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Bogas (Endesa) pide a Ribera que el Plan de Energía y Clima no esté «escrito sobre piedra» y pueda adaptarse

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca la hoja de ruta de la transición energética, no esté «escrito sobre piedra» y sea adaptable a las circunstancias que se presenten en el futuro.

Bogas indicó que se va «a dar un salto» con la transición energética que ya «no se puede parar» pero subrayó que el Plan debe «tener capacidad de adaptación a las circunstancias con las que nos vamos a encontrar en el futuro». A este respecto, consideró que en España se parte de una situación «envidiable» para afrontar la transición energética ya que existe una sobrecapacidad en el sistema eléctrico que hace que no sea necesario instalar nueva potencia térmica de aquí a 2030, por lo que el principal problema será «como gestionar la incorporación de las renovables y las paradas de las térmicas» que hay.

Sin embargo, afirmó que a partir de 2030 se puede registrar una situación de falta de capacidad, con un déficit de entre 9 y 13 gigavatios (GW), que habrá que cubrir. Así, indicó que la vida de las centrales de carbón no se podrá alargar más ya que «va contra los tiempos actuales». De esta manera, Bogas aseguró que a la capacidad de respaldo existente, principalmente los ciclos combinados de gas natural, hay que darles «un papel fundamental», para lo que serán necesarios los pagos por capacidad. «De esto tiene que ser consciente cualquier regulador; hay muchas formas de hacerlo, lo importante es hacerlo», añadió.

Asimismo, advirtió de que si se produce un recorte retributivo a las eléctricas por sus actividades de redes y transporte, del 6,5% actual al 5,6% propuesto por el Ejecutivo para el periodo 2020-2025, quien tendrá «un problemón será el Gobierno de turno» ya que las compañías «no vamos a hacer nuevas inversiones«. Bogas subrayó que en la transición energética, que es «felizmente irreversible» y que en ella jugarán un papel clave las renovables y la digitalización, el sector eléctrico debe «hacer un esfuerzo», pero también «el resto de sectores», como la industria o el transporte.

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, consideró que en España existe «un déficit regulatorio» de reconocimiento de la capacidad firme, que será vital para garantizar la transición energética, por lo que pidió que se reconozca el papel que jugarán los ciclos combinados de gas natural. «La capacidad firme en un escenario de 70% de renovables será fundamental y el papel de los ciclos tiene que ser reconocido», afirmó la directiva, subrayando que con pocas horas de funcionamiento al año «es difícil que puedan ser sostenibles».

Santamaría destacó que España está «en una situación inmejorable» para alcanzar los objetivos de la transición energética ya que se cuenta con recursos eólicos y solares y con las empresas para ello. No obstante, indicó que resta «mucho desarrollo por delante». Asimismo, indicó que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone «un esfuerzo inversor desconocido» en España, para el cual pidió «la confianza para los inversores para que se haga realidad». «Tenemos una mala historia de seguridad jurídica y hay que revertirla para que sea una realidad«, sentenció.

Mientras, el director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, defendió que el gas natural jugará «un papel fundamental» en la transición energética hasta 2050. El directivo valoró que en 2030 la penetración de renovables en el mundo será del 14%, por lo que «quedan otros 86 puntos para las demás energías, y la única en todos los escenarios que crece es el gas». Además, Fernández aseguró que cualquier avance debe realizarse «desde la prudencia regulatoria» y afirmó que la transición energética debe también cuidar «el impacto social» y no debe ser «discriminatoria».

Industria sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y asegura que hay inversores interesados en las plantas de Alcoa

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Europa Press.- El Gobierno sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, según apuntó la ministra de Industria, Reyes Maroto, y sobre la situación de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, la ministra ha manifestado que, por ahora, «se ha jugado el partido de ida», en referencia al acuerdo con la empresa para buscar un inversor antes del 1 de julio, y que ahora toca «jugar el de vuelta».

En este contexto, se están analizando posibles ofertas que garanticen la continuidad de las fábricas. Sobre éstas, la ministra ha manifestado que hay «distintos perfiles». «Inversores españoles y fondos de inversión», ha precisado sin querer concretar más al respecto por estar en estos momentos evaluándose las ofertas. Maroto ha destacado, no obstante, la «respuesta» por parte de la multinacional norteamericana para «acompañar en la búsqueda de una solución». Sobre el futuro, se ha mostrado confiada en «tener pronto» un inversor «que dé garantías de continuidad».

Trabajando para la industria electrointensiva

«El Gobierno está tomando medidas», afirmó sobre el estatuto para los consumidores electrointensivos. Además, ha puesto en valor «la alta calidad» del aluminio que se produce en ambas plantas. Preguntada si el Ejecutivo se plantearía una venta en conjunto de las dos fábricas o por separado, ha asegurado que es «pronto para decirlo». «El compromiso es hacerlo con las mejores garantías» y con un inversor que aporte «certeza y calidad a medio y largo plazo».

