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Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

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Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».

UGT exige a Naturgy planes de acompañamiento que eviten la pérdida del empleo por el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.– UGT-FICA ha exigido a Naturgy que presente planes de acompañamiento dirigidos a evitar la pérdida de cerca de 250 empleos directos y 700 indirectos y del tejido industrial de las zonas afectadas, en caso de que finalmente se ejecute el cierre de las centrales térmicas.

En concreto, se refiere a las centrales térmicas que Naturgy tiene en Narcea (Asturias), Meirama (Galicia) y La Robla (Castilla y León). El secretario general de la sección de Industria, de UGT, Pedro Hojas, reiteró la posición de la federación en la defensa del mantenimiento de la actividad de las plantas térmicas y de los puestos de trabajo, así como «del futuro de pueblos enteros y comarcas», que, sin estas centrales, considera «están abocadas al empobrecimiento y a la despoblación».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Plan Energético Nacional, con la participación de todos los agentes directamente implicados como administraciones públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos, en el que se defina un mix energético para los próximos años que pueda contribuir a conseguir una transición energética «justa, equilibrada y socialmente responsable, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea«.

El anuncio del cierre de las 3 centrales es posterior a la finalización del proceso de adecuación de la central térmica de La Robla a los requisitos sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) exigidos por la Unión Europea para poder seguir funcionando y de la adecuación en un 90% de la central de Narcea. A pesar de estas inversiones, UGT cuestiona a Naturgy por mantener el cierre de las 3 centrales térmicas «sin haber presentado hasta la fecha ninguna alternativa industrial que palíe los efectos negativos de estos cierres«.

Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

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Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

La Fundación Biodiversidad destina 5,8 millones de euros en ayudas para empleo verde en la Transición Justa

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Europa Press.- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica convocó la nueva edición del Programa emplea verde, que destinará 5,8 millones de euros para impulsar la transición justa en el marco de la descarbonización de la economía española a través del empleo verde.

La nueva convocatoria de subvenciones, abierta hasta el 30 de abril, financiará proyectos dirigidos a la promoción y creación de empleo y empresas vinculadas al medio ambiente. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo prevé destinar 67 millones de euros hasta 2023 para apoyar a 50.000 personas y 3.000 empresas y formar 24.000 personas. Para el 2019 el 90% de los 9,4 millones disponibles en la convocatoria de subvenciones empleaverde se podrá utilizar en los territorios protagonistas de la transición energética y en particular para las regiones carboníferas.

Transición justa a la descarbonización

El objetivo del Programa empleaverde es fomentar actividades económicas sostenibles en todos los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social. Para ello, se apoya a entidades que cuenten con actuaciones de formación y asesoramiento, acciones de innovación dirigidas a personas desempleadas, emprendedoras y/o trabajadoras, prestando especial atención a mujeres y colectivos prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45 años, personas inmigrantes y personas con discapacidad). Además, se tendrá especial interés en personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

El importe mínimo de los proyectos seleccionados será de 100.000 euros y el máximo de 300.000 euros. Este año se han incluido nuevas materias sobre las que se hará especial hincapié como la gestión, mejora ambiental y eco-innovación en la industria o empresa, la reconversión industrial a actividades ambientalmente sostenibles y la lucha contra el despoblamiento en zonas rurales. El Programa empleaverde prevé destinar 67 millones de euros hasta y aspira a crear 600 empleos y apoyar a 400 empresas.

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

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Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

Iberdrola logra un beneficio récord de 3.014 millones en 2018 y descarta que las elecciones afecten a la transición energética

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, confía en que si se produce un cambio de Gobierno en las elecciones generales del próximo 28 de abril no se alterará el rumbo hacia la transición energética que marcará el Plan Nacional de Energía y Clima. Asimismo, Iberdrola obtuvo un beneficio neto récord de 3.014,1 millones de euros en 2018, con un incremento del 7,5% con respecto al 2017, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola se situó a cierre de 2018 en los 9.349 millones de euros, con un crecimiento del 27,7% frente al 2017, gracias al buen comportamiento de todos los negocios, cuyos resultados crecen a doble dígito. El 78% de este importe procedió de áreas reguladas o con contratos a largo plazo, en línea con el enfoque estratégico del grupo.

