5,3% respecto del cuarto trimestre de 2017. «Nuestro resultado de 2018 refleja cómo hemos fortalecido a Alcoa», declaró Roy Harvey, destacando el cumplimiento en la ejecución de las prioridades estratégicas establecidas por la empresa con el fin de reducir su complejidad y aumentar la rentabilidad, fortaleciendo el balance.

Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

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Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

‘Un futuro sin carbón’ se manifiesta en 20 ciudades por el fin de este combustible antes de 2025

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Europa Press.- Después de que varios activistas de Greenpeace escalaran la torre de refrigeración de la central térmica de Meirama (La Coruña) como parte de una iniciativa de protesta para pedir el fin de la quema de carbón, la plataforma Un futuro sin carbón convocó concentraciones en una veintena de ciudades de España para exigir el fin de este combustible fósil antes de 2025.

Un futuro sin carbón, formada por varios grupos ecologistas y diferentes organizaciones, celebraron una veintena de acciones ciudadanas en el marco de la campaña #ApagaElCarbón, que se celebró en todo el mundo ante la Cumbre del Clima (COP24) en Katowice (Polonia). Así, piden a políticos y empresas el fin del uso del carbón de 2025 y a la sociedad que aumente su conciencia social respecto del grave problema que supone este combustible fósil para la salud y el medio ambiente. La plataforma Un Futuro Sin Carbón busca su abandono progresivo y la transición hacia un modelo basado en energías renovables.

Integran la plataforma Ecologistas en Acción, WWF, Amigos de la Tierra, SEO-BirdLife, IIDMA, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Térmica NO la Pereda, Sol y Paz Pachacuti, Som Energia, Aliats per la biodiversitat; la plataforma ‘Galiza, Un Futuro Sen Carbón’ (integrada por: ADEGA, Amigos da Terra, Ecoar Global, Ecoloxistas en Acción, Feitoría verde, Ghichas Co-mando, Greenpeace, Nosa Enerxía, Petón do Lobo, Plataforma contra a Mina de Touro – O Pino y Verdegaia); La Carta de la Tierra León, Xarxa per a la sobirania energética, Naturalistes de Girona, Ekologistas martxan, Grupo Ecologista Mediterráneo y Acuíferos Vivos.

Activistas de Greenpeace en Meirama

Por su parte, los activistas accedieron a la central que Naturgy tiene en Meirama, de la que exigen su cierre, con pancartas con mensajes como Apaga el carbón y No al carbón. Un grupo ocupó la zona de descarga de carbón, mientras que otro equipo de escaladores subió hasta la torre de refrigeración con la intención de realizar «un gran dibujo de una grieta que simbolice la situación de la industria de la quema de carbón» y ponga de manifiesto la «necesidad de dar paso a un sistema 100% renovable».

Con esta acción de «protesta pacífica,», los activistas buscan «denunciar que el carbón es el principal responsable del cambio climático en el mundo» y cargar contra Naturgy. La compañía eléctrica es propietaria de 3 centrales térmicas de carbón, más la térmica de Anllares (León), que comparte en propiedad con Endesa. Aunque los ecologistas han recordado que Naturgy ya anunció que no alargaría la vida de su térmica de Anllares, apuntan que no se avanzó «nada» de lo que hará con las centrales de carbón que tiene en Galicia (Meirama), Asturias (Narcea) y León (La Robla).

«Es hora de que Naturgy asuma un compromiso urgente y real en la lucha contra el cambio climático y la transición energética y anuncie que no invertirá en alargar la vida de sus térmicas de carbón y por tanto las cerrará en el año 2020 como muy tarde y que asegure que las centrales nucleares en las que participa se van a cerrar a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación», ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Greenpeace quiere «poner el foco» en la necesidad de «medidas urgentes y ambiciosas», como «el fin del carbón y del resto de energías sucias» y su «sustitución por renovables», para frenar el cambio climático.

En este sentido, para la organización ecologista es imprescindible establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía, de forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón.

Unidos Podemos avisa al Gobierno de que su subasta de interrumpibilidad «pone en riesgo» a Alcoa y la industria electrointensiva

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Europa Press.- Unidos Podemos ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que la subasta de interrumpibilidad planteada para el primer semestre del próximo año «pone en enorme riesgo a las empresas electrointensivas, pero muy particularmente a Alcoa«.

Y es que, según ha criticado en el Congreso su diputada Yolanda Díaz, de En Marea, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), considera que el número de bloques de potencia planteados «son insuficientes», por lo que ha reclamado elevarlos de 40 a 90, como mínimo. Además, ha exigido que aumente el plazo de la interrumpibilidad subastada para que sea de, al menos, un año. «Vamos nuevamente a que las empresas no saben cuál va a ser el precio de la electricidad en 2019», ha criticado la diputada de Unidos Podemos.

Unidos Podemos cree que con esta subasta el Gobierno socialista «reproduce los males» del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que vuelve a ser «una subasta puramente especulativa» y «opaca», a costa del consumidor. «Repite un modelo que es fallido y no sirve para dar respuesta a las industrias electrointensivas», ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha cuestionado que Ribera no aborde la regulación de las empresas electrointensivas, sino que haya decidido esperar a la Ley de Cambio Climático para contemplar la elaboración de un Estatuto para estas empresas, cuyo desarrollo tendría que establecerse en un reglamento 6 meses después a la aprobación de la ley.

Díaz apuesta por arreglar el tema “de manera definitiva» ya que cree que «tal y como lo plantea el Gobierno, las industrias electrointensivas están abocadas al cierre». Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea diversas medidas con las que, asegura esta formación, el Gobierno «puede salvar a Alcoa«. «Está en manos del Gobierno evitar el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. El tiempo cuenta y está corriendo ahora mismo para mandar a la calle a 700 trabajadores», recriminó el diputado de Podemos, Segundo González.

Entre estas medidas, proponen la paralización del ERE extintivo, impedir una parada técnica de las plantas, estudiar la intervención del Estado en las plantas mediante la SEPI y fomentar así la inversión de otras empresas y una ley para que, si Alcoa decide definitivamente marcharse, tenga que devolver todas las ayudas y bonificaciones otorgadas. En este sentido, González ha reclamado que, a partir de ahora, cualquier ayuda o subvención que se otorgue a una empresa esté condicionada al mantenimiento de la actividad de las empresas.

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

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Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

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Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.