Por su parte, Miguel Conde, miembro del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, ha vuelto a pedir al Gobierno «compromiso para buscar una solución». También ha confirmado que se paraliza la actividad en 50 cubas electrolíticas en la fábrica. «El corazón de la planta», ha subrayado. Con todo, ha dicho que la plantilla lo hará «en las mejores condiciones para poder volver a arrancarlas» si surge un inversor.

Por otro lado, respecto a Isowat Made en A Coruña, que también busca un inversor para evitar el cierre y dar una salida a casi un centenar de trabajadores, la ministra de Industria ha explicado que el Ejecutivo mantiene «contactos» con la plantilla a través de la Delegación del Gobierno. En este sentido, se buscan «nuevas ofertas». «Nuestro compromiso es acompañar en la resolución de esta crisis», señaló, apelando a que es una planta «rentable».

Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

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Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.

Alcoa plantea parar la serie de electrolisis en A Coruña y Avilés para que esté operativa si hay un inversor

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Europa Press.– Alcoa se ha mostrado dispuesta a apagar la serie de electrolisis en sus fábricas de A Coruña y Avilés, sobre las que pesa el anuncio de cierre, para que esta parte de actividad de las plantas pueda estar operativa si surge un inversor. Así actúa la empresa al demorar 6 meses el ERE presentado para ambas fábricas, como solicitó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

De la reunión mantenida con el Gobierno, representantes de las administraciones autonómicas de Galicia y Asturias y sindicatos, no han querido concretar nada sobre su posicionamiento. Únicamente han dicho que se trataron «numerosas ideas». Sí han insistido en que tanto la fábrica de Coruña como la de Avilés «están afectadas por problemas estructurales». «Organizativos, productivos y tecnológicos», han añadido, incidiendo en que esto supone «menor capacidad de producción y altos costes operativos». A ello, suman «una tecnología obsoleta, menos eficiente».

Con todo, han dicho que la multinacional está dispuesta «a apagar la serie de electrolisis, una de las partes de la actividad en las fábricas junto a la fundición, para que quede en condiciones óptimas durante un período de tiempo«. De esta forma, según han explicado, «si surge un inversor interesado», podrían volverse a poner en funcionamiento. No obstante, han indicado que, para ello, necesitarían la «cooperación» de los trabajadores.

Hasta el 30 de junio

Por su parte, el Gobierno arrancó a la empresa el compromiso de fijar un plazo de 6 meses para buscar una alternativa al cierre de las plantas. Esto implica la paralización del ERE puesto en marcha por la compañía estadounidense en ambos centros españoles y que se pueda trabajar con un escenario temporal más amplio para encontrar soluciones al problema.

«Hay soluciones y estamos evaluando proyectos», aseguró la titular de la cartera de Industria, al tiempo que resaltó la necesidad de una voluntad por parte de Alcoa para llegar a soluciones similares a las que se alcanzaron en los casos de Vestas y de Cemex. «Si hay voluntad por parte de la empresa, el Gobierno ya ha demostrado en los casos de Vestas y Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresa que se produzca en este país», añadió.

Por otro lado, fuentes de Industria explicaron que se ha abierto una línea de trabajo con la empresa tras el bloqueo mantenido en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. «Ahora se pasa a un escenario de prudencia en el que se han puesto sobre la mesa varias propuestas, entre las cuales está establecer 6 meses de plazo para analizar todo«, añadieron dichas fuentes.

Abengoa suscribe un contrato de bloqueo con sus principales acreedores del New Money 2 y abre un proceso de adhesión

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Europa Press.– Abengoa ha suscrito un contrato de bloqueo o lock-up con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado New Money 2, el tramo 2 de la deuda «nueva» de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017, en el marco del proceso de reestructuración financiera, para lo que ha abierto un proceso de adhesión para el resto de sus acreedores financieros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta finales de este mes

Los acreedores de este contrato acuerdan dejar en suspenso el ejercicio de determinados derechos y acciones bajo dichas financiaciones frente a las sociedades correspondientes del grupo Abengoa hasta el próximo 31 de enero o cualquier fecha long-stop posterior acordada por las partes, adoptar las acciones necesarias para apoyar o implementar la propuesta de reestructuración financiera y entablar negociaciones para firmar un contrato de reestructuración antes de la fecha long-stop y no vender o transmitir su deuda hasta esa fecha. A estos efectos, la sociedad ha informado al resto de sus acreedores financieros del proceso de adhesión al contrato de bloqueo.