El grupo señaló que este resultado se vio impulsado por las inversiones de cerca de 20.000 millones de euros realizadas en los últimos 4 años, de las cuales 5.320 millones de euros correspondieron al ejercicio pasado, la expansión internacional, la normalización de las condiciones operativas en España y la buena marcha de todos los negocios. Por su parte, la energética aumentó su flujo de caja un 13,1% hasta los 7.328 millones de euros, mejorando el ratio entre caja operativa y deuda neta hasta el 21,5%.

Mientras, las compras del grupo, excluyendo los aprovisionamientos energéticos, alcanzaron los 8.000 millones de euros a miles de suministradores en 2018, siendo un 85% empresas locales. En lo que respecta a la plantilla, tras incorporar a más de 1.600 profesionales en 2018, supera los 34.000 trabajadores, el 99% con contratos indefinidos, y genera un total de 425.000 puestos de trabajo.

Escenario con cambio de Gobierno

«No creo», afirmó Galán a la pregunta de si esperaba alguna variación en el contenido de esa hoja de ruta si hay un cambio de Gobierno. Galán indicó que «casi son las mismas personas que han trabajado con el Gobierno anterior» las que han sacado adelante este documento y confió en «estar en línea con lo que llevamos comentando con los diferentes miembros de la Administración para que España se pueda beneficiar de las condiciones fuertes en eólica y almacenamiento». «No espero ningún cambio», añadió.

Galán aseguró que la lucha contra el cambio climático representa «una gran oportunidad» para España, aunque subrayó que para ello será necesario contar con una planificación energética «adecuada» que dé la «seguridad necesaria» para afrontar las inversiones «que el país necesita». Así, destacó la «gran oportunidad» que supone la transición energética para un país como España, que tiene «toda clase de recursos: sol, viento o embalses para transformarlos en almacenamiento».

El directivo aseguró que si se lleva a cabo bien esta transición se conseguirá «producir energía más limpia, más barata y se podrá incluso, si las interconexiones siguen desarrollándose, exportar estos recursos que tenemos». Respecto al futuro de las nucleares, Galán señaló que la fecha de cierre para estas plantas será la conocida de entre 2025 y 2035, por lo que habrá que saber «qué es lo que necesita el país en cuanto a energía y cómo se puede sustituir por otras fuentes de energía».

Sobre el Brexit y la exposición del grupo en Reino Unido, país del que procede aproximadamente el 20% del resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola, aseguró que económicamente no ve ningún impacto para Iberdrola ya que «el 100% de lo que hacemos en Reino Unido ya tiene coberturas respecto a divisa«. «Como saben, no somos una empresa que importa-exporta mercancías y bienes, sino que somos casi totalmente regulada al 90%, hemos invertido en libras, la mayor parte de nuestros proveedores son británicos y el 80% de las inversiones se producen a nivel local», apuntó.

En lo afecta a los resultados, Galán afirmó que 2018 ha colocado a la empresa «un año por delante» de las previsiones de su plan 2018-2022 y confió en que la tendencia positiva se mantenga en este ejercicio. Así, apostó por seguir combinando las iniciativas de crecimiento basadas en la aceleración de las inversiones en activos regulados de redes y en la contribución de los 6.000 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación contratada y renovable, junto a la aplicación de nuevas medidas de eficiencia para lograr un crecimiento de 5% puntos porcentuales en Ebitda y beneficio neto en 2019.

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

Protermosolar afirma que en 2030 las renovables podrían aportar el 84% de la generación eléctrica

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Europa Press.- Protermosolar asegura que en 2030, según el mix propuesto por la patronal de la industria solar termoeléctrica, la contribución de las energías renovables a la generación eléctrica podría alcanzar el 84% a un coste por debajo de 50 euros por megavatio/hora, según su estudio Transición del Sector Eléctrico: Horizonte 2030. Además, esta elevada contribución de las renovables a la generación de electricidad que plantea Protermosolar permitiría alcanzar el objetivo del 35% de consumo de energías renovables en 2030, cumpliendo con las metas propuestas por Bruselas.

El reparto equilibrado de la potencia solar entre energía fotovoltaica y termosolar es la clave del mix propuesto en el informe. Para ello, la patronal recomienda planificar con perfiles de despacho diferenciados a las tecnologías renovables, apostando por su complementariedad estacional y horaria, al tiempo que se prescinde del carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados.

Estas conclusiones, con datos de 2018, son coincidentes con las que había presentado Protermosolar con la serie histórica hasta 2017, a pesar de que el pasado año fue el peor año meteorológicamente hablando para la energía solar. La patronal defiende que las centrales termosolares aportan otro conjunto de ventajas adicionales para la economía, como el incremento de PIB, del empleo y de la convergencia regional, contribuyendo además a una transición energética «justa», gracias al suministro de componentes, equipos y servicios desde Asturias, País Vasco, o Cataluña al sur del país.

El mix que propone Protermosolar pretende ser una «respuesta sólida» frente al reto de la transición energética. Para la patronal, una de las líneas básicas de actuación para alcanzar dicho objetivo pasa por que la energía fotovoltaica sea la tecnología que experimente un crecimiento exponencial y que, a medida que se vayan cerrando las centrales convencionales, las termosolares tomen el relevo, acompañadas por un crecimiento más constante de la potencia eólica y de biomasa. No obstante, aunque su papel no sería esencial hasta pasados unos años, la patronal asegura que deberían establecerse subastas específicas de algunos cientos de megavatios termosolares.

Naturgy inaugura en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura, que ahorrará 120.000 toneladas de emisiones

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Europa Press.- La localidad cacereña de Plasencia ha inaugurado el primer parque eólico de Extremadura, que contribuirá a reducir en torno a 120.000 toneladas al año de emisiones efecto invernadero. Se trata del parque eólico El Merengue, que está compuesto por 15 aerogeneradores, y en el que Naturgy ha invertido 40 millones de euros y ha creado 250 empleos durante su construcción. Una vez que ha echado a andar, la planta producirá 155 GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas.

El director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, ha destacado que esta infraestructura «permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional», contribuyendo a reducir en torno a 120.000 toneladas al año las emisiones contaminantes y de efecto invernadero, y en 3 millones de toneladas las emisiones de CO2 durante toda su vida útil. Un proyecto que, según Manuel Fernández, demuestra el «compromiso» de la compañía por Extremadura, así como su «fuerte apuesta» por el incremento en generación renovable, contemplado en el Plan Estratégico 2018-2022″.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la región extremeña será la «punta de lanza» de las energías renovables en España durante el siglo XXI, ya que según ha indicado, en la región hay prevista en los próximos 5 años la instalación de 5.000 MW de renovables, que supondrá una inversión privada que rondará los 4.000 millones de euros. «Una inversión que contribuirá no solo a generar empleo y riqueza, sino a subir el Producto Interior Bruto en nuestra región, que convergerá de manera más rápida con el del resto de España», aseveró el presidente extremeño.

Todo ello posibilitará que «Extremadura sea una parte importante de las decisiones que se tomen para el mantenimiento del planeta», ha señalado Vara, quien ha reafirmado que la comunidad «va a aportar las energías renovables para el cumplimiento del Reino de España con la Unión Europea y con los compromisos internacionales en esta materia». Por ello, ha insistido en que las administraciones tienen la «obligación de facilitar la inversión honesta» de tantos empresarios que quieren invertir en la región y contribuir al desarrollo del presente y, sobre todo, del futuro.

Reducir los plazos y trámites

En este punto, ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno que preside ha puesto en marcha procedimientos legislativos y organizativos diferentes para dar el salto hacia el impulso futuro de Extremadura que, según ha indicado, «tiene que venir de la mano de lo que es el futuro del mundo que son las energías renovables.» Así, Fernández Vara ha abogado por que las instituciones autonómicas sean capaces de ganar la batalla del tiempo en la obtención de los permisos para la instalación de empresas con el objetivo de que Extremadura «sea el lugar de España donde más fácil sea instalar una empresa».

Para ello ha animado a las administraciones públicas a «trabajar de manera conjunta y consensuada», por encima de intereses partidarios, para facilitar el trabajo y el desarrollo de cada una de las empresas que quieran venir a invertir a Extremadura. Guillermo Fernández Vara concluyó asegurando que es «un día histórico» para Extremadura y para Plasencia, y que será recordado como el día que se puso en marcha el primer parque eólico «que sirvió de punta de lanza para el futuro».