Por su parte, requirió su adhesión al contrato a los titulares de la emisión de bonos senior de Abengoa Abenewco 1 de 26,09 millones de euros a un tipo de interés del 5/9% y vencimiento en 2021, la emisión de bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2 de 492,65 millones de euros y vencimiento en 2022 o por importe de 424,04 millones de dólares y vencimiento en 2022 y la emisión de bonos garantizados de Abengoa Abenewco 2 por 495,26 millones de euros y vencimiento en 2023 o 249,43 millones de dólares y vencimiento en 2023.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

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Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

El Gobierno creará un grupo de trabajo de «manera inmediata» para estudiar la reforma del mercado mayorista de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de «manera inmediata» en el que participarán todos los actores con el fin de abordar la reforma del mercado eléctrico mayorista, el conocido como pool. En este sentido, Ribera señaló que el objetivo de este grupo será «presentar, estudiar y discutir» a partir de 2019 las propuestas que hay sobre la mesa para la revisión del mercado eléctrico.

Hay que recordar que el Gobierno y Unidos Podemos alcanzaron un acuerdo sobre Presupuestos para 2019 en el que, entre otras medidas, pactaron realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que recibe en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. Ambas partes consideran que recortar esta retribución podría destinarse, directamente, a abaratar la factura eléctrica.

Ribera subrayó que la electricidad tiene «un futuro brillante» dentro del proceso de descarbonización, pero también reconoció que el funcionamiento del pool debe contar con «mejoras importantes«. Así, señaló que estas mejoras deben ir enfocadas a permitir un funcionamiento del mercado que facilite «la estabilidad y confianza de los inversores», pero sin que esto «suponga la aparición de retribuciones excesivas».

A este respecto, apuntó que el Gobierno presentará antes de que acabe 2018 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional de Energía, que deben marcar la hoja de ruta para cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050, con el objetivo de que sea una realidad antes de finalizar la Legislatura, ya que cuenta con un «consenso elevado» por parte de los partidos políticos.

Respecto al futuro de las centrales nucleares, subrayó que no tiene todavía la información necesaria para adoptar una decisión, debido a que el anterior Ejecutivo no trabajó en «una construcción de escenarios» de descarbonización, pero recordó que es ministra de un Gobierno que pertenece a un partido en el que el cierre de las centrales al final de su vida útil «es una referencia importante» en su programa. Además, destacó que tampoco existe un plan actualizado sobre la gestión de residuos radioactivos, lo que hace que la respuesta definitiva de este Gobierno respecto a las nucleares «esté en stand by».

Respecto a las centrales de carbón, recordó que existe un marco comunitario «que viene dado» que obliga a las plantas a cumplir con las obligaciones medioambientales o a cerrar las instalaciones, por lo que tienen «poco recorrido«. No obstante, mostró el compromiso del Gobierno para buscar soluciones para las zonas donde la falta de anticipación para buscar soluciones ha hecho que la situación sea «dramática».

Por otra parte, Ribera insistió en que es intención del Gobierno dar una respuesta «pronto» a los pequeños inversores en renovables que se vieron perjudicados por los recortes aplicados a las renovables por el anterior Gobierno. «Es verdad, hubo un problema que se trasladó a los inversores en renovables, con una expectativa que podría estar confundida en la manera de ser cuantificada y que ha generado un gran daño», apuntó la ministra, reconociendo que la situación «ha ido complicándose desde el punto de vista judicial» con el paso del tiempo.

El consejo de administración de Abengoa recomienda a sus accionistas rechazar el split para desdoblar acciones y estudia medidas legales

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EFE.- El Consejo de Administración de Abengoa recomienda a los accionistas que voten en contra de la propuesta de desdoblamiento de acciones (split) planteada por los antiguos accionistas de control, vinculados a la familia Benjumea, fundadora del grupo, entre otros inversores, y avanza que no descarta medidas legales.

La compañía advierte sobre la gravedad de esta situación y anuncia que, en el caso de que prosperen estas propuestas, «se verá obligado a valorar la adopción de las medidas legales a su alcance en defensa del interés social«, tal y como señala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa coincide con la CNMV en que esta operación podría tener efectos negativos en la formación adecuada de los precios y en la liquidez de la acción, y subraya su preocupación por mantener una negociación ordenada de los valores de la sociedad, a raíz de la ampliación de capital realizada en marzo de 2017.

Asimismo, insiste en que «por iniciativa propia y sin que mediara requerimiento del regulador», sometió a la Junta General celebrada el 30 de junio de 2017 una propuesta contraria de contra-split en las dos clases de acciones de la sociedad.

«Lamentablemente no pudo siquiera ser sometido a votación de los accionistas por no haber reunido dicha Junta el quorum legalmente necesario para modificar los estatutos», señala Abengoa.

Abengoa considera que este contra-split habría facilitado una negociación ordenada de las acciones de la sociedad y habría evitado probablemente que el grupo se viera afectado por las medidas anunciadas por Bolsas y Mercados Españoles el pasado 30 de julio.