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado que la tramitación del parque eólico «ha sido un trabajo de mucho tiempo que ha exigido una gran coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento» de la localidad ya que, al ser el primer parque extremeño, los procesos eran nuevos para las dos administraciones«. Pizarro ha aseverado que «es un día de agradecimientos y de esperanza de continuar trabajando juntos por las energías renovables».

El parque eólico Merengue tiene una potencia de 40 megavatios (MW), según Naturgy. El parque eólico cuenta con un total de 15 aerogeneradores, todos ellos de Siemens Gamesa del modelo SG 2.6-126, con una potencia unitaria de 2,625 MW y un diámetro de rotor de 126 metros. Además del parque eólico Merengue, la compañía está desarrollando en la actualidad otros proyectos en Extremadura, como la planta fotovoltaica Las Jaras, ubicada entre La Albuera y Badajoz con una potencia de 50 MW, o la planta fotovoltaica Miraflores, en el término municipal de Castuera, que tendrá una potencia instalada de 20 MW.

España, junto con Bélgica y Alemania, serán los países donde más crecerá el empleo para cumplir el Acuerdo de París

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Europa Press. – El impacto de la transición hacia una economía baja en carbono sobre el empleo, a consecuencia de cumplir los objetivos marcados en el Acuerdo del Clima de París, será positivo para toda la Unión Europea, aunque los países más beneficiados en materia de empleo serán Bélgica, España y Alemania, en este orden, donde se superarán en un 0,9% las previsiones.

Según el estudio Future of manufactoring. Energy scenario: Employment, implications of the Paris Climate Agreement, de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y del empleo (Eurofund), el impacto de la transición para una economía baja en carbono afectará al número de empleos debido a la actividad inversora que será necesaria para acometer tal transición, que se sumará al impacto que generará gastar menos dinero en la importación de combustibles fósiles.

Según el estudio, los impactos de acometer en el conjunto de la Unión Europea las reformas necesarias para reducir en 2030 un 35% las emisiones de CO2 se producirán en distintos sectores. Por ejemplo se perderán empleos en la industria de la extracción y procesado de combustibles fósiles, pero aumentará el número de empleos en la construcción y fabricación de equipamientos de energías renovables y de eficiencia energética, junto con las industrias de suministro asociadas.

El informe destaca que los impactos serán positivos en todos los países, pero con efectos de distinto rango. En el último extremo, Letonia muestra un impacto comparativo mayor a gran escala respecto a su PIB. En un escenario energético, el crecimiento del empleo será un 0,5% superior al previsto en la actualidad en 2030. En España, el potencial del empleo en los sectores de la construcción y de la energía solar será incluso un 0,9% superior al previsto para 2030.

Lo previsto por la Unión Europea en diciembre de 2018 era que en 2030 habrá un total de 243,24 millones de puestos de trabajo, de modo que este estudio calcula que serán unos 2,4 millones más de empleos en Europa para 2030. Por sectores, la construcción será el más beneficiado, junto con la inversión de la eficiencia energética. También, en general los sectores manufactureros que están directamente relacionados con la cadena de suministro de renovables y equipamientos de eficiencia energética.

Sin embargo, algunos de estos sectores intensivos en energía también estarán afectados por los impuestos altos al carbón, lo que les podría disminuir sus ganancias iniciales. Además, los beneficios del sector servicios también incrementarán, como consecuencia de formar parte de los procesos de instalación de energías renovables y equipos de eficiencia energética. El crecimiento fuerte se deberá al empleo en el sector de la construcción que aumentará particularmente en Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y España.

En definitiva, el resultado para Europa que pronostica el informe es particularmente relevante para la política de empleo, finanzas e industrial. En primer lugar, el modelo considera que no habrá fricciones en el mercado laboral y destaca que cuanto más rápido se produzca el cambio más fácil será que sí se registren fricciones porque se dejará a gente desempleada al tiempo al mismo tiempo que se producirá una demanda de nuevos conocimientos que será insatisfecha.

Igualmente, el estudio aprecia que no hay barreras en la inversión para financiar esta necesaria transición ya que el conjunto de los países han asumido que ciertos sectores se dirigen a mantenerse mientras surge nuevas tecnologías. Por ejemplo, la industria de la automoción de coches y camiones convencionales se convertirán en industrias de vehículos eléctricos, igual que sus componentes asociados.