La compañía insiste, además, en que la convocatoria del pasado 29 de agosto de la Junta General para pronunciarse sobre el split «no fue realizada por voluntad propia», sino en estricto cumplimiento de la normativa.

«El Consejo ni hizo suyas las medidas planteadas por Inversión Corporativa IC, ni por Finarpisa y Blanca de Porres Guardiola ni las valoró positivamente», subraya.

Inversión Corporativa IC es un vehículo que agrupa a unos 300 accionistas liderados por Felipe Benjumea, y otros accionistas minoritarios que juntos suman una participación del 3%.

Por ello, el Consejo ha acordado formular una recomendación de voto en contra de las medidas propuestas en los puntos 1 y 2 del orden del día de la Junta, convocada para su celebración los próximos 1 y 2 de octubre.

Adicionalmente, y para el supuesto de que la Junta finalmente llegara a aprobar estas medidas valorará adoptar las medidas necesarias.

La Junta, cuya solicitud fue presentada por Inversión Corporativa y otros accionistas minoritarios, entre ellos la mujer del expresidente del grupo de ingeniería, recoge en su orden del día aprobar el desdoblamiento de las acciones clase A y B de la compañía a razón de diez nuevas por cada una antigua.

Según los accionistas solicitantes de la Junta, estas medidas deben llevarse a cabo antes del 28 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la norma que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

Esta medida, sostienen los solicitantes, representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas.

Integeam se encargará del suministro y puesta en marcha en la Región de Murcia del mayor proyecto fotovoltaico de Europa

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Europa Press.– Ingeteam será la compañía encargada del suministro, puesta en marcha y prestación de servicios del mayor proyecto solar fotovoltaico de Europa, que se ubicará en la Región de Murcia. La empresa se ha adjudicado el contrato del proyecto denominado Mula, que alcanzará 500 MWp de potencia instalada, convirtiéndose en la planta más grande de Europa.

Se estima que para finales de 2019 la planta pueda entrar en funcionamiento a través de la conexión con la subestación El Palmar, nudo estratégico de la red de transporte eléctrico de la Región de Murcia. Este nuevo contrato, permitirá a Ingeteam alcanzar en el mes de diciembre la cifra de 2.000 MW en inversores fotovoltaicos suministrados para el mercado español, un hito al que se suma la prestación de servicios a 900 MW de potencia fotovoltaica en el país.

En sus casi 1.000 hectáreas de extensión, superficie similar a unos 2.000 campos de fútbol, la planta solar Mula producirá más de 750 millones de kWh anuales, cantidad de energía suficiente como para abastecer a una ciudad del tamaño de Murcia. La magnitud del proyecto colocará a Murcia a la cabeza de las energías renovables a nivel mundial. Ingeteam suministrará 238 inversores fotovoltaicos centrales y llevará a cabo las tareas de descarga, posicionamiento y conexionado, así como las labores de puesta en marcha y montaje electromecánico de los 74 centros de transformación de la planta.

Venezuela asegura que incrementará la producción de crudo con la colaboración de empresas ajenas a PDVSA

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EFE.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la petrolera estatal PDVSA incrementará su bombeo de crudo gracias a la firma de 7 acuerdos con empresas prestadoras de servicios e hizo un llamamiento a los inversores internacionales para mover sus recursos hacia esta industria.

«Estamos garantizando más de 600.000 barriles de petróleo con la firma de estos acuerdos», aseveró el mandatario. «Hemos firmado los primeros 7 acuerdos de 14 que ya están negociados y conversados, y puedo anunciarle a los inversionistas internacionales del petróleo que Venezuela tiene las puertas abiertas a la inversión internacional en términos de ganar-ganar en el campo petrolero; tenemos todas las formulas que quieran«, agregó.

Las condiciones de los acuerdos no fueron divulgadas, aunque se estableció que el país mantendrá «el control de los campos» de explotación, según adelantó el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. Los acuerdos permitirán desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco, una región de más de 600 kilómetros de longitud con vastos depósitos de crudo pesado y extrapesado.

Según datos del último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro fundador, la nación caribeña experimenta una marcada merma en su producción, que promedió los 1,278 millones de barriles diarios en junio tras continuar a la baja. Ese bombeo es un 40% inferior al promedio registrado durante 2016, de 2,154 mbd, según cálculos basados en «fuentes secundarias» del cártel petrolero. Esta producción es, además, la más baja que registra el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo en las últimas 3 décadas.

Con todo, Venezuela asegura que ha logrado «detener la baja» de crudo y que produce 1,57 mbd. Maduro añadió que «la meta inmediata» de PDVSA es sumar un millón de nuevos barriles a su producción con la firma de estos «acuerdos conjuntos», pese a que los planes trazados por su antecesor y mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), estimaban elevar el bombeo a 6 millones antes de 2019.